La nueva Constitución de Chile

Chile, ante el reto de dejar atrás 30 años de desigualdades

ºManifestantes por el 'apruebo' en un acto en Valparaíso (Chile) este jueves, 1 de septiembre de 2022.
Manifestantes por el «apruebo» en un acto en Valparaíso (Chile) este jueves, 1 de septiembre de 2022.  Rodrigo Garrido / REUTERS

La nueva Constitución, feminista, ecologista y social, llega a las urnas con una ventaja del «rechazo» en las encuestas y una oleada de desinformación sobre sus propuestas de transformación.

Por CÉSAR G. CALERO

El agua como bien público, una democracia paritaria, el reconocimiento de derechos al 13% de chilenos que se reconocen indígenas, el ecologismo como prioridad política, la recuperación de los servicios públicos… La nueva Constitución chilena que se vota este domingo en referéndum propone un nuevo contrato social para un país que ha vivido un proceso político vertiginoso desde el estallido social de finales de 2019. El consenso que surgió de ese rugido popular se ha ido resquebrajando con el paso del tiempo. La desinformación y los bulos sobre los alcances de la norma promovidos por sectores de derechas han generado un clima contrario a la aprobación del texto.

Los sondeos otorgan una ventaja del «rechazo» de unos diez puntos frente al «apruebo». Pese a ello, el Gobierno progresista de Gabriel Boric, nacido de ese espíritu de cambio constitucional, todavía confía en un triunfo del «apruebo» que entierre definitivamente la Carga Magna actual, redactada en tiempos de la dictadura de Pinochet, y comience a dejar atrás 30 años de desigualdades en Chile.

Para tratar de contrarrestar la desventaja en las encuestas, el Gobierno de Boric propuso hace dos semanas realizar algunas modificaciones al texto constitucional si sale adelante en las urnas. El documento, consensuado con los partidos y las organizaciones sociales que respaldan al Gobierno, corrige y aclara algunos aspectos cruciales de la norma, como el relativo a la plurinacionalidad, sobre el que ha girado buena parte de la campaña del «rechazo». Aunque la Constitución deja claro que Chile es un Estado indivisible en el que cohabitan diferentes naciones (hasta once pueblos originarios), para la oposición derechista esa definición rompe el país. El Gobierno ha salido al paso de las desinformaciones y ha precisado que las autonomías territoriales respetarán «los principios de unidad e indivisibilidad del Estado de Chile y las libertades reconocidas y protegidas para todas las personas».

Otro de los cuestionamientos de los partidarios del «rechazo» hace referencia a los cambios en materia de justicia que establece la nueva Constitución. Respecto de la controversia sobre el reconocimiento de la justicia indígena, el acuerdo de los partidos de izquierda aclara: «No existirán regímenes de justicia paralelos que pongan en cuestión la unidad, coherencia y consistencia del poder judicial. La justicia indígena solo se aplicará a miembros del mismo pueblo, será voluntaria y no tendrá competencia respecto de delitos penales. La justicia indígena, tal como lo señala la nueva Constitución, siempre estará subordinada a la justicia ordinaria, en particular, a la Corte Suprema».

Boric, que apenas lleva seis meses en el poder, se ha comprometido también a incluir reformas al texto constitucional en materias tan sensibles como el sistema de pensiones (se asegura un modelo mixto y la continuidad de la capitalización privada), la salud (no se limitará la prestación de servicios privados) o la educación (con un modelo mixto). Aunque el joven líder progresista tiene previsto poner en marcha su propio programa de reformas (acaba de anunciar un proyecto para reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales), una derrota del «apruebo» en el referéndum supondría su primer gran revés político. El presidente chileno se forjó como dirigente en las manifestaciones estudiantiles de 2011 y aunque su paso por el Congreso con el Frente Amplio atemperó sus ímpetus revolucionarios, conserva ese halo de inconformismo que solo portan aquellos que han crecido políticamente con el aliento de la calle.

Los sectores políticos que han hecho campaña contra la nueva Carta Magna (los partidos de derecha agrupados en Chile Vamos, principalmente) abogan por redactar una nueva Constitución que reúna un consenso más amplio en la ciudadanía, según un documento presentado en julio. Pero la izquierda no se fía de las promesas de cambio de una derecha que ha taponado una y otra vez cualquier atisbo de transformación social durante las últimas tres décadas.

Crispación social

El texto constitucional, de 388 artículos, se ha elaborado a toda velocidad y en un ambiente de crispación social por la presión mediática ejercida sobre algunos miembros de la Convención Constitucional. Echando la vista atrás, todo comenzó a finales de octubre de 2019 con las masivas protestas por la subida del transporte público y la desproporcionada y violenta respuesta del Gobierno del derechista Sebastián Piñera. De buenas a primeras, se impugnaban no los 30 pesos de subida del transporte sino los 30 años de desigualdad social. De ahí surgió un pacto firmado in extremis a finales de ese año con el concurso de casi todas las fuerzas políticas y las objeciones de un sector de la izquierda (Boric se alineó con los primeros). Casi el 80% de los chilenos votó un año después por dotarse de una asamblea constituyente.

Entre los 155 miembros de esa convención elegidos también en las urnas había una gran cantidad de activistas, profesionales independientes y una representación de los pueblos originarios. La mitad de la asamblea estuvo conformada por mujeres, un hecho sin precedentes en el mundo. La prensa se cebó enseguida contra ciertos constituyentes con conductas inapropiadas, como la de Rodrigo Rojas, que alegó un supuesto cáncer que no padecía y tuvo que dimitir. O la del constituyente que votó en una ocasión a viva voz mientras se duchaba. Algunos creyeron que el asambleísmo había llegado para quedarse en un Chile que, sin embargo, había visto ganar a Piñera solo cuatro años atrás. El creciente rechazo social hacia la Constitución ha tenido que ver mucho con la amplificación de esas conductas y, solo en la recta final del proceso, con el contenido de la norma.

La Constitución que se vota este domingo en Chile es una de las más avanzadas del mundo en materia social y, sin duda, la más feminista al reivindicar una democracia paritaria. La norma declara un Estado social de derecho descentralizado (se elimina el Senado y se crea una Cámara de las Regiones) y abierto a procedimientos de democracia directa desconocidos en Chile hasta ahora. Un Estado volcado hacia la preservación de la Naturaleza y la desprivatización de recursos tan fundamentales como el agua. Un Estado que reconoce la plurinacionalidad en aras de alcanzar, entre otras metas, una solución política al conflicto que vive la región de la Araucanía, el territorio mapuche en continuo estado de confrontación.

Las últimas encuestas publicadas auguran un triunfo del «rechazo» por un margen que se mueve entre los nueve y los 16 puntos. El voto obligatorio en el referéndum (a diferencia de otros comicios) podría alterar las estimaciones y beneficiar a los partidarios del «apruebo» si logran movilizar a los abstencionistas habituales, entre ellos los más jóvenes. Si gana el «apruebo», se abrirá un periodo de negociación política que, con toda seguridad, introducirá cambios en la Constitución para lograr un mayor consenso social. El triunfo del «rechazo» cerraría en falso el ciclo de demandas ciudadanas abierto en octubre de 2019 y dejaría tocado al primer gobierno de izquierdas en Chile desde la experiencia del socialismo democrático de Allende a principios de los años 70, truncada por el sangriento golpe de Estado de Augusto Pinochet, cuya Constitución seguiría vigente.

Decretado el estado de excepción en El Salvador

Bukele y las pandillas: el infierno al cuadrado en El Salvador

Pandilleros esperan fuera de sus celdas durante un registro en la cárcel de Ciudad Barrios, en El Salvador. REUTERS/Secretaria de Prensa de la Presidencia
Pandilleros esperan fuera de sus celdas durante un registro en la cárcel de Ciudad Barrios, en El Salvador.  Secretaria de Prensa de la Presidencia / REUTERS

El estado de excepción decretado por el gobernante tras la ofensiva criminal de las pandillas traspasa todos los límites democráticos al cercenar los derechos fundamentales de los salvadoreños.

CÉSAR G. CALERO

El Salvador vive desde el domingo en estado de excepción. La medida fue decretada por el Congreso a petición del presidente, Nayib Bukele, tras la terrible ola de asesinatos del fin de semana. Los salvadoreños pagan así los errores del mandatario en su intento de someter a unas pandillas criminales con las que había llegado a una suerte de tregua no declarada oficialmente. El asesinato indiscriminado de decenas de ciudadanos en los últimos días sugiere algún tipo de incumplimiento en ese pacto secreto entre Bukele y los jefes de las pandillas.

El estado de excepción planteado por Bukele fue aprobado por un Congreso dominado por el oficialismo. Desde la madrugada del domingo han quedado suspendidas garantías constitucionales como la libertad de asociación y reunión, la libertad de expresión o la confidencialidad de las telecomunicaciones y la correspondencia. El plazo de detención sin acusaciones se amplía de tres a 15 días y se restringen los derechos de defensa de los arrestados. El estado de excepción se prolongará durante 30 días y contempla también restricciones a la entrada y salida del país. Las pandillas hicieron estragos durante el fin de semana. El viernes mataron a 14 personas y el sábado, a 62, el récord de homicidios en un solo día. Más de mil presuntos pandilleros han sido detenidos desde el fin de semana, según el gobierno.Bukele en Twitter: «Paren de matar ya o ellos la van a pagar también»

Bukele, un amante de las redes sociales como herramienta política, ha amenazado a los pandilleros por Twitter: «Tenemos 16.000 homeboys (pandilleros) en nuestro poder. Aparte de los 1.000 arrestados en estos días. Les decomisamos todo, hasta las colchonetas para dormir, les racionamos la comida y ahora ya no verán el sol. Paren de matar ya o ellos la van a pagar también». El ejército pandillero, sin embargo, abarca un contingente mucho mayor de los 17.000 miembros encerrados en las cárceles. Se calcula que las tres principales organizaciones criminales del país (MS-13, Barrio 18 Sureños y Barrio 18 Revolucionarios) cuentan con unos 70.000 efectivos, una tropa en la que se alistan jóvenes arrastrados por la miseria y la falta de oportunidades en uno de los países más pobres de América Latina.

La ofensiva criminal constata una gran laguna en la política de seguridad de Bukele, bajo cuyo mandato había descendido drásticamente la tasa de homicidios. Hace un año y medio, el periódico El Faro sacaba a la luz los entresijos de un supuesto pacto entre el gobierno y las principales pandillas. Bukele negó que hubiera una tregua y que se hubieran otorgado concesiones a los delincuentes. La tasa de homicidios se desplomaba así, según el relato gubernamental, por arte de birlibirloque.

El Salvador llegó a contabilizar en 2015 la tasa de homicidios más alta del hemisferio occidental (103 muertes violentas por cada 100.000 habitantes) tras el fin de la tregua firmada entre las pandillas y el gobierno de Mauricio Funes (2009-2014). Los asesinatos, que habían caído de 14 a cinco al día, volvieron a repuntar en 2015 hasta la veintena diaria. Bukele ha logrado reducir esa cifra a unos cuatro homicidios al día y una tasa de 17 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2021, la más baja de los últimos 25 años. Esa paz en las calles le ha supuesto una gran popularidad entre una población exhausta ante las acciones violentas de las pandillas. El gobierno asegura que la reducción de la criminalidad se debe a la aprobación hace tres años del Plan Control Territorial (PCT), un programa de seguridad que, en teoría, reforzaba los medios policiales y militares para el control de los barrios más conflictivos del país.

La negociación fallida

Para El Faro, sin embargo, el PCT no ha sido más que la coartada de Bukele para ocultar un pacto secreto con las pandillas. En un editorial publicado el lunes, el periódico independiente da por finiquitado ese plan: «El engaño del llamado Plan Control Territorial ha terminado con un baño de sangre inédito en lo que va del siglo XXI y el grupo que gobierna detrás de Bukele ha recurrido a los trucos de siempre para hacer frente a la crisis: el histrionismo mediático y la mentira para ocultar la negligencia y la improvisación. Los salvadoreños amanecimos este lunes con nuestras garantías cercenadas y con un gobierno autoritario que ya no necesita órdenes judiciales para abrir nuestra correspondencia o escuchar nuestras conversaciones o detenernos hasta por quince días sin acusación. ¿Por qué? Porque a Bukele le falló su negociación secreta con las pandillas».

Según el diario salvadoreño -una de las escasas voces independientes que quedan en El Salvador-, la ola salvaje de homicidios del fin de semana responde a la manera en que las pandillas expresan su fuerza en una negociación que parece haberse roto con el gobierno. Una válvula que los criminales abren cada vez que ven incumplidas determinadas promesas inconfesables.El estado de excepción decretado por Bukele traspasa los límites democráticos

Desde que ganó las elecciones hace tres años con el 53% de los votos, la popularidad de Bukele no paró de crecer hasta finales del año pasado, cuando cayó levemente. Su forma de gobernar a golpe de tuit y su discurso populista calaron en un amplio sector de la población muy decepcionado con las prácticas corruptas de los partidos tradicionales. Bukele apuntaló su poder hace un año tras arrasar en las elecciones legislativas, en las que su partido, Nuevas Ideas, cosechó el 66% de los votos. La vieja política quedaba marginada. El derechista ARENA (Alianza Republicana Nacionalista) obtuvo el 12% y el progresista FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional), apenas el 7%. Tras el control del Parlamento, el autócrata centroamericano estrechó el cerco a la justicia al destituir a cinco magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema y al fiscal general del Estado.

Como ocurriera cuando El Faro publicó el pacto secreto con las pandillas, Bukele, poco amigo de las críticas, carga contra sus detractores. Si entonces amenazó al periódico con una investigación por un supuesto caso de blanqueo de capitales, ahora acusa sin pruebas a la oposición de ser responsable de la oleada criminal de las pandillas, y arremete contra la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), verificadores del acuerdo de Funes con la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 en 2012. «Ustedes en la OEA y la CIDH fueron los que patrocinaron la ‘Tregua’ que solo fortaleció a las pandillas y les permitió acumular recursos, dinero, armamento, y les permitió entrenarse en los polígonos de tiro del ejército para matar salvadoreños. Llévense su peste de nuestro país», ha escrito Bukele en su cuenta de Twitter. Previamente, Paulo Abrao, exsecretario ejecutivo de la CIDH, había tildado de «populismo penal» las medidas aprobadas por el presidente salvadoreño».

El paso dado por Bukele es de una extrema gravedad al cercenar derechos constitucionales de los seis millones y medio de salvadoreños. Su autoritarismo ya había quedado acreditado desde el inicio de su mandato, pero el estado de excepción decretado ahora traspasa todos los límites democráticos. Es hora de que los organismos regionales e internacionales pongan freno al autócrata centroamericano.