El cambio de época en Chile

Gabriel Boric

El histórico triunfo de Gabriel Boric en la segunda vuelta presidencial en Chile, el pasado domingo 19 de noviembre, no solo es inédito porque después de 30 años se rompe el duopolio político que gobernó el país por tres décadas, sino también porque consolida un proceso constituyente en curso, el cual iba a estar fuertemente amenazado, en el caso de ganara el candidato de extrema derecha José Antonio Kast.
Si bien los resultados en primera vuelta parecían poco entendibles, dadas las anteriores votaciones en Chile, en donde las fuerzas transformadoras se impusieron ampliamente por sobre los sectores más conservadores del país (plebiscito constitucional y elección de constituyentes), la posibilidad de una restauración conservadora, luego de la segunda vuelta, queda completamente descartada.

De ahí que la alta participación total (55,65%) y votación a Gabriel Boric (55,87%), no solo lo convierten en el presidente más joven y con más votos en la historia de Chile (4.620.890), sino que quedará para la historia del país, ya que firmará, de aprobarse, la primera constitución legítima y redactada democráticamente en el país.

Ante esto, que Gabriel Boric entienda que su rol político es mucho más importante que el de otros presidentes elegidos anteriormente en Chile, al estar inserto en un momento de cambio de época para el país, planteando en su primer discurso como presidente electo lo siguiente: “Defenderemos el proceso constituyente, que es motivo de orgullo mundial. Es la primera vez que escribimos una Constitución de forma democrática. Cuidemos este proceso para que sea una Carta Magna fruto del acuerdo y no de la imposición” (1).

Siendo coherente con ese discurso, es muy destacable de parte del presidente Gabriel Boric, que la primera persona que haya llamado, luego de enterarse de los resultados de la segunda vuelta, haya sido la presidenta de la Convención Constituyente, Elisa Loncón, lo que es una muy buena señal de lo que vendrá en el futuro para el desarrollo del proceso en curso.

Asimismo, la visita de Gabriel Boric a la Convención Constituyente, dos días después de haber salido electo como presidente, hace una clara diferencia con Sebastián Piñera, quien no fue capaz de asistir a un espacio tan importante para el futuro del país, e incluso entorpeciéndolo y tratando de influir sobre él, con declaraciones sobre algunos contenidos que debieran tener la nueva carta fundamental (2).

Por el contrario, Gabriel Boric ha sido muy cauto en sus declaraciones sobre la Convención Constituyente, al declarar que no será pauteada por el presidente, porque sabe que su rol es de acompañar el proceso, respetando así siempre su autonomía y la capacidad de este órgano de poder funcionar de manera independiente del poder constituido.

En consecuencia, la responsabilidad que tendrá el nuevo presidente Boric es enorme, pero estará sostenida no solo por un partido político, coalición o sector determinado, sino por millones de chilenas y chilenos que exigieron ser parte de la construcción de un nuevo Estado, como también por cientos de organizaciones sociales que pusieron en el centro la defensa de los Derechos Humanos y de la Naturaleza.

Por lo mismo, el cuidado y apoyo ciudadano en los próximos meses hacia la Convención Constituyente es clave, ante la campaña de desprestigio de grandes medios de información y de una derecha en ruinas, que solo le queda denigrar a base de mentiras, al órgano más inclusivo, participativo, vinculante y universal que hemos tenido como país.

Podrán decir muchas cosas de la Convención Constituyente, pero es por lejos el espacio institucional que más se parece a Chile, en toda su diversidad. Como país nos mal acostumbraron con instituciones ilegítimas y autoritarias, hechas por y para las elites, dejando fuera a la gran mayoría, teniendo que subordinarnos así a normas y códigos jurídicos hechos a la medida de unos pocos.

Además, es muy destacable de parte de la Convención Constituyente, en lo que respecta a democracia participativa, las instancias previas a la redacción de la nueva carta magna, como lo son la Iniciativa popular de norma, encuentros autoconvocados, audiencias públicas obligatorias, cuenta popular constituyente, jornadas nacionales de deliberación, foros deliberativos, cabildos comunales, semana territorial, plebiscito dirimente y la consulta indígena.

En definitiva, somos testigos y parte de un proceso político completamente distinto e inédito a lo que hemos vividos como chilenos por siglos, y que seguramente romperá con un Estado secuestrado por las elites económicas nacionales e internacionales por siglos, desde la Constitución Portaliana de 1833 en adelante, la cual sentó las bases para imponer un orden en el país completamente excluyente y negador de la pluralidad existente.

Francisco, un Papa discutido


ALGUNOS “CATÓLICOS PRACTICANTES” CALIFICAN AL PAPA DE COMUNISTA Y DE REPRESENTANTE DEL DIABLO EN LA TIERRA»

El director de La Razón y católico practicante reconocido, Francisco Marhuenda, calificaba al pontífice de «Un Papa antiespañol», mostrándose convencido de que, en el cónclave que lo eligió, «el Espíritu Santo se confundió, y los cardenales eligieron un candidato catastrófico»

 Eduardo Inda, fue, incluso, un paso más allá: «Este Papa comunista es el anti-Papa, el representante del diablo en la Tierra»

 Estos señores que presumen de católicos ignoran que la Biblia condena el trabajo que no es honrado o que perjudica a otras personas de algún modo (Levítico 19:11,13; Romanos 13:10). Ser un buen trabajador beneficia a otras personas y permite tener “una buena conciencia” (1 Pedro 3:16).

 Un país que quiere edificarse en la mentira y la corrupción está abocado al fracaso total. El crecimiento debe basarse en el trabajo honrado, la formación, dar oportunidad a los jóvenes… Regresar, en definitiva, a las raíces y los valores.  La cultura del sacrificio y ganarse el pan cada día con el esfuerzo tiene que volver.

Los mecanismos del Estado Capitalista buscan evitar a toda costa que se exprese la voluntad de las mayorías y que decida siempre la clase explotadora.

Díaz y el Papa comparten una visión bastante cercana sobre el mundo del trabajo y la economía. De hecho, en la encíclica Fratelli Tutti pueden leerse algunos pasajes aplicables al modo de entender el empleo de la ministra de Trabajo. Francisco se ha interesado también por la situación en la que se encuentra la reforma laboral en España —el entorno de Díaz señaló tras la reunión que “está muy avanzada”—,

Para Weber la existencia del capitalismo representa el conducto de decisiones de la actividad de los seres humanos. La lucha por ser mejor, no por la existencia misma, sino por obtener más, es lo que origina la competencia. Por esta competencia de conseguir más, se deriva en lucha de seres humanos: “El cálculo de capital en su estructura formalmente más perfecta supone, por eso, la lucha de los hombres unos contra otros”

Según  Weber, entonces, en el capitalismo económico racional, no hay lugar para la moralidad caritativa ya que el ser humano caritativo no es un ser humano competitivo, y porque el ser humano competitivo es el principal agente en la gestión económica. En este escenario, es claro que el altruismo tampoco tiene espacio en el racionalismo económico del capitalismo moderno.

Para Weber, la particulares normas del capitalismo son rígidas y sin posibilidad de excepciones. En la idea del capitalismo racional que explica Weber, no hay lugar para posturas humanistas. Esta falta de posturas humanistas hace que se llegue, las más de las veces, a posturas irracionales donde el ser humano termina siendo solo una pieza tecnificada y sin humanidad (cual cosa), cuya utilidad se limita a la consecución de mayor riqueza para la gran máquina capitalista económicamente racional: (Weber, Economía y sociedad…) “(…) el capitalismo (…) lo que necesita es un derecho con el que se pueda contar lo mismo que con una maquina (…) La creación de semejante derecho se consiguió al aliarse el Estado moderno a los juristas, para imponer sus ambiciones de poder.

Weber se interesó por estos efectos sobre los individuos, los «engranajes de la máquina». El capitalismo, que había prometido una utopía tecnológica centrada en el individuo, había creado en su lugar una sociedad dominada por el trabajo y el dinero, supervisada por una burocracia inflexible. Esta sociedad rígida no solo oprime al individuo, sino que lo deshumaniza, al hacer que se sienta a merced de un sistema lógico, pero sin alma.

Devolver a la persona al centro de la vida económica y social es la mejor vacuna contra el economicismo imperante, contra los diferentes populismos o el neoliberalismo individualista e ingenuo que pone toda su confianza en la autorregulación del mercado.

  Afirma el papa Francisco  (FRATELLI TUTTI) “Destrozar la autoestima de alguien es una manera fácil de dominarlo. Detrás de estas tendencias que buscan homogeneizar el mundo, afloran intereses de poder que se benefician del bajo aprecio de sí, al tiempo que, a través de los medios y de las redes se intenta crear una nueva cultura al servicio de los más poderosos.”

El mensaje del papa Francisco es un toque de atención a las conciencias de los habitantes de los países donde llegan los inmigrantes.

El papa invita a reflexionar cuando pregunta: «¿No es tal vez el deseo de cada uno de ellos el de mejorar las propias condiciones de vida y el de obtener un honesto y legítimo bienestar para compartir con las personas que aman?”

Francisco explica que para los católicos «en la acogida del extranjero (…) se abren las puertas a Dios y en el rostro del otro se manifiestan los rasgos de Jesucristo».

Hoy en día es esclavo el hombre que está atado por su propia libertad cuando no sabe para qué le sirve. Porque la libertad no es un valor en sí, sino un valor en el que debe construirse la propia persona. Decía Goethe: “nadie  es más esclavo que quien se considera libre sin serlo”. Y no hay servidumbre más vergonzosa que la voluntaria.

Hay algunas personas que piensan que lo importante es cuánto dinero se gana. Esa manera de pensar, junto con el deseo de ganar dinero rápido, ha hecho que algunas personas se metan en negocios sucios o hasta participen en actividades ilegales.

La pandemia de COVID-19 y las medidas para controlar la transmisión del virus interrumpió abruptamente el movimiento de personas que caracteriza a nuestro mundo interconectado. Las consecuencias son enormes para los migrantes, que dependen del trabajo lejos de sus hogares para mantenerse a sí mismos, sus familias y sus comunidades. Muchos de ellos se encuentran ahora en condiciones que los ponen en mayor riesgo de contraer la COVID-19. Con esta crisis, se ha desatado la «globalización de la indiferencia» y a veces de la violencia, con un odio contra los más vulnerables, contra los migrantes, contra las poblaciones discriminadas y, muy a menudo, contra las mujeres.

Los valores de nuestro mundo actual nos han ido colonizando y los hemos ido asumiendo, hasta el punto de considerarlos propios y hegemónicos de la humanidad. El resultado de todo esto ha sido una generación de ciudadanos acríticos, poco reflexivos, dóciles consumidores, competitivos y trabajadores tecnócrata

Los bulos de la derecha

Évole arrasa con su reflexión sobre las macrogranjas y los bulos de la derecha: «¿No deberíamos decir los periodistas que es mentira y punto?»

Jordi Évole

La polémica desatada tras las declaraciones de Alberto Garzón sobre el impacto ambiental de las macrogranjas ha llevado al periodista Jordi Evole a escribir una tribuna en la que reflexiona sobre los bulos y las informaciones falsas. Un texto que rápidamente se ha hecho viral.

En una columna publicada en La Vanguardia, con el titulo El haba, Garzón y otros bulos del montón, Évole recuerda que todo el revuelo deriva de una información incendiaria con un titular tendencioso que aseguraba que Garzón había dicho «que España exporta carne de mala calidad de animales maltratados», a pesar de que el ministro sólo se refería a la macrogranjas, con impactos ambientales y sociales en la España vaciada.

«Un titular goloso, que bien promocionado por políticos afines se convierte en el tema del momento en redes. De ahí, el bulo salta a los informativos con declaraciones y contradeclaraciones, y solo con el ruido generado ya han triunfado. Otros medios se hacen eco del bulo para desmentirlo, pero acaban dando voz a responsables políticos que se aferran a la mentira para sacar tajada. Esos medios hacen bien su trabajo dando voz a todos los protagonistas de la noticia. Así nos lo enseñan en la facultad», reflexiona el periodista.

«Políticos de la derecha y la extrema derecha y dos presidentes autonómicos socialistas salieron en tromba contra Garzón», prosigue, para preguntarse si, «llegados a este punto, ¿no deberíamos posicionarnos los periodistas y decir que esa información es mentira y punto?»

«Corten la noticia difundida sobre Garzón como si fuese el roscón. Comprobarán fácilmente dónde está el haba. Si no la señalamos, si no evitamos comérnosla, no solo acabaremos pagando el pastel, sino que nos va a salir bastante caro», concluye

No a las macrogranjas en Castilla La Mancha

El Gobierno de Castilla-La Mancha prohíbe la construcción y ampliación de macrogranjas hasta 2025

 Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado este jueves una enmienda que impide —hasta 2025— la concesión de permisos para construir macrogranjas o ampliar las que están en funcionamiento. La portavoz del Gobierno autonómico, Ana Isabel Abengózar, ha defendido la medida ante el “crecimiento exponencial de autorizaciones y de modificaciones de proyectos con aumento de capacidad” de estas explotaciones: “Esta medida no pone en riesgo al sector cárnico ni al ganadero ni al agrícola”, ha señalado Abengózar. La moratoria ha contado con el voto favorable del PSOE, que gobierna con mayoría absoluta en la región. El Partido Popular se ha opuesto a pesar de que su líder en la autonomía, Paco Núñez, se pronunció en contra de este modelo de ganadería intensiva.

Esta regulación en la edificación de macrogranjas, que se ha aprobado por 19 votos a favor y 14 en contra y sin abstenciones, llega después de una semana de polémica por las palabras del ministro de Consumo, Alberto Garzón, que aseguró que estas explotaciones “contaminan” y “exportan carne de peor calidad” en comparación con la producida por la ganadería extensiva. El presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page (PSOE), criticó las palabras del ministro y pidió su “rectificación”, al igual que otros varones socialistas y miembros del Gobierno. Sin embargo, el Ejecutivo de Page ha aprobado este jueves la primera medida con aplicación en toda la comunidad autónoma contra este tipo de ganadería intensiva.

El Partido Popular (PP), que no se opuso a esta iniciativa el mes pasado ni planteó texto alternativo alguno, ha pedido al Gobierno regional que retire la enmienda porque “esta moratoria condena una actividad económica que genera empleo y cumple rigurosamente con una normativa medioambiental muy exigente y de sanidad y de bienestar animal”. Además, el diputado popular Miguel Ángel Rodríguez, ha acusado al Gobierno de Emiliano García-Page de hacer “seguidismo” del ministro de Consumo: “Con esta moratoria están diciendo lo mismo que el ministro Garzón, que aquí se produce carne de mala calidad, y que los ganaderos son los culpables”.

En el pleno de este jueves también se ha debatido a propósito de las palabras de Garzón. Dolores Merino, del PP, ha solicitado “la reprobación” y el “cese fulminante” del titular de Consumo por decir que “España exporta carne contaminada de animales maltratados”. Además, ha tildado de “irresponsable” la respuesta de Page a las declaraciones de Garzón, que ironizó contestando al ministro que “se va a pasar la vida sin poder pedirse un filete”. Merino ha añadido sobre las afirmaciones de Garzón: “Son un ataque a nuestros ganaderos, veterinarios y funcionarios públicos (…) Son un insulto a la marca España y son mentira”. El ministro ha defendido este jueves en una entrevista publicada en EL PAÍS que se trata de “un bulo” de la “derecha” y la “extrema derecha”.

Aunque Ciudadanos no ha hecho mención alguna a la enmienda del Gobierno regional que prohíbe la construcción de macrogranjas, sí ha cargado contra el ministro. Desde la formación han asegurado que son un “ataque en un medio extranjero” al sector ganadero. Elena Jaime, procuradora del grupo, ha calificado al ministro de “populista” y “demagogo”, y ha achacado su continuidad en el Gobierno de España a un “pacto casi diabólico” con Unidas Podemos, socio de Gobierno.

Fernando Mora, parlamentario autonómico del grupo socialista, ha calificado de “inoportunas” y “poco meditadas” declaraciones del ministro de Consumo. Aunque también ha asegurado que el líder del PP castellanomanchego ha hecho afirmaciones “mucho peores” que las realizadas por Garzón, cuando acusó a los “inversores” de querer “convertir nuestro país en la porquera del planeta (…) Se pretende transformar la ganadería tradicional en grandes infraestructuras deshumanizadas”. Mora ha recordado los tuits del PP de Castilla-La Mancha en 2018 en los que alertaban de las “consecuencias para la salud públicas” de las macrogranjas y que la formación ha eliminado recientemente de su red social.

Conocer los hechos y acceder a información de calidad es más necesario que nunca

Las macrogranjas, con datos y sin bulos

JUANTXO LÓPEZ DE URALDE Diputado y coordinador federal de Alianza VerdeJuantcho López
ALEJANDRA JACINTO URANGA Diputada

Imagen de archivo de una granja porcina.- AFP

Las declaraciones del ministro de consumo Alberto Garzón al diario británico The Guardian sobre la ganadería intensiva en España han elevado el volumen de una polémica que llevamos años arrastrando: la del impacto social, económico y ambiental de las macrogranjas. El lobby cárnico ha arremetido con enorme dureza contra Garzón, pero lo cierto es que los datos le dan contundentemente la razón al ministro.

La actividad de la ganadería industrial tiene un enorme impacto en la contaminación del agua y del aire: más del 80% de las emisiones de amoniaco agrícola de la UE al aire y las emisiones de nitrógeno al agua están relacionadas con el ganado. Además de contaminar las aguas subterráneas, los purines producen metano en las balsas donde se almacena, un gas con un efecto invernadero 20 veces mayor que el CO2, que perjudica la salud y acidifica los suelos, con la consecuente pérdida de fertilidad. Precisamente las emisiones de metano han sido objeto de un acuerdo para su reducción en la cumbre del clima celebrada recientemente en Glasgow (COP26). Según las estimaciones de un estudio publicado en la revista Nature, la contaminación por nitrógeno expone a aproximadamente 18 millones de personas en Europa a suministros de agua para consumo humano con concentraciones de nitratos por encima de los niveles recomendados.

La producción ganadera representa la mayor parte de los contaminantes del aire generados por el sector agrario, específicamente el amoníaco, partículas y compuestos orgánicos volátiles no metánicos. Entre 1990 y 2015, en la Unión Europea se consiguió una reducción del 24% de las emisiones de este gas a la atmósfera. Sin embargo, España no contribuyó a esta reducción, sino más bien, todo lo contrario. Solo entre 2014 y 2016, las emisiones de amoníaco en España se incrementaron en un 6,13%, debido principalmente al crecimiento exponencial de la ganadería industrial, sector que en 2017 fue el responsable del 92% de estas emisiones. Cabe destacar que, de las 100 industrias más contaminantes de amoníaco de España en el año de referencia, 94 eran explotaciones ganaderas industriales; las emisiones de amoníaco de España se encontraban en ese momento un 39% por encima del techo de emisiones establecido en la Directiva 2001/81/CE.

Otro aspecto en el que lamentablemente destacan las industrias intensivas agrícola y ganadera es el de la contaminación de las aguas por nitratos. El nitrógeno es un nutriente esencial que ayuda a crecer a las plantas y cultivos. Sin embargo, en elevadas concentraciones es perjudicial para la naturaleza y las personas. El uso agrícola de los nitratos en fertilizantes sintéticos y presentes en los excrementos de los animales que se esparcen por los suelos es una de las principales fuentes de contaminación de aguas. Solo la cabaña actual de 31 millones de marranos en España genera 62 millones de metros cúbicos de purines anuales, según informa el Ministerio de Agricultura. Una cantidad de estiércol que llenaría 62 estadios como el Santiago Bernabéu o 24.800 piscinas olímpicas, y a la que solo en una pequeña parte se le da un uso adecuado no contaminante. Por su parte, las granjas ganaderas producen no menos de 80 millones de toneladas de estiércol anuales.

Así, el sector agropecuario es responsable de más del 50% de los vertidos totales de nitrógeno en las aguas, a lo que se suman otras sustancias contaminantes: fósforo, antibióticos, hormonas, etc. El exceso de nutrientes en las aguas provoca lo que se conoce como eutrofización, un crecimiento excesivo de plantas y otros organismos. Durante su crecimiento y putrefacción, estos organismos consumen gran cantidad de oxígeno y generan grandes cantidades de materia orgánica. Este proceso es el responsable de la existencia cada vez mayor de «zonas muertas» en los océanos y de la degradación de muchos ríos, lagos y zonas marítimas costeras, además de la contaminación de los acuíferos y embalses que suministran agua potable a la población.

Esta problemática se ha ido agravando progresivamente a lo largo del tiempo de manera paralela al crecimiento de la ganadería industrial. Durante las últimas décadas se ha dado un proceso de concentración de la producción agrícola y ganadera en torno a la industria intensiva a nivel global que ha tenido una especial repercusión en el caso de España. Un informe del año 2019 de Greenpeace reveló que, a nivel estatal, el 93,7% de la producción de carne de cerdo, el 94,2% de la carne de aves de corral y el 80,6% de la leche y otros productos lácteos se concentra en granjas grandes y muy grandes. El aumento sostenido de la producción ganadera, que afecta sobre todo al porcino y las aves de corral, y en menor medida al vacuno, ha tenido especial incidencia en nuestro país. Además de su tamaño, las granjas intensivas han aumentado también la densidad de ganado que albergan.

Según datos de la encuesta de sacrificios en mataderos en España, en 2018 las cabezas de bovino que pasaron por estas factorías fueron 2,5 millones; 10,1 millones las de ovino; 1,4 millones de caprino; 52,4 millones las de porcino y 799 millones de aves, en su gran mayoría gallinas y pollos. En total se sacrificaron en matadero 910 millones de animales. Si comparamos los datos con los de 2009, se detecta una cierta estabilización en las cifras correspondientes a la ganadería bovina, ovina y caprina. Sin embargo, el número de aves sacrificadas aumentó un 18% y el de cerdos un 30% en tan solo una década.

Los 52,4 millones de cerdos sacrificados en España en un solo año, que suponen unos 4,52 millones de toneladas de carne, ponen a nuestro país en la cuarta posición mundial de productores, tan solo por detrás de China, Estados Unidos y Alemania. Dentro de la Unión Europea, España se mantiene en segunda posición, con un 19% de la producción comunitaria, y acercándose paulatinamente a Alemania, que se mantiene en primer lugar con un 22,4%. La importancia de la producción española en el conjunto de la UE se ha ido incrementando durante las últimas campañas (solo 5 años antes la producción española apenas superaba el 15,7% del total de la UE) como consecuencia del espectacular desarrollo del sector, claramente por encima de la media comunitaria. Así, si durante el quinquenio 2013-2018 la producción de carne en la UE creció un 7,6%, mientras que la producción en España lo hizo en un 31,45%, lo que da una idea de la evolución que está experimentando el sector a nivel estatal.

En lo que se refiere al número de granjas, el sector ha experimentado una considerable reestructuración, con un notable descenso en el número total de granjas en el periodo 2009-2018, unido al incremento de las producciones. La reducción del número de explotaciones se ha limitado a las de menor tamaño. En paralelo, las explotaciones de mayor tamaño se han incrementado notablemente, especialmente las más grandes, que han aumentado más de un 50% en este periodo. El modelo de negocio también ha cambiado: los granjeros ponen sus instalaciones a disposición de grandes empresas (integradores), que son las propietarias de los cerdos y se hacen cargo de su alimentación y asistencia veterinaria. El granjero se encarga de su cuidado y de la gestión de los purines, en muchos casos sin recursos adecuados ni suficientes para ello. Según el informe «Indicadores económicos del sector porcino 2018» , del Ministerio de Agricultura: «el sector ha experimentado una considerable reestructuración durante los últimos años, con un notable descenso en el número total de granjas durante los últimos 12 años». En total han desaparecido 21.417 granjas, un 37,5% del total, y todas ellas eran explotaciones pequeñas.

Estos casos se repiten a lo largo y ancho del Estado. En la comarca de A Limia, en la provincia de Ourense, el proceso se inició en 1998 con la creación de un complejo ganadero industrial que ya presentaba problemas con la gestión de los purines. A partir de esa fecha la implantación de granjas intensivas en la cabecera del río Limia ha sido continuada y creciente, lo que ha llevado al progresivo incremento de los niveles de contaminación de las aguas superficiales y subterráneas. Según datos recabados por la Sociedade Galega de Historial Natural, en la actualidad la carga ganadera de la comarca de A Limia resulta insostenible, con una concentración de 14.330 unidades de ganado vacuno, 29.365 pollos y pavos y 38.158 cerdos, un total de 81.853 cabezas de ganado que equivalen a 72 veces la población humana residente en sus municipios. Esta carga ganadera equivale asimismo a una densidad poblacional de 4.500 hab./km2, pero sin sistemas adecuados de recogida, tratamiento y depuración de aguas residuales.

Según datos de la Confederación Hidrográfica del Miño Sil, solo en el periodo 2014-2017 la contaminación por nitratos de las aguas subterráneas de A Limia aumentó en un 40%. A pesar de esta realidad, la Xunta de Galicia, con competencias en la materia, no ha declarado esta zona como vulnerable ni ha aplicado hasta el momento ningún plan de actuación al efecto. Muy al contrario, sigue autorizando la ampliación de granjas ganaderas intensivas y la instalación de otras nuevas en la comarca.

En las dos Castillas los proyectos de estas características se multiplican. A día de hoy, hay decenas de comarcas movilizadas contra la instalación de estas macrogranjas. Especialmente sensible es el caso de Cuenca, donde se ha quintuplicado el número de cerdos desde 2009 (de 106.977 a 553.848). Según el INE la población conquense ha caído un 8% en el periodo en que el número de cerdos ha subido el 417%. Pero el caso de Cuenca no es único, muchas otras provincias castellanas están sufriendo este mismo fenómeno.

En el caso de la costa murciana, donde la agricultura intensiva y altamente tecnificada, ya en manos de grandes grupos agroindustriales y cadenas de distribución, avanzó hasta casi tocar la lámina de agua. Parece evidente que este tipo de desarrollo agroindustrial está teniendo también un elevado coste ambiental. Pesticidas y nitratos procedentes de los abonos han penetrado en el Mar Menor por el aire, en superficie (a través de ramblas como la del Albujón y Miranda) y de forma subterránea a través de un acuífero envenenado durante cuarenta años. En cuanto a las explotaciones ganaderas, el 90% de las granjas inspeccionadas durante la realización de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto Vertido Cero presentaron incumplimientos normativos, de manera que en unas 500 balsas que almacenan purines se detectaron problemas de infiltración al subsuelo o desbordamiento. Según el grupo de investigación Ecosistemas Mediterráneos de la Universidad de Murcia, la actividad agraria es responsable en un 85% de la eutrofización del Mar Menor, habiéndose detectado en el acuífero Cuaternario, la masa de agua más importante del sistema hidrológico Campo de Cartagena-Mar Menor, más de 300.000 toneladas de nitratos.

Otro caso sangrante es el de la cuenca del río Ebro, donde se produce la mayor concentración de masas de agua contaminadas de toda España. El documento inicial del Plan Higrológico del Ebro (PHE) para el periodo 2021-2027 informaba de que casi dos terceras partes de las explotaciones ganaderas de la cuenca de este río contaminan los acuíferos sobre los que están construidas, con vertidos de alrededor de 128.949 toneladas de nitrógeno al año. La propia Confederación Hidrográfica del Ebro alerta de cómo el regadío y la ganadería intensiva están afectando a más del 75% de los ríos y más del 90% de los acuíferos de una cuenca en la que el deterioro por este motivo tiene ya difícil solución en 32 cauces y 36 sistemas de agua subterránea.

Estos problemas son extensibles a toda España. El Informe de seguimiento de la Directiva 91/676/CEE sobre contaminación del agua por nitratos utilizados en la agricultura, cuatrienio 2016-2019, de fecha diciembre de 2020 y elaborado por parte de la Dirección General del Agua, adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ofrece informaciones de interés sobre la situación de las aguas contaminadas en las diferentes comunidades autónomas. Dicho informe establece que 1.235 de las 4.475 estaciones de control de masas de agua subterránea instaladas en España muestran que estas aguas están contaminadas o en riesgo de estarlo, esto es, un 27,6% del total. De ellas, y tras la aplicación de diversos planes de recuperación sobre algunas de estas masas de agua, solo en 612 casos se prevé la mejora de su estado en el corto plazo, 127 lo harían en un plazo medio-largo y 480, el 38,9% del total, no muestran visos de recuperación. Se da además el caso de que 130 de las masas aguas contaminadas o en riesgo de estarlo no han sido declaradas aún como zonas vulnerables. Las conclusiones de este informe indican que las medidas tomadas hasta el momento no son suficientes para alcanzar los objetivos delimitados por la Directiva europea.

La contaminación de los acuíferos está provocando el desabastecimiento de agua potable a miles de municipios en toda España. Solo en Cataluña, y según la Agencia Catalana del Agua, en 2016 había ya 422 municipios en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos. Se calcula, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica del año 2019, que al menos el 40% de los acuíferos de España está en peligro por la contaminación de los residuos de la industria agrícola y ganadera. La contaminación difusa por la ganadería y la agricultura intensivas está, en suma, destrozando los sistemas hídricos de toda España. Y a pesar de los avisos y alertas por parte tanto de organizaciones científicas, sociales y ecologistas como de instituciones como la propia Unión Europea, en España solo se han producido escasos avances en la protección de determinadas zonas con especiales problemas, pero ni estos parecen suficientes ni abarcan a todas las comarcas en situación de riesgo o en situación de catástrofe ecológica.

Los datos sobre los negativos impactos de las macrogranjas en nuestro medio ambiente son tan abrumadores, que las declaraciones del ministro Garzón debieran haber servido, como mínimo, para reflexionar sobre un problema cada vez más grave y que tanto daño está causando en nuestros entornos y en las vidas de miles de pequeños y medianos agricultores y ganaderos. Sin embargo, lejos del debate sosegado, nos hemos vuelto a topar con bulos y fake news cuyo fin no es sólo tratar de esconder el impacto real de este tipo de explotaciones si no socavar la imagen de un ministro que ¡oh sorpresa! es de Unidas Podemos.

A partir de los datos que cada cual saque sus conclusiones. Las nuestras ya las pusimos de manifiesto en una Proposición no de Ley que reclamaba una moratoria de estas macrogranjas. Los votos en contra de PSOE, Cs, PP y VOX impidieron su aprobación.

El proceso chileno

Gabriel Boric

El 19 de diciembre pasado Chile votaba por amplia mayoría una coalición de partidos cuya divisa es “Que la dignidad se haga costumbre”. Dos años de movilizaciones han alumbrado una nueva situación cuyos frutos han sido la Convención Constituyente y un nuevo gobierno.

El llamado “éxito chileno” (crecimiento económico, cuentas públicas saneadas y energía exportadora) se ha conseguido bajo las condiciones impuestas por la dictadura. Es un éxito que oculta el dominio de una pequeña casta rica y poderosa, unas desigualdades excesivas y la desconfianza hacia un cuerpo policial encargado de mantener este orden. A lo que se añade la represión de los pueblos originarios (mapuches, aymaras …) con el argumento de que se oponen al progreso, cuando defienden sus territorios y derechos ante la explotación por parte de grandes grupos económicos.

Este modelo ultraliberal y autoritario había sido consagrado en la Constitución pinochetista de 1990. En 2020, como primer fruto de las movilizaciones, comenzó el proceso para dotar al país de una nueva Constitución. En la primera consulta se impuso, con un 80%, la opción “Apruebo una nueva Constitución” y que la Convención Constitucional para redactar el texto se compondría en su totalidad por ciudadanos elegidos para este fin.

En una segunda consulta se eligieron los miembros de la Convención. Muchos de los que experimentan en sí mismos la precariedad laboral y vital habían participado en las movilizaciones y salieron elegidos. Ciudadanos de perfiles muy diversos, desde abogados hasta activistas ambientales, mujeres representantes de organizaciones del trabajo no asalariado (cuidadoras), conductoras de autobús, trabajadores endeudados por la educación y la sanidad de sus hijos. La Convención Constituyente está compuesta por 155 miembros, 17 de los pueblos originarios, y presidida por la mapuche Elisa Loncon, elegida con el voto de 96 de los 155.

En sus debates hay una sensibilidad especial para que el texto constitucional recoja las exigencias del respeto a los derechos humanos; el rechazo a las violaciones que han sufrido los pueblos originarios durante siglos, a la represión contra los movimientos de trabajadores, a la violencia de la dictadura y postdictadura y a lo que se vivió durante las movilizaciones de octubre-2019. Y una apuesta firme porque el Estado recupere el poder de garantizar, con recursos públicos, los derechos a las pensiones, la sanidad, la educación, el derecho humano al agua y la desprivatización de su gestión, la negociación colectiva, un sistema nacional de Cuidados, etc. Los pueblos originarios piden que Chile se defina como Estado plurinacional.

En la Convención Constituyente se está debatiendo sobre las condiciones materiales que hagan posible este proyecto, sobre la propiedad de la tierra y los recursos estratégicos, sobre un nuevo modelo económico justo y sostenible, una reforma tributaria progresiva que apunte a los superricos. Y sobre establecer mecanismos de democracia participativa que vayan más allá de la democracia representativa. Como la iniciativa popular de norma constitucional, la plataforma digital de participación, las jornadas nacionales de deliberación, foros deliberativos y los cabildos comunales, etc.

En un tiempo global como éste, en que “lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer” (B. Brecht), el aval de los chilenos al programa “Apruebo Dignidad” de Boric supone la apuesta de todo un país por la esperanza. Con él estos objetivos que el proceso chileno está plasmando en la nueva Constitución se verán reforzados. La alternativa del pinochetista Kast, basada en el miedo, hubiera supuesto claramente una regresión a los viejos tiempos de la desigualdad y el autoritarismo.

Francisco nos invita, tras la pandemia, a repensar la organización de nuestras sociedades para constituirnos en un “nosotros”. “Se hace necesario – dice – que los Estados recuperen su capacidad de acción política … una política en que la economía esté al servicio de unas estructuras sociales donde todas las personas puedan vivir con dignidad …” (Fratelli Tutti). Y los obispos chilenos, en su mensaje a Boric, aseguran que “la Iglesia chilena quiere seguir contribuyendo a construir una humanidad más justa y fraterna, donde especialmente los pobres y los que sufren sean respetados en su dignidad”.

El presidente Salvador Allende en 1973, pocos minutos antes de morir acosado por las bombas de Pinochet, se atrevía a soñar:” Sigan ustedes sabiendo que, más temprano que tarde, se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor…”

¿Se abrirán las grandes alamedas? … Es el sueño y la apuesta del proceso chileno.

La España Vaciada al Congreso

La España Vaciada busca fórmula para lograr grupo propio en el Congreso

Tomás Guitarte

Archivo – El diputado de Teruel Existe y presidente de la formación, Tomás Guitarte, durante su intervención en la primera sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados tras el estado de alarma, en Madrid (España), a 24 de junio de 2020.

Cristina Armunia Berges / Iñigo Aduriz

La España Vaciada quiere tener lista para enero «la fórmula exacta» para concurrir a próximas citas electorales. La idea es presentar un proyecto de «ámbito estatal» con el que lograr un objetivo: lograr tener grupo propio en el Congreso de los Diputados. La senda la abrió Teruel Existe hace dos años, al lograr aterrizar con un diputado en la carrera de San Jerónimo tras anunciar por sorpresa su candidatura y convertirse en la fuerza más votada de la provincia. Ahora el movimiento de la España que reclama financiación, carreteras y servicios busca armar una candidatura a través de una federación o coalición.                                                                                                    «Lo que se está estudiando ahora es la fórmula de participación», explica el diputado Tomás Guitarte a elDiario.es. El turolense admite que se están barajando «alternativas distintas», pero que quieren dar con la «más adecuada», la que les sirva para lograr lo que se han propuesto. «El objetivo mínimo y a su vez el principal es conseguir un grupo parlamentario en el Congreso y en el Senado y para eso hay varias fórmulas».                    La idea de una multitud de plataformas al estilo Teruel Existe, pero sin un paraguas común, queda descartada. «Lo que sí que es evidente es que, bajo la fórmula que sea, lo que se trasladará al ciudadano español es una oferta conjunta. No va a ser 30 o 40 formaciones y que cada uno concurra por un sitio, sino que irán todas coligadas o federadas», confirma Guitarte.                                                                                          Al ser preguntado por si se están fijando en un modelo de partido parecido al del PSOE, insiste en la idea de poder «conseguir combinar los movimientos». «En cada provincia suele haber un movimiento potente. Lo que hablamos es de una federación, no que sea una solución federal, sino de una federación. Si esos movimientos se constituyen en formación política, hay varias fórmulas de agruparlos. Una de ellas es una federación entre ellos y otra simplemente una coalición electoral que se forma para participar en unas elecciones».

Pone como ejemplo las federaciones del PSOE o los diferentes grupos que formaron las confluencias de Podemos en pasadas elecciones. «Todo son federaciones o coaliciones. Es el mismo esquema, pero igual en vez de haber tres o cuatro federaciones puede haber 15 o 20», apunta. Por el momento, han pedido informes jurídicos «para conocer las ventajas de cada fórmula».

«La fórmula exacta no se definirá hasta finales de enero o principios de febrero porque lleva sus procesos contar con la opinión de todos. Desde abajo hacia arriba», añade.

La cara política más visible de esta España Vaciada cree que pueden llegar a ser los únicos «que oferten un modelo de desarrollo o un programa electoral distinto». «Porque lo que hay ahora, hay un matiz de izquierdas o de derechas, comparten un modelo de desarrollo que se ha seguido hasta ahora».

Según la normativa vigente, lograr conformar grupo propio en el Congreso –para ello es necesario contar con al menos 15 escaños o, a través de una segunda vía, superando los cinco diputados y el 5% de los votos en todo el país o el 15% en todas las circunscripciones en las que se concurre– supone ventajas políticas, económicas y de medios para los partidos.

Los grupos parlamentarios tienen garantizada su representación en todas las comisiones parlamentarias, en la Diputación Permanente y consiguen voz propia en la Junta de Portavoces y capacidad para intervenir en todos los debates en igualdad de condiciones. Dentro del Grupo Mixto, en cambio, hay que repartirse tiempos de intervención y asientos en las comisiones.

En las sesiones de control, tener grupo propio posibilita entrar en los cupos de preguntas e interpelaciones al Gobierno, así como ventajas a la hora de incluir sus proposiciones no de ley en los plenos. En términos económicos, además, las Cámaras reparten una subvención fija al mes igual para todos los grupos: en el Congreso esta ayuda es de 29.606,56 euros y en el Senado de 15.200 euros. Además, existe una «retribución variable», también mensual, que depende del número de parlamentarios que tenga cada grupo: 1.703,57 euros por cada diputado y 1.900 euros por cada senador.

Según el propio Guitarte, la constitución de esta herramienta política, a la que todavía no se dirige como partido, aunque ya está en el registro del Ministerio de Interior desde finales de septiembre, «probablemente requerirá una asamblea constituyente en función de cómo sea la herramienta que se esté utilizando».

Decidir la fórmula, fijar una asamblea constituyente y elegir los territorios a los que presentarse serán los siguientes pasos, que ya parecen inminentes, de la España Vaciada. Elegir bien en qué circunscripciones concurrir, al estilo de Más País en las últimas generales, será esencial para obtener grupo propio. 

La justicia en España

ÉXODO 159: La justicia en España, ¿al servicio de quiénes?

Actualidad de Redes Cristianas

Exodo 159

Con la participación de Evaristo Villar, Miguel Ángel de Parda, José Antonio P. Tapias, Manuela Carmena, Yureli Muñoz y Anabel Segado, Julián Ruiz Díaz, Liliana Pineda,  Ariel Álvarez, Tania García, Asociación Elín, Dani García, Hontanares Arranz y Jaime Muñoz, Pedro Ibarra, Luis Miguel Modino, Pedro Sáez Ortega y todo el Equipo de Éxodo.

“La justicia en España es un cachondeo”, dijo el regidor Pedro Pacheco, y la justicia (también por otras causas) … lo condenó. “Nos hemos tragado muchos sapos, pero cocodrilos… ¡no!”, proclamó solemnemente el diputado republicano Gabriel Rufián desde la tribuna del Parlamento… Y el cocodrilo se sienta hoy gloriosamente en el Tribunal Constitucional. Nuestros políticos deberían recordar, a este propósito, que tampoco en política vale cualquier medio para alcanzar un fin, aunque este sea bueno.

¿Es mayor poder el de la justicia que el de la política? ¿Qué está pasando en realidad con la administración de la justicia en España?

La gente de bien, además de la mascarilla por la pandemia, está siendo obligada a ponerse gafas oscuras para no ver lo que, en este campo, tiene ante los ojos; y pinza en la nariz para no respirar la pestilencia que arrastra por décadas interminables el mantra que se repite machaconamente cada mañana en las portadas de los diarios y en las ondas de radio y televisión:  Gürtel, Kitchen, Bankia, Scala, Palma Arena, Púnica, Ere, Nóos, Juan Carlos, Bárcenas, Villarejo, Rato, Fabra, Pujol, Millet, etc. Si ya estos actos suponen por sí mismos una traición, desprecio y robo a la ciudadanía… ¿qué se puede pensar de un sistema judicial incapaz de liberar al pueblo de semejante tortura y castigo? ¿Para qué sirve entonces el sistema judicial? ¿No necesitaría de un tiempo de “silencio creativo”, al menos, para ver si llega a descubrir su verdadera función como servicio público?

“La justicia es igual para todos”, afirmó regiamente ante todo el país la entonces primera autoridad del Reino de España en su discurso de Nochebuena del 24 de diciembre de 2011; y esto lo decía cuando el escándalo del caso Nóos, que implicaba a parte de su familia, estaba ya en las portadas de todos los medios. ¡Pero no es verdad lo que dijo el rey! La justicia no está siendo igual para todas y todos. La justicia en este país está siendo selectiva, partidista, dependiente del poder político y económico del sujeto justiciable y de la ideología del juez. Ahí está el denigrante caso del mismo rey, hoy emérito. Cuando afirmó solemnemente que era igual para todos, ya podría ser consciente, mirándose a sí mismo, de que no era verdad. Ahí están, además, las sentencias tan diversas que se están dando sobre el confinamiento, las violencias de género, las manadas, las personas que piden asilo y las migrantes… ¿Y cómo entender esa inmunidad que, contra el sentir ciudadano, se aplica a personas con poder e instituciones cuyo servicio debería ser ejemplo de transparencia y eficacia?

“Si del dicho al hecho, va un trecho”, ¿qué decir de los derechos ciudadanos y su aplicación? Derechos reconocidos pomposamente por la Constitución española son la vivienda o el trabajo, pero no pueden ser reclamados ante la administración de la justicia porque no son fundamentales. ¡Cuánto trecho habrá que recorrer para que el gobierno de turno los haga asequibles! Quizá pudiera haber más suerte con los Derechos Humanos, inspiradores de la propia Constitución. Pero, ¿dónde queda el reconocimiento y respeto a la dignidad de todas las personas (sea cual sea su género, orientación sexual, religión, capacidad y forma de pensar) o el derecho reconocido a migrar para establecerse en otro país? Tampoco se observa su cumplimiento, así como la posibilidad de solicitar asilo tan denegada ante las alambradas vergonzantes en la frontera polaca y bielorrusa. Y, sin irse tan lejos, ¿cómo valorar los muros, cada vez más altos y peligrosos entre España y Marruecos y las devoluciones en caliente de adultos migrantes por el Tarajal? ¡Menos mal que la devolución de menores, por insistencia de las ONGs, ha logrado pararse al implicar a la administración de la justicia española!

Y, ¿quizá se ha topado con la iglesia? ¿Cómo afrontar la posición de rapiña episcopal, manifestada durante décadas y auspiciada por los gobiernos de turno, en el proceso de inmatriculación de bienes histórico-culturales? ¿Hasta cuándo vamos a seguir esperando una comisión independiente, exigida por la propia jerarquía eclesiástica como en otros países, para develar y reparar el daño infringido por el personal de Iglesia en tantos casos de pederastia?

La JUSTICIA con mayúsculas es un ideal y la aplicación de la misma debe también acercarse al mismo. Pero nunca lo será con estos niveles de politización de la justicia y de judicialización de la política. Cada poder un su lugar y, sobre ellos, los DD. HH. ¡Qué lejos queda aquello de poner en el centro de la vida el interés de los más débiles!

No somos pesimistas ni queremos sembrar desazón en nuestros lectores. La trayectoria de Éxodo que, desde su origen, sabe mucho de superación liberadora de tantos faraones e ídolos a la largo del desierto, no nos lo permitiría. Escuchamos el clamor y la aspiración de nuestro pueblo a una justicia digna. Y conocemos también a tantas y tantos profesionales que, en este campo de la justicia, frente a jueces banales y corruptos, han practicado justamente el Derecho y la Justicia (con mayúsculas). A estas personas, con los ojos abiertos y de reconocido prestigio, le hemos pedido ayuda para ver con claridad el embrollo de la articulación de justicia en España hoy y propuestas que la conviertan en servicio al pueblo, como es su función.

El cierre masivo de los bancos

El cierre masivo de bancos excluye a los mayores 

Jordi Pueyo Busquets,Gonzalo Moncloa 

© CRISTÓBAL CASTRO (EL PAÍS) Vecinos del barrio Bellavista de la localidad barcelonesa de Les Franqueses del Valès, protestan por el cierre de la sucursal de BBVA. 

La edad es un inconveniente y mucho más si se trata de lidiar con las nuevas tecnologías. Algo que, con el continuo cierre de oficinas bancarias en España, se ha vuelto una obligación para los más mayores. Más de la mitad de los municipios se han quedado sin sucursales bancarias, sobre todo en las áreas rurales, pero también en las urbanas, de manera que los ancianos han de apañarse con internet. Adiós a la atención humana. Y esto genera grandes problemas en la gestión de su dinero. Solo uno de cada cuatro personas de más de 74 años usa la red a diario, según una encuesta publicada por el INE, y solo algunas administraciones locales y regionales intentan paliar los efectos del cierre de bancos, en general, optando por mantener los cajeros automáticos en los pueblos. 

“Si un día tengo un problema, quiero que una persona me atienda”, expone Guadalupe Bermúdez (73 años). Vecina de Bellavista, núcleo obrero de 9.500 habitantes de Les Franqueses del Vallès (Barcelona), vio desaparecer hace menos de un mes la última sucursal (y el último cajero automático) de la zona. Hace unos años cerca de la plaza España de su barrio había seis bancos, en locales aún identificables por no servir a otra actividad comercial. Uno de ellos está okupado. Únicamente en 2021 los cuatro grandes bancos (Santander, BBVA, CaixaBank y Sabadell) han reducido en un 12,93% su red de oficinas. 

Unos 40 vecinos se concentran ante la recién cerrada oficina del BBVA, tapiada, para compartir con este diario su preocupación. “Utilizamos todavía la libreta”, explica Rosa María Estrada (76 años), funcionaria jubilada que considera este sistema como el óptimo para controlar sus gastos y, como a Bermúdez, con sus achaques de salud, se le hace muy cuesta arriba tener que ir hasta Granollers —a unos dos kilómetros y 20 metros de desnivel— a la nueva oficina que le han asignado, sin combinación de transporte público. 

“El objetivo principal de las entidades ha sido la reducción de costes y las oficinas han cerrado ante la mirada pasiva de las administraciones”, denuncia el director de la Unión de Consumidores de Cataluña, Oriol Aroa. Un empleado del sector bancario de la Comunidad de Madrid, con 15 años de experiencia y que prefiere no revelar su identidad, explica que ha vivido como una “barbarie” la estrategia de su entidad de “tratar a los clientes en función del margen”. Asegura recibir presiones para reducir el uso de la libreta y el número de personas atendidas en la caja. 

La secretaria de comunicación del Sindicato de Ahorro de Cataluña (SEC, en sus siglas en catalán) y empleada de caja de BBVA, Mònica Brugué, cuenta que en su oficina los profesionales de cara al público son “la mitad que hace un año” y que su incapacidad para llegar a todos los clientes genera “colas de hasta tres cuartos de hora”. Entre los vecinos de Bellavista, Alfonso Lloret (77 años) narra lo que pasó cuando fue a su entidad a pagar una factura que vencía el mismo día. Solo consiguió que le atendieran gracias a que un señor le ayudó “a montar un circo” para que le hicieran caso. Sobre estas tensiones, el empleado anónimo expone que ha recibido insultos fruto de la “frustración” de una generación que ha visto cómo se ha ido perdiendo el trato cercano característico de “las desaparecidas cajas de ahorro”. La portavoz del SEC explica que el sindicato hasta tiene constancia de agresiones físicas. 

Los vecinos de Bellavista denuncian medidas disuasorias de los bancos, como la comisión de dos euros para la entrega en mano de efectivo, así como los horarios de caja restringidos hasta las 11 de la mañana. Muchos de ellos requieren ayuda de otras personas, principalmente de sus hijos, ya que consideran la confianza un elemento esencial y sufren por su seguridad cuando tienen que sacar cantidades notables de efectivo.                           “Hace tiempo que las sucursales dejaron de ser la principal red de distribución de productos y servicios bancarios. Ahora el cliente marca cuándo y cómo quiere establecer su relación con el banco. A los consumidores ya no nos llama la atención la oficina física”, sostiene José Luis Martínez Campuzano, portavoz de la Asociación Española de Banca. Martínez defiende que los bancos atienden las necesidades de todos sus clientes “con independencia de su grado de digitalización”. 

Elisabet Ruiz-Dotras, profesora de la UOC y experta en educación financiera, subraya que “nos estamos dejando por el camino” a personas “que no tienen ninguna intención de digitalizarse” y que, además, se sienten abrumadas por la terminología económica. “No es una brecha digital, es que quedan excluidos del sistema financiero a través de la digitalización”, prosigue. A pesar de que los bancos son privados, Ruiz-Dotras defiende el razonamiento de que “si el Gobierno obliga a tener una cuenta corriente para ingresar la pensión, uno tiene que tener acceso a su dinero de forma fácil”.                                          El alcalde de Les Franqueses del Vallès, Francesc Colomé, presentó el pasado miércoles al registro del Congreso una moción aprobada en su Ayuntamiento. “Reclamamos unidad política a nivel nacional para que esto no se acabe convirtiendo en un problema grave. De hecho, ya lo es”, defiende. El pasado agosto el Banco de España alertó de que más de 1,3 millones de ciudadanos están en una situación de vulnerabilidad ligada a su incapacidad de acceso al dinero en efectivo, la mayoría de ellos en la llamada España vaciada

Cajeros automáticos municipales 

La senadora de Teruel Existe, Beatriz Martín, explica que la próxima semana el Congreso votará una enmienda de su grupo a los Presupuestos Generales del Estado de 2022. La medida está centrada “en buena parte de la población de edad avanzada”, para destinar 5 millones a la instalación de dispensadores de efectivo gestionados por los ayuntamientos. Las inversiones en cajeros multientidad del Gobierno de Cantabria (2,3 millones en cinco años) o en la diputación de Guadalajara (295.000 euros) son ejemplos que intentan paliar los efectos del desmantelamiento. En esta línea, tanto la diputación de Barcelona como el Parlament de Cataluña han aprobado declaraciones de intenciones para frenar las dificultades de acceso a los bancos. Hay municipios que optan por instalar un cajero por su cuenta, como acaba de hacer Aldeaseca de Armuña (Salamanca). El coste ronda los 15.000 euros anuales. 

Martín menciona que Correos incluirá cajeros en sus oficinas en 1.500 localidades, aunque le sorprende que algunos de los municipios incluidos en el proyecto aún disponen de oficinas. Es el caso de Puente de Domingo Flórez, un pueblo de 1.400 habitantes de Castilla y León, la comunidad autónoma con mayores problemas para acceder al efectivo, según el Banco de España. El municipio cuenta con una oficina y tres cajeros, los últimos con el soporte de un “agente bancario”, un freelance que se encarga de gestionar la atención al público. Es otra forma, cuenta el alcalde Julio Arias, de como los bancos han abordado la reducción de recursos. El director general de Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, Antonio Calonge, explica que la comunidad se plantea utilizar los fondos de recuperación europeos Next Generation para habilitar cajeros automáticos dentro de autobuses que vayan rotando por los pueblos. 

La pandemia, según el director ejecutivo del Observatorio de Digitalización Financiera del think tank Funcas, Santiago Carbó, “parece haber demostrado” que la población de edad más avanzada, mayor de 65 años, puede mejorar significativamente su grado de digitalización: “Hay que hacer pedagogía. También hay que complementar servicios digitales con atención telefónica”, agrega. “Es un tema temporal. La gente que ahora tiene 50, 55 o 60 años se desenvuelve bien con la tecnología. Cuando tengan 80 la tecnología para ellos no será un problema”, concluye Ruiz Dotras que, pese a esgrimir este argumento, subraya la inquietud que para ella supone la exclusión de una generación del acceso a sus finanzas

Navidad y Paz

Por José M. Tojeira

Cuando se acerca la Navidad siempre hablamos de paz. El canto de los ángeles que anunciaban el nacimiento del Niño a los pastores anunciaba que la gloria de Dios y la paz en la tierra caminaban juntas con la venida del Mesías. Pero a nuestra sociedad salvadoreña le cuesta entender la paz. El Papa Pablo VI insistió repetidas veces en que “la paz es fruto de la justicia”. Pero nos cuesta construir la paz. Para llegar en el pasado a la firma de los acuerdos de paz tuvo que haber mártires primero y muchas víctimas inocentes. Y hoy, 30 años después de la firma de una paz que ponía fin a una guerra civil cruel y absurda, se ha levantado de nuevo un espíritu de odio y enfrentamiento preocupante. La violencia verbal de algunos hace pensar en un futuro donde nos golpee de nuevo la tentación del abuso de la fuerza bruta. Reflexionar hoy sobre la Navidad y la paz es una tarea indispensable para poner los cimientos adecuados de una sociedad en la que el desarrollo, el cultivo de la verdad y la transparencia, la fraternidad y la amistad social nos garanticen una convivencia fraterna en este país nuestro, tan chiquito, tan poblado y tan lleno de problemas. Nos cuesta convivir con la pluralidad de pensamiento. Con demasiada frecuencia dividimos a quienes nos rodean en amigos y enemigos. Hablamos de igualdad ante la ley y la aplicamos desigual e, incluso en ocasiones, arbitrariamente. Podemos emocionarnos con la Navidad pero nos mantenemos al mismo tiempo indiferentes ante el dolor de los pobres, de los migrantes o de las personas que sufren. Por eso mismo es importante caer en la cuenta de la profunda unidad entre la Navidad y la paz. Si no lo hacemos, no solo desaprovechamos una oportunidad para ser mejores personas, sino que nos deshumanizamos y nos olvidamos de esa verdad fundamental que es la fraternidad, tanto desde un punto de vista humano como, especialmente, desde una visión cristiana de la vida. Porque la Navidad no es momento de grito y, mucho menos, de insulto. La Navidad es una llamada a despojarnos de todo criterio de superioridad, y entrar en el camino del servicio, de la solidaridad y de la justicia productora de paz. Celebramos al Hijo de Dios que “siendo rico, por amor, se hizo pobre para enriquecernos” (2Cor, 8, 9) y salvarnos de toda prepotencia y egoísmo. Él se hizo hermano nuestro para recordarnos que todos somos hermanos. La Navidad es tiempo de sano descanso, de encuentro familiar, de generosidad personal y de aumentar las redes de solidaridad. Es tiempo, sobre todo, de conversión permanente al Señor que viene y que nos invita a seguirle, transformando una historia que repite demasiado la muerte de inocentes, la migración forzada y el olvido y marginación de los pobres. Dios cambia las cosas desde dentro de los problemas y desde abajo. No se impone. Simplemente se da. Abrir nuestro corazón a la ternura del Niño pobre y nacido al margen del bienestar, entre la paja de un refugio de pastores pobres, no puede hacerse con autenticidad si no crece en nosotros la solidaridad con todos los que en el mundo son golpeados por la indiferencia, la falta de solidaridad y la brutalidad de quienes sintiéndose superiores a los demás, no dudan en maltratar, explotar o reprimir a quienes piden justicia y libertad. Navidad feliz significa familia, amor, hambre y sed de justicia, solidaridad permanente con todos los que nos rodean. No podemos decir feliz Navidad sin desearla ardiente y activamente, en paz y justicia, para todos los que sufren