Amnistía denuncia la vulneración de derechos en las residencias, en la 1ª ola

Un informe detalla cómo Madrid y Catalunya dejaron morir a ancianos en las residencias
Amnistía pone rostro a la tragedia vivida en la primera ola de la pandemia en las residencias. La ONG denuncia que los Gobiernos de Madrid y Catalunya vulneraron hasta cinco derechos fundamentales de los mayores.
@sergioleonta
«Estuvo cuatro días muriéndose. Hablé con el médico, desesperada, diciéndole que por favor le derivaran al hospital. Me dijo: ‘Lo siento, nos han prohibido llevar a los enfermos de las residencias'». Elena Valero perdió a su padre en marzo, durante la primera ola de la pandemia. Ingresado en una residencia de mayores en Madrid, enfermó de covid-19 y, como a otros miles de ancianos, le denegaron la atención hospitalaria.
El caso de Elena y su padre es el de la tragedia vivida por tantas y tantas familias a las que el coronavirus pilló con un ser querido dentro de una residencia que no estaba preparada para afrontar una pandemia. En un nuevo informe, Amnistía Internacional denuncia que la inmensa mayoría de las personas mayores que vivían en estos centros en la Comunidad de Madrid y Catalunya han sufrido desde marzo hasta cinco violaciones de derechos humanos.
«Se ha violado el derecho a la salud, a la vida y a la no discriminación de las personas mayores. Además, las decisiones de las autoridades han impactado también en el derecho a la vida privada y familiar y en el derecho a tener una muerte digna», detalla Esteban Beltrán, director de la organización en España, en un comunicado. «No fueron atendidas adecuadamente, ni derivadas a hospitales cuando lo precisaban, se vieron aisladas en sus habitaciones, a veces durante semanas, sin contacto con sus familiares y algunas ni siquiera pudieron morir dignamente», añade la ONG.

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Elena Valero tuvo que soportar que el médico de la residencia, ante la prohibición de traslados a hospitales, le dijera que lo único que podía hacer por su padre era administrarle «oxígeno y paliativos, y hasta que su cuerpo aguante». «Fue lo más duro que me ha sucedido», rememora en un testimonio recogido por Amnistía.
Amnistía vincula la denegación de atención a los mayores con las medidas de austeridad y los recortes en sanidad
Daniel Martínez tampoco pudo despedirse de su madre, fallecida por coronavirus en una residencia, en este caso de Barcelona. A él, igualmente, le dijeron que, por su edad, no la atenderían en un hospital. «Los abandonan a morir, porque no les dan nada, los dejan morir», denuncia. Daniel relata cómo fueron los últimos días de su madre, enferma de alzhéimer, en el centro y la soledad que debió sufrir: «Una persona que cada día veía a su familia, caras conocidas, que estaban con ella, que le hablaban, que le hacían bromas, que le daban besos y abrazos, de golpe y porrazo deja de verles, ve que la aíslan en una habitación, sola… esa persona evidentemente se tiene que deprimir».
El padre de Paco Rodríguez, que vivía en otra residencia de Barcelona, sí fue derivado a un hospital. Y superó el coronavirus. La familia vivió con gran angustia las semanas de aislamiento forzoso del anciano, al que sólo pudieron ver alguna vez por videollamadas de WhatsApp. «Para mí lo más indignante es que se han vulnerado derechos fundamentales a personas que, por una cuestión de edad, han sido discriminadas», denuncia Rodríguez. «A mi padre, afortunadamente, aún le tenemos, pero hay miles que les habrá pasado lo mismo y que han muerto porque alguien ha decidido que las personas de más de 80 no debían ser derivas a hospitales», subraya.
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JOAN CANELA
Amnistía vincula la denegación de atención a los mayores con las medidas de austeridad y los recortes en sanidad. El «desmantelamiento del sistema sanitario de salud pública», defiende la ONG, se ha notado también en las residencias de Madrid y Catalunya en la falta de recursos, como pruebas PCR, en la falta de personal y en la falta de protección de los trabajadores.
«Ya que no nos daban EPIS (equipos de protección individual), optamos por hacernos los EPIS de la fortuna o de la gloria, batas con bolsas de basura, calzas, gorros de plástico. No hemos tenido ningún tipo de protección», critica Diana, trabajadora de una residencia pública de Madrid, tal y como recoge el informe de la organización.

Si la falta de equipos y recursos fue alarmante durante los primeros meses de la pandemia, la situación de las residencias en la segunda ola sigue siendo preocupante. Amnistía defiende que las medidas aplicadas hasta ahora son insuficientes y reclama a las autoridades, en especial de Madrid y Catalunya, que tomen decisiones de forma urgente.
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A corto plazo, la organización demanda un cambio en los protocolos autonómicos que puedan llevar a medidas discriminatorias para asegurar que las decisiones sobre la atención médica se realizan en base a evaluaciones individualizadas. También reclama al Gobierno central que apoye una investigación independiente y que «impulse la tramitación de una ley estatal que establezca un modelo residencial que garantice los derechos de las personas mayores residentes en todo el Estado».
La situación de las residencias en la segunda ola de la pandemia sigue siendo preocupante
A esas peticiones se suma Lola Parra, otra víctima del drama vivido en las residencias. A pesar de que lo pidieron en multitud de ocasiones, el centro se negó trasladar a su suegro a un hospital. «Es que no está tan grave», le decían. El anciano falleció en su cama de la residencia, donde permaneció 24 horas hasta que pudieron retirar el cadáver porque «las funerarias no daban abasto». «Me hubiera gustado que la gestión de la Comunidad de Madrid hubiera sido diferente, que no hubieran negado la asistencia. Que hubieran tenido un poco más de humanidad», concluye la mujer.
El Gobierno estima que en la primera ola murieron más de 20.200 personas en residencias, cerca de la mitad de todos los fallecidos por coronavirus en esos meses, según los datos oficiales. En la segunda ola, alrededor de también el 50% de las muertes siguen ocurriendo en estos centros. En un informe del Ejecutivo se señala la falta de personal y la escasez de equipos de protección como dos factores clave de la alta incidencia del virus en las residencias, donde se repartirán las primeras dosis de la vacuna que lleguen a España.

¿Qué falló en las residencias durante la primera ola de coronavirus?
Los protocolos que negaban la atención hospitalaria a los mayores existían, como se ha evidenciado. Multitud de asociaciones y familiares han reclamado a la Justicia que investigue cómo es la situación real de las residencias, la desprotección que siguen sufriendo y las posibles responsabilidades de las administraciones. Hasta ahora, salvo alguna condena contra responsables de algún centro, ninguna sentencia ha culpado a los representantes políticos de la catástrofe.

Abandonadas a su suerte


Deben modfcarse los actuales modelos de la dependencia
Lo vivido durante la pandemia en las residencias de mayores obliga a un replanteamiento del sector, en el bien entendido de que se imbrican en el campo de la dependencia, uno de los pilares del Estado del Bienestar. Este trabajo constituye una visión del problema actual y ofrece ideas para su renovación.
Los datos demográficos y las proyecciones hasta el 2040 que proporcionan algunos estudios, siempre tomados con prudencia, auguran un aumento de personas que precisarán atención y prestaciones ligadas a la dependencia. Este hecho pone de manifiesto la necesidad urgente de reflexionar acerca de la idoneidad y características de las prestaciones o servicios actuales y sobre los variados modelos de atención presentes en las distintas CCAA.
La pandemia del Covid-19 ha hecho visible, de forma cruda, las maltrechas entretelas que sustentaban el sistema de atención de las personas dependientes, discapacitadas o con enfermedad mental, cuyo hogar habitual es una institución residencial. Una realidad expuesta en ocasiones por los familiares y organizaciones cercanas al sector sociosanitario.
La aprobación de la ley, en diciembre del 2006, para la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia, tenía como finalidad poner en pie y garantizar el cuarto pilar del Estado del Bienestar, que, junto a la educación, las pensiones o la sanidad, forma parte de los derechos universales sociales.
Este hecho supuso un avance esperanzador. Sin embargo, el balance no es positivo. No ha conseguido dar respuesta de forma satisfactoria a las demandas existentes, ni entonces ni ahora. Su andadura fue lenta, desigual su ejecución en las diferentes CCAA, su desarrollo incompleto y la implantación de “bajo coste” ha configurado un sistema inapropiado e insuficiente para responder a las crecientes demandas . Además, la aprobación del RLD 20/12/2012, provocó el recorte de varios servicios y prestaciones. Todo ello ha derivado en el actual panorama: no se cumplen los requisitos de cobertura y de calidad deseable, porque no llega a todas las personas que lo necesitan o porque los servicios que se prestan son mínimos.
Cobertura de los servicios residenciales
No resulta sencillo acceder a una información rigurosa y contrastable sobre la atención a la dependencia dada la variabilidad existente y, además, por la ausencia de transparencia informativa propia del sector. La diversidad se manifiesta tanto en cuanto a la inversión, como a los modelos y características de los cuidados, a los tipos de gestión, o la organización interna de los residentes, lo que dificulta sobremanera tener un mapa real de la situación por CCAA, responsables de los recursos sociosanitarios.
Según datos del IMSERSO (2019), en España había unos 5.457 centros residenciales para personas mayores, 4.063 de ellos (74,5%) son de titularidad privada y 1.394 (25,5%) son públicos. En total sumarían 381.158 plazas, lo que representa un índice de cobertura del 4,21%, el cual varía significativamente entre el 7,6% de Castilla y León y el 1,42% de Murcia. Una desigualdad de acceso evidente.
Por otro lado existen diversos tipos de gestión que van desde la totalmente pública a la totalmente privada pasando por diversos modelos de la llamada colaboración público-privada, no siempre fáciles de identificar porque con frecuencia residencias de titularidad pública están gestionadas en todo o en parte por empresas privadas.
Principales problemas detectados
Los principales problemas detectados son:
* Insuficiente presupuesto público destinado a la atención a la dependencia.
* Predominio desmesurado de la financiación privada sobre la pública, con notables diferencias entre CCAA.
* Número de plazas escasas.
* Baja cobertura de las necesidades y demandas de las personas dependientes y de sus familias.
* Carencia de recursos humanos bien formados y de materiales técnicos suficientes y actualizados. Personal mal pagado, con contratos precarios y escaso reconocimiento social. Son frecuentes las rotaciones y cambio de personal, lo que no favorece el establecimiento de lazos de referencia.
* Desigualdad laboral ligada al género de las cuidadoras.
* Estructuras físicas inadecuadas. Complejos residenciales híbridos entre el hotel y el hospital o entre el chalet y las “guarderías para mayores”.
* Cuidados estandarizados, rutinarios, despersonalizados en muchos casos, y centrados en las “tareas” prácticas.
* Gestión vertical. Deficiente coordinación intersectorial entre las Gerencias de Atención Primaria y los médicos/as y enfermeros/as de familia. Desconfianza mutua.
* Ausencia de información y participación real de los residentes y de sus familiares.
* Falta de transparencia en la información que impide el análisis, la evaluación y la investigación.
Experiencias sobre atención a la dependencia
Existen muchas experiencias en el mundo sobre la atención a la dependencia y a las personas mayores, en general son modelos que comparten los siguientes valores o ideas fundamentales:
– Atención integral —holística, humanista— y “centrada en la persona”. Este marco conceptual permite identificar las claves en la cuales se debe sustentar el apoyo y los cuidados.
– Fomento de la independencia y de la autonomía personal.
– Prevención temprana de la discapacidad de forma preferente.
– Centros abiertos a la comunidad en la que viven con la finalidad de favorecer el contacto exterior. Forjar alianzas comunitarias.
– Garantizar la seguridad y accesibilidad.
Desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) entendemos que habría que cambiar el contenido y el continente a la hora de abordar la problemática de las residencias, no se trata de hacer mini- hospitales u hospitales de crónicos, sino de arbitrar otra forma de atender la problemática de la vejez y la dependencia.
Propuestas para abordar el problema de la atención a las personas mayores y/o dependientes.
En este sentido pensamos que es preciso poner en práctica las siguientes propuestas:
1.- Aumento de la financiación pública a través de los impuestos centrales y autonómicos que garantice la atención de todas aquellas personas que lo necesiten. Suprimir las actuales deducciones fiscales que solo favorecen a los que más tienen. Incremento en los presupuestos generales de este año y de la partida que, presumiblemente, llegará de Europa.
2- Definir y establecer criterios que aseguren la equidad territorial como elemento básico de la justicia social entre el medio rural y urbano. Catalogar los tipos y características de los establecimientos que atienden a estas personas.
3- Modificar el actual modelo de residencia tanto para las personas con dependencia física como para los discapacitados psíquicos o personas con enfermedad mental. Es necesario crear nuevas residencias de pequeño tamaño, cercanas al entorno de las personas residentes, cerrar progresivamente las masificadas, crear pisos y apartamentos compartidos y, sobre todo, apostar por mantener a los mayores en sus viviendas habituales con ayudas profesionales para realizar actividades cotidianas. Favorecer entornos inclusivos. Rediseñar las habitaciones, los espacios comunes y dotarlos de medios tecnológicos que faciliten las actividades de la vida diaria y la comunicación con las familias y amigos para prevenir la soledad y el aislamiento, por ejemplo, en tiempos de pandemia.
4.- La gravedad de la mortalidad en las residencias (tanto en la primera como en la segunda ola de la epidemia, que coloca a estas como el principal determinante de la mortalidad COVID) debe obligar a realizar un giro estratégico para lo que es preciso realizar un gran esfuerzo político, económico y empresarial. Todas las nuevas residencias que se abran, para garantizar unos indicadores similares a los países desarrollado de la Unión Europea, deberán de ser de titularidad y gestión pública. A medio plazo, recuperar para la gestión pública las residencias que hayan externalizado la gestión con empresas y grupos privados; a largo plazo, reintegrar todas al sistema público de atención a la dependencia.
5.- Gestión horizontal apoyada en la participación significativa y efectiva de los trabajadores, usuarios y familiares. Actualizar y adecuar los instrumentos legales existentes a las nuevas demandas y necesidades, y modificar los que sean precisos para hacerlos eficaces, útiles.
6.- Incremento del personal que trabaja en las residencia, garantizando una formación específica de nivel medio en atención a mayores y condiciones laborales dignas. Suprimir la brecha de género que se da en este sector y que afecta a las condiciones laborales y de vida. Definir de forma precisa la ratio de atención según categoría laboral y nivel de dependencia.
7.- Transformar la actual planificación de la atención y los cuidados, y adoptar un enfoque integrado “centrado en la persona”, que suprima el cuidado rutinario, homogéneo y que estimule la independencia y la actividad física y mental, también en estados de dependencia severa.
8.- Formación especifica para favorecer el cambio de rol y contrarrestar las inercias y resistencias a la innovación deseable que proporcionan las evidencias científicas actuales.
9.- Establecer normas y criterios para que los servicios de inspección sean una realidad verificable y exigible por los trabajadores o los familiares. Impulsar una mejora continua.
10.- Coordinación efectiva con la Atención Primaria para que facilite la atención y la comunicación con su médico y enfermera de familia. Es prioritario definir de forma explicita las competencias y responsabilidades de cada sector de modo que se garantice una atención de calidad basada en unos cuidados integrales.
11.- Implantar sistemas de información compatibles entre administraciones que favorezcan el conocimiento, la evaluación y la investigación interna y externa.
Conclusiones
Los medios de comunicación han publicado con frecuencia noticias a cerca de la repercusión de la Covid-19 entre las personas que viven en las residencias, lamentablemente no siempre positivas. Tal hecho ha puesto de manifiesto la hondura del problema y la urgencia para abordarlo de forma seria y profunda. Que el sistema tenía vías de agua y que olía mal era patente.
Con asombro constatamos que, al igual que se ha sucedido con los hospitales en ciertas CCAA, varias empresas se han infiltrado y se han enriquecido con el beneplácito de las administraciones, y sin que la inspección pública haya ejercido sus responsabilidad de forma constante y eficaz.
Es primordial suscitar un diálogo social participativo entre todos los organismos de la Administración, las asociaciones de familiares y usuarios, colectivos sociales, trabajadores, sociedades científicas, etc, con conocimientos en este ámbito de la atención social. Contar con el apoyo de sociólogos expertos en este campo y antropólogos de la salud nos parece necesario para inducir, favorecer un análisis contextual necesario.
Tener presente los determinantes sociales a la hora del debate sobre el futuro del sistema de atención a la dependencia que se quiere, se necesita y se está dispuesto a financiar, ayudará a comprender mejor la diversidad y complejidad del actual momento. Deberíamos de aprender de la experiencia y que tantas muertes no hayan sido en balde.