Cohousing cooperativo senior

Auge en Cataluña de las cooperativas para vivir la jubilación en compañía

 Un hotel cerrado en Sant Feliu de Guíxols (Girona) albergará en 2025 un total de 31 pisos cooperativos para mayores.© HISPACOOP Un hotel cerrado en Sant Feliu de Guíxols (Girona) albergará en 2025 un total de 31 pisos cooperativos para mayores.

Los catalanes que se acercan a la tercera edad son cada vez más partidarios de optar a otras formas de vivir cuando alcanzan la jubilación, más allá de la residencia de mayores convencionales. Este cambio de mentalidad respecto a cómo afrontar la última etapa de la vida se ve acentuada por el aumento de la esperanza de vida y el consecuente incremento de personas de edad avanzada, al que contribuirán los nacidos en el baby boom (entre 1965 y 1977). Las previsiones estadísticas poblacionales indican que en el año 2035 más de dos millones de catalanes tendrán más de 65 años.Parte de los impulsores del 'cohousing' cooperativo senior Can 70 en Barcelona y sus alrededores, un proyecto que nació en 2015.© HISPACOOP Parte de los impulsores del ‘cohousing’ cooperativo senior Can 70 en Barcelona y sus alrededores, un proyecto que nació en 2015.

A estos factores de peso, se suman otros nada desdeñables: el cambio en las estructuras sociales y familiares, en las que los hijos no son ya los principales cuidadores de sus progenitores (y la irrupción de los cuidadores a domicilio), la creciente importancia de las redes de amigos en la vida de las personas, y el golpe que ha asestado el coronavirus entre los residentes en geriátricos, con miles de fallecidos durante la pandemia.

Este cambio de paradigma se expresa en el informe El futuro de los cuidados de Sondea para Clece, realizado a partir de más de 2.000 entrevistas a españoles entre los 55 y los 77 años, y que indica que el 58% de los catalanes valora positivamente compartir una vivienda con otras personas mayores en su retiro como alternativa a las residencias tradicionales.

Para vivir en compañía pero con mayor independencia y decidiendo el día a día e interviniendo en la gestión de los complejos en los que residen, se está comenzando a implantar el modelo de cohousing cooperativo senior, inspirado en experiencias escandinavas.

El nuevo Plan de Vivienda estatal acoge por primera vez ayudas para el ‘cohousing’

En datos de la Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios (Hispacoop), hay cuatro proyectos ahora mismo en Catalunya, dos de ellos en marcha y otros dos en proyecto (10 en toda España). El primero abrió hace 20 años en Málaga (Santa Clara),pero no fue hasta hace una década que se empezó a expandir por parte de «urbanitas» en búsqueda de «espacios en los que vivir una vejez activa en compañía», normalmente en entornos rurales por el menor coste del terreno donde edificar, explica su presidente Félix Martín.

Suelen pasar 10 años «desde que surge la idea entre un grupo de personas y se genera el proyecto hasta que entran a vivir», dice. La asociación «celebra» que el nuevo Plan de Vivienda estatal acoja por primera vez ayudas para el cohousing.

En Tarragona se encuentra La Muralleta, una cooperativa en régimen de cesión de uso de la vivienda en la que los residentes pagan una cuota mensual por la que adquieren derecho al disfrute del edificio y de sus zonas comunes. En Roses (Girona) está el complejo Dr. Pi i Sunyer, que consta de una residencia asistida con 112 plazas y de un centro de día con 25 plazas. Los socios aportan 21.000 euros por plaza en habitación doble y 36.000 euros por habitación individual.

El 58% de catalanes de 55 a 77 años valora positivamente compartir vivienda en su jubilación

En Sant Feliu de Guíxols (Girona) se trabaja desde hace tres años en Waden XXI, 31 viviendas cooperativas adaptadas para mayores en régimen de cesión de uso (HCCU) que se ubicarán en un antiguo hotel en desuso que ha sido adquirido por 7,2 millones de euros. La aportación de los socios es de 45.000 euros. Actualmente se está ultimando el proyecto ejecutivo para la reforma integral del edificio con el calendario de que esté listo para habitar en el año 2025.

Por último, un grupo de 20 personas, en su mayoría mujeres de entre 55 y 70 años, buscan 10 socios más para impulsar en Barcelona o sus alrededores Can 70. La idea se gestó en 2015 y su objetivo es encontrar un espacio para construir el complejo que se retorne a la ciudad una vez finalizado el periodo del derecho de superficie. Según Hispacoop, hay 11 proyectos más en construcción a nivel estatal. En un texto firmado colectivamente, los miembros de Can 70 explican: «El espacio en el que queremos compartir nuestra vida no pude ser ni significar aislamiento, sino al contrario. Queremos vivir nuestra nueva realidad en el barrio y, sobre todo, queremos vivir el barrio».

En datos del Proyecto de investigación Movicoma, que estudia el auge, desarrollo e impacto del movimiento de vivienda colaborativa de personas mayores en España, en 2017 se contabilizaban 30 iniciativas y en 2019 un total de 80, un aumento de más del 166%

​Un modelo social y otro nórdico

En Barcelona, la fundación privada Llars Compartides habilita pisos compartidos a jubilados solas y con una pensión menor de 600 euros. Gestionan 9 viviendas a las que sus ocupantes destinan como máximo el 30% de su pensión. En Sant Adrià de Besòs, una residencia de mayores que adapta el modelo nórdico de unidades de convivencia con espacios comunes: seis pisos de unos 450 metros cuadrados para entre 8 y 19 residentes cada uno.

Moratoria de macrogranjas de cerdos en Cataluña

Ganaderos y ecologistas chocan por la moratoria catalana a la construcción de granjas de cerdos

  • Las organizaciones agrarias responsabilizan al Govern de una presencia excesiva de nitratos procedentes de los purines en 68 municipios catalanes, mientras que entidades como Aigua es Vida piden una reducción de la cabaña porcina ante la pérdida de la calidad de los acuíferos en un contexto de crisis climática.

Con el objetivo de rebajar la presencia abundante de nitrato en las aguas de 68 municipios catalanes con una alta densidad de cría de cerdos, especialmente en las comarcas de Osona (Vic) y el Segrià (Lleida), la Generalitat de Catalunya ha decidido ampliar cuatro años más la moratoria que impide ampliar y construir granjas de cerdos en estas localidades.

En estos lugares, los nitratos procedentes de los purines de los animales se sitúan por encima del volumen que pueden absorber los cultivos. Aunque la medida ya se aplica desde hace dos años, los niveles de contaminación continúan en registros similares: un 40,3% de la superficie de Catalunya está declarada vulnerable a la contaminación por nitratos de origen agrario, lo que representa casi la mitad de los municipios del territorio (465). Estos son los que presentan un índice de nitratos que supera los 50 miligramos por litro. Ante esta situación, las entidades agrarias instan al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural a que se ponga manos a la obra, analizando la actividad de todos los agentes de la cadena, no sólo de los ganaderos. Por su parte, las organizaciones ecologistas advierten de la problemática ambiental que supone el mal estado de los acuíferos, que son las reservas de agua naturales.

Tras la publicación del Decreto Ley de medidas extraordinarias de limitación de la densidad ganadera en zonas vulnerables (ZV), la organización Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) constata que «el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha fracasado en la reducción de la contaminación, tal como ha reconocido la conselleria, y está en camino de volver a hacerlo si no aborda la problemática de forma amplia, incidiendo en la actividad de todos los agentes implicados en este tema».

La entidad señala que un 20% de las tierras fertilizables situadas en zonas vulnerables no están abonando con deyecciones ganaderas porque hay una persecución de esta práctica. Para incentivar la fertilización orgánica, JARC pide al Departament d’Acció Climàtica y al Ministerio de Agricultura que se bonifique a todos aquellos agricultores que fertilicen con un mínimo de un 30% de abono orgánico. Su responsable sectorial del porcino, Jaume Bernis, comenta que, ya que «hay que abonar los campos para producir alimentos, debe hacerse de la manera más sostenible posible».

Mal estado de las masas de agua

El análisis de JARC no lo comparten ni en la forma ni en el fondo las entidades ecologistas. Es el caso de la plataforma Aigua es Vida, que recuerda que la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) presentó en el año 2019 el Pla de Districte de Conca Fluvial de Catalunya, donde ya se recogía el retraso de tres años para tener un buen estado ecológico de las masas de agua. El portavoz de la entidad, Quim Pérez, precisa que «en la contaminación de los acuíferos ni siquiera hemos sido capaces de reinvertir la tendencia, sino que ésta ha ido a más con el crecimiento de la cabaña porcina».

Pérez califica de «buena noticia» el decreto que extiende la moratoria, pero cree que resulta insuficiente hasta que no se impulsen medidas como la reducción de la cifra de cerdos para engordar en Catalunya, que se sitúa en los siete millones anuales. De hecho, desde Aigua es Vida se recuerda que la ACA se muestra de acuerdo con las alegaciones presentadas por las entidades ecologistas al plan de cuenca.

Entre éstas, se encuentran una moratoria al crecimiento de las granjas, el decrecimiento de la cabaña porcina, un plan de control de los vertidos de purines de las instalaciones, internalizar los costes en la industria porcina, una reparación de los daños causados al medio ambiente, dictar normas sobre la aplicación preventiva de antibióticos en la ganadería y considerar el engorde de los cerdos como una industria y no como una actividad agraria.

El ‘lobby’ del cerdo

Quim Pérez lamenta que las «presiones del ‘lobby del cerdo’ hayan sido tan potentes durante décadas que el sector ha hecho lo que ha querido bajo el amparo de la Administración y el pretexto de ser un ámbito que aporta mucho al PIB agrario y al de la economía catalana». De hecho, los datos oficiales muestran que el porcino es el cuarto sector industrial y el principal ámbito agroalimentario de Catalunya, con un peso del 21,6% del PIB industrial y del 4% del PIB del total.

A pesar de esta supuesta fortaleza, Pérez define la situación de muy grave por la contaminación por nitratos. «Estamos perdiendo nuestras reservas de agua en un contexto de emergencia climática, donde las sequías en Catalunya serán más recurrentes e intensas». Hace un año, la Comisión Europea ya requirió al Estado español para que cumpla la Directiva 91/676 sobre nitratos, con la que se quieren proteger las aguas superficiales y subterráneas de la contaminación procedente de fuentes agrarias, exigiendo a las autoridades que tomen medidas para evitarlo. La administración comunitaria añadía la necesidad de tomar «acciones adicionales o reforzadas en varias regiones para alcanzar los objetivos de la directiva».

Ante esta reprimenda, la consejera de Acció Climàtica, Teresa Jordà, admite que el volumen de deyecciones es superior a la cantidad que pueden asumir las necesidades de los cultivos en Catalunya. Aunque se reafirma en que con la moratoria, iniciada en el año 2019, se han dado pasos adelante, reconoce que «nos hemos quedado cortos y por eso la hemos tenido que alargar más con este decreto». Jordà explica que la nueva normativa también contempla la declaración anual de todos los empresarios ganaderos sobre los purines que generan y que es lo que hacen con ellos. La consellera reivindica la importancia de reconvertir los excedentes en plantas de compostaje y transformarlos en fertilizante orgánico.

Después de años y de algunas medidas correctoras, el problema de los nitratos en las aguas subterráneas aún afecta a un 68% de los acuíferos catalanes. Si no termina funcionando el plan para delimitar las zonas vulnerables por nitratos de origen agrario, el horizonte de las sanciones de la Unión Europea se convertirá en una realidad en 2027.

Entrevista a Omella: «Propongo una mesa de diálogo entre el Gobierno y la Iglesia»

El cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, acaba de ser elegido presidente de la Conferencia Episcopal Española

El cardenal Juan José Omella, nuevo presidente de los obispos españoles, el pasado viernes en la sede de la Conferencia Episcopal en Madrid                     (Emilia Gutiérrez)

El cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona (Cretas, Teruel, 1946) acaba de ser elegido presidente de la Conferencia Episcopal Española. Es la primera vez que un prelado de Catalunya preside el órgano colegial de los obispos españoles. El cardenal Omella explica a La Vanguardia cuales serán las líneas generales de su mandato.

Parece que han ganado los moderados.

(Ríe). Pues será eso.

En la transición, el cardenal Vicente y Enrique Tarancón tomó la decisión de apartar a la Iglesia católica de la primera línea del combate político. ¿Volvemos a Tarancón?

Yo soy Omella. Sería poco modesto por mi parte compararme con el cardenal Tarancón. Quiero ser yo mismo, en comunión con todos los obispos y, sobretodo, con el pensamiento del Papa.

La opinión católica

“La Iglesia no quiere imponer nada, pero tiene derecho a ser escuchada”

La línea Tarancón no gustó al cardenal Karol Wojtyla. Cuando este fue elegido Papa, se lo hizo saber, de manera bastante enérgica. Hay sectores católicos que en estos momentos añoran a Juan Pablo II y piden una Iglesia más combativa.

Cada uno interpreta la historia desde sus esquemas. Mire, tenemos que abrir la Iglesia. Hay que sumar y no restar. Los círculos que se encierran sobre sí mismos, al final se convierten en aguas estancadas. Hay dejar correr el agua. Hay que saber caminar en la historia. Las semillas del Espíritu están en todo el pueblo, nos lo dice el Concilio Vaticano II. Hay que acompañar a la gente, hay que escuchar. También hay que escuchar al que no cree. Es lo que el Papa nos está diciendo: una Iglesia más abierta y no cerrada sobre sí misma.

Algunos rasgos de la actual situación política recuerdan el mandato 2004-2008 de José Luís Rodriguez Zapatero. En aquella legislatura, el cardenal Antonio María Rouco Varela se puso al frente de la oposición. ¿Está usted dispuesto a llamar a los católicos a manifestarse en contra del actual Gobierno?

Una cosa es mantener nuestras opiniones y manifestarlas y otra cosa es querer imponerlas. Nosotros tenemos que proclamar y no dejarnos amordazar. Tan ciudadano es el que piensa como cristiano, como el que no piensa como cristiano. Nosotros no hemos de querer imponer nuestros criterios, pero le hemos de pedir al Estado que atienda a todos los ciudadanos. Ahora que se habla tanto de pactos es el momento de que nos escuchemos. El Estado debe escuchar, la Iglesia, también. Lo de las manifestaciones es otra cosa. El que más grita no es el que más manda. Por ello, si se establecen mesas de diálogo, esa sería… me parece que le estoy dando el titular… (Ríe).

Los católicos y la calle

“¿Manifestaciones católicas contra el Gobierno? El que más grita no manda más”Por lo tanto, usted propone una mesa de diálogo entre el Gobierno y la Iglesia católica…

Me encantaría formar parte de ese diálogo.

¿Qué opina del anteproyecto de ley de Libertad Sexual?

No he leído con atención ese anteproyecto de ley.

¿Qué opina del nuevo pro-yecto de ley de Educación?

La responsabilidad principal de la educación de los hijos recae en los padres, no en el Estado. En este campo, el Estado también debe promover la iniciativa privada, así ocurre en los estados más democráticos del mundo. Hagamos un pacto por la Educación y tengamos en cuenta a todos. Decidir unilateralmente me parecería poco respetuoso, poco democrática y poco acorde con la libertad.

¿Teme por el futuro de la escuela concertada?

Creo que no cometerán la temeridad de querer eliminar el apoyo a la iniciativa privada en el campo de la educación.

¿Cree que las escuelas católicas que separan niños y niñas deben recibir aportación del Estado?

Quiero expresar mi apoyo a la escuela diferenciada en España y a todos los colegios católicos de iniciativa social.

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¿Derecho a la autodeterminación?

¿DERECHO A LA  AUTODETERMINACIÓN?                  ¿Cuándo?

En la historia de lo pueblos, hay momentos en que esa historia da un vuelco. Es el momento, por ejemplo, en que se desintegran los Imperios. Dentro de su mayor o menor territorio, se dan y manifiestan entonces diversas colectividades que tratan de hacer valer su identidad de lengua, historia, religión, raza, cultura, tradición, etc. creando entre sus miembros un vínculo sentimental y manteniendo entre todas ellas la unidad bajo un único Estado soberano e independiente.

El nuevo Derecho Internacional (Carta de las Naciones Unidas 1945), tras las dos sangrientas guerras mundiales, reafirma «Como elemento básico para la convivencia pacífica, el principio de integridad territorial de los Estados» garantizando de esa manera la paz y la seguridad y el reconocimiento del Estado y de los Derechos humanos.

Este principio de la integridad territorial es reconocido expresamente en el punto 6 de la Resolución 1514 (1960) de la Asamblea General de la ONU, denominada Carta de la descolonización: «Todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un pais, es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas». 

De modo que sólo cuando los derechos de una u otra colectividad son distintos o negados dentro de un mismo Estado de Derecho , – y no la razón de ser de otra raza, religión, cultura o idioma…- crean razón para otorgar y justificr el derecho de autodeterminación. Los keniatas, por ejemplo, -una colonia británica- tuvieron derecho a la autodeterminación por que sus derechos no eran equivalentes a los de los ingleses.

Si lo expuesto es correcto, se deduce que el Derecho Internacional admite que sólo sean sujetos de autodeterminación, aquellos miembros de un Estado residentes en un determinado territorio, cuando sus derechos sean distintos y de peor condición de aquellos otros que habitan en otras partes del mismo Estado.

España abarca un gran territorio en que,a lo largo de su historia, han convivido diversas colectividades bajo la existencia de un mismo Estado.

Si lo dicho anteriormente es correcto, la pregunta , en el caso tan controvertido del derecho a la autodeterminación en Cataluña , es la siguiente: ¿Cataluña puede invocar y exigir ese derecho porque sus derechos son distintos y de peor condición que el de las otras colectividades de España?

O acaso, la pregunta sería la siguiente: ¿No será que Cataluña,- buque insignia de esas colectividades- no se resigna a seguir integrada en condiciones de igualdad con las otras colectividades y pretende reimplantar en ella el poder colonizador de tiempos pasados con respecto a ellas, constituyéndose en Estado independiente ?