El cierre masivo de los bancos

El cierre masivo de bancos excluye a los mayores 

Jordi Pueyo Busquets,Gonzalo Moncloa 

© CRISTÓBAL CASTRO (EL PAÍS) Vecinos del barrio Bellavista de la localidad barcelonesa de Les Franqueses del Valès, protestan por el cierre de la sucursal de BBVA. 

La edad es un inconveniente y mucho más si se trata de lidiar con las nuevas tecnologías. Algo que, con el continuo cierre de oficinas bancarias en España, se ha vuelto una obligación para los más mayores. Más de la mitad de los municipios se han quedado sin sucursales bancarias, sobre todo en las áreas rurales, pero también en las urbanas, de manera que los ancianos han de apañarse con internet. Adiós a la atención humana. Y esto genera grandes problemas en la gestión de su dinero. Solo uno de cada cuatro personas de más de 74 años usa la red a diario, según una encuesta publicada por el INE, y solo algunas administraciones locales y regionales intentan paliar los efectos del cierre de bancos, en general, optando por mantener los cajeros automáticos en los pueblos. 

“Si un día tengo un problema, quiero que una persona me atienda”, expone Guadalupe Bermúdez (73 años). Vecina de Bellavista, núcleo obrero de 9.500 habitantes de Les Franqueses del Vallès (Barcelona), vio desaparecer hace menos de un mes la última sucursal (y el último cajero automático) de la zona. Hace unos años cerca de la plaza España de su barrio había seis bancos, en locales aún identificables por no servir a otra actividad comercial. Uno de ellos está okupado. Únicamente en 2021 los cuatro grandes bancos (Santander, BBVA, CaixaBank y Sabadell) han reducido en un 12,93% su red de oficinas. 

Unos 40 vecinos se concentran ante la recién cerrada oficina del BBVA, tapiada, para compartir con este diario su preocupación. “Utilizamos todavía la libreta”, explica Rosa María Estrada (76 años), funcionaria jubilada que considera este sistema como el óptimo para controlar sus gastos y, como a Bermúdez, con sus achaques de salud, se le hace muy cuesta arriba tener que ir hasta Granollers —a unos dos kilómetros y 20 metros de desnivel— a la nueva oficina que le han asignado, sin combinación de transporte público. 

“El objetivo principal de las entidades ha sido la reducción de costes y las oficinas han cerrado ante la mirada pasiva de las administraciones”, denuncia el director de la Unión de Consumidores de Cataluña, Oriol Aroa. Un empleado del sector bancario de la Comunidad de Madrid, con 15 años de experiencia y que prefiere no revelar su identidad, explica que ha vivido como una “barbarie” la estrategia de su entidad de “tratar a los clientes en función del margen”. Asegura recibir presiones para reducir el uso de la libreta y el número de personas atendidas en la caja. 

La secretaria de comunicación del Sindicato de Ahorro de Cataluña (SEC, en sus siglas en catalán) y empleada de caja de BBVA, Mònica Brugué, cuenta que en su oficina los profesionales de cara al público son “la mitad que hace un año” y que su incapacidad para llegar a todos los clientes genera “colas de hasta tres cuartos de hora”. Entre los vecinos de Bellavista, Alfonso Lloret (77 años) narra lo que pasó cuando fue a su entidad a pagar una factura que vencía el mismo día. Solo consiguió que le atendieran gracias a que un señor le ayudó “a montar un circo” para que le hicieran caso. Sobre estas tensiones, el empleado anónimo expone que ha recibido insultos fruto de la “frustración” de una generación que ha visto cómo se ha ido perdiendo el trato cercano característico de “las desaparecidas cajas de ahorro”. La portavoz del SEC explica que el sindicato hasta tiene constancia de agresiones físicas. 

Los vecinos de Bellavista denuncian medidas disuasorias de los bancos, como la comisión de dos euros para la entrega en mano de efectivo, así como los horarios de caja restringidos hasta las 11 de la mañana. Muchos de ellos requieren ayuda de otras personas, principalmente de sus hijos, ya que consideran la confianza un elemento esencial y sufren por su seguridad cuando tienen que sacar cantidades notables de efectivo.                           “Hace tiempo que las sucursales dejaron de ser la principal red de distribución de productos y servicios bancarios. Ahora el cliente marca cuándo y cómo quiere establecer su relación con el banco. A los consumidores ya no nos llama la atención la oficina física”, sostiene José Luis Martínez Campuzano, portavoz de la Asociación Española de Banca. Martínez defiende que los bancos atienden las necesidades de todos sus clientes “con independencia de su grado de digitalización”. 

Elisabet Ruiz-Dotras, profesora de la UOC y experta en educación financiera, subraya que “nos estamos dejando por el camino” a personas “que no tienen ninguna intención de digitalizarse” y que, además, se sienten abrumadas por la terminología económica. “No es una brecha digital, es que quedan excluidos del sistema financiero a través de la digitalización”, prosigue. A pesar de que los bancos son privados, Ruiz-Dotras defiende el razonamiento de que “si el Gobierno obliga a tener una cuenta corriente para ingresar la pensión, uno tiene que tener acceso a su dinero de forma fácil”.                                          El alcalde de Les Franqueses del Vallès, Francesc Colomé, presentó el pasado miércoles al registro del Congreso una moción aprobada en su Ayuntamiento. “Reclamamos unidad política a nivel nacional para que esto no se acabe convirtiendo en un problema grave. De hecho, ya lo es”, defiende. El pasado agosto el Banco de España alertó de que más de 1,3 millones de ciudadanos están en una situación de vulnerabilidad ligada a su incapacidad de acceso al dinero en efectivo, la mayoría de ellos en la llamada España vaciada

Cajeros automáticos municipales 

La senadora de Teruel Existe, Beatriz Martín, explica que la próxima semana el Congreso votará una enmienda de su grupo a los Presupuestos Generales del Estado de 2022. La medida está centrada “en buena parte de la población de edad avanzada”, para destinar 5 millones a la instalación de dispensadores de efectivo gestionados por los ayuntamientos. Las inversiones en cajeros multientidad del Gobierno de Cantabria (2,3 millones en cinco años) o en la diputación de Guadalajara (295.000 euros) son ejemplos que intentan paliar los efectos del desmantelamiento. En esta línea, tanto la diputación de Barcelona como el Parlament de Cataluña han aprobado declaraciones de intenciones para frenar las dificultades de acceso a los bancos. Hay municipios que optan por instalar un cajero por su cuenta, como acaba de hacer Aldeaseca de Armuña (Salamanca). El coste ronda los 15.000 euros anuales. 

Martín menciona que Correos incluirá cajeros en sus oficinas en 1.500 localidades, aunque le sorprende que algunos de los municipios incluidos en el proyecto aún disponen de oficinas. Es el caso de Puente de Domingo Flórez, un pueblo de 1.400 habitantes de Castilla y León, la comunidad autónoma con mayores problemas para acceder al efectivo, según el Banco de España. El municipio cuenta con una oficina y tres cajeros, los últimos con el soporte de un “agente bancario”, un freelance que se encarga de gestionar la atención al público. Es otra forma, cuenta el alcalde Julio Arias, de como los bancos han abordado la reducción de recursos. El director general de Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, Antonio Calonge, explica que la comunidad se plantea utilizar los fondos de recuperación europeos Next Generation para habilitar cajeros automáticos dentro de autobuses que vayan rotando por los pueblos. 

La pandemia, según el director ejecutivo del Observatorio de Digitalización Financiera del think tank Funcas, Santiago Carbó, “parece haber demostrado” que la población de edad más avanzada, mayor de 65 años, puede mejorar significativamente su grado de digitalización: “Hay que hacer pedagogía. También hay que complementar servicios digitales con atención telefónica”, agrega. “Es un tema temporal. La gente que ahora tiene 50, 55 o 60 años se desenvuelve bien con la tecnología. Cuando tengan 80 la tecnología para ellos no será un problema”, concluye Ruiz Dotras que, pese a esgrimir este argumento, subraya la inquietud que para ella supone la exclusión de una generación del acceso a sus finanzas

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