El Sahara Occidental

La decisión del Gobierno sobre el Sahara es contraria al derecho internacional

Sahara

De un día para otro y sin previo aviso. El Gobierno español ha cambiado su posición sobre el Sahara al aceptar que Marruecos considere su excolonia como una autonomía. Tal decisión rompe con la legalidad internacional y elude las responsabilidades que España tiene como potencia administradora garante del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui.

Condenamos tal postura y llamamos al Gobierno de Pedro Sánchez a rectificar. España tiene una responsabilidad que no puede eludir. El proceso para garantizar el derecho de autodeterminación se ha dilatado desde los acuerdos de Madrid (1975). La dejación que todos los gobiernos españoles han demostrado sobre esta situación debe finalizar. El portavoz de la ONU Stéphane Dujarric, ha recordado que el conflicto debe resolverse con un «compromiso pleno (de las partes) con el proceso político facilitado por la ONU». Nuestra acción exterior no puede ser cómplice de la violación de derechos humanos.

Como ya denunciamos entonces, el pasado mes de noviembre, el conflicto bélico se reactivó porque Marruecos violó el alto el fuego entre las partes, vigente desde 1991. Las consecuencias sobre la población están siendo muy preocupantes. La situación de escalada de violencia y conflicto en la zona exige garantizar el cuidado de las personas más vulnerables. La medida que acaba de tomar el Gobierno, sin contar con la población saharaui, es irresponsable y no ayuda a mitigar la vulneración de derechos ni el aumento de la crispación en la zona.

Corredores humanitarios y garantía de derechos humanos

Alertamos del peligro que la decisión del Gobierno puede suponer sobre la vida de personas que llevan décadas sufriendo la violación de sus derechos más esenciales. Nuestro trabajo a lo largo de décadas en la zona nos demuestra que los riesgos son enormes; las organizaciones con las que trabajamos allá dan la voz de alerta.

En este contexto, es crucial que se retome el diálogo y se rectifique esta decisión. Naciones Unidas, asociaciones de la abogacía y ONG lo han dejado claro: los compromisos internacionales asumidos en este sentido deben ser cumplidos. Reclamamos, además, que se garantice el establecimiento de corredores humanitarios para atender a los campos de refugiados y refugiadas saharauis, así como a la población civil directamente afectada.

La ciudadanía española ya ha dado un paso al frente por la defensa de los derechos del pueblo saharaui. Algo que viene demostrando durante décadas. Se están organizando múltiples movilizaciones en diferentes localidades del Estado español. Animamos a participar en ellas, defender la legalidad internacional y los derechos de la población saharaui. La decisión del Gobierno español debe rectificarse; el regreso al proceso de diálogo y camino hacia el referéndum de autodeterminación también.

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