La violencia recurrente en Brasil es fruto de las relaciones constitutivas desiguales de la sociedad brasileña fomentadas por una política de autoritarismo, exclusión y abandono que permea las dimensiones de raza, clase y género

POR  EUZAMARA DE CARVALHO  – 9 DE AGOSTO DE 2022

El recrudecimiento de la violencia en Brasil ha provocado la preocupación de algunos sectores del Estado, así como de la sociedad civil popular organizada y la comunidad internacional. Las diferentes formas de violencia que impregnan la vida cotidiana en las zonas de conflicto del campo y de la ciudad han marcado la historia de los pobres y el conjunto de la clase trabajadora. Para esta clase, la violencia se produce como “respuesta” a sus diferentes luchas, las cuales se ven motivadas por la negación de las dimensiones económica, territorial, cultural, racial, generacional, política y de género, y por la falta de reconocimiento del derecho a la organización social para exigir el cumplimiento de los derechos.

Los actos de violencia contra la población negra, los sin tierra, los indígenas, los ribereños, los okupas, los quilombolas, las mujeres, los religiosos, los dirigentes sindicales y políticos tienen un impacto más fuerte. No por casualidad, es en estos temas colectivos donde reina la violencia. Leonilde de Medeiros, al analizar la lucha por la reforma agraria y la violencia del latifundio, señala:

“terminar un liderazgo es también pretender destruir un largo proceso de preparación, de educación, de producción de nuevas percepciones, gestado dentro de los propios movimientos. Así, esta violencia no afecta a una persona en particular, sino a un símbolo de la resistencia en sí mismo y a la voz portadora de una utopía movilizadora”

La grave amenaza a los valores democráticos para la integridad y la paz de los ciudadanos brasileños es preocupante y se muestra inaceptable para las instituciones políticas y las libertades públicas. Según el informe del Coletivo RPU Brasil – 2022, Brasil sigue siendo uno de los países más peligrosos para los defensores de los derechos humanos, en particular para los activistas medioambientales y para las personas transgénero.

A lo largo de los años, la violencia ha sido denunciada por diversos sectores de la sociedad. Los datos sobre los conflictos en el campo, organizados por la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), han sido un importante espejo para denunciar y profundizar la violencia presente en la lucha por la tierra y el territorio. En el año 2021, se produjeron 1.768 conflictos en el campo, motivados por disputas por la tierra, el agua y el trabajo; entre los conflictos registrados, los pueblos indígenas y los quilombolas son los más afectados.

Según los datos publicados en el cuaderno de conflictos 2021, el año pasado hubo un aumento del 75% en el número de asesinatos en conflictos rurales en Brasil. El número de muertes derivadas de los conflictos aumentó en un 1,100%. Lo más destacado es la región del Amazonas, que históricamente concentra el mayor número de conflictos y asesinatos en el campo.

La creciente violencia contra los pueblos indígenas, seguida de represión, amenazas y muertes, también ha sido motivo de gran preocupación, como en el reciente caso de la muerte a tiros de Márcio Moreira el 14/07, ocurrida durante una emboscada contra cinco indígenas del pueblo Guaraní Kaiowá en la ciudad de Amambai (MS). De acuerdo con el último informe que dio a conocer el Consejo Indígena Misionero (Cimi), el estado de Mato Grosso do Sul concentra el mayor número de muertes en 2019. De un total de 113 homicidios, 40 se produjeron en el estado respectivo. Según el Atlas de la Violencia 2021, entre 2009 y 2019, en números absolutos, hubo 2.074 asesinatos a indígenas.

En cuanto al espacio urbano, señala la gravedad de la violencia practicada contra las personas negras, agravada por el racismo estructural – en 2019, las personas negras representaron el 76% de las víctimas de homicidios. Desde la perspectiva generacional, cabe destacar la histórica mortalidad por homicidio de los jóvenes negros en el país, con base en una encuesta del Instituto Sou da Paz, entre 2012 y 2019, la tasa de mortalidad de los jóvenes negros fue 6,5 veces mayor que la tasa nacional.

En cuanto a la violencia de género, en sus diferentes dimensiones territorial, de raza, de clase, generacional y de creencias religiosas, en una comparación entre 83 países, Brasil tiene una tasa media de 4,8 asesinatos por cada 100.000 mujeres, ocupando así el 5º lugar en el ranking mundial de feminicidios, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). La investigación también muestra que las mujeres negras son las mayores víctimas de la violencia en Brasil. Según el Atlas de la Violencia 2021, el 66% de las mujeres asesinadas en Brasil en 2019 eran negras.

“Según el Atlas de la Violencia 2021, entre 2009 y 2019, en números absolutos, hubo 2.074 asesinatos a indígenas”

El aumento de la violencia contra la población LGBTQI+ ha llamado nuestra atención, según una encuesta del “Observatorio de Muertes y Violencia contra LGBTI+” aproximadamente 316 personas LGBTI+ (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, Intersexuales y otros) murieron en Brasil víctimas de actos violentos en 2021. En el Informe mundial sobre la transexualidad en Europa se señala que, de los 325 asesinatos de personas transgénero registrados en 71 países en los años 2016 y 2017, un total del 52% -o sea, 171 casos- ocurrieron en Brasil.

En el ámbito de la violencia con resultado de muertes colectivas, no podemos olvidar Candelária, Carandirú, Corumbiara, Eldorado dos Carajás, Jacarezinho, entre otros sucesos. En el marco de las masacres en el campo, el CPT contó, hasta el año 2021, un total de 57 masacres en 11 estados brasileños. En el espacio urbano entre 2021/2022, 40 masacres ocurrieron en Río de Janeiro – RJ (incluyendo la reciente en el complejo alemán el 22/07).

Esta breve presentación de algunos datos sobre la violencia física con resultado de muerte no excluye otras dimensiones de la violencia que están presentes en estas diferentes realidades, teniendo en cuenta su complejidad temática y su diversidad conceptual en relación con las situaciones concretas. Estas cifras, dan cuenta de la profundidad de las diversas violencias que impregnan la lucha por el derecho a la existencia y el acceso a condiciones de vida dignas de los grupos sociales en el campo y en la ciudad.

En lo que se refiere al papel del Estado brasileño frente a situaciones de violencia agravada, los hechos recientes apuntan a que su actuación va en la dirección opuesta al respeto y promoción de la dignidad humana. Opera contra los derechos colectivos, agravando las situaciones de violencia y confirmando su dimensión estructural. En este sentido, Minayo y Souza aclaran que:

“Los partidarios de la fuerza represiva del Estado, prevaricando sobre las complejas causas de la violencia, reducen su concepción de este fenómeno a la delincuencia y tienden a interpretarlo como fruto de la conducta patológica de los individuos. Al mismo tiempo, absolutizan el papel autoritario del Estado en el desarrollo socioeconómico de las sociedades. Las ideas de estos intelectuales se combinan con el sentido común, que aboga por la fuerza represiva como condición para el ´orden y el progreso´”

Los recientes acontecimientos promovidos por la cúpula del actual gobierno brasileño, la cual incita a la violencia anclada en el falso discurso del orden y el progreso, resulta un claro ejemplo del accionar del estado y un atentado contra el estado democrático de derecho. En este sentido, cabe destacar la función de la violencia como instrumento emblemático de dominación económica y política sobre los grupos sociales en sus diferentes constituciones obreras. La violencia, se encuentra arraigada en diferentes sectores de la sociedad que perpetúan esta violencia en sus complejas realidades.

“En lo que se refiere al papel del Estado brasileño frente a situaciones de violencia agravada, los hechos recientes apuntan a que su actuación va en la dirección opuesta al respeto y promoción de la dignidad humana”

También, resulta preciso señalar la violencia que se extiende al proceso electoral en Brasil, como la violencia contra los ciudadanos brasileños en su ejercicio de libre elección de la representación política democrática, como en el caso del asesinato de Marcelo Arruda. En este sentido, destaco aquí el recuerdo del asesinato de Mariele Franco. Las respectivas situaciones tienen como trasfondo hacer imposible el fortalecimiento de un proyecto democrático en el país conquistado a través de arduas luchas colectivas organizadas. El camino señalado, según las manifestaciones públicas, es el de hacer inviables las libertades aseguradas por los pilares de la democracia y que puede traducirse en más muertes, persecuciones, amenazas e intimidaciones.

La alerta que nos mueve a enfrentar la violencia en este contexto, nos lleva a situar que la violencia recurrente en Brasil es fruto de las relaciones constitutivas desiguales de la sociedad brasileña fomentadas por una política de autoritarismo, exclusión y abandono que permea las dimensiones de raza, clase y género. En las más diversas formas de silenciamiento donde se utiliza la violencia contra la lucha por la posibilidad de constituir a los defensores de los derechos humanos, interlocutores en el proceso de positivización y reconocimiento institucional de sus expectativas de realización de los derechos en una sociedad democrática.

Esta reflexión nos moviliza para el efecto pedagógico de considerar los puntos sinérgicos de la causa y de la reproducción de la violencia opuesta a la lucha histórica de los pueblos en una acción a corto, medio y largo plazo. También permite situar estas luchas, constitutivas de derechos, en una dimensión regional y su interrelación con las resistencias para la construcción de la paz en el entorno latinoamericano