Ley de Debida Diligencia

Cartel con los 272 muertos en Brumadinho

Activistas contra el abuso y la impunidad de las multinacionales: «Que estos mártires sirvan para acabar con la injusticia»

«Queremos que el proyecto de ley de Debida Diligencia en España salga del cajón, y que haya una legislación que acabe con la impunidad de empresas, algunas de ellas españolas», señalaron desde la plataforma, que denuncia la ausencia de marcos legislativos, en sus países, pero también, en los países sede de las empresas transnacionales (entre ellos, España), que permite los abusos y la impunidad

Francisca Pérez (nombre ficticio): «Pertenezco a una organización campesina que lucha contra las empresas que vienen a violentar nuestro medio ambiente, a nuestras comunidades, a nuestras mujeres»

Por Jesús Bastante

¿Cuál es la situación de los afectados por los abusos de las transnacionales en Brasil y Guatemala? ¿Qué responsabilidades se pueden exigir a las empresas, que todavía hoy actúan con total impunidad frente a los derechos de los más pobres? Estas, y otras preguntas, fueron el eje de la mesa redonda, organizada por la Plataforma de Empresas Responsables, y que congregó en la sede de Intermón-Oxfam a activistas de estos dos países.

«Queremos que el proyecto de ley de Debida Diligencia en España salga del cajón, y que haya una legislación que acabe con la impunidad de empresas, algunas de ellas españolas», señalaron desde la plataforma, que denuncia la ausencia de marcos legislativos, en sus países, pero también, en los países sede de las empresas transnacionales (entre ellos, España), que permite los abusos y la impunidad, con graves consecuencias sobre la población y el medioambiente en sus países, impidiendo el acceso a la reparación de las víctimas. Algunas de ellas, luchadores del pueblo como Berta Cáceres, asesinada y cuyo recuerdo sigue vivo hoy.

Carolina de Moura representa a 272 personas que murieron tras el colapso de una represa en Brumadinho, en Minas Gerais (Brasil), «por la irresponsabilidad y el silencio de la empresa Vale», que sabía de la inestabilidad de los trabajo, y no hizo nada. «Sus cuerpos se partieron en pedazos», relató la activista, enseñando un inmenso cartel con sus rostros. No todos han sido encontrados. «Lamentablemente, lo que aprendimos con el intento de diálogo es que ellos no son dignos de confianza».

Años después, la lucha sigue, también a nivel europeo, pues certificadoras, aseguradoras, compradores, inversionistas, bancos… «toda la cadena de valor es responsable». «No necesitamos nuevas leyes que digan que no se puede matar así», recalcó De Moura. «El agua es un derecho humano, y están comerciando con ‘minas de agua’, y empresas y gobiernos se apropian del discurso del agua». En los últimos años, colapsaron cinco represas, y otras cuatro están en riesgo (tres de ellas propiedad de Vale, y otra de Arcelor).

«Hay que garantizar mecanismos de defensa de las comunidades trabajadoras, y mirar a América Latina no más como proveedora de materia prima, sino un lugar que necesita protección para mantener el equilibrio del planeta», concluyó Carolina.

Por su parte, Danilo de Chamba, abogado defensor de derechos humanos, lleva años dedicado al trabajo con las víctimas que, pese a todo, «siguen creyendo en la justicia y el derecho». En Brasil, acompaña la demanda criminal, en Brasil, pero también en Alemania, contra varias empresas por responsabilidad en la muerte de los 272. «Las empresas jugaron de manera sucia, y eso no se puede permitir».

«Queremos que los procesos de verificación estén representados todos los actores para evitar las malas prácticas» que, en algunos casos, acaban en tragedia. Ahora, esto, es imposible. Es más: «Casi nunca tenemos acceso a los datos de las empresas». «Que estos mártires sirvan para acabar con la injusticia», recalcó.

Explotan la tierra y el agua, sin control

Feliciana Herrera, coordinadora de la Alcaldía Indígena del Pueblo Maya Ixil de Nebaj en Guatemala, involucrada en la defensa del territorio frente a diferentes acciones jurídicas llevadas a cabo por empresas, explicó la lucha de las comunidades contra las empresas y el Estado para ser consultados en proyectos, especialmente hidroeléctricos, que explotan la tierra, y el agua, sin control. «A día de hoy, no se cumplen las sentencias, hay amenazas, complicidad entre las empresas y el Estado», denunció.

«No son terrenos del Gobierno, son de las comunidades, pero las empresas han creado grupos de choque», para dividir a las comunidades y amenazas a sus pobladores, construyendo torres eléctricas y creando caminos de paso, que terminan que hacer que los campesinos abandonen sus tierras. «Hay violaciones de derechos que el Estado no respeta», apuntó Feliciana.

«Estamos defendiendo nuestro territorio, defendiendo la vida«, recalcó la activista. El Gobierno, por su parte, les acusa de «oponernos al desarrollo y crear desempleo», lo que, a la larga, ha provocado el éxodo de jóvenes en las caravanas de migrantes camino de Estados Unidos. 

«Han llevado más pobreza, más destrucción del medio ambiente, más violencia… Son unas empresas explotadoras. No pagan los servicios mínimos, no permiten la organización de sindicatos»

Grandes inundaciones en invierno, grandes sequías en verano

Francisca Pérez es un nombre ficticio, y está imputada en Guatemala por defender a trabajadores cuyas cuotas de Seguridad Social no fueron pagados por las empresas que les explotaban. «Pertenezco a una organización campesina que lucha contra las empresas que vienen a violentar nuestro medio ambiente, a nuestras comunidades, a nuestras mujeres». Además de la explotación minera, han traído los monocultivos, «que están contaminando el ambiente en gran manera», con fumigaciones masivas sobre las comunidades, contaminando los ríos y robando sus aguas, «dejando a las comunidades sin agua».

En invierno, en cambio, inundan las tierras. «Han llevado más pobreza, más destrucción del medio ambiente, más violencia… Son unas empresas explotadoras. No pagan los servicios mínimos, no permiten la organización de sindicatos». La lucha sigue, y también los asesinatos de activistas, y las muertes provocadas por la contaminación descontrolada, en un círculo vicioso que no parece acabar nunca. Como en el caso de Berta Cáceres, Francisca Pérez está siendo criminalizada por una empresa de origen español, que ha explotado a decenas de trabajadores que no han podido jubilarse porque la empresa nunca les tramitó.

La Plataforma por las Empresas Responsables está formada por 16 organizaciones españolas de sociedad civil y representa a más de 530 entidades: Alboan, Alianza por la Solidaridad-ActionAid, Anesvad, Amnistía Internacional, La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, Coordinadora Estatal de Comercio Justo, Economistas sin Fronteras, la red Enlázate por la Justicia, Entreculturas, Fundadeps, Greenpeace, Mundubat, Observatorio de la RSC, Oxfam Intermón, Setem-Campaña Ropa Limpia y USO.

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