Aprueban el plan de las residencias

El ministerio de Belarra aprueba el plan para la transformación total de las residencias de mayores


Ione Belarra, durante el consejo interterritorial. 

El plan necesitaba el apoyo de las comunidades autónomas y la victoria en la votación ha sido estrecha: diez a favor y nueve en contra.

JOSE CARMONA@JOSECARMONAGILO

Se acabaron las macrorresidencias. El Ministerio de Derechos Sociales y las comunidades autónomas han aprobado el Acuerdo para mejorar la calidad de las residencias y el Sistema de Atención a la Dependencia, un plan por el que las residencias de mayores y las residencias para personas con discapacidad vivirán una transformación total, con prioridad en la dignidad de las personas ingresadas y en aumentar notablemente la calidad de vida

Este acuerdo pone fin al actual modelo de macrorresidencias. «Hoy me siento especialmente satisfecha de que hayamos logrado uno de los acuerdos más importantes de esta legislatura. Un acuerdo para mejorar la calidad de las residencias y de todo el Sistema de Atención a la Dependencia», ha asegurado la ministra Ione Belarra tras oficializarse el acuerdo. 

Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE, ha votado en contra

El acuerdo necesitaba de la mayoría simple de las comunidades autónomas y así ha sido: por un solo voto de diferencia, diez a nueve. A favor estaban Extremadura, Canarias, Navarra, Comunidad Valenciana, Asturias, La Rioja, Baleares, Cantabria, Aragón y Melilla. En contra, Galicia, Madrid, Andalucia, Murcia, Ceuta, Catalunya, Euskadi, Castilla-La Mancha y Castilla y León. 

No ha sido fácil, ya que este proyecto cuenta con la oposición de lobbies y empresas privadas, que han asegurado que el plan es insostenible en tiempo y forma. De hecho, la idea del Ministerio de Derechos Sociales era que el plan fuera aprobado hace varias semanas, pero se llevó ante el Consejo Interterritorial y no generó consenso. Varias comunidades gobernadas por el PSOE estaban en contra. Esta vez, ha habido un cambio, aunque Castilla-La Mancha ha mantenido su oposición al acuerdo

El plan diseñado pone un margen de ocho años, hasta 2030, en el que las comunidades tendrán que aumentar ratios de trabajadores de las residencias y se limita el número de personas residentes en ellas. En España quedarán limitadas las plazas para evitar esas macrorresidencias y el límite serán 120, aunque vivirán en grupos de 15 para generar sensación de hogar. 

Aunque el cambio es total en las residencias, el plan del ministerio pretende que a partir de ahora se incentive el telecuidado. Nadie quiere abandonar su hogar y se incentivará la teleasistecia hasta que sea inevitable el ingreso de una persona.

Pese a la oposición de las comunidades del PP, las que tienen partidos nacionalistas que se oponen por una supuesta invasión de competencias y Castilla-La Mancha, Belarra había cosechado para su reforma de las residencias el apoyo unánime de los expertos en la materia.

Proyecto piloto para atender a personas mayores

Proyecto piloto en Castilla-La Mancha para atender a personas mayores en situación de dependencia o soledad

Representantes de asociaciones, la alcaldesa de Talavera y la consejera de Bienestar Social, tras la firma del acuerdo. | JCCM

La Consejería de Bienestar Social y el Ayuntamiento de Talavera de la Reina han suscrito un convenio con la Fundación Pilares y Lares Educación para su puesta en marcha

SILVIA BEJARANO

 11 DE MAYO DE 2022

TOLEDO.- Desarrollar un proyecto piloto destinado a la atención de las personas mayores en situación de dependencia o soledad en sus domicilios, comunitarios y residenciales, es el objetivo del convenio suscrito por la Consejería de Bienestar Social y el Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo).

Será precisamente en este municipio toledano donde se ponga en marcha esta iniciativa denominada ‘Actuaciones innovadoras para avanzar en el cambio de modelo hacia la atención integrada y centrada en la persona’, que se financia con fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Tras la firma del convenio, la consejera de Bienestar Social, Bárbara García, ha destacado el objetivo de adaptar los servicios y recursos que se ofrecen a la población a cada etapa vital. En el caso de las personas mayores, ha dicho que el Gobierno regional «tiene clara la importancia que tiene trabajar por la prevención de la dependencia y por el envejecimiento activo para que facilite el proyecto de vida».

Para ello, el proyecto se desarrolla en dos ámbitos que ejecutarán la Fundación Pilares de Autonomía Personal y Lares Asociación en Talavera. Por un lado, la presidenta de la Fundación Pilares de Autonomía Personal, Pilar Rodríguez, ha explicado que trabajarán en un núcleo de 40 viviendas de personas que presentan riesgo de vulnerabilidad o soledad, a las que acompañarán y adaptarán la vivienda a sus necesidades, sumando el esfuerzo también de tres profesionales que reforzarán los equipos de servicios sociales.

Por otro lado, el presidente de Lares Asociación, Juan Ignacio Vela, ha detallado que en el ámbito residencial se ofrecerá información a los profesionales de los centros en relación a prácticas que conduzcan a un modelo de atención integral y se creará la figura de los ‘facilitadores’ que propiciarán este cambio dentro de las residencias.

La alcaldesa de Talavera, Tita García, ha mostrado «orgullo» por estas medidas que «ponen en el eje central de las políticas a las personas, especialmente a las más vulnerables y las que más lo necesitan como son las mayores».

En Talavera, el proyecto se pondrá en marcha en la residencia ‘Virgen del Prado’, pero continuará en otras siete residencias de la región como son ‘Las Hazas’ de Hellín (Albacete), ‘Las Hoces’ de Cuenca, ‘Las Sabinas’ de Molina de Aragón (Guadalajara), ‘Los Gavilanes’ de Ajofrín (Toledo), ‘Nuestra Señora del Carmen’ de Socuéllamos (Ciudad Real), ‘Virgen de las Nieves’ de Casasimarro (Cuenca) y ‘Hogar de Molinicos’ de Talavera de la Reina.

A nivel nacional, el pilotaje de este proyecto en el ámbito domiciliario se llevará a cabo en siete municipios de la Comunidad Valenciana, Navarra y Castilla-La Mancha, y en un total de 24 residencias de Aragón, Valencia, Navarra, Ceuta y la región castellanomanchega.

Residencias de Mayores

No te olvides de la “hermana pobre”

Jesús Sastre García

Comedor de Convivir
Comedor de CONVIVIR

Este título recoge la certera y preocupante afirmación con que la consejera de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid se refirió a la dotación económica disponible para la atención a los mayores dependientes en residencias; es la “hermana pobre de la educación y la sanidad”.

¿Por qué la atención a la dependencia es la “hermana pobre”? Desde la aprobación de la “Ley de Dependencia” en 2006 por el gobierno de Rodríguez Zapatero (PSOE), la dotación económica y su distribución entre administración central y autonómica ha sido insuficiente y desajustada, pues lo previsto no se ha cumplido, y sufrió un notable recorte en los años de gobierno de Mariano Rajoy (PP). Pero hay otras razones estructurales que están en el origen de todos los problemas en la atención digna y adecuada a los mayores. Nos referimos al peso abrumador de las residencias privadas y la presencia, casi testimonial, de residencias públicas. En la Comunidad de Madrid de casi 500 residencias sólo 25 son residencias públicas, algunas son públicas gestionadas por empresas privadas y otras privadas tienen plazas concertadas con la administración, y el resto son privadas.

Las cifras en del sector público llevan estancadas desde el año 2014 ¿Qué diríamos si el 90% de los centros educativos y de la atención sanitaria estuviera al mando de empresas privadas, la mayor parte con ánimo de lucro? Con esta situación consolidada año tras año, la administración autonómica tiene que preocuparse poco de la atención a los mayores dependientes en residencias. Más que colaboración de la Administración con el sector privado, lo que tenemos es un sector privado muy fuerte que colabora con la Administración. ¿Para cuándo políticas que reviertan esta situación en favor de las residencias públicas?

Diferente consideración y exigencias si la residencia es pública o privada. Llama la atención los diferentes baremos que la administración utiliza según la titularidad de la residencia. El ejemplo más significativo es la fijación de las “ratios” de personal, que en sí mismas son claramente insuficientes, pero que en las residencias privadas es sensiblemente menor que en las públicas. ¿Se imaginan que las “ratios” de personal en centros educativos o en hospitales privados fuera mucho menor que en los públicos? Otro ejemplo es la cantidad asignada al “cheque servicio” que, una vez fijado según el grado de dependencia (I-II-III), no se actualiza con el paso de los años. Debería haber una actualización anual, al menos, según la subida del coste de la vida.

Este año la asignación por día y plaza en las plazas concertadas en residencias privadas en la Comunidad de Madrid va a subir de 59 a 72 euros, pero la cuantía del cheque servicio sigue congelada, y la administración se desentiende del aspecto económico del resto de los residentes en plazas privadas. Los mayores dependientes, en su mayor parte, tienen que hacer frente con sus recursos y los de su familia al pago de plaza en residencia privada. Además, habría que subrayar las listas de espera para reconocimiento del grado de dependencia y para recibir la ayuda correspondiente. Muchos mayores fallecen sin haber conseguido ninguna de las dos cosas: reconocimiento del grado de dependencia y la consiguiente prestación económica.

Encuestas de satisfacción. Las residencias tienen obligación de facilitar anualmente estas encuestas. El modo de hacerlo por parte de la dirección de los centros, en general, es de poca información, entusiasmo e interés. Los resultados no se publican o se publican de manera genérica. La administración debería elaborar un protocolo (modelo de encuesta de satisfacción) completo, riguroso y de fácil respuesta, con indicaciones precisas para su realización, y que sea igual para todas las residencias, tanto públicas como privadas. Habría que precisar bien el modo de recogida de datos y la baremación objetiva e independiente de las respuestas. Los resultados deberían ser públicos para todo el que quiera conocerlos, no sólo para los residentes y familiares de cada centro. Y de los resultados sacar conclusiones por parte de expertos que sirvan a la administración para tomar las decisiones oportunas.

Rechazo de métodos de adjudicación de plazas concertadas (como el Acuerdo Marco de la Comunidad de Madrid), para paliar el déficit de ofertas de plazas públicas, que obligan a trasladar a los residentes de unas residencias a otras cada cierto período de tiempo. Hay residencias privadas que tienen plazas concertadas, y que este año no han concursado para mantenerlas. Las razones son obvias: al subir el número de profesionales, los beneficios para las empresas de estas residencias van a ser menores. La consecuencia es que más de 700 plazas concertadas están pendientes de ser asumidas por otras residencias, y los residentes afectados tendrán que trasladarse a otra residencia con todo lo que esto supone para personas muy dependientes y con no fácil medio de traslado. ¿Se puede jugar así con la suerte de los mayores que quedan a la voluntad de los intereses empresariales sin más? A los que no encuentren plaza o decidan no trasladarse, la Comunidad de Madrid les ofrece la posibilidad de acogerse al cheque vinculado a servicio. Esto les va a suponer un copago muy superior al que tenían. ¿Puede una administración cambiar la situación y la prestación que tenían, y no asumir los nuevos gastos?

Los Consejos de Residentes y los Consejos de Usuarios. Los Consejos de Residentes y los Consejos de Usuarios son órganos de representación y participación de los residentes y de los familiares si tienen la tutela judicial efectiva del residente. Fueron Instituidos los primeros por una Orden de 1993 de la Consejería de Integración Social y los segundos mediante una Resolución de la Dirección General de Atención al Mayor y la Dependencia del año 2013, después de la intervención del Defensor del Pueblo ante la reclamación colectiva de los familiares de la Residencia de Usera, denunciando que los Consejos de Residentes solo fueran obligatorios en las residencias públicas, no en las privadas.

Actualmente todas las residencias de la CM que reciban algún tipo de subvención pública tienen la obligación de tener un Consejo de Usuarios. Cerca de 300 residencias privadas no tienen esa obligación ¿Cómo puede ser esto en pleno siglo XXI? ¿Qué diríamos si en los centros educativos privados no fueran obligatorias las asociaciones de padres y los órganos de participación de los alumnos? ¿Por qué hay tanto miedo a la participación de los familiares y residentes en la marcha de la residencia si ellos son los protagonistas y beneficiarios de los servicios prestados que de una u otra manera se están pagando? La mentalidad empresarial y la ideología de derechas es poco sensible al diálogo, la participación y la corresponsabilidad. Las residencias privadas sin ánimo de lucro, por el ideario que las inspira, deberían ser ejemplares en la facilitación de la participación.

“¿Vergüenza! El escándalo de las residencias”. El estudio hecho por el abogado y periodista Manuel Rico, responsable de investigación en Infolibre, analiza pormenorizadamente y con mucha información contrastada los grandes grupos empresariales y fondo de inversión que están detrás de la mayor parte de las residencias privadas. Este libro es imprescindible para tener un conocimiento real de lo que subyace al conjunto mayoritario de residencias privadas. Es evidente que a estos grupos les mueve el lucro, es decir, conseguir más ingresos y tener menos gastos, no la atención de calidad a los residentes.

El beneficio está en relación directa con el gasto de personal; las administraciones, al permitir que las “ratios” de personal en las residencias privadas sean sensiblemente inferiores a las públicas y tener un sistema de inspección escuálido y poco comprometido con vigilar la calidad de los servicios, están favoreciendo el lucro de las empresas privadas. Hay claras irregularidades a las que no se pone remedio porque, en las escasas y genéricas inspecciones, quedan solapadas porque la documentación del centro está según las normas, aunque la puesta en práctica no sea correcta.

Las consejerías de Asuntos Sociales de las comunidades autónomas se preocupan, sobre todo, de las residencias públicas y en lo que corresponde de las que tienen plazas concertadas. Un ejemplo lo tenemos en el AMAS (Agencia Madrileña de Atención Social) de la Comunidad de Madrid. El sector público ha descuidado una de sus obligaciones fundamentales: invertir en residencias públicas para dar respuesta a todos los potenciales usuarios que en los próximos años no van a dejar de aumentar considerablemente. En caso contrario la desproporcionada e injusta relación entre residencias públicas y privadas no va a cambiar. ¿Cómo estamos permitiendo esta inacción de los poderes públicos? El actual gobierno nacional, sensible a las cuestiones sociales, mientras esté en ejercicio, aunque las competencias sean de las autonomías, tiene una responsabilidad grande para empezar a revertir todas las deficiencias que existen en el sector, y establecer criterios de obligado cumplimiento para las comunidades autónomas.

Escaso o nulo ambiente familiar en las residencias. Muchos residentes y familiares tenemos la impresión de que con su ingreso en un centro están un poco “secuestrados” por los gestores de estos. La dirección de las residencias procura limitar los sitios y el horario de visitas, que siguen con restricciones impuestas con motivo de la pandemia, y que no hay perspectiva de que cambien. Esto hace que no podamos ver de cerca cómo es la atención a nuestros familiares, la calidad de las comidas, cómo tienen el armario de su cuarto y ver lo que necesitan después de más de dos años de no subir a las habitaciones, el acceso más directo a los profesionales de todo tipo, etc. Las visitas se reducen a lo siguiente: al llegar, te toman la temperatura, vas a una sala común de visitas, bajan a tu familiar y cuando terminas la visita, a él se lo llevan por una puerta y tú sales por otra.

¿Qué ambiente familiar y cálido se puede tener cuando la vida transcurre así día tras día? Lo lógico y sano desde el punto de vista afectivo, lo que da un ambiente familiar, sería poder circular por los espacios comunes, interactuar con otras residentes y familiares, subir a las habitaciones y zona común de los pabellones, entrar en el comedor a llevar a nuestros familiares e, incluso, poder comer con ellos abonando el menú, como hacen en alguna residencia. Las medidas actuales recuerdan los protocolos de visitas en los centros penitenciarios. En los hospitales, con zonas mucho más delicadas y expuestas, las visitas han vuelto a la normalidad que tenían antes. Los organismos competentes de las comunidades autónomas tendrían que velar por el estricto cumplimiento de los protocolos actuales.

Algunas residencias privadas dicen que el reglamento de régimen interno que tienen circunscribe las visitas a una zona interior y al jardín. Me pregunto si un reglamento de régimen interno puede disponer algo contrario a lo que autorizan los protocolos de la administración autonómica; la administración autonómica tendría que clarificar de forma normativa este punto para que no haya duda ni interpretaciones distintas según la dirección de cada residencia. Además, los trabajadores de las residencias suelen tener la mentalidad de que ellos y sólo ellos, como profesionales, saben lo que tienen que hacer para una buena atención a los residentes, y que los familiares son más bien un estorbo que una ayuda.

A ellos se les reserva la reducida zona de visitas y la llamada telefónica. Dado que los residentes están en internamiento total y hasta el final de sus vidas, son los que necesitan recuperar y practicar lo más posible algo que remotamente se aproxime a la “normalidad” que tenían antes, y esto no es posible sin una participación activa de los familiares. La pandemia ha sido la excusa perfecta para terminar de implantar un estilo de residencia que se aleja cada vez más de lo que sería algo que recuerde al núcleo familiar. Además, en muchas residencias las actividades, por ejemplo, la gimnasia que antes era diaria, se han reducido de manera significativa. Y las administraciones poco hacen para evitarlo. Les haría mucho bien a los responsables políticos y a los directores de residencias conocer cómo funcionan las residencias de mayores en Centroeuropa y países nórdicos.

Grupo Lares: residencias sin ánimo de lucro. Está constituido por la Fundación, Asociación y Federación. Además de las residencias públicas y las residencias privadas como negocio, están las residencias sin ánimo de lucro con ideario propio donde exponen los principios y valores inspiradores de su presencia y acción. A Lares pertenecen 17 asociaciones autonómicas con 1.050 centros y servicios en toda España. Si el número de centros residenciales en nuestro país es de 5.567 con 384.251 plazas residenciales, entre privadas y públicas, el grupo Lares supone casi el 20% de las residencias.

En la página web el apartado “Conoce Lares” dice que “atiende a personas mayores, dependientes, con discapacidad y en riesgo de exclusión social, bajo el prisma de la gestión solidaria. Lares reúne el histórico compromiso de congregaciones religiosas y la voluntad solidaria de fundaciones y ONG`s, manteniendo como bastión la gestión solidaria de todas nuestras entidades”. Afirman centrarse en la “singularidad e integridad de la persona”, la consideración de las “cuidadoras como agentes de valor añadido” en los cuidados y en entorno donde promueven el intercambio y la convivencia. Por su recorrido histórico, por la inspiración que tienen y por apostar por una ética de máximos y de la excelencia deberían ser las que abrieran camino en un nuevo estilo de residencias.

Sería conveniente, por coherencia con su ideario, que informaran si tienen órganos de participación de residentes y familiares aunque no sean obligatorios para las residencias privadas, cómo es la información y transparencia en estos centros (publicación de los resultados de las Encuestas de Satisfacción, de los partes de inspección y otras valoraciones de las residencias), las ratios de personal que tienen por turnos y categorías, el porcentaje de contratos temporales y fijos, las plazas concertadas que tienen y los motivos de tenerlas o no tenerlas, si el salario que pagan a los trabajadores se rige por el mínimo obligatorio o hay mejora voluntaria para asegurar la calidad que proponen, las organización del voluntariado y su relación con el personal profesional de plantilla, si mantienen o desearían mantener alguna relación con las Asociaciones/Plataformas de defensa de los Mayores en Residencias, la especificación de los programas y beneficiarios de las ayudas recibidas de las administraciones que figuran en su página web, y cómo articulan el ambiente de las residencias para que se aproximen al modelo familiar al que se aspira.

También tendrían que ser ejemplares estas residencias en analizar las muertes que ocurrieron en ellas durante la primera ola de la pandemia para reconocer los fallos y denunciar los protocolos de las autoridades autonómicas que impidieron la derivación a los hospitales de los residentes enfermos de Covid; como consecuencia, muchos residentes tuvieron una muerte sin ninguna ayuda, soporte médico y en la más absoluta soledad.

La importancia de participar en Asociaciones en defensa de los mayores en residencias. De unos años para acá han surgido en varias autonomías Asociaciones de familiares de residentes y a personas preocupadas por los mayores.

Están haciendo una labor encomiable; a partir de la pandemia han aumentado significativamente el número de socios. Incluso se ha dado un paso más creando la Plataforma Estatal de Familiares de Residencias que aglutina y coordina la labor de las Asociaciones de las diferentes autonomías. Las 15 principales asociaciones de todo el país, lideradas por la gallega, la catalana y la madrileña, están presentes en esta Plataforma estatal. Está integrada por organizaciones de Euskadi, Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla y León, Comunitat Valenciana e Illes Balears. Los principales impulsores han sido organizaciones con años de experiencia luchando en favor de los derechos de los residentes como Pladigmare (@pladigmare), Rede (@REDE_org), Coordinadora Residencias 5+1 (@CooResidencias).

Esta plataforma ha sido invitada para formar parte de la Mesa de Diálogo Civil creada por el ministerio de Asuntos Sociales para dar su opinión sobre un documento que modificarían los actuales criterios de acreditación para poder dar la autorización administrativa de funcionamiento y tener derecho a presentarse para tener algún tipo de subvención pública a las residencias actuales y las nuevas que se puedan crear, encaminado a cambiar el actual modelo de residencias. Van a presenta 100.000 firmas para que la Fiscalía y el Congreso investiguen lo ocurrido en las residencias durante la pandemia.

Invitamos a los que tengan interés en el tema de mayores, algún día todos seremos mayores, a que conozcan lo que hacen estas asociaciones, a visitar las páginas web y, en su caso, a participar activamente en las mismas como miembros. Es un gran servicio que podemos prestar a nuestros mayores y el medio imprescindible para que las residencias, tanto a nivel interno como en el cambio del marco regulador, mejoren dada la situación de precariedad en muchos aspectos en que se encuentran.

Conclusiones:
1. Potenciar la creación de residencias públicas con gestión pública. El modelo actual que tenemos descansa en las grandes empresas y fondos de inversión con intereses alejados de la calidad de atención a los mayores. La actitud pasiva de las administraciones es francamente incomprensible.

2. Igualdad de reglamentación para las residencias públicas y privadas. Esto debe incluir todos los aspectos de la organización, ratios de personal, gestión, participación de residentes y familiares, evaluación e inspección.

3. Actualización anual tanto del coste de plaza concertada como del importe económico del cheque vinculado a servicio. El coste de plaza concertada se actualiza periódicamente. Convendría establecer una actualización fija conforme a unos índices referenciales. El cheque vinculado a servicio no se actualiza, lo que se propone es que tenga unos mecanismos similares a los de la plaza concertada: fijar la actualización periódica y los índices referenciales de la subida. Además, puesto que el cheque servicio es una ayuda de la administración, las residencias que tengan plazas de este tipo deberían tener la misma consideración que las que tienen plazas concertadas.

4. Inspecciones más frecuentes y específicas. Para que esto sea posible hay que aumentar significativamente el número de inspectores, el número de inspecciones sin avisar, y el tipo de inspección mucho más dirigida a la calidad de atención a los residentes y menos a los documentos y protocolos escritos. Bien sabemos que el papel lo soporta todo, incluso aunque la realidad tenga poco que ver con lo que está prescrito y escrito. También las sanciones deberían ser más frecuentes, de mayor cuantía y públicas.

5. Registro público de datos con los resultados de las encuestas de satisfacción, de las inspecciones y de las valoraciones de cada residencia. Todos estos datos deberían constar en un archivo público de fácil consulta. Esto ya existe en otros países. Estos datos serían de mucha utilidad a las personas que buscan una residencia para sus familiares.

6. Potenciación asociativa de los familiares de residentes. De entrada, hay que contar que las residencias son reacias a este tipo de participación. La patronal y los trabajadores sindicados están organizados, pero los residentes y familiares no. Creemos que de alguna manera las administraciones deberían informar de la existencia de estas asociaciones y facilitar el contacto con las mismas, así como la participación de los familiares en los organismos correspondientes en cada residencia (PLADIGMARE ha presentado un proyecto de participación que sigue durmiendo en el cajón de la Consejera de Familia, Juventud y Políticas Sociales).

7. Aportación específica del grupo de residencias sin ánimo de lucro. Estas residencias, por su propio ideario, historia y valores que les inspiran, debería ser ejemplares en su estructura, gestión, transparencia, participación y estilo. Así serían modelos alternativos a lo existente a nivel privado, y punta de lanza en el nuevo modelo de residencia de mayores que se plantea para un futuro a medio y largo plazo

Residencias de mayores

Miles de mayores son inmovilizados con sujeciones en residencias

Como en los viejos manicomios, muchas personas son inmovilizadas a diario en residencias. España es el país desarrollado número uno en sujeciones, pero gana fuerza un movimiento para reducir o eliminar su uso

FERNANDO PEINADO

Durante tiempo inmemorial, los viejos manicomios y los asilos sujetaron a los internos con lo primero que tenían a mano. Utilizaban sábanas, cuerdas o correas de cuero para atar a sus pacientes a la cama o alrededor de una silla por los tobillos o las muñecas. Era un tormento que nadie cuestionaba: si los retenidos hacían fuerza para liberarse y acababan sangrando, se entendía como un efecto secundario de un tratamiento. Fue en los años ochenta cuando empezaron a usarse las sujeciones actuales. Las introdujo una empresa alemana, Segufix, y eran según su lema un sistema “más humano, más ético y más práctico”. Consistían en unas cintas más anchas de algodón que hacían menos daño. Una ley cerró en 1986 los psiquiátricos, pero el negocio de las sujeciones sobrevivió porque encontró su nicho en el creciente sector de las residencias de mayores. Hoy son usadas en cientos de centros junto con sedantes, pero la sensibilidad ha cambiado y cada vez son más quienes las ven como una forma de tortura. Médicos, empresarios y familias están tomando conciencia de la necesidad de acabar con la “cultura de atar” y encontrar opciones más dignas. A diario, unas 55.000 personas son atadas o sedadas para reducir su agitación en las residencias españolas, el 17% de la población en estos hogares, según una estimación de la confederación de asociaciones de mayores Ceoma, que asegura que España es el país desarrollado número uno en el uso de sujeciones. A esa cifra habría que sumar un número considerable ―pero difícil de determinar― de mayores que viven atados en sus domicilios particulares.

Las residencias que usan sujeciones defienden que son necesarias para evitar caídas de los mayores, pero los críticos denuncian que son una forma de maltrato a la que recurren por conveniencia o como castigo. El campo de la medicina lleva décadas produciendo estudios sobre los efectos adversos de las sujeciones. Cada vez hay más evidencia científica de los daños físicos y psicológicos (úlceras, atrofia muscular, traumas, aumento de la incontinencia, mayor probabilidad de infecciones urinarias, mayor agitación en personas con trastornos cognitivos). Cuando una persona con alzhéimer se ve atada a una silla puede sentir vergüenza, vulnerabilidad, angustia y terror. El presidente de la Sociedad Española de Geriatría, José Augusto García Navarro, afirma tajantemente su oposición a estos métodos: “Las sujeciones, tanto físicas como químicas, no son un método que deba emplearse en personas mayores”.

A veces, tratando de liberarse, las personas se caen de la silla o se estrangulan involuntariamente en la cama. EL PAÍS ha informado de dos fallecimientos recientes en residencias de Madrid, en 2019 y 2021. La Fiscalía General del Estado no dispone de datos oficiales de prevalencia de estos sucesos “porque en las estadísticas no se reflejan las circunstancias de las muertes”.

Voces más permisivas recomiendan que el uso de las sujeciones sea muy puntual, por ejemplo en casos de agitación de residentes que presentan riesgo de autolesión. El problema reside en las residencias que abusan de las ataduras para compensar sus plantillas reducidas, según múltiples fuentes consultadas. Como las leyes estatales y autonómicas exigen prescripción médica y consentimiento informado para atar a una persona, las residencias recurren a veces al “chantaje emocional” para que los familiares les den autorización, según denuncian asociaciones de defensa de la dignidad en residencias.

Miguel Fernández Arias, que trabajó hasta 2019 en varias residencias infradotadas de Torrejón de Ardoz (Madrid), recuerda que nunca tenían manos suficientes. En su último trabajo, otro compañero y él estaban a cargo de 20 personas en una planta. Para facilitarles las cosas, la dirección se encargaba de llamar a las familias para aconsejarles que les dejasen atar a sus padres, afirma él: “Les decían que lo hacían por su seguridad y tal, pero lo que pasaba detrás es que nunca había personal para atenderlos como Dios manda”. Sobre esta facilidad para prescribir sujeciones, García Navarro opina que muchas residencias no se han cuestionado su uso por desconocimiento: “Falta formación sobre métodos alternativos y concienciación”.

Los familiares que han dado su autorización a veces se arrepienten cuando sospechan que las residencias abusan de las ataduras. Es el caso de María Josefa Sánchez, hija de una mujer que vive en una residencia pública de Madrid. Ha pasado más de un mes sin verla a causa de las restricciones de entrada para contener la sexta ola. Teme que su madre se haya pasado las 24 horas atada. “Me decían que la ponían de pie para que anduviera y yo sé que es mentira. No hay trabajadores. Si ni siquiera han sido capaces de mostrármela por videoconferencia en todo este mes”, protesta ella, que pide omitir el nombre del centro por temor a represalias. Cuando la semana pasada se reanudaron las visitas, descubrió que su madre había perdido unos cuatro kilos y le había salido una escara en el tobillo por falta de movimiento.

Negocio vigoroso

El hombre que introdujo los productos de Segufix en España es Juan Ignacio Alcaraz, que cuenta al teléfono desde Barcelona que en 1981 era un distribuidor de productos médicos cuando conoció la innovación que venía de Alemania. Alcaraz tiene 71 años y ha cedido recientemente su negocio de distribución médica a su hijo para dedicarse en exclusiva a la abogacía. Al teléfono opina que hay algo de utópico en este creciente movimiento contra las sujeciones. Alude al problema endémico de las residencias en España: la escasez de personal. Lo más barato y cómodo para una residencia es atar a decenas de mayores, lamenta, consciente del abuso de los mecanismos que ha vendido durante décadas.

A su modo de ver, las ataduras son un mal necesario. “Cuando un paciente se agita, ¿puedes permitirte el lujo de tener a un auxiliar 24 horas a su lado? ¿Eso lo permite nuestro bolsillo? Queda muy bonito decir que una residencia es sujeciones cero, pero en la práctica el que conoce lo costoso que es contratar a más personal sabe que no es posible”.

Sin embargo, su empresa familiar ya nota las señales del cambio. Hace cinco o seis años algunas residencias del País Vasco dejaron de comprarles. “Se les había metido en la cabeza esta idea de cero sujeciones”, cuenta Alcaraz. En este ámbito, varias asociaciones promueven desde hace casi 20 años la tolerancia cero con estos métodos. La confederación de asociaciones Ceoma inició en 2004 su campaña Desatar gracias a la experiencia en Estados Unidos del doctor Antonio Burgueño Torijano; en 2006, la residencia Torrezuri, en Guernica (Vizcaya), suprimió ataduras y se proclamó como la primera de toda España en dar ese paso. Su directora, Ana Urrutia, fundó más tarde la Fundación Cuidados Dignos para difundir el modelo. Más de 300 residencias de toda España se han sumado a los programas de erradicación de Ceoma y Fundación Cuidados Dignos. Otras asociaciones más moderadas proponen reducir el uso de ataduras al mínimo, por ejemplo en casos en que la agresividad de la persona puede suponer un riesgo para sí mismo o para los demás. A pesar de esto, Alcaraz asegura que la demanda de sujeciones es vigorosa: la población envejece, abren nuevas residencias y siguen comprando Segufix o sucedáneos.

En España, donde había 5.556 hogares de mayores en 2020, el rechazo a las sujeciones ha cobrado fuerza durante la pandemia a causa de la atención que ha recibido el drama de los mayores en las residencias. Hay varias iniciativas en marcha para reformar las leyes. Una proposición de ley de salud mental de Unidas Podemos presentada en septiembre propone formar al personal de los centros y crear un registro de sujeciones. Por otro lado, el Imserso, organismo estatal dedicado a los mayores, promueve una reforma que obligaría a las residencias a redactar un plan de reducción/supresión de ataduras. Para que esa iniciativa llegue a buen término debería ser adoptada por las comunidades autónomas, las competentes para regular la dependencia.

Un reto para suprimir las sujeciones es que prohibirlas por ley puede dejar sin margen a un médico que las pueda requerir en estado de necesidad, según el doctor Burgueño Torijano. Por eso ningún país ha adoptado esa medida y por eso quizás la mejor estrategia es fomentar una cultura antisujeciones, como han hecho los países escandinavos, anglosajones o Japón. EE UU informa en una base de datos gubernamental de qué residencias son libres de ataduras. “Lo razonable es poner límites claros, controlar y estimular a que se prescinda de ellas”, propone él.

En el frente judicial, hay señales de menor permisividad. La Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, distribuyó hace dos semanas una instrucción que pide a los fiscales mayor celo durante sus inspecciones en residencias. El documento prescribe la “excepcionalidad, proporcionalidad, provisionalidad y prohibición de exceso, debiendo aplicarse las contenciones con la mínima intensidad posible y por el tiempo estrictamente necesario”. Delgado pide una actuación proactiva para retirar sujeciones cuando se compruebe que las residencias las usan por conveniencia o como castigo.

Algunas patronales ya hablan abiertamente contra las sujeciones. “Sin duda, el futuro de los cuidados debe pasar por la eliminación de las sujeciones”, dice Jesús Cubero, secretario general de la patronal Aeste, que representa a los mayores grupos del sector. “Tan solo debería tener cabida aquella sujeción que fuera pautada temporalmente por un médico ante la ausencia de alternativas viables por las características de la persona mayor”. Pero otras asociaciones empresariales creen que una eliminación total no es realista. Pilar Ramos, portavoz de las pymes madrileñas en Amade, afirma que algunas propuestas no consideran el día a día de una residencia: “A veces un señor o una señora se mete en la cama de otro. Son situaciones extremas que suceden”.

Cuidados amigables

¿Es realmente posible organizar una residencia sin ataduras? Los hogares de mayores que se han sumado a este experimento aseguran que sí, pero no es un proceso fácil ni rápido. Hace falta formar al personal, introducir cambios organizativos y hacer inversiones que a veces son costosas. Nuestra Señora de la Oliva, un centro de 200 plazas en Pantoja (Toledo), invirtió 100.000 euros para reformar en 2018 un ala de su complejo de edificios a la que ha rebautizado como Unidad Amigable. Perdieron 20 habitaciones, pero ganaron calidad.

La coordinadora de la Unidad Amigable de Nuestra Señora de la Oliva, Laura Pleguezuelos, habla con una residente, Piedad Aguilera.

La coordinadora de la Unidad Amigable de Nuestra Señora de la Oliva, Laura Pleguezuelos, habla con una residente, Piedad Aguilera.

En esa unidad se encuentran las habitaciones de 16 mayores que suelen ser de los más agitados por tener alzhéimer y en algunos casos esquizofrenia. Las cuidadoras pueden hacer que las camas bajen a ras de suelo pulsando un botón. Junto a las camas han tendido colchonetas que amortiguan las caídas en caso de que rueden fuera de la cama.

La Unidad Amigable dispone de comedor, salón de fisioterapia, gimnasio y una sala a la que conocen como taller de reminiscencia. Cuando algún residente sufre un episodio de alteración, las cuidadoras lo llevan al taller de reminiscencia para tranquilizarlo. La sala parece una minidiscoteca, con una bola de espejos, cortina de luces, un sillón que vibra al compás de la música. Con la ayuda de un proyector, las cuidadoras pueden mostrarle al mayor fotos de su infancia, juventud, hijos y nietos. Cuando la conducta remite, el residente vuelve al salón o a su habitación. “Es mano de santo”, dice el director, Ángel del Oro.

El taller de reminiscencia de la residencia de mayores Nuestra Señora de la Oliva, en Pantoja, Toledo.

El taller de reminiscencia de la residencia de mayores Nuestra Señora de la Oliva, en Pantoja, Toledo.

El director, que lleva media vida en residencias, recalca que el cambio de modelo ha sido posible sin contratar más personal ni subir precios, que oscilan entre los 1.600 y 1.800 euros.

Del Oro explica que su manera de ver las sujeciones ha cambiado radicalmente gracias a descubrir una alternativa. Experimentó en sus propias carnes lo que supone estar atado cuando se unieron al programa de Ceoma. Le ataron a una silla y no aguantó más de 20 minutos. Se le dormían los músculos, se angustió y pidió que le liberaran. No necesitaba más. “Es muy sencillo comprobar lo que se siente. Prueba a sentarte 10 minutos sobre tus manos y verás”. E incide: “Durante muchos años creí que las sujeciones eran imprescindibles por seguridad. Hoy pienso que son un maltrato”.

Nuestra Señora de la Oliva, que está gestionada por la asociación religiosa Mensajeros de la Paz, decidió eliminar las sujeciones al conocer el programa de asesoramiento y formación de Ceoma, la federación de asociaciones que ha hecho el cálculo de 55.000 personas atadas.

Ceoma ha hecho ese cálculo a partir de una muestra de 900 residencias que conocen tras casi dos décadas de experiencia. Su director general, Javier García, recuerda que algunos políticos les llamaban locos allá por 2004, cuando empezaron esta lucha. España no estaba madura. “Imagina que en el siglo XIX alguien hubiese propuesto eliminar las camisas de fuerza de los psiquiátricos. Pues igual nos pasó”, dice García. Hoy se sienten reivindicados por la creciente demanda social.

Una mañana reciente en el salón principal de la Unidad Amigable, las cuidadoras acompañaban de la mano a varios mayores mientras daban paseos. Otros escuchaban sentados las viejas coplas españolas que sonaban por los altavoces. Las puertas de la Unidad Amigable han sido camufladas con pinturas murales para que los residentes no sientan el impulso de abrirlas. Entra un torrente de luz por el ventanal del salón y más allá se ven los campos de Toledo.

En una pared de la Unidad Amigable, las trabajadoras de la residencia han colgado un cartel con un mensaje de amor a los mayores con alzhéimer: “La esencia de las personas va más allá de su memoria”.

COHOUSING TERCERA EDAD

Travensol

Cohousing tercera edad .Esto no es una residencia de ancianos

El cohousing para la tercera edad se está convirtiendo una prometedora alternativa a las residencias de mayores o al cuidado de familiares. Sin ánimo de lucro, organizado en cooperativa con vivienda en derecho de uso y servicios adecuados, Trabensol, en Torremocha del Jarama, es uno de los ejemplos de éxito de esta experiencia vertebrada por la autogestión de los barrios obreros del Madrid de los 60.

“Me enteré de esto cotilleando por Internet”, afirma Gonzalo mientras carga su equipaje por el pasillo del hall. Tiene 63 años y acaba de llegar al lugar donde quiere acabar sus días junto a su mujer, Svetlana, de 68. Aún falta tiempo para eso, pero el lugar al que han llegado no les parece un final. Más bien al contrario. “Teníamos un proyecto clarísimo en la cabeza, no queríamos acabar nuestros días en una residencia de ancianos al uso, buscábamos algo alternativo, algo activo y en el que pudiéramos participar en la toma de decisiones”, resume. “Hace tres años lo vimos, lo hablamos, lo visitamos, nos aceptaron… y empezamos a vivir aquí dentro de dos días”, concluye Svetlana. Se les ve ilusionados y contentos, como a toda la gente que recorre, con o sin bastón, los pasillos del edificio. “Teníamos ganas de vivir aquí, es lo que buscábamos”, insiste Gonzalo.

Se refieren a Trabensol, un centro social de convivencia para mayores, tal y como reza el cartel de la entrada, aunque se percibe que es algo más que eso nada más rebasar el umbral de la puerta automática. “Esto no tiene nada que ver con una residencia de ancianos”, resume Jaime Moreno, uno de los socios fundadores de esta cooperativa en la que pusieron la primera piedra en 2011. Algo más de dos años después, ya había un complejo de 6.000 metros cuadros construidos sobre una superficie de 22 kilómetros cuadrados. 54 apartamentos adaptados de 50 metros cuadrados con una pequeña terraza se extienden en hileras de dos plantas orientadas al sur. La luz inunda las casas todo el día y el suelo mantiene una temperatura de 16 grados en invierno y en verano. “Es geotermia, el calor del interior de la tierra. Es fundamental para que el consumo energético no sea muy costoso”, explica Moreno en el hall del complejo, que cuenta con un gran comedor, una biblioteca, un gimnasio, un cineforum, una lavandería, grandes jardines por los que pasear y hasta un huerto urbano. “Hay de todo y está aquí, en nuestras casas. Esto es una comunidad que se presta ayuda y compañía”, apunta.

Moreno tiene 82 años, aunque no los aparente en absoluto, y fue periodista, por eso hace de portavoz y guía para los medios de comunicación que se interesan por este proyecto alternativo. “Mi primer trabajo fue en el NO-DO”, confiesa socarrón mientras deja ver triángulo rojo invertido que lleva en la solapa del abrigo y que recuerda a la resistencia antifascista europea . “Ha costado mucho esfuerzo hacer todo esto, pero fue una decisión de un grupo grande de personas que tenía un largo bagaje en la lucha social”, incide. Ahora son 54 socios. Viven allí 80 personas y tienen lista de espera. “El interés por este proyecto está creciendo, porque las residencias públicas tienen pocas plazas y los requisitos para entrar limitan mucho. Las privadas son inaccesibles para los ahorros y pensiones de la mayoría, sobre todo si somos un matrimonio. Esto no es barato, pero es más accesible y, sobre todo, mucho más alegre”, describe.

Trabensol no es un nombre al azar, es el acrónimo de Trabajadores En Solidaridad, lo que da una pista del espíritu de este lugar. Es lo que los fundadores mamaron en su juventud, en el entones extrarradio madrileño de los años 60, cuando los vecinos tenían que autorganizarse para conseguir alcantarillado, asfaltar las calles o que se hicieran colegios. Si el Gobierno no lo hacía, ellos se reunían y se autoprestaban servicios básicos, si no había viviendas sociales y económicamente accesibles, montaban una cooperativa de vivienda. Y así todo. Solidaridad obrera, lo llamaban.

Hace unos 20 años, la carencia que detectaron fue el confort y los cuidados en la última etapa de sus vidas. Y no dudaron en construirse su propia solución. Solos, como siempre. Sin apoyo de la Administración Pública. Quizás por eso tuvieron que poner los cimientos de este lugar a 50 minutos en coche de la capital, en Torremocha del Jarama, uno de los últimos pueblos de la Comunidad de Madrid.
“Empezamos a buscar en la propia ciudad, pero era inviable con esos precios. Recorrimos más cien pueblos, llegamos a Extremadura y Toledo, hasta que encontramos un suelo más o menos barato. Era el boom de la especulación y del ladrillo, todo estaba carísimo y sólo dábamos con el típico conseguidor que te ponía en contacto con la gente adecuada a cambio de una buena mordida”, recuerda Moreno.

Hasta que llegaron por casualidad a Torremocha, de unos 800 habitantes. Compraron el suelo, encargaron el diseño a unos arquitectos con preocupación por la eficiencia y la sostenibilidad, el Ayuntamiento dio la licencia de obra, pudieron recalificar los terrenos para hacerlos urbanizables y, ahora, hay incluso concejales en el Ayuntamiento que viven en este complejo. “Los hay en el Gobierno y también en la oposición”, apunta Moreno. “Estamos empadronados todos aquí. Eso hace crecer la población y es más fácil que traigan más servicios, y también viene gente del pueblo a actividades que organizamos aquí”, resume. Un win win, que diría cualquier ejecutivo, aunque aquí no hay ningún negocio.

 “No es barato pero es accesible. La mayoría teníamos una vivienda que vendimos para venir aquí a vivir»

La fórmula que utilizan no es nueva, aunque sí novedosa, al menos en España. Se llama cohousing, ningún socio es dueño de nada pero decide en todo. Adquieren el derecho a usar sus viviendas hasta que fallezcan o decidan marcharse. Eso cuesta, en esta cooperativa, 145.000 euros por socio (cada matrimonio, por ejemplo, puede ser un único socio aunque tendrá un solo voto en las asambleas), que se devuelven a sus herederos cuando dejen de usar el apartamento o las instalaciones, si es que ellos no quieren vivir ahí. La cuota de uso varía entre los mil euros mensuales si es una sola persona o los 1.300 euros si son una pareja.

“No es barato pero es accesible. La mayoría teníamos una vivienda que vendimos para esto y nos llega con nuestras pensiones. No hay más gastos, aquí hay de todo, desde comida y limpieza semanal de las casas hasta atención 24 horas para las personas dependientes”, apunta Pepe Redondo, de 75 años. Pero, sobre todo, se elimina la soledad y el aislamiento, inciden todos los residentes entrevistados, que no dudan en que ese era su mayor miedo, unido a resultar una carga para sus hijos. “Todos tuvimos que cuidar a nuestros padres y vimos lo que desgasta ese proceso. No lo queríamos, ni para nosotros ni para nuestros hijos”, sentencia este socio, que lleva seis años en Trabensol con su mujer. Sus dos hijos vienen a visitarlos a menudo con sus dos nietos, o al contrario, ellos van a cuidar a los nietos cuando hace falta. “Al principio les parecía algo raro, ahora creen que es una maravilla. No se trata de venir aquí cuando ya eres dependiente, se viene aquí antes, cuando te jubilas, para disfrutar. No te aburres nunca”, afirma.

40 proyectos alternativos a las residencias en España

Trabensol es un proyecto ya consolidado, aunque no fue el primero. El germen de esta experiencia está en Málaga, donde en el 2000 echó a andar la cooperativa Residencial Santa Clara, recuerda Daniel López, profesor de estudios de Psicología y Ciencias de la Educación en la Universidad Oberta de Catalunya, investigador del grupo CARENET del IN3 y doctor en Psicología Social. Empezó en 2015 a estudiar este fenómeno y ha ido ampliando el trabajo de campo hasta la actualidad. “Desde Santa Clara hasta Trabensol, han ido surgiendo nuevos grupos que han visto que es posible. Pero una cosa es tener la idea y otra, llevarla a cabo. Es un proceso largo y laborioso: normativa, arquitectura, economía, dinámicas internas… Suele haber un acervo comunal detrás de esto. Pero las nuevas generaciones que empiezan a mirar a este modelo no tienen tan arraigada esa tradición autogestionaria”, explica el experto, que ha conocido iniciativas que no han llegado a buen puerto.

Según el mapeo realizado por López, en España hay ya 12 cohousings en funcionamiento, 11 cooperativas constituidas, ocho en proceso de formación, dos en obras, tres parados y seis con los terrenos adquiridos o la ubicación elegida. «Desde hace varios años hemos notado un mayor interés por este modelo», afirma López.

«El cohousing es sólo la expresión más visible de una necesidad de alternativa a las residencias»

“Al fin y al cabo, es autogestión. Eso requiere mucha implicación de todos. No todo el mundo está dispuesto a gestionar tanta responsabilidad y menos a esa edad”, sostiene. “Desde luego que es un modelo eficaz pero el cohousing no puede ser la única alternativa a la residencia. Es una alternativa a la soledad. Pero hace falta implicación de la Administración Pública para que aparezcan soluciones similares a estas en el futuro, porque el envejecimiento de la población es un hecho y los recursos no son para nada suficientes”, advierte López.

Según este psicólogo, lo que viene son millones de personas mayores que demandarán conectividad social, viviendas adaptadas, nuevos servicios de cuidados menos asistencialistas y que den más pie a que las personas “decidan cómo quieren ser cuidadas”. Sin embargo, “eso no es apostar por el cohousing únicamente. El cohousing es la expresión más visible de esa necesidad de alternativas. Y la Administración debe estar atenta porque la sociedad tiene derecho a recibir esos cuidados que ahora están supliendo los familiares o, en este caso, una comunidad de vecinos”, apunta López, que ha detectado una gran proliferación de “empresas facilitadoras” en la conformación de grupos y orientación en proyectos que empiezan a dibujarse.

Comisiones y grupos de trabajo

Moreno, el periodista jubilado de Trabensol, insiste en la importancia de los distintos grupos de trabajo y comisiones que se encargan desde la economía hasta la jardinería. “Sí, tenemos contratado personal de limpieza, un catering que cocina aquí para las comidas y algún jardinero de refuerzo. Contratamos a una directora gerente y a algún administrativo. Pero también nos implicamos nosotros en la gestión”, sostiene. Y también miran hacia adelante, porque no quieren perder impulso. “Creemos que esto funciona bien, por eso tenemos que ver los problemas que van surgiendo. Tenemos una “comisión de futuro” estudiando escenarios para cuando los socios envejezcan más y sean más dependientes. La Ley de Dependencia parece que nunca va allegar a tiempo, y eso es un gran reto”, profetiza.

“No es una utopía. Esto es real y es posible”

“No es una utopía. Esto es real y es posible”, sostiene Pepe mientras echa un vistazo a las berenjenas que están creciendo en la huerta. Él se encarga de su cuidado, recoge las verduras cuando están listas y las deja en las zonas comunes para que, quien quiera, se lleve algo para cenar. “Era maestro, pero mis padres eran gente de campo y yo todavía puedo doblarme y hacer surcos en la tierra”, asegura. “Es lo que llamamos la cuota social. Cada uno aporta a la comunidad la experiencia de vida que trae. Quien sabe de cine organiza el cineforum, quien sabe yoga nos da clases, quien ha sido enfermera nos ayuda con las pastillas y la que sabe pintar da talleres. Aquí no hay aprovechados, todo está organizado en comisiones”, ilustra. Sin embargo, ante el interés que este fenómeno está tenido en la actualidad, Pepe lanza una advertencia: “Primero hay que formar cooperativistas. Luego podrán funcionar las cooperativas. Eso se está perdiendo, va faltando rodaje asociativo”.

jairo Vargas

 

 

Cohousing cooperativo senior

Auge en Cataluña de las cooperativas para vivir la jubilación en compañía

 Un hotel cerrado en Sant Feliu de Guíxols (Girona) albergará en 2025 un total de 31 pisos cooperativos para mayores.© HISPACOOP Un hotel cerrado en Sant Feliu de Guíxols (Girona) albergará en 2025 un total de 31 pisos cooperativos para mayores.

Los catalanes que se acercan a la tercera edad son cada vez más partidarios de optar a otras formas de vivir cuando alcanzan la jubilación, más allá de la residencia de mayores convencionales. Este cambio de mentalidad respecto a cómo afrontar la última etapa de la vida se ve acentuada por el aumento de la esperanza de vida y el consecuente incremento de personas de edad avanzada, al que contribuirán los nacidos en el baby boom (entre 1965 y 1977). Las previsiones estadísticas poblacionales indican que en el año 2035 más de dos millones de catalanes tendrán más de 65 años.Parte de los impulsores del 'cohousing' cooperativo senior Can 70 en Barcelona y sus alrededores, un proyecto que nació en 2015.© HISPACOOP Parte de los impulsores del ‘cohousing’ cooperativo senior Can 70 en Barcelona y sus alrededores, un proyecto que nació en 2015.

A estos factores de peso, se suman otros nada desdeñables: el cambio en las estructuras sociales y familiares, en las que los hijos no son ya los principales cuidadores de sus progenitores (y la irrupción de los cuidadores a domicilio), la creciente importancia de las redes de amigos en la vida de las personas, y el golpe que ha asestado el coronavirus entre los residentes en geriátricos, con miles de fallecidos durante la pandemia.

Este cambio de paradigma se expresa en el informe El futuro de los cuidados de Sondea para Clece, realizado a partir de más de 2.000 entrevistas a españoles entre los 55 y los 77 años, y que indica que el 58% de los catalanes valora positivamente compartir una vivienda con otras personas mayores en su retiro como alternativa a las residencias tradicionales.

Para vivir en compañía pero con mayor independencia y decidiendo el día a día e interviniendo en la gestión de los complejos en los que residen, se está comenzando a implantar el modelo de cohousing cooperativo senior, inspirado en experiencias escandinavas.

El nuevo Plan de Vivienda estatal acoge por primera vez ayudas para el ‘cohousing’

En datos de la Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios (Hispacoop), hay cuatro proyectos ahora mismo en Catalunya, dos de ellos en marcha y otros dos en proyecto (10 en toda España). El primero abrió hace 20 años en Málaga (Santa Clara),pero no fue hasta hace una década que se empezó a expandir por parte de «urbanitas» en búsqueda de «espacios en los que vivir una vejez activa en compañía», normalmente en entornos rurales por el menor coste del terreno donde edificar, explica su presidente Félix Martín.

Suelen pasar 10 años «desde que surge la idea entre un grupo de personas y se genera el proyecto hasta que entran a vivir», dice. La asociación «celebra» que el nuevo Plan de Vivienda estatal acoja por primera vez ayudas para el cohousing.

En Tarragona se encuentra La Muralleta, una cooperativa en régimen de cesión de uso de la vivienda en la que los residentes pagan una cuota mensual por la que adquieren derecho al disfrute del edificio y de sus zonas comunes. En Roses (Girona) está el complejo Dr. Pi i Sunyer, que consta de una residencia asistida con 112 plazas y de un centro de día con 25 plazas. Los socios aportan 21.000 euros por plaza en habitación doble y 36.000 euros por habitación individual.

El 58% de catalanes de 55 a 77 años valora positivamente compartir vivienda en su jubilación

En Sant Feliu de Guíxols (Girona) se trabaja desde hace tres años en Waden XXI, 31 viviendas cooperativas adaptadas para mayores en régimen de cesión de uso (HCCU) que se ubicarán en un antiguo hotel en desuso que ha sido adquirido por 7,2 millones de euros. La aportación de los socios es de 45.000 euros. Actualmente se está ultimando el proyecto ejecutivo para la reforma integral del edificio con el calendario de que esté listo para habitar en el año 2025.

Por último, un grupo de 20 personas, en su mayoría mujeres de entre 55 y 70 años, buscan 10 socios más para impulsar en Barcelona o sus alrededores Can 70. La idea se gestó en 2015 y su objetivo es encontrar un espacio para construir el complejo que se retorne a la ciudad una vez finalizado el periodo del derecho de superficie. Según Hispacoop, hay 11 proyectos más en construcción a nivel estatal. En un texto firmado colectivamente, los miembros de Can 70 explican: «El espacio en el que queremos compartir nuestra vida no pude ser ni significar aislamiento, sino al contrario. Queremos vivir nuestra nueva realidad en el barrio y, sobre todo, queremos vivir el barrio».

En datos del Proyecto de investigación Movicoma, que estudia el auge, desarrollo e impacto del movimiento de vivienda colaborativa de personas mayores en España, en 2017 se contabilizaban 30 iniciativas y en 2019 un total de 80, un aumento de más del 166%

​Un modelo social y otro nórdico

En Barcelona, la fundación privada Llars Compartides habilita pisos compartidos a jubilados solas y con una pensión menor de 600 euros. Gestionan 9 viviendas a las que sus ocupantes destinan como máximo el 30% de su pensión. En Sant Adrià de Besòs, una residencia de mayores que adapta el modelo nórdico de unidades de convivencia con espacios comunes: seis pisos de unos 450 metros cuadrados para entre 8 y 19 residentes cada uno.

Hacia sujeciones cero en las residencias

El Gobierno plantea que en el plazo de tres años ninguna residencia ni centro de día inmovilice a los mayores

María Sosa Troya

Varios mayores en una residencia, en una imagen de enero de 2022.

© KIKE PARA (EL PAÍS) Varios mayores en una residencia, en una imagen de enero de 2022.

El Gobierno tiene como objetivo avanzar hacia las sujeciones cero, es decir, que no se inmovilice a los mayores ni a las personas dependientes que viven en residencias o asisten a centros de día, que no sean inmovilizados ni sedados para reducir su agitación. Así consta en el último borrador de trabajo sobre los nuevos requisitos que se exigirán a los servicios de dependencia, donde el Ministerio de Derechos Sociales plantea que en un plazo máximo de tres años tras la entrada en vigor de este texto, que aún se está negociando, los centros hayan implementado un plan de atención libre de sujeciones, que contemplará su “supresión total y segura”.

Solo podrán usarse de manera excepcional, cuando no haya ninguna otra alternativa ante un peligro que debe ser inminente. En el documento también se añaden cambios respecto al anterior borrador, como una subida de las ratios de personal en las residencias de mayores, la limitación a un máximo de 50 plazas en las de discapacidad (frente a 90 en las de ancianos), y se propone un plazo para que los centros y servicios actualmente en funcionamiento se adecúen al nuevo modelo: dispondrán de siete años, a excepción de los recursos públicos de gestión privada, en ese caso se esperará a que acabe el contrato para implementar las modificaciones.

Una negociación compleja

La negociación es compleja y a tres bandas. Por un lado, el texto se ha ido discutiendo con la mesa de diálogo social, que se ha reunido este viernes y donde se sientan patronales y sindicatos. Por otro, con la de diálogo civil, que aglutina a asociaciones, familiares de usuarios y expertos en el sector. Y, por último, con las comunidades autónomas, a las que se entregará este último borrador para comenzar a abordarlo con ellas y que, al ser las competentes en la gestión, tienen la llave para que este acuerdo salga adelante. Es probable, por tanto, que el texto sufra nuevas modificaciones. El objetivo es que el pacto definitivo se pueda alcanzar a lo largo de este primer trimestre en el consejo territorial que reúne a los gobiernos autonómicos y a Derechos Sociales.

La necesidad de un nuevo modelo de atención lleva tiempo sobre la mesa, y se ha acentuado a raíz de la pandemia, cuando se evidenciaron las debilidades del sistema. De hecho, muchas autonomías han sacado adelante modificaciones normativas en esta línea. La tarea del Gobierno es la de coordinación, y este documento fijará un mínimo común en todos los servicios de dependencia que se presten en el país. El anterior pacto, de 2008, es mucho más escueto. El documento fija requisitos para residencias, centros de día, ayuda a domicilio y teleasistencia.

Varias fuentes consultadas, conocedoras de la negociación, han manifestado su inquietud sobre la forma en que se financiarán estos cambios. La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, miembro de la mesa de diálogo civil, considera clave que haya un análisis de costes y una memoria económica que garantice que puedan implementarse.

No hay una partida específica prevista para este acuerdo marco, pero la financiación estatal de la dependencia ha recibido una inyección de 1.800 millones de euros entre 2021 y 2022, la mayor desde que se aprobó la ley (también hay más de 3.000 millones previstos para cuidados de larga duración de los fondos europeos, entre 2021 y 2023). Parte de esa financiación está vinculada al cumplimiento de un plan de choque que, entre sus medidas, incluye precisamente la aprobación de este acuerdo sobre los requisitos mínimos que deben cumplir los servicios del sistema de la dependencia.

Los borradores que han trascendido hasta ahora siempre han hecho hincapié en que los atendidos en el sistema de la dependencia tienen derecho a recibir “una atención libre de sujeciones, ya sean estas físicas, mecánicas, químicas o farmacológicas”. Se desconoce el número exacto de personas que son inmovilizadas en estos centros, pero según estimaciones de la confederación de asociaciones de mayores Ceoma, pueden ser unas 55.000. En las últimas semanas se ha conocido la muerte de dos ancianos cuando estaban inmovilizados en residencias.

Este último texto establece que los planes para eliminar las sujeciones de los centros de día y residencias tendrán que aprobarlos los servicios de inspección de las comunidades autónomas. Solo serán admisibles ante situaciones “excepcionales y de urgente necesidad” en las que exista un “peligro inminente” para usuarios u otras personas y tras constatar el fracaso de otras medidas alternativas, que deberán quedar documentadas. Se incide en que será necesario un consentimiento informado (ya es un requisito), que no puede ser genérico ni diferido en el tiempo. Será obligatorio informar a la Fiscalía, que este enero emitió una instrucción en la que se insta a los fiscales a aumentar el control sobre estas prácticas.

Que los centros se adapten a la persona

En el documento se plantea un cambio de paradigma: que sean los centros y servicios quienes se adapten a las personas, y no al revés. Lo que se conoce como atención centrada en la persona, un concepto con el que ya funcionan algunos servicios, aunque el panorama es muy dispar. Según el texto, todos los usuarios del sistema de la dependencia dispondrán de un plan personalizado de atenciones, en el que se tenga en cuenta sus preferencias y necesidades.

En residencias de mayores, el tamaño máximo para los centros que se construyan tras la entrada en vigor del acuerdo se fija en 90 plazas, con un 65% de habitaciones individuales, y los ya existentes deberán adecuarse en un plazo de siete años, dividiéndose en unidades independientes entre sí y hasta alcanzar un 35% de habitaciones individuales. En residencias de discapacidad el límite máximo será de 50 plazas. Este era el establecido en un primer borrador para todas las residencias, pero patronales de dependencia se quejaron de que sería insostenible. Habrá unidades de convivencia de un máximo de 15 personas que tendrán un funcionamiento tipo hogar, en donde habrá una cocina, comedor, sala de estar y, preferentemente, acceso a un área exterior, como una terraza o jardín. Deben ubicarse en suelo urbano, promoviendo las relaciones cotidianas con la comunidad.

En cuanto a las ratios, el ministerio propone, en primer lugar, que pasen a calcularse por jornadas completas de trabajo, y no por número de contratados. En segundo lugar, habla de personal de atención directa de primer nivel —auxiliares y gerocultores—, de atención directa de segundo nivel —graduados universitarios de las ramas social y sanitaria— y de atención indirecta, que agrupa al resto de la plantilla.

A principios de febrero, la Plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuarios de Residencias mostró su decepción con el anterior borrador en la mesa de diálogo civil, especialmente en cuanto a las ratios. Las consideraban insuficientes y alertaban de que, al pasar a calcularse sobre el número de plazas ocupadas (aunque nunca podrá bajarse del 80%) en lugar del total de plazas podía ocurrir que hubiera centros a los que en 2023, con la propuesta que se hacía para auxiliares, se les exigiera menos personal que el que se establecía en el acuerdo de 2008. Este último borrador eleva aquella propuesta.

El texto plantea que las ratios que vayan escalando en 2023, 2025 y 2027: de 0,35 a 0,43 para gerocultores y auxiliares en residencias de mayores (es decir, 35 o 43 jornadas completas de personal de atención directa de primer nivel por cada 100 residentes), una cifra que para personas con discapacidad se sitúa en 0,42 en 2023 —en el anterior texto ya se preveía 0,50 en 2025—, y 0,50 en 2027.

Ese 0,43 implicaría, para una unidad en que convivan 15 mayores, que habría cinco trabajadores: dos en el turno de mañana, dos en el turno de tarde y uno en el de noche. En atención directa global, es decir, también incluyendo a graduados universitarios como trabajadores sociales o enfermeros, se plantea llegar a 0,51 en 2027 en residencias de mayores y 0,58, de personas con discapacidad.

Alejandro Gómez, consultor que ha estudiado las normativas autonómicas —una de las patronales de la dependencia, Ceaps, publicó sus conclusiones en un reciente estudio— asegura que el borrador supone una mejora de las ratios respecto a los promedios estatales, aunque en su opinión deberían diferenciar por tipologías de dependencia, ya que en el futuro habrá usuarios con cada vez más necesidades de apoyo. Los familiares siguen considerando insuficiente la nueva propuesta y piden equipararlas a las de discapacidad.

El documento también exige al menos un inspector por cada 25 residencias (independientemente de que también deban supervisar centros de día u otros servicios sociales), en lugar de uno por cada 30, que se establecía en el anterior texto. Los familiares habían pedido 1 por cada 15. Según los datos recopilados el año pasado por EL PAÍS, solo tres comunidades (Asturias, Cataluña y Extremadura) superaban de media el umbral de 25 residencias por cada trabajador del servicio de inspección en ese momento. Se constituirá un grupo técnico de trabajo que, en el plazo de un año, fijará estándares comunes para medir la calidad de los servicios, cuyos resultados deberán ser públicos. Actualmente no hay nada parecido.

En el borrador también se propone incluir a familiares en los consejos de participación de usuarios de residencias, siempre que los residentes lo estimen oportuno. En cuanto a la ayuda a domicilio, se indica que al menos el 5% de la jornada de los auxiliares se deberá dedicar a labores de coordinación y que el desplazamiento de los trabajadores no contará como tiempo de atención, aunque sí como parte de su jornada

La vejez, debemos inventarla

Pepe Mallo 

 “La juventud siempre ha sido un escándalo, la madurez un aburrimiento y la vejez una humillación”. (…) Me niego a asumir el destino de los viejos: dar buenos consejos a falta de poder dar malos ejemplos.” Palabras del insigne filósofo Fernando Savater (El País, 11-09-2021). ¿Agudezas de veterano filósofo o lindezas de “viejo” pensador? Prefiero la exhortación de Francisco en carta a los sacerdotes ancianos y enfermos de Lombardía: “Están viviendo una estación, la vejez, que no es una enfermedad sino un privilegio”., 

La vejez es una etapa más en la evolución de la persona. Y no se puede definir por el baremo “edad”. Hay viejos que atesoran más valores, más vitalidad, inteligencia y creatividad que muchos con menos años que presumen de inteligentes y lúcidos. Yo ya no cumplo años, los colecciono. Tengo ya casi todos…, y ninguno repe. De hecho, hace unos días he incrementado mi colección con uno nuevo que no tenía. O sea, que soy más viejo que ayer y menos que en lo sucesivo, circunstancia que motiva mi reflexión de hoy, estimulado por la reciente conmemoración del Día Internacional de los Mayores. 

No soy “un viejo”. Sí soy viejo. Me encuentro en la “flor de la vejez”. Y por ello, doy gracias a la vida “que me ha dado tanto”, como reza la canción de la desdichada Violeta Parra. Canción que ha entrado en el corazón de muchos para quedarse. Lo que la autora describe como don de la vida: ojos y oídos, sonidos y palabras, pies para la marcha y el camino, corazón para el amor y hasta la risa y el llanto, resulta ser lo que en la actual cultura dominante pasa inadvertido, cuando no desdeñado. Violeta Parra agradece a la vida lo que le ha permitido abrirse al mundo, sentir al otro, “madre, amigo, hermano”, conocer y vivir el amor. Todo este sumario es don de la vida desde el nacimiento, es “la vida misma”, es lo único que “poseemos” y que esconde un altísimo valor. 

Pertenezco a una generación que lo ha tenido muy duro para llegar a adulta. No sabría decir si la guerra, las penurias y el hambre nos impedían madurar entorpeciendo nuestro crecimiento o nos convertían en adultos prematuros o apócrifos. Pero sí puedo garantizar que aquel afán de supervivencia nos infundió mayor coraje, porque, gracias a la vida, teníamos lo esencial: espíritu de lucha, pasión por la vida, ansias de vivir. Hoy, también gracias a la vida, algunos de aquellos niños disfrutamos de colmada y calmada vejez, sin frustraciones ni desencantos, conscientes de nuestro inquebrantable quebranto, de nuestra frágil salud de hierro y de nuestras inexorables limitaciones. 

El papa Francisco ha aludido en variadas ocasiones a la cultura del descarte. “Lo que no sirve se descarta. Los viejos son material descartable: molestan. ”La sociedad es injusta con los ancianos. Nos movemos en una enquistada marginación social, política y económica. En el imaginario colectivo, los viejos estamos etiquetados con términos negativos: clase pasiva, improductivos, dependientes, enfermos e ignorantes frente a una cultura donde predominan la economía, la producción y las nuevas tecnologías. Sólo se nos valora en cuanto consumidores. Para las políticas públicas asistenciales somos pensionistas.Y como valemos un voto, intentan ganarnos con la pesadilla de las pensiones. Un amigo socarrón me sugería que el acrónimo“imserso” significa “inservibles sociales”. 

La pandemia del coronavirus ha destapado y evidenciado al colectivo más frágil e indefenso y ha enfatizado las necesidades y vulnerabilidades que sufre. Y no menos ha acrecentado la conducta discriminatoria, incluso vejatoria, respecto a los ancianos, no solo a nivel social sino en conductas individuales. Traigo aquí un ejemplo que ratifica mi afirmación. Me refiero a un acreditado bloguero de RD, de todos conocido, nonagenario él, de clarividente lucidez, de ideas claras y preclaras, denostado por unos fanáticos comentaristas, de mente demente, que le tachan de “vago, senil, vejestorio que chochea” y otras groseras lindezas. Mientras alardean de fervorosos cristianos…¡De vergüenza! 

“La vejez debemos inventarla”, se ha dicho. Y en ello estoy. En la antigüedad, la propia sociedad estaba tutelada por ancianos. Hoy, las experiencias de los viejos no encajan en los vigentes valores sociales, éticos y religiosos. Nos asemejamos a los “jarrones chinos” de que hablaba un expresidente. Escondemos gran valor, pero no se encuentra un sitio apropiado para nosotros. Considero que la vejez se presenta como catarsis. Tras haber sido Alguien en la vida laboral y social, aunque a ese alguien pocos le conocieran, resulta muy difícil llegar a ser don Nadie. Necesitamos soñar nueva vida real, creer en nosotros y en nuestros recursos, crear paradigmas y respuestas nuevos, explotar la creatividad. Más que nunca nuestra presencia y testimonio son necesarios, aportando el protagonismo que nos hurta la sociedad. Se trata de ser protagonistas de nuestra propia vida. 

Personalmente hace tiempo que he desterrado de mi vocabulario la tópica muletilla “¡Vamos tirando!”. He decidido no “tirar”, sino“reciclar”, reciclarme. La longevidad no consiste solo en vivir mucho, sino en vivir animosamente cada oportunidad que nos brinda la vida. Se trata de intentar ralentizar el implacable desgaste corporal, prolongar nuestro debilitado deterioro mental y cognitivo y esquivar los dos crueles estigmas de la vejez, la nostalgia y la soledad. 

La nostalgia, esa “pena o tristeza y melancolía por el recuerdo de una dicha perdida”, nos atasca e inmoviliza. Confisca nuestras facultades y capacidades, enquistándonos mentalmente en un pasado, ya inoperante e inútil, que impide la comunicación con el exterior. Enrocarse en algo dejado atrás que no va a volver. La nostalgia se da en todos los órdenes de la vida, social, político y religioso. En la heterogénea sociedad actual aún quedan nostálgicos que por “montañas nevadas, banderas al viento, van por rutas imperiales caminando hacia Dios”. Y otros que por “rutas tridentinas” también se dirigen hacia el Creador. ¿Qué será más positivo y humano lamentar lo mucho perdido, ya irrecuperable, o potenciar lo poco favorable que aún nos regala la vida? 

No menos cruel y perversa es la soledad, tan relevante en los comienzos de la pandemia. Ante el abandono y vulnerabilidad de tantos ancianos, solo nos queda, en lo negativo, las protestas y lamentaciones; en lo positivo, la acogida, el acompañamiento, la empatía y la simpatía. Incluyo en los “ancianos” a los “presbíteros” jubilados. ¿Se sentirán acogidos y atendidos por la institución Iglesia a la que han servido religiosamente durante años? ¿Dónde y cómo acabarán sus días?, ¿en una residencia sacerdotal, sin más compañía que otros sacerdotes “solitarios”? Su potencial soledad no será por falta de compañía sino por ausencia de cariño, especialmente de afectos familiares debido a su celibato. 

En lo que a mí respecta, doy gracias a la vida, que me ha regalado el compartir mi dilatada existencia con una formidable mujer, formar una familia y trasmitir a mis hijos mis convicciones y vivencias, ayudándoles en su desarrollo personal. Y en esta última etapa, disfrutar jubilosamente de los nietos que alegran y refrescan los alifafes de la vejez. Y sentir la cercanía de amigos que me quieren y de gente que me acepta y aprecia. 

¡Gracias a la vida! 

Post scriptum: Tras lo dicho, prometo esforzarme denodadamente por vivir para siempre… ¡aunque muera en el intento! 

Propuestas de FADSP para atender a la dependencia

TENEMOS QUE MODIFICAR LOS ACTUALES MODELOS DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA
Los datos demográficos y las proyecciones hasta el 2040 que proporcionan algunos estudios, siempre tomados con prudencia, auguran un aumento de personas que precisaran atención y prestaciones ligadas a la dependencia. Este hecho pone de manifiesto la necesidad urgente de reflexionar a cerca de la idoneidad y características de las prestaciones o servicios actuales, y sobre los variados modelos de atención, presentes en las distintas CCAA.
La pandemia del Covid-19 ha hecho visible, de forma cruda, las maltrechas entretelas que sustentaban el sistema de atención de las personas dependientes, discapacitadas o con enfermedad mental, cuyo hogar habitual es una institución residencial. Una realidad expuesta en ocasiones por los familiares y organizaciones cercanas al sector sociosanitario.
La aprobación de la ley, en diciembre del 2006, para la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia, tenia como finalidad poner en pie y garantizar el cuarto pilar del Estado del Bienestar, que junto a la educación, las pensiones o la sanidad, forma parte de los derechos universales sociales.
Este hecho supuso un avance esperanzador. Sin embargo, el balance no es positivo. No ha conseguido dar respuesta de forma satisfactoria a las demandas existentes, ni entonces ni ahora. Su andadura fue lenta, desigual su ejecución en las diferentes CCAA, su desarrollo incompleto y la implantación de ”bajo coste”, ha configurado un sistema inapropiado e insuficiente para responder a las crecientes demandas . Además, la aprobación del RLD 20/12/2012, provocó el recorte de varios servicios y prestaciones. Todo ello ha derivado en el actual panorama: no se cumplen los requisitos de cobertura y de calidad deseable, porque no llega a todas las personas que lo necesita o porque los servicios que se prestan son mínimos.
Cobertura de los servicios residenciales
No resulta sencillo acceder a una información rigurosa y contrastable sobre la atención a la dependencia dada la variabilidad existente, y además, por la ausencia de transparencia informativa propia del sector. La diversidad se manifiesta, tanto en cuanto a la inversión, como a los modelos y características de los cuidados, a los tipos de gestión, o la organización interna de los residentes, lo que dificulta sobremanera, tener un mapa real de la situación por CCAA, responsables de los recursos sociosanitarios.
Según datos del IMSERSO (2019), en España había unos 5.457 centros residenciales para personas mayores, 4.063 de ellos (74,5%) son de titularidad privada y 1.394 (25,5%), son públicos. En total, sumarían 381.158 plazas, lo que representa un índice de cobertura del 4,21%, el cual varía significativamente entre el 7,6% de Castilla y León y el 1,42% de Murcia. Una desigualdad de acceso evidente.
Por otro lado existen diversos tipos de gestión que van desde la totalmente pública a la totalmente privada pasando por diversos modelos de la llamada colaboración público-privada no siempre fáciles de identificar porque con frecuencia residencias de titularidad pública están gestionadas en todo o en parte por empresas privadas.

Los principales problemas detectados son:
* Insuficiente presupuesto público destinado a la atención a la dependencia.
* Predominio desmesurado de la financiación privada sobre la pública, con notables diferencias entre CCAA. Número de plazas escasas.
* Baja cobertura de las necesidades y demandas de las personas dependientes y de sus familias.
* Carencia de recursos humanos bien formados y de materiales técnicos suficientes y actualizados. Personal mal pagado, con contratos precarios y escaso reconocimiento social. Son frecuentes las rotaciones y cambio de personal que no favorece el establecimiento de lazos de referencia.
* Desigualdad laboral ligada al género de las cuidadoras.
* Estructuras físicas inadecuadas. Complejos residenciales híbridos entre el hotel y el hospital o entre el chalet y las “guarderías para mayores”.
* Cuidados estandarizados, rutinarios, despersonalizados en muchos casos, y centrados en las “tareas” prácticas.
* Gestión vertical. Deficiente coordinación intersectorial entre las Gerencias de Atención Primaria y los médicos/as y enfermeros/as de familia. Desconfianza mutua.
* Ausencia de información y participación real de los residentes y de sus familiares.
* Falta de transparencia en la información que impide el análisis, la evaluación y la investigación.
Existen muchas experiencias en el mundo sobre la atención a la dependencia y a las personas mayores, en general son modelos que comparten los siguientes valores o ideas fundamentales:
– Atención integral —holística, humanista— y “ centrada en la persona”. Este marco conceptual permite identificar las claves en la cuales se debe sustentar el apoyo y los cuidados.
– Fomento de la independencia y de la autonomía personal.
– Prevención temprana de la discapacidad de forma preferente.
– Centros abiertos a la comunidad en la que viven con la finalidad de favorecer el contacto exterior. Forjar alianzas comunitarias.
– Garantizar la seguridad y accesibilidad.
Desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública entendemos que habría que cambiar el contenido y el continente a la hora de abordar la problemática de las residencias, no se trata de hacer mini- hospitales u hospitales de crónicos, sino de arbitrar otra forma de atender la problemática de la vejez y la dependencia. En este sentido pensamos que es preciso poner en práctica las siguientes propuestas:
Once propuestas para abordar el problema de la atención a las personas mayores y/o dependientes.
1.- Aumento de la financiación pública a través de los impuestoMs centrales y autonómicos que garantice la atención de todas aquellas personas que lo necesiten. Suprimir las actuales deducciones fiscales que solo favorecen a los que más tienen. Incremento en los presupuestos generales de este año y de la partida que presumiblemente, llegará de Europa.
2- Definir y establecer criterios que aseguren la equidad territorial como elemento básico de la justicia social entre el medio rural y urbano. Catalogar los tipos y características de los establecimientos que atienden a estas personas.
3- Modificar el actual modelo de residencia tanto para las personas con dependencia física como para los discapacitados psíquicos o personas con enfermedad mental. Es necesario crear nuevas residencias de pequeño tamaño, cercanas al entorno de las personas residentes, cerrar progresivamente las masificadas, crear pisos y apartamientos compartidos y sobre todo apostar por mantener a los mayores en sus viviendas habituales con ayudas profesionales para realizar actividades cotidianas. Favorecer entornos inclusivos. Rediseñar las habitaciones, los espacios comunes y dotarlos de medios tecnológicos que faciliten las actividades de la vida diaria y la comunicación con las familias y amigos para prevenir la soledad y el aislamiento, por ejemplo, en tiempos de pandemia.
4.- La gravedad de la mortalidad en las residencias (tanto en la primera como en la segunda ola de la epidemia, que coloca a estas como el principal determinante de la mortalidad COVID) debe obligar a realizar un giro estratégico para lo que es preciso realizar un gran esfuerzo político, económico y empresarial: Todas las nuevas residencias que se abran para garantizar unos indicadores similares a los países desarrollado de la Unión Europea deberán de ser de titularidad y gestión pública. A medio plazo recuperar para la gestión pública las residencias que hayan externalizado la gestión con empresas y grupos privados. A largo plazo reintegrar todas al sistema público de atención a la dependencia.
5.- Gestión horizontal apoyada en la participación significativa y efectiva de los trabajadores, usuarios y familiares. Actualizar y adecuar los instrumentos legales existentes a las nuevas demandas y necesidades, y modificar los que sean precisos para hacerlos eficaces, útiles.
6.- Incremento del personal que trabaja en las residencia, garantizando una formación específica de nivel medio en atención a mayores y condiciones laborales dignas. Suprimir la brecha de género que se da en este sector y que afecta a las condiciones laborales y de vida. Definir de forma precisa la ratio de atención según categoría laboral y nivel de dependencia.
7.- Transformar la actual planificación de la atención y los cuidados, y adoptar un enfoque integrado “centrado en la persona”, que suprima el cuidado rutinario, homogéneo y que estimule la independencia y la actividad física y mental, también en estados de dependencia severa.
8.- Formación especifica para favorecer el cambio de rol y contrarrestar las inercias y resistencias a la innovación deseable que proporcionan las evidencias científicas actuales.
9.- Establecer normas y criterios para que los servicios de inspección sean una realidad verificable y exigible por los trabajadores o los familiares. Impulsar una mejora continua.
10.- Coordinación efectiva con la Atención Primaria para que facilite la atención y la comunicación con su médico y enfermera de familia. Es prioritario definir de forma explicita las competencias y responsabilidades de cada sector de modo que se garantice una atención de calidad basada en unos cuidados integrales.
11.- Implantar sistemas de información compatibles entre administraciones que favorezcan el conocimiento, la evaluación y la investigación interna y externa.

Conclusiones
Los medios de comunicación han publicado con frecuencia noticias a cerca de la repercusión del Covid-19 entre las personas que viven en las residencias, lamentablemente, no siempre positivas. Tal hecho ha puesto de manifiesto la hondura del problema y la urgencia para abordarlo de forma seria y profunda. Que el sistema tenía vías de agua y que olía mal, era patente.
Con asombro constatamos, que al igual que se ha sucedido con los hospitales en ciertas CCAA, varias empresas se han infiltrado y se han enriquecido con el beneplácito de las administraciones, y sin que la inspección pública haya ejercido sus responsabilidad de forma constante y eficaz.
Es primordial suscitar un dialogo social participativo entre todos los organismos de la administración, las asociaciones de familiares y usuarios, colectivos sociales, trabajadores, sociedades científicas, etc, con conocimientos en este ámbito de la atención social. Contar con el apoyo de sociólogos expertos en este campo y, antropólogos de la salud, nos parece necesario para inducir, favorecer un análisis contextual necesario.
Tener presente los determinantes sociales a la hora del debate sobre el futuro del sistema de atención a la dependencia que se quiere, se necesita y que se está dispuesto a financiar, ayudará a comprender mejor la diversidad y complejidad del actual momento. Deberíamos de aprender de la experiencia y que tantas muertes no hayan sido en balde.
Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública
Noviembre de 2020

Abandonadas a su suerte


Deben modfcarse los actuales modelos de la dependencia
Lo vivido durante la pandemia en las residencias de mayores obliga a un replanteamiento del sector, en el bien entendido de que se imbrican en el campo de la dependencia, uno de los pilares del Estado del Bienestar. Este trabajo constituye una visión del problema actual y ofrece ideas para su renovación.
Los datos demográficos y las proyecciones hasta el 2040 que proporcionan algunos estudios, siempre tomados con prudencia, auguran un aumento de personas que precisarán atención y prestaciones ligadas a la dependencia. Este hecho pone de manifiesto la necesidad urgente de reflexionar acerca de la idoneidad y características de las prestaciones o servicios actuales y sobre los variados modelos de atención presentes en las distintas CCAA.
La pandemia del Covid-19 ha hecho visible, de forma cruda, las maltrechas entretelas que sustentaban el sistema de atención de las personas dependientes, discapacitadas o con enfermedad mental, cuyo hogar habitual es una institución residencial. Una realidad expuesta en ocasiones por los familiares y organizaciones cercanas al sector sociosanitario.
La aprobación de la ley, en diciembre del 2006, para la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia, tenía como finalidad poner en pie y garantizar el cuarto pilar del Estado del Bienestar, que, junto a la educación, las pensiones o la sanidad, forma parte de los derechos universales sociales.
Este hecho supuso un avance esperanzador. Sin embargo, el balance no es positivo. No ha conseguido dar respuesta de forma satisfactoria a las demandas existentes, ni entonces ni ahora. Su andadura fue lenta, desigual su ejecución en las diferentes CCAA, su desarrollo incompleto y la implantación de “bajo coste” ha configurado un sistema inapropiado e insuficiente para responder a las crecientes demandas . Además, la aprobación del RLD 20/12/2012, provocó el recorte de varios servicios y prestaciones. Todo ello ha derivado en el actual panorama: no se cumplen los requisitos de cobertura y de calidad deseable, porque no llega a todas las personas que lo necesitan o porque los servicios que se prestan son mínimos.
Cobertura de los servicios residenciales
No resulta sencillo acceder a una información rigurosa y contrastable sobre la atención a la dependencia dada la variabilidad existente y, además, por la ausencia de transparencia informativa propia del sector. La diversidad se manifiesta tanto en cuanto a la inversión, como a los modelos y características de los cuidados, a los tipos de gestión, o la organización interna de los residentes, lo que dificulta sobremanera tener un mapa real de la situación por CCAA, responsables de los recursos sociosanitarios.
Según datos del IMSERSO (2019), en España había unos 5.457 centros residenciales para personas mayores, 4.063 de ellos (74,5%) son de titularidad privada y 1.394 (25,5%) son públicos. En total sumarían 381.158 plazas, lo que representa un índice de cobertura del 4,21%, el cual varía significativamente entre el 7,6% de Castilla y León y el 1,42% de Murcia. Una desigualdad de acceso evidente.
Por otro lado existen diversos tipos de gestión que van desde la totalmente pública a la totalmente privada pasando por diversos modelos de la llamada colaboración público-privada, no siempre fáciles de identificar porque con frecuencia residencias de titularidad pública están gestionadas en todo o en parte por empresas privadas.
Principales problemas detectados
Los principales problemas detectados son:
* Insuficiente presupuesto público destinado a la atención a la dependencia.
* Predominio desmesurado de la financiación privada sobre la pública, con notables diferencias entre CCAA.
* Número de plazas escasas.
* Baja cobertura de las necesidades y demandas de las personas dependientes y de sus familias.
* Carencia de recursos humanos bien formados y de materiales técnicos suficientes y actualizados. Personal mal pagado, con contratos precarios y escaso reconocimiento social. Son frecuentes las rotaciones y cambio de personal, lo que no favorece el establecimiento de lazos de referencia.
* Desigualdad laboral ligada al género de las cuidadoras.
* Estructuras físicas inadecuadas. Complejos residenciales híbridos entre el hotel y el hospital o entre el chalet y las “guarderías para mayores”.
* Cuidados estandarizados, rutinarios, despersonalizados en muchos casos, y centrados en las “tareas” prácticas.
* Gestión vertical. Deficiente coordinación intersectorial entre las Gerencias de Atención Primaria y los médicos/as y enfermeros/as de familia. Desconfianza mutua.
* Ausencia de información y participación real de los residentes y de sus familiares.
* Falta de transparencia en la información que impide el análisis, la evaluación y la investigación.
Experiencias sobre atención a la dependencia
Existen muchas experiencias en el mundo sobre la atención a la dependencia y a las personas mayores, en general son modelos que comparten los siguientes valores o ideas fundamentales:
– Atención integral —holística, humanista— y “centrada en la persona”. Este marco conceptual permite identificar las claves en la cuales se debe sustentar el apoyo y los cuidados.
– Fomento de la independencia y de la autonomía personal.
– Prevención temprana de la discapacidad de forma preferente.
– Centros abiertos a la comunidad en la que viven con la finalidad de favorecer el contacto exterior. Forjar alianzas comunitarias.
– Garantizar la seguridad y accesibilidad.
Desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) entendemos que habría que cambiar el contenido y el continente a la hora de abordar la problemática de las residencias, no se trata de hacer mini- hospitales u hospitales de crónicos, sino de arbitrar otra forma de atender la problemática de la vejez y la dependencia.
Propuestas para abordar el problema de la atención a las personas mayores y/o dependientes.
En este sentido pensamos que es preciso poner en práctica las siguientes propuestas:
1.- Aumento de la financiación pública a través de los impuestos centrales y autonómicos que garantice la atención de todas aquellas personas que lo necesiten. Suprimir las actuales deducciones fiscales que solo favorecen a los que más tienen. Incremento en los presupuestos generales de este año y de la partida que, presumiblemente, llegará de Europa.
2- Definir y establecer criterios que aseguren la equidad territorial como elemento básico de la justicia social entre el medio rural y urbano. Catalogar los tipos y características de los establecimientos que atienden a estas personas.
3- Modificar el actual modelo de residencia tanto para las personas con dependencia física como para los discapacitados psíquicos o personas con enfermedad mental. Es necesario crear nuevas residencias de pequeño tamaño, cercanas al entorno de las personas residentes, cerrar progresivamente las masificadas, crear pisos y apartamentos compartidos y, sobre todo, apostar por mantener a los mayores en sus viviendas habituales con ayudas profesionales para realizar actividades cotidianas. Favorecer entornos inclusivos. Rediseñar las habitaciones, los espacios comunes y dotarlos de medios tecnológicos que faciliten las actividades de la vida diaria y la comunicación con las familias y amigos para prevenir la soledad y el aislamiento, por ejemplo, en tiempos de pandemia.
4.- La gravedad de la mortalidad en las residencias (tanto en la primera como en la segunda ola de la epidemia, que coloca a estas como el principal determinante de la mortalidad COVID) debe obligar a realizar un giro estratégico para lo que es preciso realizar un gran esfuerzo político, económico y empresarial. Todas las nuevas residencias que se abran, para garantizar unos indicadores similares a los países desarrollado de la Unión Europea, deberán de ser de titularidad y gestión pública. A medio plazo, recuperar para la gestión pública las residencias que hayan externalizado la gestión con empresas y grupos privados; a largo plazo, reintegrar todas al sistema público de atención a la dependencia.
5.- Gestión horizontal apoyada en la participación significativa y efectiva de los trabajadores, usuarios y familiares. Actualizar y adecuar los instrumentos legales existentes a las nuevas demandas y necesidades, y modificar los que sean precisos para hacerlos eficaces, útiles.
6.- Incremento del personal que trabaja en las residencia, garantizando una formación específica de nivel medio en atención a mayores y condiciones laborales dignas. Suprimir la brecha de género que se da en este sector y que afecta a las condiciones laborales y de vida. Definir de forma precisa la ratio de atención según categoría laboral y nivel de dependencia.
7.- Transformar la actual planificación de la atención y los cuidados, y adoptar un enfoque integrado “centrado en la persona”, que suprima el cuidado rutinario, homogéneo y que estimule la independencia y la actividad física y mental, también en estados de dependencia severa.
8.- Formación especifica para favorecer el cambio de rol y contrarrestar las inercias y resistencias a la innovación deseable que proporcionan las evidencias científicas actuales.
9.- Establecer normas y criterios para que los servicios de inspección sean una realidad verificable y exigible por los trabajadores o los familiares. Impulsar una mejora continua.
10.- Coordinación efectiva con la Atención Primaria para que facilite la atención y la comunicación con su médico y enfermera de familia. Es prioritario definir de forma explicita las competencias y responsabilidades de cada sector de modo que se garantice una atención de calidad basada en unos cuidados integrales.
11.- Implantar sistemas de información compatibles entre administraciones que favorezcan el conocimiento, la evaluación y la investigación interna y externa.
Conclusiones
Los medios de comunicación han publicado con frecuencia noticias a cerca de la repercusión de la Covid-19 entre las personas que viven en las residencias, lamentablemente no siempre positivas. Tal hecho ha puesto de manifiesto la hondura del problema y la urgencia para abordarlo de forma seria y profunda. Que el sistema tenía vías de agua y que olía mal era patente.
Con asombro constatamos que, al igual que se ha sucedido con los hospitales en ciertas CCAA, varias empresas se han infiltrado y se han enriquecido con el beneplácito de las administraciones, y sin que la inspección pública haya ejercido sus responsabilidad de forma constante y eficaz.
Es primordial suscitar un diálogo social participativo entre todos los organismos de la Administración, las asociaciones de familiares y usuarios, colectivos sociales, trabajadores, sociedades científicas, etc, con conocimientos en este ámbito de la atención social. Contar con el apoyo de sociólogos expertos en este campo y antropólogos de la salud nos parece necesario para inducir, favorecer un análisis contextual necesario.
Tener presente los determinantes sociales a la hora del debate sobre el futuro del sistema de atención a la dependencia que se quiere, se necesita y se está dispuesto a financiar, ayudará a comprender mejor la diversidad y complejidad del actual momento. Deberíamos de aprender de la experiencia y que tantas muertes no hayan sido en balde.