La vejez, nuestro futuro

Presentación del Texto “La vejez: nuestro futuro – La condición de los ancianos después de la pandemia”

Pontificia Academia para la Vida y Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral

Hoy se ha presentado el texto “La vejez: nuestro futuro. La condición de los ancianos después de la pandemia”.

Compartimos aquí el texto completo de Mons Bruno-Marie Duffé, Secretario del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.

En su exhortación apostólica “Christus vivit”, que siguió al Sínodo sobre los jóvenes, la vocación y el discernimiento, el Santo Padre recordó el testimonio de un joven oyente del Sínodo de Samoa.

Este joven, dice el Santo Padre, habla de la Iglesia como de una ” una canoa, en la cual los viejos ayudan a mantener la dirección interpretando la posición de las estrellas, y los jóvenes reman con fuerza imaginando lo que les espera más allá ” (Christus vivit n.201).

Esta hermosa comparación de la Iglesia como una canoa puede aplicarse también a la sociedad. Porque si perdemos el consejo de los mayores, para avanzar en el « río », a menudo tumultuoso, de nuestra historia, corremos el riesgo de perder la memoria. Y al perder la memoria, perdemos también la esperanza.[1]

Los ancianos son nuestra memoria y, en esto, paradójicamente, son nuestra esperanza. Si nos basamos en su experiencia y sus descubrimientos, podremos continuar la aventura de la historia de la humanidad. Porque con la memoria, la esperanza es posible. La paradoja es que los antiguos siempre van un paso por delante. Ellos ya han pasado por lo que nosotros estamos pasando. Y pueden decirnos lo que pueden producir algunas de las experiencias que estamos viviendo por primera vez.

Por supuesto, está claro que cada persona viva tiene que seguir su propio camino. Porque, como dice San Agustín, “el camino sólo existe porque lo recorres”. El camino es, pues, la parábola de la existencia humana. Pero nunca estamos solos en este camino: los mayores nos pueden aconsejar y los más jóvenes nos pueden animar.

La cultura técnica, que sitúa la eficacia inmediata en el centro del pensamiento y de la vida, nos lleva, a menudo, a abandonar a los mayores, considerados menos “productivos”. Hay empresas industriales en las que se considera viejo a alguien con cincuenta años y, a veces, incluso se le despide en favor de una persona más joven y “agresiva”… El individualismo, analizado por el Papa Francisco en su última encíclica “Fratelli tutti”, como el pensamiento de un mundo cerrado y egocéntrico, participa de esta cultura en la que no necesitamos a los demás: no necesitamos a los viejos, no necesitamos a los que van más despacio. Los ancianos son, por definición, en esta cultura, “viejos”.

Esto tiene una doble consecuencia: las personas mayores, que ya no participan directamente en los procesos de producción económica, dejan de ser una prioridad en nuestra sociedad. Y, en el contexto de una epidemia, se les atiende después de los otros, los “productivos”, aunque sean más frágiles. El orden de acceso a la atención sanitaria de emergencia ha demostrado, en más de una ocasión, que no han podido beneficiarse de las terapias de asistencia respiratoria.

La otra cara de esta misma consecuencia es la ruptura del vínculo entre generaciones: los niños y los jóvenes ya no pueden reunirse con los mayores, que son mantenidos en estricto confinamiento. Esto ha provocado a veces trastornos psicológicos en algunos niños o jóvenes que necesitaban ver a sus abuelos. Al igual que los abuelos necesitaban ver a sus nietos, de lo contrario morirían de otro virus, quizá aún más grave: la pena.

Así que podemos decir que la crisis sanitaria generada por la Covid-19 ha sacado a la luz un importante componente de las relaciones sociales. La capacidad de afrontar el reto de la vida -sus incógnitas y alegrías- se basa, en parte, en la inspiración del diálogo entre generaciones. Un diálogo que puede ofrecerse a través de la palabra o del silencio, a través del dibujo que ofrece el niño y que todavía hace soñar al viejo. Por último, por la ternura de sus miradas que se cruzan y se animan.

Sueños y ternura. De eso se trata. Si los ancianos siguen soñando, los jóvenes pueden seguir inventando. Si la mirada del mayor alienta suavemente los proyectos del menor, ambos viven en una esperanza que atraviesa los miedos. Entonces podrán cumplirse las palabras del profeta Joel: “vuestros hijos profetizarán y vuestros ancianos tendrán sueños”. Todos los pedagogos y pastores que han llevado a los niños a los mayores saben que los niños nunca han olvidado este encuentro… de un campesino, un pescador, un artista, un inventor, un mendigo de la calle o un religioso en su monasterio. Porque el mayor sólo tiene una cosa que vivir: ofrecer lo que ha descubierto de la vida, para que el niño siga -y siempre- teniendo el gusto de descubrir e inventar la vida.

¿Con qué nos quedaremos de esta terrible experiencia de una enfermedad que ha afectado a todas las edades y a todos los pueblos? Algunos, tras haber vivido el sufrimiento de la separación, vuelven a aprender, en el seno de sus familias, el vínculo de la escucha y el cuidado entre generaciones. Otros guardan en su interior, en íntimo silencio y tristeza, la mirada de no haber hablado más con los que se han ido. Todos entendemos que esta memoria que llevan los ancianos, nos la hacen llegar en la “fragilidad de vasos de barro” -como sugiere el Apóstol San Pablo-.

En el tesoro de la memoria está, en efecto, la fe recibida y ofrecida: ese sabor de la vida eterna que ya ha comenzado. Por eso, las generaciones, al tomarse de la mano, en el gesto del afecto compartido, se ofrecen mutuamente conocimiento y sueños: una esperanza que no puede morir porque es el mismo don de Dios.

[1] Cf. La sabiduría del tiempo – un diálogo con el Papa Francisco sobre las grandes cuestiones de la vida – editado por Antonio Spadaro, Venecia, 2018) (Christus vivit n.196)

Hacia un nuevo modelo de residencias

Hacia un nuevo modelo de residencias: Gobierno y comunidades pactan establecer un sistema de evaluaciones que se hagan públicas

María Sosa Troya

El objetivo es que no sean los mayores y personas con discapacidad quienes se adapten al modo de vida en las residencias, sino que estas se amolden en lo posible a ellos, a sus rutinas e intereses: que los centros se asemejen mucho más al concepto de hogar y mucho menos al de institución. El Gobierno y las comunidades autónomas han comenzado a debatir los criterios mínimos que deben cumplir los servicios de dependencia, empezando por las residencias. Y han pactado las bases sobre las que se articulará el acuerdo, que debería estar listo en diciembre: se han comprometido a que este incluya el establecimiento de un sistema público de evaluación de la calidad de vida de los usuarios cuyos resultados serán públicos; a encaminarse al modelo de atención centrada a la persona, y a que las residencias se dividan en unidades de convivencia.

La negociación está aún en fase inicial, este mismo lunes se aprobaron los principios sobre los que girará el debate, pero un documento de trabajo presentado por el Ministerio de Derechos Sociales a las autonomías esboza la hoja de ruta de la negociación: potenciar la convivencia en el entorno donde están ubicados los centros, respetar la historia de vida de los residentes, aumentar su participación, visitas libres para los familiares, etc.

El Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y la Atención de la Dependencia, que reúne a las comunidades y al ministerio, se ha comprometido a llegar a un nuevo acuerdo de acreditación a final de año, es decir, un acuerdo sobre los mínimos que deben cumplir las entidades que ofrezcan servicios en el sistema de la dependencia: tanto las públicas como las que tengan plazas concertadas y las privadas que operan a través de una prestación vinculada (un dinero que se da al dependiente para que pague parte del coste, el resto lo pone de su bolsillo). En él, según lo pactado, se regularán varios aspectos. Por un lado, se fijarán estándares dirigidos a evaluar los resultados de los servicios en la calidad de vida de las personas, y por otro, deberán establecerse las ratios de trabajadores, requisitos de cualificación del personal, entre otros, empezando por las residencias de mayores.

Este acuerdo es uno de los puntos que contemplaba el plan de choque en dependencia aprobado el pasado enero, que ha supuesto este año la inyección de 600 millones de euros. El anterior acuerdo de acreditación, bastante escueto, data de 2008, aunque ha sufrido alguna modificación desde entonces. En él ya se recogía que en el plazo de 12 meses el Consejo Territorial debía fijar “indicadores y estándares esenciales de calidad para la evaluación” de los centros y servicios, algo que no se hizo. Se prevé que el primer borrador del nuevo acuerdo esté listo en otoño, que posteriormente haya un análisis del impacto presupuestario y que en diciembre se apruebe el acuerdo. Los plazos son apretados.

Las autonomías tienen la competencia en servicios sociales, y de hecho muchas están emprendiendo cambios normativos en este sentido, pero el ministerio tiene la labor de coordinación. Fuentes autonómicas de distintos partidos políticos precisan que comparten la filosofía del acuerdo. De hecho, todas votaron a favor de iniciar la negociación a partir del documento presentado por el ministerio, a excepción de Cataluña, que se abstuvo porque considera que hay “una invasión competencial clara”. Varias fuentes recalcan que para poder elevar los estándares se necesita financiación adicional a la del plan de choque. Y otras fuentes sostienen que estos criterios deberían aplicarse a las residencias de nueva construcción, pero no a las viejas, pues muchas no se adecúan a ellos y algunas se verían abocadas al cierre. Solo de mayores, se cuentan en España más de 5.000 centros. En el Consejo Territorial se ha pactado que en el documento final se especifiquen “los plazos de adecuación a los requisitos mínimos comunes para los servicios preexistentes”.

Rendición de cuentas y transparencia

En España no hay criterios comunes de evaluación del servicio en centros residenciales. Una investigación de EL PAÍS, publicada a principios de este mes, reveló que antes de la pandemia, de 2014 a 2019, diez comunidades tuvieron de media menos de una inspección de servicios sociales al año en residencias de mayores, e hizo públicos, por primera vez a nivel nacional, los nombres de las sancionadas en ese periodo. A diferencia de lo que sucede en otros países del entorno, en España los resultados de las inspecciones no se publican y las familias no disponen de información oficial que les sirva de referencia para elegir un centro u otro, así que fijar unos mismos estándares para evaluar los servicios en cuanto a la calidad de vida de los usuarios del sistema de dependencia, en el que se enmarcan las residencias, y hacer accesible esa información supondría una novedad importante. En Alemania, por ejemplo, los resultados de esa evaluación están publicados en la puerta de cada establecimiento.

El documento presentado a las comunidades por el Ministerio de Derechos Sociales, dirigido por Ione Belarra, que seguramente sufrirá modificaciones durante la negociación y también se presentará a patronal, sindicatos, asociaciones y expertos, describe los principios básicos que en su opinión debe incluir el acuerdo de diciembre. A partir de este texto se articulará la negociación. El ministerio plantea que es preciso abordar la creación de un sistema de evaluación público “que incorpore no solo los estándares mínimos que habrán de cumplir los servicios ligados” al sistema de la dependencia para su acreditación, algo de lo que se encargan las actuales inspecciones de las comunidades, “sino también los resultados en términos de calidad de vida de las personas”. Considera que debe incorporarse una “cultura de rendición de cuentas y de transparencia”, para que los usuarios puedan comparar servicios. Fuentes de Derechos Sociales explican, respecto al Consejo Territorial del lunes, que el debate proseguirá a lo largo de los próximos meses y que “el sistema de acreditación público mejorará los estándares de calidad en el sistema, y además dará una mayor transparencia, favorecerá el control de este tipo de centros”.

A partir de los principios básicos que se plantean en residencias, se esboza un cambio de modelo en estos centros. Según el documento, deben dividirse en pequeñas unidades de convivencia, con un número de mayores a decidir, estar decoradas con un “diseño de hogar”, contar con sala de estar, cocina, aseo y comedor, que podrán usar tanto ellos como sus familiares. También se propone mejorar las ratios de personal, a calcular en jornadas completas de trabajo por cada 10 residentes o por unidad de convivencia y no en personas contratadas (hay mucha parcialidad en el sector), y diferenciar entre las horas de apoyo durante el día y la noche, así como especificar la ratio de quienes atienden a los residentes en las actividades del día a día.

El ministerio propone un cambio gradual. Quiere que se eviten los horarios y normas rígidas y que, en lo posible, se trabaje con horarios personalizados, sin tanta rotación entre los cuidadores. Cada usuario que así lo desee contará con un plan de apoyos, que deberá evaluarse como mínimo anualmente en el centro, y para cuya elaboración se contará con el residente. Habrá profesionales de referencia para cada uno y sus familias. Según el documento, los centros con muchos internos (no se fija el número) deberán planificar en los próximos años reducir poco a poco la oferta, para adaptarse a este modelo, así como un plan de reducción del número de habitaciones compartidas, para que quien vaya a una doble sea por elección. Se precisa que los residentes puedan disfrutar en los espacios personales, como el baño y la habitación, de su intimidad y de su sexualidad.

En el texto se insiste en que una residencia no puede sustituir al sistema de salud, y ministerio y comunidades han pactado que el acuerdo recogerá el “acceso a la atención sanitaria proporcionada por el sistema de salud”, acreditando la coordinación con servicios sociales. Derechos Sociales considera que deben ser un servicio de proximidad, por lo que el documento indica que estarán conectadas con la vida social del entorno: “Los centros gueto”, desconectados de la comunidad, “ya no resultan admisibles”. Los usuarios deberán estar motivados a participar y tomar decisiones en su día a día, independientemente de los apoyos que precisen. Podrán recibir visitas siempre que lo deseen, deberá justificarse claramente cuando esto no sea posible. Y se plantean órganos de participación donde haya usuarios, familiares, trabajadores, dirección del centro y agentes locales. Las familias son “claves” para garantizar los buenos apoyos.

La vida en las Residencias tras la vacuna

La vida en las residencias tras la vacuna: “Ahora, si me tocan, ya no tengo miedo. He vuelto a relacionarme”
Los mayores recuperan sus planes a corto plazo tras recibir la inmunización, que ha rebajado la tensión en los centros
Por MARÍA SOSA TROYA
A veces se le olvidan las cosas, los nombres, pero no esa fecha: imposible. “Era el viernes 13 de marzo, yo estaba en la puerta del comedor y me dijeron que volviera inmediatamente a mi habitación”. De allí no salió en meses. Antonia Ramírez, 92 años, tiene marcado en el calendario el primer día de encierro en la residencia privada donde vive desde hace casi nueve años. Es la más veterana en el centro Ballesol 60, en Pozuelo de Alarcón, en Madrid. Está sentada al lado del carrito que porta una bombona de oxígeno a la que está conectada a causa de su enfermedad respiratoria. No usó las instalaciones comunes todo este tiempo por miedo. Ay, si ella, con lo que tiene, pillaba la covid. Y así estuvo hasta que se vacunó. “Se conoce que el cuerpo cogió un poco más de fuerza. Por la mañana no responde, pero por la tarde me voy atreviendo a bajar”, cuenta frente a un pañuelo que ha adornado ella misma en el taller de pintura. Sigue leyendo

Propuestas de FADSP para atender a la dependencia

TENEMOS QUE MODIFICAR LOS ACTUALES MODELOS DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA
Los datos demográficos y las proyecciones hasta el 2040 que proporcionan algunos estudios, siempre tomados con prudencia, auguran un aumento de personas que precisaran atención y prestaciones ligadas a la dependencia. Este hecho pone de manifiesto la necesidad urgente de reflexionar a cerca de la idoneidad y características de las prestaciones o servicios actuales, y sobre los variados modelos de atención, presentes en las distintas CCAA.
La pandemia del Covid-19 ha hecho visible, de forma cruda, las maltrechas entretelas que sustentaban el sistema de atención de las personas dependientes, discapacitadas o con enfermedad mental, cuyo hogar habitual es una institución residencial. Una realidad expuesta en ocasiones por los familiares y organizaciones cercanas al sector sociosanitario.
La aprobación de la ley, en diciembre del 2006, para la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia, tenia como finalidad poner en pie y garantizar el cuarto pilar del Estado del Bienestar, que junto a la educación, las pensiones o la sanidad, forma parte de los derechos universales sociales.
Este hecho supuso un avance esperanzador. Sin embargo, el balance no es positivo. No ha conseguido dar respuesta de forma satisfactoria a las demandas existentes, ni entonces ni ahora. Su andadura fue lenta, desigual su ejecución en las diferentes CCAA, su desarrollo incompleto y la implantación de ”bajo coste”, ha configurado un sistema inapropiado e insuficiente para responder a las crecientes demandas . Además, la aprobación del RLD 20/12/2012, provocó el recorte de varios servicios y prestaciones. Todo ello ha derivado en el actual panorama: no se cumplen los requisitos de cobertura y de calidad deseable, porque no llega a todas las personas que lo necesita o porque los servicios que se prestan son mínimos.
Cobertura de los servicios residenciales
No resulta sencillo acceder a una información rigurosa y contrastable sobre la atención a la dependencia dada la variabilidad existente, y además, por la ausencia de transparencia informativa propia del sector. La diversidad se manifiesta, tanto en cuanto a la inversión, como a los modelos y características de los cuidados, a los tipos de gestión, o la organización interna de los residentes, lo que dificulta sobremanera, tener un mapa real de la situación por CCAA, responsables de los recursos sociosanitarios.
Según datos del IMSERSO (2019), en España había unos 5.457 centros residenciales para personas mayores, 4.063 de ellos (74,5%) son de titularidad privada y 1.394 (25,5%), son públicos. En total, sumarían 381.158 plazas, lo que representa un índice de cobertura del 4,21%, el cual varía significativamente entre el 7,6% de Castilla y León y el 1,42% de Murcia. Una desigualdad de acceso evidente.
Por otro lado existen diversos tipos de gestión que van desde la totalmente pública a la totalmente privada pasando por diversos modelos de la llamada colaboración público-privada no siempre fáciles de identificar porque con frecuencia residencias de titularidad pública están gestionadas en todo o en parte por empresas privadas.

Los principales problemas detectados son:
* Insuficiente presupuesto público destinado a la atención a la dependencia.
* Predominio desmesurado de la financiación privada sobre la pública, con notables diferencias entre CCAA. Número de plazas escasas.
* Baja cobertura de las necesidades y demandas de las personas dependientes y de sus familias.
* Carencia de recursos humanos bien formados y de materiales técnicos suficientes y actualizados. Personal mal pagado, con contratos precarios y escaso reconocimiento social. Son frecuentes las rotaciones y cambio de personal que no favorece el establecimiento de lazos de referencia.
* Desigualdad laboral ligada al género de las cuidadoras.
* Estructuras físicas inadecuadas. Complejos residenciales híbridos entre el hotel y el hospital o entre el chalet y las “guarderías para mayores”.
* Cuidados estandarizados, rutinarios, despersonalizados en muchos casos, y centrados en las “tareas” prácticas.
* Gestión vertical. Deficiente coordinación intersectorial entre las Gerencias de Atención Primaria y los médicos/as y enfermeros/as de familia. Desconfianza mutua.
* Ausencia de información y participación real de los residentes y de sus familiares.
* Falta de transparencia en la información que impide el análisis, la evaluación y la investigación.
Existen muchas experiencias en el mundo sobre la atención a la dependencia y a las personas mayores, en general son modelos que comparten los siguientes valores o ideas fundamentales:
– Atención integral —holística, humanista— y “ centrada en la persona”. Este marco conceptual permite identificar las claves en la cuales se debe sustentar el apoyo y los cuidados.
– Fomento de la independencia y de la autonomía personal.
– Prevención temprana de la discapacidad de forma preferente.
– Centros abiertos a la comunidad en la que viven con la finalidad de favorecer el contacto exterior. Forjar alianzas comunitarias.
– Garantizar la seguridad y accesibilidad.
Desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública entendemos que habría que cambiar el contenido y el continente a la hora de abordar la problemática de las residencias, no se trata de hacer mini- hospitales u hospitales de crónicos, sino de arbitrar otra forma de atender la problemática de la vejez y la dependencia. En este sentido pensamos que es preciso poner en práctica las siguientes propuestas:
Once propuestas para abordar el problema de la atención a las personas mayores y/o dependientes.
1.- Aumento de la financiación pública a través de los impuestoMs centrales y autonómicos que garantice la atención de todas aquellas personas que lo necesiten. Suprimir las actuales deducciones fiscales que solo favorecen a los que más tienen. Incremento en los presupuestos generales de este año y de la partida que presumiblemente, llegará de Europa.
2- Definir y establecer criterios que aseguren la equidad territorial como elemento básico de la justicia social entre el medio rural y urbano. Catalogar los tipos y características de los establecimientos que atienden a estas personas.
3- Modificar el actual modelo de residencia tanto para las personas con dependencia física como para los discapacitados psíquicos o personas con enfermedad mental. Es necesario crear nuevas residencias de pequeño tamaño, cercanas al entorno de las personas residentes, cerrar progresivamente las masificadas, crear pisos y apartamientos compartidos y sobre todo apostar por mantener a los mayores en sus viviendas habituales con ayudas profesionales para realizar actividades cotidianas. Favorecer entornos inclusivos. Rediseñar las habitaciones, los espacios comunes y dotarlos de medios tecnológicos que faciliten las actividades de la vida diaria y la comunicación con las familias y amigos para prevenir la soledad y el aislamiento, por ejemplo, en tiempos de pandemia.
4.- La gravedad de la mortalidad en las residencias (tanto en la primera como en la segunda ola de la epidemia, que coloca a estas como el principal determinante de la mortalidad COVID) debe obligar a realizar un giro estratégico para lo que es preciso realizar un gran esfuerzo político, económico y empresarial: Todas las nuevas residencias que se abran para garantizar unos indicadores similares a los países desarrollado de la Unión Europea deberán de ser de titularidad y gestión pública. A medio plazo recuperar para la gestión pública las residencias que hayan externalizado la gestión con empresas y grupos privados. A largo plazo reintegrar todas al sistema público de atención a la dependencia.
5.- Gestión horizontal apoyada en la participación significativa y efectiva de los trabajadores, usuarios y familiares. Actualizar y adecuar los instrumentos legales existentes a las nuevas demandas y necesidades, y modificar los que sean precisos para hacerlos eficaces, útiles.
6.- Incremento del personal que trabaja en las residencia, garantizando una formación específica de nivel medio en atención a mayores y condiciones laborales dignas. Suprimir la brecha de género que se da en este sector y que afecta a las condiciones laborales y de vida. Definir de forma precisa la ratio de atención según categoría laboral y nivel de dependencia.
7.- Transformar la actual planificación de la atención y los cuidados, y adoptar un enfoque integrado “centrado en la persona”, que suprima el cuidado rutinario, homogéneo y que estimule la independencia y la actividad física y mental, también en estados de dependencia severa.
8.- Formación especifica para favorecer el cambio de rol y contrarrestar las inercias y resistencias a la innovación deseable que proporcionan las evidencias científicas actuales.
9.- Establecer normas y criterios para que los servicios de inspección sean una realidad verificable y exigible por los trabajadores o los familiares. Impulsar una mejora continua.
10.- Coordinación efectiva con la Atención Primaria para que facilite la atención y la comunicación con su médico y enfermera de familia. Es prioritario definir de forma explicita las competencias y responsabilidades de cada sector de modo que se garantice una atención de calidad basada en unos cuidados integrales.
11.- Implantar sistemas de información compatibles entre administraciones que favorezcan el conocimiento, la evaluación y la investigación interna y externa.

Conclusiones
Los medios de comunicación han publicado con frecuencia noticias a cerca de la repercusión del Covid-19 entre las personas que viven en las residencias, lamentablemente, no siempre positivas. Tal hecho ha puesto de manifiesto la hondura del problema y la urgencia para abordarlo de forma seria y profunda. Que el sistema tenía vías de agua y que olía mal, era patente.
Con asombro constatamos, que al igual que se ha sucedido con los hospitales en ciertas CCAA, varias empresas se han infiltrado y se han enriquecido con el beneplácito de las administraciones, y sin que la inspección pública haya ejercido sus responsabilidad de forma constante y eficaz.
Es primordial suscitar un dialogo social participativo entre todos los organismos de la administración, las asociaciones de familiares y usuarios, colectivos sociales, trabajadores, sociedades científicas, etc, con conocimientos en este ámbito de la atención social. Contar con el apoyo de sociólogos expertos en este campo y, antropólogos de la salud, nos parece necesario para inducir, favorecer un análisis contextual necesario.
Tener presente los determinantes sociales a la hora del debate sobre el futuro del sistema de atención a la dependencia que se quiere, se necesita y que se está dispuesto a financiar, ayudará a comprender mejor la diversidad y complejidad del actual momento. Deberíamos de aprender de la experiencia y que tantas muertes no hayan sido en balde.
Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública
Noviembre de 2020

Residencia de GAlicia intervenida

Ancianos encerrados, colchones rotos, goteros en las lámparas: la denuncia de los trabajadores de una residencia intervenida por la Xunta con 95 positivos
El centro, explotado por Residencia Salvatierra S.L. se encuentra intervenido por la Xunta tras la proliferación de casos de COVID entre usuarios y trabajadores
Una de las imágenes aportadas en la denuncia por las condiciones en la residencia de Salvaterra de Miño
Gonzalo Cortizo
Los trabajadores de una residencia de ancianos de Salvaterra do Miño (Pontevedra) denuncian la situación dantesca en la que se encuentra un centro con capacidad para 108 ancianos y que tiene en la actualidad un total de 95 positivos por COVID, entre usuarios y trabajadores. El centro, según el escrito remitido a la Xunta de Galicia, carece de las mínimas medidas de higiene y presta un servicio que no garantiza el derecho a la dignidad de las personas que viven en su interior. Ancianos a los que se encierra bajo llave, que duermen en colchones rotos y cuyos goteros para recibir fármacos se cuelgan de las lámparas. El centro, intervenido por la Xunta hace dos semanas, carece de material de higiene y, según sus trabajadores, en él hay una palangana para cada 30 internos con la que se realizan las labores de aseo diario. El Gobierno de Feijóo asegura que estudiará la denuncia que firma la Asociación de Traballador@s de Residencias de Galicia (Trega).
En la denuncia, dirigida a la Secretaría Xeral Técnica y a la Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade, la asociación asegura que las dependencias del centro “no reúnen las mínimas condiciones de mantenimiento ni salubridad, no ya para atender a personas mayores, sino para cualquier tipo de alojamiento”. Trega explica que las camas camas de la residencia “no son clínicas” y que no pueden elevarse, algo “fundamental” para aquellos que padecen patologías respiratorias, como es el caso de la COVID-19, y para administrarles los alimentos, ya que “pueden atragantarse y sufrir una broncoaspiración grave con resultado de muerte”. Esto lleva a que los empleados tengan “como única opción colocar una almohada debajo”. Los colchones “no son viscoelásticos sino de muelles y están totalmente rotos y sucios”, mientras que tampoco hay ayudas técnicas como grúas para mover a los ancianos o elevarlos para cambiarles el pañal.
Las habitaciones también tienen “deficiencias” de material y un “nulo mantenimiento”. De hecho, ni siquiera tienen palos de gotero para colgar la medicación intravenosa, que tiene que colgarse “de las lámparas”. A esto se suma que los residentes “permanecen cerrados con llave en sus habitaciones”, una práctica contraria a la normativa de servicios sociales. “Una residencia no es una cárcel. Aunque se debe cumplir un aislamiento (por la COVID-19), los usuarios deben tener la posibilidad de pedir ayuda si la precisan”, asevera la asociación de trabajadores.
Una de las puertas de las habitaciones de la residencia de Salvaterra con la llave echada
Instalaciones para el personal deficientes
En lo referente a las dependencias de la plantilla, Trega relata que “los platos de ducha están rotos y oxidados y su uso implica un riesgo para la salud”. “Además, todo el vestuario está revuelto, las taquillas no tienen llave y están permanentemente abiertas, hay ropa colgada fuera de ellas”, continúa la asociación en su escrito, en el que recuerda que el centro cuenta con decenas de empleados contagiados de COVID-19.
En este sentido, Trega reconoce que la Xunta envió refuerzos para la plantilla tras la intervención, pero explica que se les habilitó el gimnasio como vestuario, un sitio que emplean “como una especial de almacén para todo” y en el que “no hay ni taquillas, ni aseos, ni ducha”.
Tampoco hay “las mínimas existencias de material” para que los profesionales realicen su trabajo, por lo que, siempre según Trega, para aseos y cambios de pañal a personas encamadas “solamente disponen de una palangana para cada 30 usuarios”.
Desde la Consellería de Política Social, que desde finales de octubre se hace cargo del geriátrico han asegurado a Europa Press que “analizará con detenimiento” todo lo que relata la asociación Traballadores de Residencias de Galicia. “En caso de que se constate algún incumplimiento de la normativa, como es natural y como ocurre en todos los casos, se actuará en consecuencia”, ha añadido la Administración.

Las residencias ante la 2ª ola del coronavirus

Errores y lecciones aprendidas en las residencias de mayores para no repetir la “tormenta perfecta” de la primera ola
Un informe del CSIC analiza las debilidades del sistema y recomienda buenas prácticas de cara a combatir mejor la COVID-19 en estos centros: algunas de sus clave son hacer muchos test, mejorar la comunicación con Atención Primaria y contratar más personal
Sergio Ferrer
Hablar de la pandemia de coronavirus en España es hacerlo del impacto que tuvo la COVID-19 en las residencias de mayores durante la primera oleada. El Gobierno ha cifrado en algo más de 20.000 las persona fallecidas en estos centros, lo que supone un porcentaje importante del total de muertes. Ahora que la segunda oleada ha vuelto a poner en el foco a estos lugares, un reciente informe, publicado por el Instituto de Política y Bienes Públicos del CSIC, analiza la gestión de las residencias, las dificultades a las que se enfrentaron y las lecciones aprendidas para este nuevo incremento de contagios.
El proyecto comparará 15 países europeos para analizar cómo ha afectado la pandemia a las residencias de mayores, aunque de momento solo está disponible la versión del caso español. El investigador del CSIC y coautor del informe, Francisco Javier Moreno, adelanta a elDiario.es que “lo que ha pasado aquí es muy parecido a lo que ha pasado en todos los demás países europeos”.
El investigador considera importante tener en cuenta ese contexto. “No nos exime de responsabilidad, pero la autoflagelación tampoco conduce a nada cuando a todos nos ha pillado desprevenidos, tanto la pandemia como su impacto en un colectivo muy vulnerable que además está agrupado en espacios de alta densidad”. La sensación inicial, en todos los países analizados, era de “incredulidad”.
“No era inevitable que ocurriera, pero es lógico que lo haya hecho. Otra cosa es cómo hemos respondido”. Aquí empieza el análisis de Moreno, basado en 25 entrevistas a responsables de residencias y de gestión de servicios sociales y sanidad. Su objetivo: “Ver qué se puede hacer mejor y sacar lecciones para que no vuelva a ocurrir”. En este sentido, el informe interno de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales adelantado por El País esta semana llega a conclusiones similares tras analizar un conjunto de 30 factores que contribuyeron a lo que se define como una “tormenta perfecta”.
“Si hay un mensaje optimista es que hemos aprendido mucho”, dice el investigador. “Algunas cosas empezaron mal pero al final ya se respondía mejor”. Todo esto en un sector con grandes fallos estructurales que requieren medidas a medio y largo plazo: “El problema de fondo es de recursos y financiación”. Aun así, Moreno destaca buenas prácticas, “más inmediatas”, que ya se pueden implementar e incluso imitar de otras Comunidades Autónomas.
“Nada es gratis, pero hay prácticas que han sido muy útiles, no son tan complicadas ni implican costes muy elevados, pero permitieron responder de forma muy eficaz y fueron clave para frenar la expansión de la pandemia entre los residentes de estos centros”. Puestos a invertir recursos, dice Moreno, “conviene enfatizar” estas estrategias.
Lección 1: conectar el mundo sanitario y el de los cuidados
Moreno apunta al primer fallo como el más grave. Se refiere a la “desconexión” entre el sistema sanitario y el de cuidados. “No quiere decir que no se hablaran, pero en la práctica los centros de Atención Primaria están desbordados y suelen delegar el seguimiento de los pacientes de las residencias a los médicos que trabajan en ellas”.
Esto hacía que “no fuera común” que los médicos de Primaria visitaran a los mayores de los centros, pero no provocó “excesivos problemas” durante la calma. Y entonces llegó la COVID-19. “Al empezar la pandemia se mostró que esto es insuficiente y que hace falta una implicación del sistema sanitario mucho mayor, empezando por los centros de Atención Primaria”, defiende Moreno.
Cuando las Comunidades Autónomas intervinieron las residencias con casos de coronavirus, “se nombró a una persona que hiciera de vínculo entre el sistema sanitario y la residencia”. En general, enfermeros de los centros de salud de la zona. “Pasaban buena parte de su jornada laboral en la residencia y su presencia facilitó la articulación entre sistemas”. Moreno asegura que los directores de estos centros “querrían que esta mejor conexión se mantuviera más allá de la pandemia”.
Lección 2: no discriminar pacientes por su origen
Son bien conocidos los casos en los que se negó la derivación de residentes hacia hospitales. “Sabemos que ha ocurrido, pero no se trata de demonizar ni plantear la judicialización, porque lo que ocurría era que en los hospitales no había camas”, dice Moreno. En ese contexto, los médicos deben tomar duras decisiones según la capacidad de supervivencia a una intervención en UCI. “Cuando hay recursos escasos los médicos tienen que priorizar, la clave es no discriminar por venir de una residencia sino por el estado de salud de la persona”.
“No se puede aceptar que el criterio de negación de acceso a la UCI fuera venir de una residencia, porque había personas viables por mucho que tuvieran COVID-19”, lamenta Moreno. El investigador explica que la mejora en la coordinación entre el sistema sanitario y social “evitó” estas situaciones de discriminación “y se empezó a avanzar a un sistema mucho más centrado en la evaluación individual de los pacientes”.
Lección 3: aislamiento radical
La infraestructura de cada residencia “facilitó o dificultó” el necesario “aislamiento radical” de los pacientes contagiados y sospechosos. “Algunas residencias tenían varias plantas, otras incluso tenían espacios autónomos como apartamentos, con más margen para la separación”, comenta Moreno.
Lo fundamental es, según el experto, “que cuando surja un caso, sospechoso o confirmado, se saque a esa persona de la residencia” para que otros residentes vulnerables no enfermen. “Aislarlas internamente es buena opción, pero sacarlas es mucho mejor”.
Aquí el informe muestra distintas prácticas entre Comunidades Autónomas. “[La separación] depende de los recursos disponibles, pero vale la pena [invertirlos] si así se frena la expansión de la infección en la residencia, y se pueden llegar a inventar donde no existan”.
Moreno cita ejemplos como Asturias y Aragón, donde se usaron infraestructuras vacías como espacios intermedios para llevar a los infectados. Por ejemplo, “residencias que no estaban en funcionamiento”. En caso de necesidad, sugiere también el uso de hoteles medicalizados.
Este aislamiento es mucho más complicado de lo que parece en personas que no son plenamente autónomas: “Aunque cerremos las residencias van a tener que interactuar, porque tienen que venir cuidadores a darles de comer”. A todo esto hay que añadir el impacto de obligar a que los mayores se encierren en su cuarto, cuyas consecuencias cognitivas y físicas están todavía están por explorar.
Lección 4: test, test, test
Confirmar los casos de COVID-19 es siempre buena idea, también en las residencias de mayores. “Todo mejoró mucho cuando aumentó la capacidad de hacer test”, asegura Moreno. Del dicho al hecho, por desgracia, hay un trecho.
“Necesitamos hacer test periódicamente a todos los residentes, pero también a los trabajadores”, comenta. “La capacidad diagnóstica sigue tensionada y no es suficiente. En muchos casos, hasta ahora, se limitan a empleados que, por ejemplo, vuelven de vacaciones.
Lección 5: contratar más personal para crear grupos burbuja
La precariedad de los profesionales que trabajan en las residencias es otro factor estructural que, sin embargo, admite cierto margen de maniobra en el corto plazo. Plantillas muy ajustadas, contratos, salarios, carga de trabajo… “Todo estaba ya tensionado y con la pandemia explotó”, explica Moreno. Así empezaron las bajas entre empleados infectados, de riesgo o con miedo a contagiarse.
En medio de esta tensión, el informe de Moreno detecta otra buena práctica: crear grupos de trabajo que interactúen solo con un conjunto de residentes. En otras palabras, segmentar también a los trabajadores en una estrategia similar a la que siguen hoy algunos colegios. “Así, si alguno se contagia, el potencial grupo de infectados está acotado”.
El problema es que esto requiere una plantilla lo suficientemente grande para atender a los residentes de esta forma. “Conseguir personal fue una pesadilla, cuando los incentivos laborales y salariales no eran buenos”, asegura Moreno, que considera una “paradoja” que esto suceda en un país “con tasas de paro brutales” incluso “en personas formadas en gerontología y cuidados de mayores”.
¿La solución? Moreno explica que los gobiernos autónomos optaron por “poner a disposición de las residencias sus propias listas de personal y bolsas de trabajo”, que aprovecharon para suplir las bajas.
Lección 6: Un trabajo poco valorado
Moreno apunta a un sentimiento generalizado en su informe: “Los trabajadores de las residencias comentaban de forma explícita que su trabajo no era valorado adecuadamente, que se sentían estigmatizados”. Criticaban así las acusaciones de no cuidar adecuadamente a los mayores o incluso de maltratarlos.
“Sentían que se les señalaba con el dedo cuando la mayoría se desvivía por estas personas, trabajaba muy por encima de los horarios laborales y eran su única conexión con el resto del mundo”, añade. “Decían que eran los únicos que estaban dándoles la mano y acariciándoles en sus últimos momentos, pero al mismo tiempo se les atacaba”. Por eso, Moreno cree necesaria una “reflexión” sobre “cómo valoramos a estos profesionales que también han hecho frente a la pandemia”, aunque no estuvieran en nuestras mentes durante los aplausos.
De forma similar, el informe señala que la falta de conexión entre el sistema sanitario y social es debida a obstáculos muy grandes entre ambos mundos. “Tienen visiones diferentes, se prioriza más la parte sanitaria y se tolera más el sufrimiento en la parte social, cuyos profesionales sienten que los médicos no les respetan lo suficiente”, aclara Moreno. La solución, en su opinión, es “asumir que cada uno tiene su papel y ambos son importantes y necesitan presupuesto”.
Residencias vs. atención domiciliaria: el caso escandinavo
A falta del informe definitivo que compare la gestión entre países, Moreno adelanta que “casi la mitad de fallecidos por COVID-19” lo hicieron en residencias. No solo en España, sino también en Reino Unido, Francia, Holanda, Bélgica e Italia, entre otros.
El investigador considera que hay elementos estructurales que pueden tener un papel clave en esta situación generalizada en residencias. “En los países escandinavos buena parte del cuidado se hace a domicilio, donde las personas siguen viviendo aunque sean dependientes”. Asegura que, a partir de los años 90, se fue desmontando el sistema de residencias establecido en los 60. En casos extremos, “se transfiere a la persona a domicilios adaptados en los que mantienen la mayor autonomía posible”.
Esta situación difiere de las grandes residencias con gran cantidad de mayores juntos que, en España, “llegan tras agotar sus años de autonomía y requieren muchísimo más personal”. Este grupo “de edad muy avanzada, nivel de dependencia muy elevado, con múltiples enfermedades crónicas y comorbilidades” es “muy vulnerable” a la COVID-19.
¿Preparados para el siguiente golpe?
Mientras los casos de covid-19 aumentan en toda Europa, ¿qué pasará en las residencias este invierno? “Yo creo que el impacto va a ser mucho menor”, dice Moreno, que confía en que no se vuelvan a repetir situaciones dramáticas. “Habrá contagios, ya los hay, pero se ha aprendido a no infravalorar el riesgo de la pandemia”.
Además, Moreno cree que las Comunidades Autónomas prestarán más atención a este sector. “En la primera oleada hubo la sensación de que había que priorizar los hospitales y las residencias se dejaban de lado”, dice, y pone en duda que esto vuelva a pasar “en la mayoría” de regiones. “Son conscientes de que la concentración de vulnerabilidad era mayor y que tenían que intervenir”.
“La implicación entre servicios sociales y sanitarios también va a ser más intensa, porque no ha dejado de serlo durante el período intermedio y ahora está más engrasado para la segunda oleada”. Esto, sin contar la “mayor capacidad de hacer test” y “los mecanismos para suplir trabajadores”.
“Eso no quiere decir que no haya que estar atento y aplicar lo aprendido”, advierte. “Algunas Comunidades Autónomas podrían aprender de otras, pero si hacemos todo esto cuando surja un brote seremos capaces de frenarlo”.

¿OBEDIENCIA DEBIDA O DESOBEDIENCIA DEBIDA?


Por Jesús Sastre

Este interrogante nos invita a reflexionar sobre lo ocurrido en la Comunidad de Madrid y en otras comunidades del territorio nacional en la primera ola de la pandemia. La realidad pura y dura ha sido que los consejeros de sanidad dieron o abalaron normas que impedían derivar a mayores de las residencias con determinadas patologías o condicionamientos, enfermos de Covid-19 o con síntomas compatibles, a los hospitales para ser tratados de forma tal que pudieran recuperar la salud o, al menos, morir con las mínimas ayudas médicas para evitar sufrimiento inútil. Ni que decir tiene que, con los condicionamientos puestos para los ingresos, la mayor parte de los residentes quedaban, de entrada, excluidos de traslado a hospitales. Para llevar esto a cabo, se designaron médicos geriatras en hospitales de referencia para las residencias de cada zona de salud. Las residencias no podían derivar a residentes a hospitales sin la autorización explícita del geriatra asignado. Si se pedía la ambulancia, esta no venía por falta de autorización. Los directores, gerentes y presidentes de patronatos de las residencias se sometieron a estas normas que venían de las autoridades autonómicas y de los geriatras de contacto. La consecuencia ha sido que un gran número de mayores murieron en las residencias sin ninguna ayuda médica ni soporte sanitario, ahogados en sus dificultades respiratorias, sin ningún cuidado paliativo y en la más absoluta soledad y desamparo. Ante esta tremenda injustica denunciamos legal y moralmente estas actuaciones por las siguientes razones:
1. Las autoridades autonómicas que dieron estas órdenes han vulnerado la Constitución Española que en su artículo 43 (cap. III: “De los principios rectores de la política social y económica”) del Título I de la Constitución. El artículo 53.3 de la Carta Magna dispone que el reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el mencionado capítulo informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos.
2. Alegar que el motivo para dar unas normas que contravienen gravemente lo dispuesto en la Constitución se justifica porque la pandemia nos había pillado a todos por sorpresa, que los hospitales estaban desbordados, que había que descartar a los que tuvieran menos posibilidades de curación (es decir, que su vida valía menos que la de otros más jóvenes o con menos patologías), es una tremenda falacia, pues había soluciones que no se han puesto en práctica. A modo de ejemplo: se podían haber derivado a hospitales privados puestos a disposición de las autoridades, haber medicalizado las residencias o habilitar más centros para atender a pacientes de Covid-19. Si en algo se debería haber gastado el dinero público, es decir, de todos es en estas medidas. Consta que la Comunidad de Madrid no derivó a hospitales privados que sí tenían capacidad y recursos para atender a pacientes. Los residentes que tenían seguro privado de salud sí fueron derivados a hospitales privados. ¿Dónde queda la igualdad de todos los españoles en deberes y derechos? ¿Qué conlleva un seguro privado que sea superior en prestaciones básicas al contrato social que regula el Sistema Nacional de Salud? Las autoridades autonómicas de Madrid, tan proclives a privatizar los servicios públicos, han propiciado esta injusticia.
3. Los geriatras de enlace tendrían que haberse negado a cumplir las directrices autonómicas por los siguientes motivos: se trataba de normas ilegales que contravenían derechos constitucionales; además. eran normas inmorales puesto que al no prestar la ayuda debida se dejaba morir de “mala manera” a muchos mayores; y se pedía a los geriatras de referencia algo intrínsecamente contrario a la deontología propia de su profesión que exige salvar vidas, no dejar morir de cualquier manera. ¿Por qué estos médicos especialistas no desobedecieron las
2


normas dadas por las autoridades sanitarias de la comunidad autónoma? Stanley Milgran, psicólogo norteamericano, en 1961 hizo un experimento para medir la disposición de un participante a obedecer órdenes de la autoridad, aunque estas produjeran sufrimiento insoportable y entraran en conflicto con la conciencia personal. El 20% de los participantes se negó; el resto de los participantes cumplieron las órdenes justificándose en la “obediencia debida”, aunque reconocían que las órdenes eran manifiestamente injustas e inmorales. Milgran se hizo estas preguntas: “¿La obediencia que se rinde al superior jerárquico es circunstancia eximente de responsabilidad en los delitos? ¿Seremos capaces, antes de determinadas decisiones, de actuar en base a nuestra responsabilidad, antes que justificarnos en la obediencia debida?” La objeción de conciencia es la “última barrera al mal”. El sentido de la Justicia obliga a desobedecer, porque hay algo superior a las leyes positivas. Por eso la objeción de conciencia ante determinadas órdenes ilegales e inmorales es un deber. En caso contrario, como ha ocurrido en la primera ola de la pandemia, aparece la “banalidad del mal”. Esta expresión la elabora Hannh Arendt después de comprobar cómo Adolf Eichmann en el juicio al que fue sometido en Jerusalén se justificaba con mucha frialdad diciendo que había obedecido órdenes y que cumplió con su trabajo (“exterminar judíos”). Detrás de la “banalidad del mal” se esconde el mal a gran escala, tanto cualitativa como cuantitativamente. Al respecto, el Tribunal Supremo de nuestro país ha dictaminado que no cabe la exención de responsabilidad por actuaciones “por razón de la obediencia debida”, ni siquiera en la jurisdicción militar. El ordenamiento legal en una democracia “obliga al no cumplimiento de una orden que constituya delito o infrinja el ordenamiento jurídico”. Y el pleno de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo dice que “no debe confundirse la obediencia jerárquica con la obediencia debida”. En un sistema democrático “prima el cumplimiento de la ley, de la que proviene toda autoridad, y no es posible ocultarse detrás de una orden para incumplir una ley y no tener responsabilidad, pues nadie está por encima de la ley”.
4. Lo dicho en el punto anterior referido a los geriatras de referencia valdría, en su grado de aplicación, a los directores, gerentes y presidentes de patronato de las residencias, pues también ellos tendrían que haberse negado a obedecer las órdenes de las autoridades sanitarias de la comunidad y las decisiones de los gerentes de referencia. ¿Qué habrían podido hacer? Denunciar estos hechos a la Fiscalía, llevar este gravísimo asunto a la opinión pública, haber conjuntado a los familiares de los residentes para una acción común, haber llamado a ambulancias privadas para el traslado de residentes enfermos (y después pasar la factura a la administración), etc. Se limitaron a declararse impotentes, desbordados y, como buenos eslabones de la cadena, a pasar la responsabilidad a los que estaban por encima, administración autonómica y geriatras. El resultado ha sido la muerte de muchos residentes en situaciones dramáticas. Es necesario esclarecer las diferentes responsabilidades sin obviar este asunto diciendo que “en todos los sitios ha pasado lo mismo”; hay responsabilidades personales que son ineludibles. Sin duda alguna algo más, mucho más podrían haber hecho los responsables. Pensemos por un momento si la mayor parte de los geriatras se hubieran negado a cumplir las órdenes, ¿qué habría pasado? Si los responsables de las residencias se hubieran movilizado y movilizado a los familiares y a la sociedad, ¿qué habría pasado? Sin duda alguna, las cosas hubieran ido por otros cauces.
3


5. Dwight Macdonald escribió en 1945 en el escrito “La responsabilidad de los intelectuales”: “Qué maravilloso es la capacidad de poder ver justo lo que se tiene delante”. Especialistas en ética filosófica, expertos en jurisprudencia, teólogos moralistas, especialistas en Bioética, etc., deberían ayudarnos a clarificar y a valorar jurídica y moralmente lo sucedido en las residencias. No podemos quedarnos pasivamente en las “convenciones instituidas” como una manera fácil de “eludir las complejidades morales e intelectuales” ante las actuaciones con los mayores en residencias en los meses de marzo y abril. No podemos, por omisión, hacer que los graves errores de nuestros gobernantes y de los que ejecutaron sus órdenes queden como algo inevitable y, por tanto, excusable. Ojalá veamos “lo que tenemos delante”.

Dice Isaac Asimov: “1. Un robot no puede hacer daño a un ser humano o, por inacción, permitir que un ser humano sufra daño. 2. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estas órdenes entrasen en conflicto con la Primera Ley”. La obediencia de un profesional en la administración no es la obediencia de un autómata. El profesional razona, tiene conciencia y es responsable de sus actos. Por lo mismo, ha de rechazarse que los que así actuaron (geriatras y responsables de las residencias) sean un “diente de una rueda” en una maquinaria que por dejación en la prestación de auxilio sanitario ha sido una máquina de muerte.
Madrid, 16 de octubre de 2020
Jesús Sastre García

Los pensionistas desconfían del Pacto de Toledo

“Va en contra de las pensiones públicas”
• Distintos grupos de pensionistas creen que el acuerdo del Pacto de Toledo no resolverá los grandes problemas del sistema de pensiones
• Sospechan que servirá para introducir a nivel estatal un modelo parecido al vasco de Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV) o al británico
• El Ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, es partidario de un “fondo de pensiones de empleo de carácter abierto”

Por Sara Montero

Imagen de una manifestación de pensionistas. / Efe
Compartir Distintos grupos de pensionistas creen que el acuerdo alcanzado por la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso no solo no resolverá los problemas del sistema de pensiones, sino que además, creen que le pone la alfombra roja a la entrada de modelos como la famosa ‘mochila austriaca’, la ‘vasca’ o la ‘británica’. “Estamos en contra del Pacto de Toledo. Significa ir en contra de las pensiones públicas”, afirma Conchita Ribera, una de las portavoces de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones desde su último congreso.
Desde distintos frentes, los pensionistas están analizando el acuerdo que alumbró el pacto de Toledo a finales de octubre. El grupo Unidad COESPE tiene su propio documento de análisis, firmado por los pensionistas Domiciano Sandoval, y Manuel Colinas, que además organizan charlas estos días. Su análisis también queda muy lejos del triunfalismo de los partidos políticos. De la Comisión del Congreso tampoco esperan ya nada: “Ni se creó con el objetivo de salvaguardar el Sistema Público de Pensiones, ni trabaja para ello, más bien se ha convertido una firme aliada de todos esos intereses económicos que compiten por privatizar ese sistema público”. En cualquier caso, ahora esas recomendaciones tienen que pasar al Pleno del Congreso y después dependerá de la acción de Gobierno.
La mochila austriaca, inglesa o vasca
En el documento del acuerdo del Pacto de Toledo hay hasta 20 recomendaciones, pero la que más preocupa a los pensionistas de Unidad COESPE es la número 16. Los diputados, amparándose en el artículo 41 de la Constitución, recuerdan que la Carta Magna “ampara el desarrollo de sistemas complementarios de carácter voluntario”, aunque asegura sin ser sustitutivos de las pensiones públicas.
A pesar de que considera que hasta el momento, estas fórmulas han tenido un recorrido “insuficiente” e ” insatisfactorio”, la Comisión “reafirma su apuesta” por la “implantación efectiva”. Además, detalla que las entidades que lo gestionen deben ser “prioritariamente” sin ánimo de lucro y deben contener fórmulas específicas de apoyo a los salarios más bajos o a las carreras profesionales más vulnerables”.
Tampoco hay datos demasiado específicos, pero los pensionistas consultados interpretan este punto como un intento de introducir a nivel estatal un modelo parecido al vasco de Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV) o al británico (el NEST) con planes de empresa, donde el trabajador va ‘ahorrando’ para su desempleo o su pensión. ¿Pero qué interés tienen los políticos en promover esta gestión? Desde Unidad COESPE sospechan que “el objetivo final es el de adelgazar la parte destinada a pensiones públicas, y derivar una buena parte de estas hacia estas pensiones. Además de que las empresas, en total, paguen menos”.
Pero estos pensionistas, en su documento, señalan muchos peligros, entre los que están el hecho de que la existencia de este complemento suponga a medio o largo plazo una merma de las pensiones públicas o que se creen “dos o más clases diferenciadas de trabajadores: los que tienen empleo fijo y bien remunerado que tendrán una buena pensión pública y un buen complemento de la empresa y los que “tengan solo una pensión pública asistencial”, una diferencia importante en su calidad de vida.
Conchita Ribera recuerda, además, que el sistema vasco está generando algunos problemas no resueltos, como en el caso de los 1.500 pensionistas vascos que llevarán su sistema a los tribunales, tal y como informó el 2 de noviembre el diario La Información. “Son un desastre”, concluye sobre esta experiencia.
El Ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ya ha dicho que es partidario de un “fondo de pensiones de empleo de carácter abierto”, que se desarrollará en “el marco de la negociación colectiva”. Aún así, el Ejecutivo ha dado pocos datos para analizar cuál será el modelo concreto.
Ribera reconoce que las presiones son muchas. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, incluso ha llegado a plantear que se usen los fondos europeos para financiar la transición hacia la mochila austriaca, tal y como publica El Español. Es un debate que vuelve periódicamente a la política, desde que Zapatero la estudiara en 2010, sin llegar a plantearla por ser su implantación demasiado cara. También sobrevoló la legislatura anterior, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez era monocolor.
Un acuerdo insuficiente
La veterana pensionista pide que se haga una “auditoría” pública sobre el sistema de pensiones, ya que cree que “en la Seguridad Social hay dinero” y quieren ver exactamente cómo se distribuye para acabar con el mantra de que el sistema público está en peligro: “Lo que está en crisis son los planes de pensiones privados”, argumenta.
Sí ha habido algunos avances en el documento del Pacto de Toledo, pero no han sido un regalo, sino fruto de las movilizaciones de los últimos años, como la subida con el IPC. “Nos lo hemos ganado a pulso, que no nos vengan con que es un logro del Pacto de Toledo. Ya habían dicho que iban a derogar la subida del 0,25 de Rajoy y que el factor de sostenibilidad pasaba al 2023 gracias a los pensionistas”, sostiene.
A pesar de que la Comisión del Pacto de Toledo defiende “el mantenimiento del poder adquisitivo
de los pensionistas” a través de la revalorización anual del IPC y “su garantía por Ley”, no es suficiente para los consultados que creen que tiene que haber un mayor compromiso con ese blindaje, incluso por legislación o introduciéndolo en la Constitución. Desde Unidad COESPE creen que “la revalorización de nuestras pensiones, sigue quedando al libre albedrío del partido gobernante y de las mayorías del Congreso”.

La reforma del sistema de pensiones

El Congreso sienta las bases del nuevo sistema de pensiones: estos son sus puntos esenciales
El Pacto de Toledo ha cerrado un preacuerdo que la comisión parlamentaria votará el martes. La revalorización de las pensiones, la financiación de la Seguridad Social o la edad de jubilación son algunos de los asuntos que sufrirán modificaciones en la futura reforma de las pensiones.
Por Alexis Romero
La reforma del sistema de pensiones está más cerca de convertirse en realidad después del preacuerdo alcanzado en el Congreso este viernes. La Comisión para el Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo ha cerrado un texto que incluye las recomendaciones que deben servir de base al diálogo social entre Gobierno, patronal y sindicatos para alumbrar el nuevo sistema de pensiones.
El acuerdo no es definitivo, ya que debe ser ratificado el próximo martes en el plenario del Pacto de Toledo, donde se votarán las recomendaciones que este viernes se han pactado entre los grupos parlamentarios y la Mesa de la comisión. En 2016, la Cámara Baja inició un camino para reformar las bases de un sistema que el Gobierno de Zapatero comenzó a construir en 2010 y que Rajoy remató en 2013.
Tras cuatro años de inestabilidad política, tensiones y rupturas del Pacto, será en la XIV Legislatura cuando se logre modificar una fórmula que ha provocado numerosas protestas entre los pensionistas, que han sido los protagonistas de una indignación que ha acelerado los trabajos del Pacto en los últimos años. A falta de que la comisión vote formalmente las recomendaciones, que luego deben ser ratificadas en el Pleno del Congreso, estas son las principales modificaciones del acuerdo.
El coste de la vida, índice de revalorización de las pensiones
Que el principal índice de revalorización de las pensiones tiene que ser el coste de la vida es uno de los consensos de partida del Pacto. Aunque hubo bastantes desacuerdos en esta cuestión cuando se puso sobre la mesa, hace tiempo que ninguno de los grupos pone en duda la revalorización de acuerdo al índice de precios al consumidor (IPC), una fórmula que se ha establecido como definitiva.
En la recomendación 2 del texto se establece que “la revalorización anual de las pensiones en base al IPC real se presenta como el mecanismo que ha de servir para conservar el poder adquisitivo de las pensiones”. Entre las medidas aprobadas por el PP en 2013 estaba la de la introducción de un índice de revalorización de las pensiones que desligó su subida del coste de la vida para vincularla a la situación financiera del sistema, de manera que mientras las Seguridad Social fuera deficitaria solo se garantizaba una subida mínima del 0,25 % de las pagas.
Las dos últimas actualizaciones se hicieron en base al IPC, pero mediante reales decretos-ley; una de las reivindicaciones de colectivos de pensionistas y de la mayoría de los grupos parlamentarios era que esta fórmula se blindara en la ley, por lo que el Pacto recomienda adaptar la normativa para volver a situar el coste de la vida como índice de revalorización.
Edad efectiva, edad legal y excepciones
Este punto ha generado fricciones en los últimos meses, incluso en el seno del Gobierno de coalición. Desde su llegada al Ejecutivo, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, insistió en la necesidad de acercar la edad efectiva a la edad legal de jubilación, una medida que, a su juicio, ayudaría a resolver gran parte del problema del gasto excesivo del sistema: “Por cada año que la edad efectiva de jubilación aumenta resolvemos un 25% del problema que hemos visto en la brecha entre el gasto actual de pensiones y el gasto futuro”, defendió en una de sus intervenciones en el Congreso.
Por eso, Escrivá apostó por penalizar las jubilaciones anticipadas, incentivando la prolongación del trabajo hasta la edad legal, un postulado que ha asumido la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo.
A algunos grupos les preocupaba que se llegara a aumentar la edad legal y, además, que no se tuvieran en cuenta todos aquellos trabajadores que, durante los años de la recesión económica, fueron despedidos a las puertas de la jubilación y se vieron obligados a anticipar su retiro ante la imposibilidad de encontrar un empleo.
El Pacto ha apostado por intentar resolver esta disyuntiva recomendando la realización de un análisis y estudio de aquellos casos de jubilación forzosa anticipada, de manera que la Administración pueda detectar estas “excepciones”, que, en principio, estarían exentas de las penalizaciones derivadas de no alcanzar la edad legal para jubilarse.
Cuantía de la pensión
Las recomendaciones del Pacto asumen la progresiva ampliación de 15 a 25 años del periodo de tiempo utilizado para el cálculo de la base reguladora (que culminará en 2022), una reforma que está planteada desde el año 2011. Este fue uno de los puntos que generó fricción entre Unidos Podemos, ERC y el resto de los grupos en la XII Legislatura.
Los de Pablo Iglesias denunciaron entonces que en la memoria de la propia ley de 2011 se señala que la contributividad ha supuesto una reducción de las pensiones y que tiene un fuerte impacto negativo en las mujeres, aumentando la brecha de género en las pensiones.
La novedad que introduce el acuerdo alcanzado este viernes es que el pensionista podrá escoger los mejores años de su vida laboral, una fórmula que busca esquivar las denominadas lagunas de cotización (aquellos años de trabajo con pequeñas contribuciones a la Seguridad Social a raíz de la mala situación y de la precariedad del mercado laboral).
A pesar de que el acuerdo cuenta con suficientes apoyos, algunas fuentes del Pacto dudan de la utilidad real de esta medida, e insisten en que hasta que no se solucione la “precariedad estructural” del mercado de trabajo, la posibilidad de elegir los mejores años de la carrera profesional no evitará la existencia de pensiones precarias. “Sin derogación de las reformas laborales, esto no servirá de mucho”, defienden.
Déficit de la Seguridad Social y fuentes de financiación
Eliminar el déficit de la Seguridad Social es uno de los principales retos tanto del Pacto de Toledo como del Gobierno. En el caso de la comisión parlamentaria, el punto que hace referencia a esta situación es el de las “fuentes de financiación del sistema”, y la solución consensuada es la de separar estas fuentes para eliminar los denominados “gastos impropios” de la Seguridad Social.
La comisión recomienda, tras plantearlo Escrivá, sustraer casi 23.000 millones del déficit de la Seguridad Social del denominado gasto no contributivo e impropio hasta 2023, una medida que apuntaría al cierre del déficit del sistema encargado de abonar las pensiones. La operación formaría parte de una reforma más amplia diseñada para que las pensiones contributivas se financien mediante las cotizaciones de los trabajadores, y las no contributivas, a través de impuestos.
Esta medida se completa con la prohibición, incluida en las recomendaciones, de que el Tesoro Público pueda seguir concediendo préstamos a la Seguridad Social. En los últimos tres años la deuda se ha duplicado, entre otras cuestiones, por el sucesivo endeudamiento del sistema con el propio Estado (sobre todo a la hora de afrontar gastos puntuales como las pagas extra), por lo que el Congreso propone sustituir los préstamos desde la Administración central por transferencias, de manera que no se incremente la deuda.
Planes de pensiones privados
El Pacto apuesta por incentivar los planes de pensiones privados de las empresas en detrimento de los planes de pensiones individuales (también privados), trasladando los beneficios fiscales de los que disfrutan actualmente los planes de ahorros privados individuales hacia los planes de pensiones previstos por las empresas para los trabajadores.
En una de sus comparecencias en la Cámara Baja, Escrivá aseguró que el ministerio que dirige ha constatado un estancamiento de los planes colectivos que contrasta con el crecimiento del patrimonio invertido en planes individuales, “a pesar de que la rentabilidad de los primeros es mayor y sus comisiones son menores”.
La fórmula escogida por el Pacto es el denominado modelo vasco, que tiene un alto número de partícipes y en el que la negociación colectiva juega un papel importante con participación de la empresa y el trabajador. Los planes de pensiones de las empresas están sujetos a la negociación colectiva, por lo que los trabajadores tendrían la oportunidad de participar en su diseño. Sin embargo, algunos portavoces de la comisión consideran que en la actualidad las negociaciones colectivas se producen en base a una desigualdad entre los trabajadores y los empresarios, por lo que la medida entraña ciertos riesgos.