Derecho a techo

 “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.” (Constitución, Art.47)

La Ley por el Derecho a la Vivienda que está preparando el Gobierno debería establecer las normas para garantizar el cumplimiento de este mandato constitucional.

Y ese parecía ser el compromiso firmado por el PSOE y Unidas Podemos para el Gobierno de Coalición: “Se impulsarán las medidas normativas necesarias para poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler”.

Sin embargo, actualmente, la cuestión no se ha despejado aún. El PSOE recuerda que “la vivienda es un derecho, pero también es un bien de mercado que genera actividad económica, que busca seguridad jurídica. Prefiere promover que no imponer… y quiere impedir una detracción de los agentes del mercado”. Aunque, por otra parte, la nueva ministra Raquel Sánchez parece tener otra sensibilidad, ya que, como alcaldesa de Gavà, aprobó limitar el precio de los alquileres, no cediendo a las presiones de los fondos buitre.

Tendremos que valorar, por tanto, hasta qué punto los poderes públicos han de “imponer” una serie de medidas para “impedir la especulación” y hacer efectivo un derecho constitucional, aún a costa de provocar una presunta “inseguridad jurídica y detracción del mercado”. Estamos ante un conflicto de derechos y lo adecuado será evaluar cuál de los dos ha de prevalecer. Para ello conviene situarse en el momento presente: ¿Qué ha sucedido en el mercado de la vivienda en los últimos años? ¿Cuál es el perfil de los grandes tenedores y cómo se plantea hoy para las mayorías sociales el acceso a una vivienda digna?

Algunos datos: El Ayuntamiento de Madrid en 2013 vendió 1.860 pisos de protección oficial al fondo buitre Blackstone. El Gobierno de la Comunidad de Madrid vendió a Goldman Sachs-Azora 2.935 viviendas del Plan Joven del IVIMA. En ambos casos muy por debajo del precio de mercado, según la misma Cámara de Cuentas. Dos años después, Blackstone informaba de que su operación había conseguido una plusvalía del 36%. Posteriormente el Tribunal Supremo determinó la nulidad de la operación del IVIMA porque había quebrado “la protección social” de las personas que vivían en ellas.

Asimismo, estos y otros grandes fondos han acumulado viviendas privadas procedentes de la “burbuja-estafa hipotecaria”, de las que habían sido desahuciadas las familias. Los bancos habían traspasado a la sociedad semipública SAREB (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria). La SAREB repartió estos activos inmobiliarios entre los fondos en condiciones muy ventajosas para estos; condiciones a las que no pudieron optar las familias desahuciadas. Estas operaciones de la SAREB han dejado una deuda al Estado de unos 50.000 millones de euros.

Todas estas medidas, promovidas por el mismo poder político, consiguieron que en 2018 bancos y fondos gestionaran más de 240.000 viviendas en España, que Blackstone fuera el mayor casero privado del país, con una cartera de 32.000 viviendas. Esta enorme concentración de la propiedad inmobiliaria da lugar a prácticas oligopólicas y especulativas: control del mercado, distorsión del precio de la vivienda, bloquear toda iniciativa que perjudique su negocio, como la construcción de vivienda pública, o la regulación de alquileres, etc.

Mientras tanto, el 36,1% de la población se ve obligada a destinar más del 40% de sus ingresos al pago de vivienda, y las viviendas sociales representan un 2,5% del total, nada que ver otros países de nuestro entorno (Holanda 30%, Austria 24%, Reino Unido 17,6%. Francia 16,8%). De esta manera, los desahucios sin alternativa habitacional continúan. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, en los primeros nueve meses de 2020 se habían producido 18.138, entre hipotecas y alquileres.

Si bien la mayor parte de los alquileres corresponde a propietarios individuales, no a un fondo buitre, sin embargo, el peso económico e influencia política de estos han sido determinantes en la subida de los alquileres en los últimos años. Por lo que parece conveniente que, como pide la Constitución, “los poderes públicos establezcan normas para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo y los alquileres para impedir la especulación.” Para ello, los movimientos que han lanzado la “Iniciativa por una Ley que garantice el derecho a la vivienda” proponen:

– Stop desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional.
– Regulación estatal de alquileres a precios adecuados a los salarios de la población. La regulación de los alquileres en Catalunya ya ha hecho bajar los precios.
– Ampliación presupuestaria para vivienda social y políticas sociales de vivienda hasta llegar al promedio europeo de parque público, destinando como mínimo el 2% del presupuesto estatal. Asignación de una parte suficiente de los Fondos Europeos de Recuperación a este objetivo.”

El pasado mes de Julio, en el IV Encuentro Mundial de Movimientos Populares, el papa Francisco hacía hincapié, una vez más, en “la necesidad de protagonizar los procesos de cambio, desde los derechos sagrados a tierra, techo y trabajo para todos, que ahora son universales”

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