Ante la apertura caso masacre UCA

El rector, ante la reapertura del caso de la masacre en la UCA: «no ofrece las debidas garantías»Andreu Oliva, rector de la UCA, advierte: «Que no se juegue con los anhelos de las víctimas y con su sufrimiento»

Padre Andreu Oliva
Padre Andreu Oliva

El Padre Andreu Oliva, rector de la Universidad, hizo pública la postura institucional ante la reapertura del caso de la masacre en la UCA

En el actual proceso emprendido por la Fiscalía, «existe de parte de algunas de las autoridades públicas un interés en apartar a la UCA y en sembrar dudas de que la Universidad sea una de las víctimas o parte ofendida»

Ciertas irregularidades hacen temer que el proceso no ofrecerá las garantías de objetividad e independencia requeridas para encontrar la verdad, hacer justicia, reparar el daño causado y propiciar la reconciliación

“Como Universidad exigimos que el caso no sea instrumentalizado con fines políticos o particulares.  Y demandamos a que se respete el debido proceso, los derechos y garantías de todas las partes involucradas»

Por | Margarita Moreno/ UCA

En conferencia de prensa, realizada el 14 de marzo en el Auditorio “Segundo Montes, S.J.”, el P. Andreu Oliva, rector, hizo pública la postura institucional ante la reapertura del caso de la masacre en la UCA.

Oliva inició explicando que este nuevo proceso judicial se da en el marco del desmantelamiento del Estado derecho y de una campaña de acoso contra la Universidad: “Se nos acusa sin fundamento de no estar interesados en la justicia, de proteger a algunos de los implicados en este proceso judicial e incluso de no estar del lado de las víctimas”.

Mártires UCA
Mártires UCA

Ante esto, aseguró, la mejor credencial es la historia de la Universidad y su compromiso con la verdad y la justicia, sobre todo con los casos de violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado. Compromiso que se materializa en la labor del Idhuca: más de ochenta casos ligados a la guerra civil (de masacres, torturas y desapariciones forzadas) han sido investigados y documentados por el Instituto; setenta de ellos han sido presentados a la Fiscalía General de la República para su esclarecimiento, pero hasta la fecha no se reportan avances.

Con respecto a la reapertura del caso, el rector señaló que el proceso judicial inició en el año 2000, a petición de los familiares de los jesuitas asesinados, acompañados por la Universidad. Posteriormente, en 2017, luego de la anulación de la ley de amnistía, se solicitó la reapertura, pero el caso fue sobreseído de forma fraudulenta por la Sala de lo Penal.

En el actual proceso emprendido por la Fiscalía, “existe de parte de algunas de las autoridades públicas un interés en apartar a la UCA y en sembrar dudas de que la Universidad sea una de las víctimas o parte ofendida”, aseguró el rector, pese a que en 1999 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos definió a los familiares de Elba y Celina y de los padres jesuitas, a la comunidad universitaria y a la Compañía de Jesús como víctimas de la masacre.

Caso UCA

De hecho, en su requerimiento, la Fiscalía afirma desconocer el domicilio de las víctimas y de los ofendidos. Esto, explicó el rector, “deja claro que no hay un reconocimiento a la Universidad de su carácter de víctima y que tampoco se reconoce a los familiares de los jesuitas asesinados ni a la Compañía de Jesús como tales”.

Estas y otras irregularidades hacen temer que el proceso no ofrecerá las garantías de objetividad e independencia requeridas para encontrar la verdad, hacer justicia, reparar el daño causado y propiciar la reconciliación. Por esto, por el momento, la UCA no participará como querellante.

“Como Universidad exigimosque el caso no sea instrumentalizado con fines políticos o particulares, y que no se juegue con los anhelos de las víctimas y con su sufrimiento. Y demandamos a que se respete el debido proceso, los derechos y garantías de todas las partes involucradas”, dijo Oliva.

Asimismo, la UCA rechaza “cualquier tipo de presión de actores externos, ya sea sobre los imputados, las víctimas o los funcionarios judiciales” y aboga porque el proceso se desarrolle “sin ningún tipo de interferencia indebida”

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