El cohousing, modelo de convivencia

El cohousing, un modelo de convivencia que vino de Europa para quedarse

El autor expone que el cohousing Olivar Plaza, previsto en Gines, avanza con la reciente licitación de las obras y sigue captando socios para lograr el número necesario iniciar la construcción

Fachada del edificio diseñado para el cohousing sevillano Olivar Plaza.
Fachada del edificio diseñado para el cohousing sevillano Olivar Plaza. 

JOAQUÍN LIMA Presidente de CUSLAR Sociedad Cooperativa Andaluza

Es frecuente que grupos de amigos bien avenidos se planteen organizarse para vivir juntos el día de mañana, aunque desarrollar un proyecto de viviendas colaborativas o cohousing es una empresa compleja.

Cohousing es el nombre de un modelo de convivencia colaborativa desarrollado generalmente por mayores de 50 años, que se ponen de acuerdo para vivir en espacios comunes, manteniendo la independencia en sus propias casas. Esto les permite mantener el equilibrio entre lo común y lo privado, creando una comunidad vecinal autogestionada, con vínculos que se aproximan a lo que sería una familia elegida, formada por personas sin relación de parentesco, que se quieren, valoran y ayudan mutuamente cuando lo necesitan.

En esta forma de vida es necesario tener en cuenta dos cuestiones fundamentales: la convivencial dentro de un grupo afín y en un espacio común y la asistencial, especialmente en cohousing senior pensados para que sus residentes puedan permanecer en este durante toda su vida, recibiendo los cuidados que requieran en cada momento, sin necesidad de trasladarse a otro tipo de institución por razones de dependencia.

En este sentido, el espacio físico juega un papel muy importante. Debe proyectarse teniendo en cuenta no solo los aspectos arquitectónicos sino otros como facilitar la convivencia y las relaciones entre los residentes y de estos con el exterior; y por otro lado, la accesibilidad, la realización de actividades promotoras y el envejecimiento activo y la oferta de cuidados a personas dependientes.

Este modelo de convivencia tiene innumerables ventajas a nivel colectivo e individual. Así, permite optimizar bienes y servicios que pueden ser compartidos, economizando recursos, reduciendo gastos, generando nuevo modelo social, económico y ecológico, en el que son fundamentales el interés del grupo, la ausencia de lucro y el cuidado del medio ambiente.

A nivel individual, fomenta la integración social, la participación, la colaboración, la solidaridad, el entretenimiento, la creatividad, y lo que es más importante, la toma de decisiones compartidas, y el sentido de pertenencia, contribuyendo además a evitar la soledad no deseada, que se convierte en fuente de sufrimiento, limita el derecho de participación social y tiene consecuencias negativas como deterioro cognitivo, pérdida de memoria, depresión, ansiedad, problemas cardiovasculares, consumo de sustancias, etc.

Este modelo tiene sus orígenes en Dinamarca donde, en los años 60, surgen los primeros grupos que conviven en un conjunto residencial. Posteriormente se fue extendiendo por el norte de Europa, Estados Unidos, Canadá, Argentina o Uruguay.

En España, el primer cohousing, Residencial Santa Clara, se inaugura Málaga en 2001. Le siguen Travensol, Residencial Puerto de la Luz, Convivir, Profuturo, Antequera 51, La Borda o Entrepatios.

El crecimiento en España está siendo exponencial. Andalucía es una de las comunidades con mayor número de cohousing. Hemos constituido la asociación de cohousing senior de Andalucía (SECOAND), con el propósito de defender los intereses generales de los cohousing asociados, representarlos ante las Administraciones Públicas y reclamar las ayudas necesarias para el desarrollo de sus objetivos.

Desarrollar un proyecto de cohousing no está exento de dificultades. Este camino se inicia con un número reducido de personas que constituyen una cooperativa, la fórmula jurídica más recomendada. El siguiente paso es conseguir un terreno adecuado mientras va aumentando el número de miembros hasta llegar al deseado. Facilita la autogestión que no sean más de 30 o 35 viviendas. La creación de grupo requiere generar vínculos y establecer la filosofía del proyecto (misión, visión y valores). Simultáneamente se va desarrollando el proyecto arquitectónico y el plan de viabilidad, solicitando los permisos municipales previos a la construcción.

Este es el caso de Olivar Plaza (https://olivarplaza.es), que se está desarrollado en Gines por Cuslar, cooperativa constituida en 2018 por un grupo de amigos. Actualmente disponemos de un terreno, propiedad de la cooperativa, bien situado y de dimensiones adecuadas y rodeado de servicios. Un proyecto arquitectónico para 35 apartamentos con amplias zonas comunes y jardines, creado con las aportaciones de todos y bajo la dirección de Albalá & Cordero. Tenemos los permisos y el apoyo municipal, hemos puesto en común la misión, visión y valores de nuestro cohousing, elaborado el plan de viabilidad y seguimos captando personas socias para llegar al número necesario para iniciar la construcción.

En los últimos meses hemos procedido a licitar las obras, aunque somos conscientes de que quizás sea conveniente esperar un poco, dado el aumento en el precio de las materias primas, la energía y el transporte.

Celebramos la aprobación del Plan Estatal para el acceso a la vivienda (2022-2025), que por primera vez incluye un programa de fomento de alojamientos temporales, de modelos cohousing, de viviendas intergeneracionales y modalidades similares y del proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica (PERTE) que incluye a la economía social y de los cuidados para desarrollar e impulsar servicios avanzados en el ámbito de los cuidados, accesibles y centrados en las personas.

Todo esto puede suponer una gran ayuda para seguir avanzando en proyectos que requieren de una inversión inicial importante para la construcción del edificio, a cambio de conseguir costes reducidos de mantenimiento y servicios que, en la mayoría de los casos, no suponen ni la mitad de los precios medios de una residencia tradicional.

Como vemos, un camino complejo que requiere de la fuerza del grupo y del apoyo de las administraciones públicas y de las entidades financiares, para crear una alternativa a envejecer en soledad, a ser una carga para las familias o a vivir en una residencia tradicional. Por eso el cohousing en España se está implantando de forma imparable y ha venido para quedarse.

COHOUSING TERCERA EDAD

Travensol

Cohousing tercera edad .Esto no es una residencia de ancianos

El cohousing para la tercera edad se está convirtiendo una prometedora alternativa a las residencias de mayores o al cuidado de familiares. Sin ánimo de lucro, organizado en cooperativa con vivienda en derecho de uso y servicios adecuados, Trabensol, en Torremocha del Jarama, es uno de los ejemplos de éxito de esta experiencia vertebrada por la autogestión de los barrios obreros del Madrid de los 60.

“Me enteré de esto cotilleando por Internet”, afirma Gonzalo mientras carga su equipaje por el pasillo del hall. Tiene 63 años y acaba de llegar al lugar donde quiere acabar sus días junto a su mujer, Svetlana, de 68. Aún falta tiempo para eso, pero el lugar al que han llegado no les parece un final. Más bien al contrario. “Teníamos un proyecto clarísimo en la cabeza, no queríamos acabar nuestros días en una residencia de ancianos al uso, buscábamos algo alternativo, algo activo y en el que pudiéramos participar en la toma de decisiones”, resume. “Hace tres años lo vimos, lo hablamos, lo visitamos, nos aceptaron… y empezamos a vivir aquí dentro de dos días”, concluye Svetlana. Se les ve ilusionados y contentos, como a toda la gente que recorre, con o sin bastón, los pasillos del edificio. “Teníamos ganas de vivir aquí, es lo que buscábamos”, insiste Gonzalo.

Se refieren a Trabensol, un centro social de convivencia para mayores, tal y como reza el cartel de la entrada, aunque se percibe que es algo más que eso nada más rebasar el umbral de la puerta automática. “Esto no tiene nada que ver con una residencia de ancianos”, resume Jaime Moreno, uno de los socios fundadores de esta cooperativa en la que pusieron la primera piedra en 2011. Algo más de dos años después, ya había un complejo de 6.000 metros cuadros construidos sobre una superficie de 22 kilómetros cuadrados. 54 apartamentos adaptados de 50 metros cuadrados con una pequeña terraza se extienden en hileras de dos plantas orientadas al sur. La luz inunda las casas todo el día y el suelo mantiene una temperatura de 16 grados en invierno y en verano. “Es geotermia, el calor del interior de la tierra. Es fundamental para que el consumo energético no sea muy costoso”, explica Moreno en el hall del complejo, que cuenta con un gran comedor, una biblioteca, un gimnasio, un cineforum, una lavandería, grandes jardines por los que pasear y hasta un huerto urbano. “Hay de todo y está aquí, en nuestras casas. Esto es una comunidad que se presta ayuda y compañía”, apunta.

Moreno tiene 82 años, aunque no los aparente en absoluto, y fue periodista, por eso hace de portavoz y guía para los medios de comunicación que se interesan por este proyecto alternativo. “Mi primer trabajo fue en el NO-DO”, confiesa socarrón mientras deja ver triángulo rojo invertido que lleva en la solapa del abrigo y que recuerda a la resistencia antifascista europea . “Ha costado mucho esfuerzo hacer todo esto, pero fue una decisión de un grupo grande de personas que tenía un largo bagaje en la lucha social”, incide. Ahora son 54 socios. Viven allí 80 personas y tienen lista de espera. “El interés por este proyecto está creciendo, porque las residencias públicas tienen pocas plazas y los requisitos para entrar limitan mucho. Las privadas son inaccesibles para los ahorros y pensiones de la mayoría, sobre todo si somos un matrimonio. Esto no es barato, pero es más accesible y, sobre todo, mucho más alegre”, describe.

Trabensol no es un nombre al azar, es el acrónimo de Trabajadores En Solidaridad, lo que da una pista del espíritu de este lugar. Es lo que los fundadores mamaron en su juventud, en el entones extrarradio madrileño de los años 60, cuando los vecinos tenían que autorganizarse para conseguir alcantarillado, asfaltar las calles o que se hicieran colegios. Si el Gobierno no lo hacía, ellos se reunían y se autoprestaban servicios básicos, si no había viviendas sociales y económicamente accesibles, montaban una cooperativa de vivienda. Y así todo. Solidaridad obrera, lo llamaban.

Hace unos 20 años, la carencia que detectaron fue el confort y los cuidados en la última etapa de sus vidas. Y no dudaron en construirse su propia solución. Solos, como siempre. Sin apoyo de la Administración Pública. Quizás por eso tuvieron que poner los cimientos de este lugar a 50 minutos en coche de la capital, en Torremocha del Jarama, uno de los últimos pueblos de la Comunidad de Madrid.
“Empezamos a buscar en la propia ciudad, pero era inviable con esos precios. Recorrimos más cien pueblos, llegamos a Extremadura y Toledo, hasta que encontramos un suelo más o menos barato. Era el boom de la especulación y del ladrillo, todo estaba carísimo y sólo dábamos con el típico conseguidor que te ponía en contacto con la gente adecuada a cambio de una buena mordida”, recuerda Moreno.

Hasta que llegaron por casualidad a Torremocha, de unos 800 habitantes. Compraron el suelo, encargaron el diseño a unos arquitectos con preocupación por la eficiencia y la sostenibilidad, el Ayuntamiento dio la licencia de obra, pudieron recalificar los terrenos para hacerlos urbanizables y, ahora, hay incluso concejales en el Ayuntamiento que viven en este complejo. “Los hay en el Gobierno y también en la oposición”, apunta Moreno. “Estamos empadronados todos aquí. Eso hace crecer la población y es más fácil que traigan más servicios, y también viene gente del pueblo a actividades que organizamos aquí”, resume. Un win win, que diría cualquier ejecutivo, aunque aquí no hay ningún negocio.

 “No es barato pero es accesible. La mayoría teníamos una vivienda que vendimos para venir aquí a vivir»

La fórmula que utilizan no es nueva, aunque sí novedosa, al menos en España. Se llama cohousing, ningún socio es dueño de nada pero decide en todo. Adquieren el derecho a usar sus viviendas hasta que fallezcan o decidan marcharse. Eso cuesta, en esta cooperativa, 145.000 euros por socio (cada matrimonio, por ejemplo, puede ser un único socio aunque tendrá un solo voto en las asambleas), que se devuelven a sus herederos cuando dejen de usar el apartamento o las instalaciones, si es que ellos no quieren vivir ahí. La cuota de uso varía entre los mil euros mensuales si es una sola persona o los 1.300 euros si son una pareja.

“No es barato pero es accesible. La mayoría teníamos una vivienda que vendimos para esto y nos llega con nuestras pensiones. No hay más gastos, aquí hay de todo, desde comida y limpieza semanal de las casas hasta atención 24 horas para las personas dependientes”, apunta Pepe Redondo, de 75 años. Pero, sobre todo, se elimina la soledad y el aislamiento, inciden todos los residentes entrevistados, que no dudan en que ese era su mayor miedo, unido a resultar una carga para sus hijos. “Todos tuvimos que cuidar a nuestros padres y vimos lo que desgasta ese proceso. No lo queríamos, ni para nosotros ni para nuestros hijos”, sentencia este socio, que lleva seis años en Trabensol con su mujer. Sus dos hijos vienen a visitarlos a menudo con sus dos nietos, o al contrario, ellos van a cuidar a los nietos cuando hace falta. “Al principio les parecía algo raro, ahora creen que es una maravilla. No se trata de venir aquí cuando ya eres dependiente, se viene aquí antes, cuando te jubilas, para disfrutar. No te aburres nunca”, afirma.

40 proyectos alternativos a las residencias en España

Trabensol es un proyecto ya consolidado, aunque no fue el primero. El germen de esta experiencia está en Málaga, donde en el 2000 echó a andar la cooperativa Residencial Santa Clara, recuerda Daniel López, profesor de estudios de Psicología y Ciencias de la Educación en la Universidad Oberta de Catalunya, investigador del grupo CARENET del IN3 y doctor en Psicología Social. Empezó en 2015 a estudiar este fenómeno y ha ido ampliando el trabajo de campo hasta la actualidad. “Desde Santa Clara hasta Trabensol, han ido surgiendo nuevos grupos que han visto que es posible. Pero una cosa es tener la idea y otra, llevarla a cabo. Es un proceso largo y laborioso: normativa, arquitectura, economía, dinámicas internas… Suele haber un acervo comunal detrás de esto. Pero las nuevas generaciones que empiezan a mirar a este modelo no tienen tan arraigada esa tradición autogestionaria”, explica el experto, que ha conocido iniciativas que no han llegado a buen puerto.

Según el mapeo realizado por López, en España hay ya 12 cohousings en funcionamiento, 11 cooperativas constituidas, ocho en proceso de formación, dos en obras, tres parados y seis con los terrenos adquiridos o la ubicación elegida. «Desde hace varios años hemos notado un mayor interés por este modelo», afirma López.

«El cohousing es sólo la expresión más visible de una necesidad de alternativa a las residencias»

“Al fin y al cabo, es autogestión. Eso requiere mucha implicación de todos. No todo el mundo está dispuesto a gestionar tanta responsabilidad y menos a esa edad”, sostiene. “Desde luego que es un modelo eficaz pero el cohousing no puede ser la única alternativa a la residencia. Es una alternativa a la soledad. Pero hace falta implicación de la Administración Pública para que aparezcan soluciones similares a estas en el futuro, porque el envejecimiento de la población es un hecho y los recursos no son para nada suficientes”, advierte López.

Según este psicólogo, lo que viene son millones de personas mayores que demandarán conectividad social, viviendas adaptadas, nuevos servicios de cuidados menos asistencialistas y que den más pie a que las personas “decidan cómo quieren ser cuidadas”. Sin embargo, “eso no es apostar por el cohousing únicamente. El cohousing es la expresión más visible de esa necesidad de alternativas. Y la Administración debe estar atenta porque la sociedad tiene derecho a recibir esos cuidados que ahora están supliendo los familiares o, en este caso, una comunidad de vecinos”, apunta López, que ha detectado una gran proliferación de “empresas facilitadoras” en la conformación de grupos y orientación en proyectos que empiezan a dibujarse.

Comisiones y grupos de trabajo

Moreno, el periodista jubilado de Trabensol, insiste en la importancia de los distintos grupos de trabajo y comisiones que se encargan desde la economía hasta la jardinería. “Sí, tenemos contratado personal de limpieza, un catering que cocina aquí para las comidas y algún jardinero de refuerzo. Contratamos a una directora gerente y a algún administrativo. Pero también nos implicamos nosotros en la gestión”, sostiene. Y también miran hacia adelante, porque no quieren perder impulso. “Creemos que esto funciona bien, por eso tenemos que ver los problemas que van surgiendo. Tenemos una “comisión de futuro” estudiando escenarios para cuando los socios envejezcan más y sean más dependientes. La Ley de Dependencia parece que nunca va allegar a tiempo, y eso es un gran reto”, profetiza.

“No es una utopía. Esto es real y es posible”

“No es una utopía. Esto es real y es posible”, sostiene Pepe mientras echa un vistazo a las berenjenas que están creciendo en la huerta. Él se encarga de su cuidado, recoge las verduras cuando están listas y las deja en las zonas comunes para que, quien quiera, se lleve algo para cenar. “Era maestro, pero mis padres eran gente de campo y yo todavía puedo doblarme y hacer surcos en la tierra”, asegura. “Es lo que llamamos la cuota social. Cada uno aporta a la comunidad la experiencia de vida que trae. Quien sabe de cine organiza el cineforum, quien sabe yoga nos da clases, quien ha sido enfermera nos ayuda con las pastillas y la que sabe pintar da talleres. Aquí no hay aprovechados, todo está organizado en comisiones”, ilustra. Sin embargo, ante el interés que este fenómeno está tenido en la actualidad, Pepe lanza una advertencia: “Primero hay que formar cooperativistas. Luego podrán funcionar las cooperativas. Eso se está perdiendo, va faltando rodaje asociativo”.

jairo Vargas

 

 

Cohousing cooperativo senior

Auge en Cataluña de las cooperativas para vivir la jubilación en compañía

 Un hotel cerrado en Sant Feliu de Guíxols (Girona) albergará en 2025 un total de 31 pisos cooperativos para mayores.© HISPACOOP Un hotel cerrado en Sant Feliu de Guíxols (Girona) albergará en 2025 un total de 31 pisos cooperativos para mayores.

Los catalanes que se acercan a la tercera edad son cada vez más partidarios de optar a otras formas de vivir cuando alcanzan la jubilación, más allá de la residencia de mayores convencionales. Este cambio de mentalidad respecto a cómo afrontar la última etapa de la vida se ve acentuada por el aumento de la esperanza de vida y el consecuente incremento de personas de edad avanzada, al que contribuirán los nacidos en el baby boom (entre 1965 y 1977). Las previsiones estadísticas poblacionales indican que en el año 2035 más de dos millones de catalanes tendrán más de 65 años.Parte de los impulsores del 'cohousing' cooperativo senior Can 70 en Barcelona y sus alrededores, un proyecto que nació en 2015.© HISPACOOP Parte de los impulsores del ‘cohousing’ cooperativo senior Can 70 en Barcelona y sus alrededores, un proyecto que nació en 2015.

A estos factores de peso, se suman otros nada desdeñables: el cambio en las estructuras sociales y familiares, en las que los hijos no son ya los principales cuidadores de sus progenitores (y la irrupción de los cuidadores a domicilio), la creciente importancia de las redes de amigos en la vida de las personas, y el golpe que ha asestado el coronavirus entre los residentes en geriátricos, con miles de fallecidos durante la pandemia.

Este cambio de paradigma se expresa en el informe El futuro de los cuidados de Sondea para Clece, realizado a partir de más de 2.000 entrevistas a españoles entre los 55 y los 77 años, y que indica que el 58% de los catalanes valora positivamente compartir una vivienda con otras personas mayores en su retiro como alternativa a las residencias tradicionales.

Para vivir en compañía pero con mayor independencia y decidiendo el día a día e interviniendo en la gestión de los complejos en los que residen, se está comenzando a implantar el modelo de cohousing cooperativo senior, inspirado en experiencias escandinavas.

El nuevo Plan de Vivienda estatal acoge por primera vez ayudas para el ‘cohousing’

En datos de la Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios (Hispacoop), hay cuatro proyectos ahora mismo en Catalunya, dos de ellos en marcha y otros dos en proyecto (10 en toda España). El primero abrió hace 20 años en Málaga (Santa Clara),pero no fue hasta hace una década que se empezó a expandir por parte de «urbanitas» en búsqueda de «espacios en los que vivir una vejez activa en compañía», normalmente en entornos rurales por el menor coste del terreno donde edificar, explica su presidente Félix Martín.

Suelen pasar 10 años «desde que surge la idea entre un grupo de personas y se genera el proyecto hasta que entran a vivir», dice. La asociación «celebra» que el nuevo Plan de Vivienda estatal acoja por primera vez ayudas para el cohousing.

En Tarragona se encuentra La Muralleta, una cooperativa en régimen de cesión de uso de la vivienda en la que los residentes pagan una cuota mensual por la que adquieren derecho al disfrute del edificio y de sus zonas comunes. En Roses (Girona) está el complejo Dr. Pi i Sunyer, que consta de una residencia asistida con 112 plazas y de un centro de día con 25 plazas. Los socios aportan 21.000 euros por plaza en habitación doble y 36.000 euros por habitación individual.

El 58% de catalanes de 55 a 77 años valora positivamente compartir vivienda en su jubilación

En Sant Feliu de Guíxols (Girona) se trabaja desde hace tres años en Waden XXI, 31 viviendas cooperativas adaptadas para mayores en régimen de cesión de uso (HCCU) que se ubicarán en un antiguo hotel en desuso que ha sido adquirido por 7,2 millones de euros. La aportación de los socios es de 45.000 euros. Actualmente se está ultimando el proyecto ejecutivo para la reforma integral del edificio con el calendario de que esté listo para habitar en el año 2025.

Por último, un grupo de 20 personas, en su mayoría mujeres de entre 55 y 70 años, buscan 10 socios más para impulsar en Barcelona o sus alrededores Can 70. La idea se gestó en 2015 y su objetivo es encontrar un espacio para construir el complejo que se retorne a la ciudad una vez finalizado el periodo del derecho de superficie. Según Hispacoop, hay 11 proyectos más en construcción a nivel estatal. En un texto firmado colectivamente, los miembros de Can 70 explican: «El espacio en el que queremos compartir nuestra vida no pude ser ni significar aislamiento, sino al contrario. Queremos vivir nuestra nueva realidad en el barrio y, sobre todo, queremos vivir el barrio».

En datos del Proyecto de investigación Movicoma, que estudia el auge, desarrollo e impacto del movimiento de vivienda colaborativa de personas mayores en España, en 2017 se contabilizaban 30 iniciativas y en 2019 un total de 80, un aumento de más del 166%

​Un modelo social y otro nórdico

En Barcelona, la fundación privada Llars Compartides habilita pisos compartidos a jubilados solas y con una pensión menor de 600 euros. Gestionan 9 viviendas a las que sus ocupantes destinan como máximo el 30% de su pensión. En Sant Adrià de Besòs, una residencia de mayores que adapta el modelo nórdico de unidades de convivencia con espacios comunes: seis pisos de unos 450 metros cuadrados para entre 8 y 19 residentes cada uno.

Hacia sujeciones cero en las residencias

El Gobierno plantea que en el plazo de tres años ninguna residencia ni centro de día inmovilice a los mayores

María Sosa Troya

Varios mayores en una residencia, en una imagen de enero de 2022.

© KIKE PARA (EL PAÍS) Varios mayores en una residencia, en una imagen de enero de 2022.

El Gobierno tiene como objetivo avanzar hacia las sujeciones cero, es decir, que no se inmovilice a los mayores ni a las personas dependientes que viven en residencias o asisten a centros de día, que no sean inmovilizados ni sedados para reducir su agitación. Así consta en el último borrador de trabajo sobre los nuevos requisitos que se exigirán a los servicios de dependencia, donde el Ministerio de Derechos Sociales plantea que en un plazo máximo de tres años tras la entrada en vigor de este texto, que aún se está negociando, los centros hayan implementado un plan de atención libre de sujeciones, que contemplará su “supresión total y segura”.

Solo podrán usarse de manera excepcional, cuando no haya ninguna otra alternativa ante un peligro que debe ser inminente. En el documento también se añaden cambios respecto al anterior borrador, como una subida de las ratios de personal en las residencias de mayores, la limitación a un máximo de 50 plazas en las de discapacidad (frente a 90 en las de ancianos), y se propone un plazo para que los centros y servicios actualmente en funcionamiento se adecúen al nuevo modelo: dispondrán de siete años, a excepción de los recursos públicos de gestión privada, en ese caso se esperará a que acabe el contrato para implementar las modificaciones.

Una negociación compleja

La negociación es compleja y a tres bandas. Por un lado, el texto se ha ido discutiendo con la mesa de diálogo social, que se ha reunido este viernes y donde se sientan patronales y sindicatos. Por otro, con la de diálogo civil, que aglutina a asociaciones, familiares de usuarios y expertos en el sector. Y, por último, con las comunidades autónomas, a las que se entregará este último borrador para comenzar a abordarlo con ellas y que, al ser las competentes en la gestión, tienen la llave para que este acuerdo salga adelante. Es probable, por tanto, que el texto sufra nuevas modificaciones. El objetivo es que el pacto definitivo se pueda alcanzar a lo largo de este primer trimestre en el consejo territorial que reúne a los gobiernos autonómicos y a Derechos Sociales.

La necesidad de un nuevo modelo de atención lleva tiempo sobre la mesa, y se ha acentuado a raíz de la pandemia, cuando se evidenciaron las debilidades del sistema. De hecho, muchas autonomías han sacado adelante modificaciones normativas en esta línea. La tarea del Gobierno es la de coordinación, y este documento fijará un mínimo común en todos los servicios de dependencia que se presten en el país. El anterior pacto, de 2008, es mucho más escueto. El documento fija requisitos para residencias, centros de día, ayuda a domicilio y teleasistencia.

Varias fuentes consultadas, conocedoras de la negociación, han manifestado su inquietud sobre la forma en que se financiarán estos cambios. La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, miembro de la mesa de diálogo civil, considera clave que haya un análisis de costes y una memoria económica que garantice que puedan implementarse.

No hay una partida específica prevista para este acuerdo marco, pero la financiación estatal de la dependencia ha recibido una inyección de 1.800 millones de euros entre 2021 y 2022, la mayor desde que se aprobó la ley (también hay más de 3.000 millones previstos para cuidados de larga duración de los fondos europeos, entre 2021 y 2023). Parte de esa financiación está vinculada al cumplimiento de un plan de choque que, entre sus medidas, incluye precisamente la aprobación de este acuerdo sobre los requisitos mínimos que deben cumplir los servicios del sistema de la dependencia.

Los borradores que han trascendido hasta ahora siempre han hecho hincapié en que los atendidos en el sistema de la dependencia tienen derecho a recibir “una atención libre de sujeciones, ya sean estas físicas, mecánicas, químicas o farmacológicas”. Se desconoce el número exacto de personas que son inmovilizadas en estos centros, pero según estimaciones de la confederación de asociaciones de mayores Ceoma, pueden ser unas 55.000. En las últimas semanas se ha conocido la muerte de dos ancianos cuando estaban inmovilizados en residencias.

Este último texto establece que los planes para eliminar las sujeciones de los centros de día y residencias tendrán que aprobarlos los servicios de inspección de las comunidades autónomas. Solo serán admisibles ante situaciones “excepcionales y de urgente necesidad” en las que exista un “peligro inminente” para usuarios u otras personas y tras constatar el fracaso de otras medidas alternativas, que deberán quedar documentadas. Se incide en que será necesario un consentimiento informado (ya es un requisito), que no puede ser genérico ni diferido en el tiempo. Será obligatorio informar a la Fiscalía, que este enero emitió una instrucción en la que se insta a los fiscales a aumentar el control sobre estas prácticas.

Que los centros se adapten a la persona

En el documento se plantea un cambio de paradigma: que sean los centros y servicios quienes se adapten a las personas, y no al revés. Lo que se conoce como atención centrada en la persona, un concepto con el que ya funcionan algunos servicios, aunque el panorama es muy dispar. Según el texto, todos los usuarios del sistema de la dependencia dispondrán de un plan personalizado de atenciones, en el que se tenga en cuenta sus preferencias y necesidades.

En residencias de mayores, el tamaño máximo para los centros que se construyan tras la entrada en vigor del acuerdo se fija en 90 plazas, con un 65% de habitaciones individuales, y los ya existentes deberán adecuarse en un plazo de siete años, dividiéndose en unidades independientes entre sí y hasta alcanzar un 35% de habitaciones individuales. En residencias de discapacidad el límite máximo será de 50 plazas. Este era el establecido en un primer borrador para todas las residencias, pero patronales de dependencia se quejaron de que sería insostenible. Habrá unidades de convivencia de un máximo de 15 personas que tendrán un funcionamiento tipo hogar, en donde habrá una cocina, comedor, sala de estar y, preferentemente, acceso a un área exterior, como una terraza o jardín. Deben ubicarse en suelo urbano, promoviendo las relaciones cotidianas con la comunidad.

En cuanto a las ratios, el ministerio propone, en primer lugar, que pasen a calcularse por jornadas completas de trabajo, y no por número de contratados. En segundo lugar, habla de personal de atención directa de primer nivel —auxiliares y gerocultores—, de atención directa de segundo nivel —graduados universitarios de las ramas social y sanitaria— y de atención indirecta, que agrupa al resto de la plantilla.

A principios de febrero, la Plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuarios de Residencias mostró su decepción con el anterior borrador en la mesa de diálogo civil, especialmente en cuanto a las ratios. Las consideraban insuficientes y alertaban de que, al pasar a calcularse sobre el número de plazas ocupadas (aunque nunca podrá bajarse del 80%) en lugar del total de plazas podía ocurrir que hubiera centros a los que en 2023, con la propuesta que se hacía para auxiliares, se les exigiera menos personal que el que se establecía en el acuerdo de 2008. Este último borrador eleva aquella propuesta.

El texto plantea que las ratios que vayan escalando en 2023, 2025 y 2027: de 0,35 a 0,43 para gerocultores y auxiliares en residencias de mayores (es decir, 35 o 43 jornadas completas de personal de atención directa de primer nivel por cada 100 residentes), una cifra que para personas con discapacidad se sitúa en 0,42 en 2023 —en el anterior texto ya se preveía 0,50 en 2025—, y 0,50 en 2027.

Ese 0,43 implicaría, para una unidad en que convivan 15 mayores, que habría cinco trabajadores: dos en el turno de mañana, dos en el turno de tarde y uno en el de noche. En atención directa global, es decir, también incluyendo a graduados universitarios como trabajadores sociales o enfermeros, se plantea llegar a 0,51 en 2027 en residencias de mayores y 0,58, de personas con discapacidad.

Alejandro Gómez, consultor que ha estudiado las normativas autonómicas —una de las patronales de la dependencia, Ceaps, publicó sus conclusiones en un reciente estudio— asegura que el borrador supone una mejora de las ratios respecto a los promedios estatales, aunque en su opinión deberían diferenciar por tipologías de dependencia, ya que en el futuro habrá usuarios con cada vez más necesidades de apoyo. Los familiares siguen considerando insuficiente la nueva propuesta y piden equipararlas a las de discapacidad.

El documento también exige al menos un inspector por cada 25 residencias (independientemente de que también deban supervisar centros de día u otros servicios sociales), en lugar de uno por cada 30, que se establecía en el anterior texto. Los familiares habían pedido 1 por cada 15. Según los datos recopilados el año pasado por EL PAÍS, solo tres comunidades (Asturias, Cataluña y Extremadura) superaban de media el umbral de 25 residencias por cada trabajador del servicio de inspección en ese momento. Se constituirá un grupo técnico de trabajo que, en el plazo de un año, fijará estándares comunes para medir la calidad de los servicios, cuyos resultados deberán ser públicos. Actualmente no hay nada parecido.

En el borrador también se propone incluir a familiares en los consejos de participación de usuarios de residencias, siempre que los residentes lo estimen oportuno. En cuanto a la ayuda a domicilio, se indica que al menos el 5% de la jornada de los auxiliares se deberá dedicar a labores de coordinación y que el desplazamiento de los trabajadores no contará como tiempo de atención, aunque sí como parte de su jornada

Por unas pensiones dignas

 Editorial Redes Cristianas

Desde hace varios años, uno de los sectores de la ciudadanía más activos en la reivindicación de sus derechos son los jubilados. Con el lema gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden en Bilbao y en Madrid, en Valencia y en Zaragoza, en Rota (Cádiz) y en Tarancón (Cuenca) y etc., los mayores defienden reiteradamente la justicia que les es debida.

Sorprendentes han sido las dos marchas que, saliendo desde Bilbao y Rota, a las que se le fueron uniendo más gente por el camino, terminaron en una gran concentración ante el Congreso de los Diputados en Madrid. Estos luchadores de edad avanzada, que fueron capaces de traer la democracia al Estado español, ahora están demostrando combatividad por una sociedad justa a partir de reclamar al Estado un Sistema Público de Pensiones de calidad e igualitario para ahora y para las siguientes generaciones.
En España existen aproximadamente nueve millones y medio de pensionistas, cuya retribución media es de unos 993 euros. Pero hay innumerables jubilados que reciben pensiones muy reducidas y hasta menos de la mínima. Entre los más de diez millones de pobres que hay en nuestro país según Cáritas, muchos de ellos son pensionistas. Además, desde la crisis económica que comenzó en el 2008 y con el aumento del paro y de los salarios precarios, muchos jubilados con sus modestas pensiones han ayudado a sobreexistir a sus familias.
Redes Cristianas se solidariza con las propuestas de las organizaciones de pensionistas y jubilados, algunas pertenecientes a los grandes sindicatos, que reivindican: la derogación de las reformas laborales de 2011 y 2013 del Partido Popular, especialmente sus aspectos más regresivos; garantizar las pensiones dignas presentes y futuras en el ámbito del Pacto de Toledo; aprobar en el 2020 la cuantía de 1080 euros para las pensiones mínimas; revalorización automática de salarios y pensiones en función del IPC; especial preocupación por los jubilados en el mundo rural y las mujeres pensionistas; rechazo del factor de sostenibilidad que vincula la cuantía de las pensiones a la esperanza de vida de los jubilados; oposición radical a los intentos de privatización; apuesta por invertir más recursos para el Sistema Público de Dependencia y Sanidad Pública; asimismo, se solicita un incremento del 60% de la base reguladora para las pensiones de viudedad. Apoyamos un sistema solidario entre generaciones y territorios, en defensa de la Caja Única de Pensiones; y una reforma de la Ley Fiscal progresiva y que proteja a los sectores más desfavorecidos, entre los que se encuentran los modestos pensionistas.
Es evidente que las reivindicaciones de los jubilados y pensionistas se corresponden con los principios rectores de la política social, pues el art. 50 de la Constitución Española habla de garantizar las pensiones de calidad y de su poder adquisitivo. Asimismo, el art. 109 de la Ley General de la Seguridad Social sobre los aportes del Estado estima que debe darse una aplicación estricta. La Seguridad Social ha tenido superávit hasta el 2011. El déficit posterior es ficticio y ha servido para justificar la Ley de Sostenibilidad y la miserable subida del 0,25% en las pensiones durante el gobierno del PP. Un impuesto a la banca para garantizar las pensiones de nuestros mayores siempre es factible, aunque se opongan firmemente los poderes financieros con el Banco de España a la cabeza.
Estamos convencidos de que una sociedad que no respete a sus mayores, y les garantice una vida digna y de calidad, no es una sociedad civilizada. Para lograr este objetivo y defender el Estado de Bienestar social, nuestros poderes políticos legítimos tendrán que plantarle cara al sistema neoliberal, idólatra del dinero, que se opone directamente a las necesidades de las clases más vulnerables, las personas trabajadoras y jubiladas. La reivindicación de una sociedad justa e igualitaria ha de ser permanente en los movimientos reivindicativos y sociales, pues, parar en este empeño, siempre será un retroceso para el ser humano

 

 

Faltan mas de 70.000 plazas residenciales en España

Faltan más de 70.000 plazas residenciales para mayores en España

Alrededor de 100.000 personas, que tienen reconocido grado uno y tres de dependencia, están a la espera de recibir alguna de las atenciones a las que tienen derecho.  EFE

Comedor de Convivir
Comedor de Convivir

Faltan más de 70.000 plazas en residencias para personas mayores en España, según la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Los organismos internacionales recomiendan que haya cinco plazas por cada 100 personas mayores, una ratio que en España solo alcanzan cinco comunidades autónomas.

Según advierten, la población mayor de 65 años ha aumentado de ocho millones de personas en 2010 a nueve millones en 2019 mientras que las plazas residenciales se han incrementado en 12.353 en el mismo periodo de tiempo.

En consecuencia, la ratio de plazas residenciales por cada 100 personas mayores se ha reducido pasando de 4,56 a 4,21, lo que la aleja del objetivo del cinco por ciento. Esto evidencia un déficit de 70.000 plazas en términos absolutos, según advierten desde la Asociación de Directoras y Gerentes.

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La I Jornada Cohousing de CLM

El centro residencial Convivir, un modelo de alojamiento alternativo a las residencias de mayores convencionales, es el único que existe actualmente en la región y solamente una decena del mismo tipo están en marcha en toda España.

 

La cooperativa de personas mayores Convivir de Horcajo de Santiago acogió el jueves la I Jornada de Cohousing de Castilla-La Mancha. El encuentro contó con representantes de este tipo de cooperativas colaborativas para mayores que existen en diferentes provincias. En el caso de la región castellanomanchega, el proyecto horcajeño, que lleva en marcha alrededor de cinco años, es el único que existe por ahora en funcionamiento, mientras que a nivel nacional la cifra llega a diez. A través de diferentes ponencias, la jornada sirvió para dar a conocer este modelo de alojamiento como motor de la economía social, así como analizar su papel en el fomento del envejecimiento activo. Desde Convivir agradecen, entre otros asistentes, la presencia de la viceconsejera de Promoción a la Autonomía del Gobierno regional, Ana Saavedra; de Óscar Martínez, delegado provincial de Economía, Empresas y Empleo; de Amelia Martínez, delegada provincial de Bienestar Social; así como de María Roldán, alcaldesa de Horcajo de Santiago y diputada regional

latribunadecuenca.es 18.10.2019

 

La buena noticia del domingo. 3.03.2019—Dgo 8º-C

DE LO QUE REBOSA EL CORAZÓN, HABLA LA BOCA.   Lc 6, 39-45

Si un ciego guía a otro ciego…(Cerezo Barredo)
Si un ciego guía a otro ciego…(Cerezo Barredo)

Sed santos, como vuestro Padre es santo

Pero, por encima de todo, lo que Jesús busca en nosotros es la bondad:
“Esta es la voluntad de Dios: que seáis santos como el Padre celestial es santo” “Porque el que es bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien”
De la bondad interior brotarán espontáneamente las acciones buenas, las palabras buenas.
Se suele decir: Dime de qué hablas y te diré quién eres. En efecto: ¿de qué habla el hombre de hoy? El dinero, el sexo, la consecución del poder o del placer son temas que se repiten en la conversación de cada día.
¿Esas son entonces las máximas aspiraciones de nuestro corazón?
Porque dice Jesús: “De la abundancia del corazón habla la boca”.
¿No sería posible que otras “conversaciones” brotaran de nuestro corazón?

TESTIGOS DE LA PALABRA

Berta Cáceres
Berta Cáceres

Berta Cáceres fue durante toda su vida una destacada y radical defensora de los derechos de los pueblos originarios, activista feminista, pacifista y antimilitarista, protectora del medio ambiente. En 1993 co-fundó el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) para luchar por la defensa del medio ambiente, por el rescate de la cultura lenca y para elevar las condiciones de vida de la población de la región. Berta Cáceres recibió amenazas de muerte durante años y es encarcelada en numerosas ocasiones.
El 25 de febrero de 2016 Berta Cáceres y el Copinh apoyaron a el caserío Güise en Intibucá, sin embargo, fueron brutalmente desalojados y el caserío violentamente destruido. Berta ofreció una rueda de prensa en la que denunció que cuatro dirigentes de su comunidad fueron asesinados y otros tantos recibían amenazas. Una semana después, la mañana del 3 de marzo de 2016,fue asesinada cuando se encontraba en su vivienda.

ORACIÓN DESDE LA PALABRA

El Señor es mi Pastor, nada me falta  (Sobre el Sl. 23)

Ya sé, Señor, que de lo que rebosa el corazón habla la boca
Oye, Señor, el grito de mi corazón, hecho palabra
El Señor es mi Pastor, nada me falta,
En verdes praderas me hace recostar;
Me conduce hacia fuentes tranquilas
Y repara mis fuerzas.
Me guía por el sendero justo,
por el honor de su nombre.
Aunque camine por cañadas oscuras,
Nada temo porque tú vas conmigo:
Tu vara y tu cayado me sosiegan.
Tú, Señor, preparas una mesa ante mí,
Enfrente de mis enemigos;
Me unges la cabeza con perfume
Y mi copa rebosa.
Tu bondad y tu misericordia me acompañan
Todos los días de mi vida,
Y habitaré en la casa del Señor
Por años sin término.
Porque el Señor es mi Pastor, nada me falta.
Porque el Señor es mi Pastor, nada temo.
Porque el Señor es mi Pastor, sé que escuchas
El grito de mi corazón hecho oración
Isidro Lozano o.c.

Pastoral bíblica de Daniel Sánchez Barbero en Fuente de Pedro Naharro, Cuenca

CONVIVIR, un centro residencial para personas mayores.

Formamos parte de CONVIVIR  , un centro residencial para personas mayores.

Plantando semillitas para el huerto de Convivir
Pedro González, socio de CONVIVIR, está sembrando las semillas que germinarán la próxima primavera y sus flores adornarán los contornos del Centro Residencial CONVIVIR, en Horcajo de Santiago, donde ya llevo viviendo más de un año.
Yo recibí de forma simbólica una bolsita con semillas de varias flores en el Memorial de Guille, quien ha sido un buen discípulo de Jesús y por tanto una «buena semilla», que ya está dando mucho fruto.
Si quieres conocer algo más de este Centro Residencial, que se inspira en el modelo cohousing y que es uno de los pocos centros de este estilo que hay en España, entra en www.convivir.coop

Un proyecto alternativo en Horcajo de Santiago (Cuenca) de cooperativa integral, formada por un grupo de personas – de profesiones diversas, de distintas procedencias geográficas, y de edades comprendidas entre los 46 y los 90 años- que piensan en la jubilación, como una etapa más de desarrollo en la vida. Con una historia personal generalmente asociada a plataformas ciudadanas, movimientos sociales y solidarios, que asumimos que el tiempo pasa e impone limitaciones, pero creemos firmemente que pasada la jubilación sigue existiendo el mismo reto de cambio y construcción personal y colectiva.