Acuerdo in extremis en la COP 27

La COP27 alcanza un acuerdo final in extremis que consigue salvar las pérdidas y los daños

  • Tras un final agónico de las negociaciones, la comunidad internacional reconoce la necesidad de crear un fondo para las pérdidas y los daños que sufren los países más vulnerables ante el cambio climático. 
  • La sociedad civil consigue que se escuche su demanda y exige que el comité para el diseño de este fondo cuente con participación de las plataformas sociales presentes en las negociaciones.
  • En cuanto a la mitigación, el texto final no tiene ningún avance respecto a la COP26 de Glasgow, por lo que Ecologistas en Acción señala que es inadmisible que se haya perdido un año para la lucha frente a la emergencia climática. 
  • La financiación para adaptación es el paquete que más desapercibido ha pasado, donde los resultados no tienen avances y son incapaces de determinar una hoja de ruta para duplicar los objetivos de financiación pactados en Glasgow.  

La COP27 se planteaba como una cumbre de la confianza y de la implementación —o puesta en marcha— de los Acuerdos de París y el Pacto de Glasgow. Sin embargo, durante dos semanas las negociaciones se han mostrado complejas: sin un papel claro de facilitación de la Presidencia egipcia, sin apenas borradores que avanzaran el estado de las discusiones, y con informaciones de bloqueos y puntos de vista muy diferentes en aspectos relevantes.

Tanto es así que, en las últimas 24 horas de las negociaciones y ya en el tiempo de descuento, la UE ha llegado a plantear la posibilidad de un no acuerdo y de su abandono de la cumbre antes de aceptar que se rebaje la ambición del 1’5 ºC. También parecía imposible que EE UU cediera a la creación del fondo para las pérdidas y los daños. Sin embargo, las Partes han logrado salvar un acuerdo que, según Ecologistas en Acción, “incluye la exigencia de la sociedad civil de crear dicho fondo —dirigido a los países más vulnerables ante el cambio climático— pero tiene elementos bastante preocupantes para avanzar en la lucha climática que, además, agrandan la brecha entre el Norte y el Sur global”.

Esta es la valoración de Ecologistas en Acción sobre los puntos más destacados del acuerdo final:

1. Fondo para las pérdidas y los daños. Aunque a lo largo de las negociaciones ninguna de las propuestas sobre la mesa parecía contentar a los diferentes países, la redacción final del acuerdo ha conseguido incluir este fondo —exigido por la sociedad civil desde hace más de un año— así como otros mecanismos financieros. Los países que más han contribuido históricamente al aumento de las emisiones son quienes deberán nutrir este fondo económico. Una decisión que se ha tomado a pesar de la presión de algunos países como EE UU que ha intentado bloquearlo.

A pesar de la aprobación de estos mecanismos, cabe destacar que la polarización y lentitud de las discusiones ha impedido el avance en la metodología y en el diseño de próximos pasos para su puesta en marcha rápida. El texto final contempla la creación de un comité de transición que tendrá que definir con claridad el proceso para la financiación del fondo y los criterios para la selección de proyectos que podrían acogerse a esa financiación.

Las numerosas acciones celebradas durante la COP27 por la sociedad civil han contribuido a desbloquear este acuerdo que se preveía complejo o imposible tras escuchar las palabras de representantes de muchos de los países del Norte global.

Para Javier Andaluz, portavoz de Ecologistas en Acción, “esta ha sido una noticia agridulce. Si bien esta herramienta permitirá atender las demandas de los países más vulnerables, también deja al comité transitorio para la definición del fondo tareas que se tendrían que haber cerrado en esta cumbre. Las organizaciones ecologistas, las plataformas indígenas, de género y de juventud exigimos que se nos tenga en cuenta en el diseño de los siguientes pasos”.

2. Mitigación.  Las medidas sobre la reducción de las emisiones son sin duda las más desfavorecidas de este acuerdo. La Presidencia egipcia no ha mostrado interés por avanzar en este sentido; de hecho, se ha limitado a repetir lo ya pactado en Glasgow y no ha presentado ningún avance sobre el que discutir. Para la organización ecologista, esto supone la pérdida de un año de trabajo y muestra la incapacidad de las COP de incluir las obligatoriedad de ceñirse a los últimos informes del IPCC.

Asimismo, durante estas dos semanas en Egipto, la oposición de muchos países a tomar medidas adicionales para enfrentar la emergencia climática ha sido clara. Las declaraciones públicas y propuestas de nuevos textos han mostrado los intentos de algunas Partes de relajar las medidas de reducción de las emisiones o evitar cualquier mención al objetivo del 1,5 ºC.

Como ya ocurrió en Glasgow, la inclusión de una mención a la necesidad de abandonar los combustibles fósiles ha sido un escollo importante. En la COP26 del año pasado, se consiguió incluir dicha mención, aunque solo en modo recomendación y sin mencionar a todos los combustibles fósiles: “aumentar sus esfuerzos para abandonar los subsidios ineficientes del carbón”.  En esta ocasión, la redacción ha quedado intacta, lo cual supone que no se den pasos adelante en una década crucial para desfosilizar nuestras economías.

De nuevo, todos estos debates han distraído e impedido consensuar un texto más fuerte que permita avanzar en el fin de todos los combustibles fósiles y de un modelo de desarrollo basado en la destrucción del planeta, facilitando el acceso a las tecnologías renovables a la mayor parte del planeta que se ve afectado por una crisis energética, ecológica y social.

Además, la COP27 se ha mostrado incapaz, nuevamente, de descartar falsas soluciones como la energía nuclear (una energía demasiado cara, peligrosa y radiactiva) al incluir la mención a “las energías con bajas emisiones” al mismo nivel que las energías renovables.

La falta de ambición de Sharm el-Sheij muestra el enorme precio de llegar a acuerdos por consenso en las negociaciones. También da cuenta del poder de los grandes países petroleros, que evitan a toda costa hacer mención a la desaparición necesaria de todos los combustibles fósiles en las economías antes de final de siglo.

Irene Rubiera, portavoz de Ecologistas en Acción, ha declarado: “Los países del Norte global – como la UE o EEUU- tienen que aumentar su ambición de reducción de emisiones, mientras que los países en desarrollo con economías emergentes no pueden eludir su responsabilidad a la hora de impulsar una transición energética que no repita los mismos errores que los cometidos por el Norte global”.

3. Adaptación y financiación. Ecologistas en Acción quiere recordar a los países que “resulta difícil tener credibilidad de cumplimiento de las promesas de financiación cuando todavía no han sido capaces de movilizar la meta de los 100.000 millones de dólares comprometidos en el Fondo Verde para el Clima”. Para la organización ecologista, pactar la creación de un fondo para adaptación es un gran paso pero hay que garantizar que la  financiación sea nueva, adicional y suficiente.

En medio de todas las negociaciones de la COP27, ha pasado desapercibida la incapacidad de los países de fijar una nueva cifra de financiación para dicho Fondo Verde para el Clima. Es más, por primera vez aparece en los documentos finales de una cumbre la mención a financiación privada como Bloomberg Philantropies.

Marta García Pallarés, portavoz de Ecologistas en Acción, ha señalado que “la incorporación de financiación privada abre un mal precedente en los acuerdos internacionales, son los países quienes deben estar representados en estas negociaciones y no las corporaciones. Además, los países tienen capacidad legislativa para establecer las medidas fiscales suficientes para que estas compañías —responsables en gran medida de la emergencia— paguen por los daños causados”.

Por otro lado,  los documentos finales no recogen una hoja de ruta clara que permita garantizar la duplicación de los compromisos de financiación pactados en Glasgow, y deja a la mera voluntariedad de los países que ese objetivo se cumpla en los próximos años.

En cuanto a los avances dentro del paquete de adaptación, la Cumbre del Clima de Sharm el-Sheij ha logrado estabilizar el programa de trabajo sobre el objetivo global de adaptación. Este mecanismo fija los siguientes pasos en la materia, que darán continuidad al mandato de Glasgow y deberán alcanzar conclusiones en la próxima cumbre que se celebrará en Dubai.

4. Derechos humanos. Una de las partes más agridulces del cierre de las negociaciones es la ausencia de menciones —en la parte operativa— a los derechos humanos. En borradores anteriores del texto, los derechos humanos, así como el recién reconocido derecho al medioambiente digno, no aparecían. Pero la presión de la sociedad civil ha conseguido que finalmente estas menciones aparezcan en  en el texto final, aunque únicamente en la parte preambular.

Por otro lado, la demanda de los derechos humanos ha sido central en la agenda de la sociedad civil de una COP presidida por el Gobierno totalitario de Abdelfatah El-Sisi. El lema “sin derechos humanos no hay justicia climática” así como la exigencia de amnistía de los presos políticos ha protagonizado gran parte de las acciones, junto con otras sobre la exigencia de un fondo para las pérdidas y los daños, el aumento de la ambición en mitigación o la exigencia de justicia climática.

Marta García Pallarés ha añadido: “Denunciamos la represión ejercida por el Gobierno egipcio contra activistas, disidentes políticos y periodistas, antes de la COP y también durante la celebración de la cumbre. La Comisión Egipcia para los Derechos y Libertades ha cifrado en más de 800 las personas detenidas desde principios de octubre hasta la fecha, con un repunte en el número de detenciones desde el 11 de noviembre por una supuesta convocatoria de protesta en el país. Pedimos a la comunidad internacional y a la ONU que condenen estas acciones y demanden al país anfitrión la liberación de los presos políticos”.

Como balance general de la Cumbre del Clima que acaba de cerrarse en Sharm el-Sheij, Javier Andaluz ha declarado: «La Presidencia egipcia se ha mostrado incapaz de dar avances significativos en una COP que era trascendental. La ruptura de la confianza entre los países se ha hecho evidente, agrandando las diferencias entre los países y poniendo en jaque un proceso que se basa en su mera voluntariedad. Hoy más que nunca queda claro lo lejos que están los gobiernos de asumir las indicaciones científicas y responder a la justicia climática. La sociedad civil es la que ha estado a la altura del reto, mientras los países siguen jugando a la geopolítica en estas cumbres».

COP 27, la traición

Activistas climáticos protestan ante la sede de la COP27]

Por Julio César Centeno

Tras 30 años de negociaciones infructuosas sobre el calentamiento global en el seno de la ONU, su Secretario General actual, Antonio Guterres, se vio obligado a reconocer el fracaso: “Los compromisos asumidos por los países hasta ahora son una receta para el desastreEstamos en una lucha a muerte por nuestra seguridad hoy y nuestra sobrevivencia mañana. Vamos camino a un desastre climático. La humanidad debe elegir: cooperar o morir

Annalena Baerbock, ministra de relaciones exteriores de Alemania declaró en su discurso de apertura en la COP27: “La humanidad se dirige hacia el abismo, hacia un calentamiento de 3°C, con efectos devastadores sobre nuestras vidas”

La inacción ante el cambio climático conduce a un colapso de nuestra civilización” – David Attenborough

Un grupo de científicos publicó recientemente un comunicado en la prestigiosa revista científica BioScience en el que advierte:

Estamos en código rojo en el planeta Tierra.

La humanidad enfrenta inequívocamente una emergencia climática. El futuro mismo de la humanidad depende de la creatividad, la fibra moral y la perseverancia de los 8.000 millones de personas en el planeta en la actualidad.

Las políticas actuales conducen hacia un aumento de 3°C para el 2100, una temperatura que no se ha registrado en 3 millones de años

Una coalición de 14.700 científicos de 158 países publicó un año antes en la misma revista una Advertencia Sobre la Emergencia Climática: “El cambio climático causa alteraciones significativas a los ecosistemas, a la sociedad y a la economía, haciendo inhabitables amplias regiones de la Tierra” ( https://academic.oup.com/bioscience/article/71/9/894/6325731 )

El objetivo central del Acuerdo de París es “limitar el aumento de la temperatura superficial promedio del planeta a no más de 2°C para finales del siglo 21 con respecto al promedio de la época pre-industrial, haciendo lo posible por limitarlo a 1,5°C”.

Las justificaciones de estos límites se encuentran detalladamente especificadas en los informes del Panel de Expertos en Cambio Climático (IPCC), órgano científico asesor de la ONU en esta materia. El más reciente compara las implicaciones de un aumento de 1,5°C con las de 2°C para destacar la extrema gravedad de exceder el límite de 1,5°C, por su destructivo impacto sobre el equilibrio natural que ha conocido la humanidad durante el holoceno, desde que descubrió la agricultura y se establecieron asentamientos humanos hace 10.000 años.

Cruzar el umbral de 1,5°C conduce a un escenario global altamente peligroso. Cruzar el umbral de 2°C coloca a la humanidad en un escenario catastrófico. Las consecuencias se encuentran claramente establecidas en los informes del IPCC, fundamento de las decisiones tomadas en el Acuerdo de París, apoyados por todas las Academias de Ciencia del mundo, sin excepciones, así como por todos los centros especializados de investigación sobre la materia a escala mundial.

El 97% de las publicaciones científicas de los últimos 30 años en la literatura especializada concuerda en que el calentamiento global acumulado hasta la fecha, 1,2°C, es producto de la actividad humana a través de las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente CO2 y metano. La atención se centra en las emisiones de CO2 por permanecer activo como agente de calentamiento global durante siglos y por representar tres cuartas partes de las emisiones anuales de gases de efecto invernadero. Las emisiones de metano son 30 veces más potentes por unidad que las de CO2, pero permanecen activas sólo 12 años y representan el 14% del total de emisiones anuales de gases de efecto invernadero.

Para limitar el aumento de temperatura a 1,5°C para el año 2.100 es necesario que las emisiones de CO2 durante el período 2021-2100 se limiten a 400 giga-toneladas (400.000 millones de toneladas). En la actualidad se emiten 40 giga-toneladas por año, con clara tendencias al alza. De mantenerse las tendencias actuales, el umbral de 1,5°C se cruzará para el 2030 a más tardar, en apenas 8 años (IPCC AR6).

Para evitar que el aumento de temperatura exceda el límite de 1,5°C es necesario reducir rápida y drásticamente las emisiones netas de CO2. En la COP26, hace apenas un año, se acordó reducirlas a cero para mediados de siglo. Pero, en la práctica, los compromisos asumidos por los países conducen a un aumento significativo y suicida en emisiones.

Aun en el extremadamente poco probable escenario en el que todos los países cumplan todos los compromisos asumidos hasta el presente, terminaríamos con un aumento de 3°C para finales de siglo, desatando un verdadero infierno sobre la Tierra y condenando a la mayor parte de la humanidad a su aniquilación. La mayor parte de la franja tropical del planeta, especialmente las zonas más cercanas al Ecuador y más cerca del nivel del mar, se harían inhabitables para la especie humana.

Si todos los países concuerdan en el gigantesco peligro de mantener las tendencias actuales, ¿por qué no se logran avances concretos para cumplir lo suscrito en el Acuerdo de París?

El aumento de temperatura se encuentra estrechamente vinculado a la concentración de CO2 en la atmósfera. El punto de referencia acordado es el promedio de la época preindustrial, durante el período 1850-1900, cuando la concentración de CO2 era 280 partes por millón (ppm) y la temperatura superficial del planeta promediaba los 13°C. En la actualidad, la concentración de CO2 es de 420 ppm y la temperatura registra un aumento de 1,2°C con respecto al promedio de la época pre-industrial.

Con la visita de El Niño el próximo año, el aumento en las emisiones y la recuperación cíclica de la irradiación solar tras el mínimo alcanzado en el 2020, la temperatura promedio puede exceder 1,3°C en el 2023, convirtiéndose en el año más caliente de los últimos 10.000 años.

La concentración actual de CO2 en la atmósfera (420 ppm) corresponde a un aumento promedio de temperatura de 3°C. El aumento registrado es de sólo 1,2°C debido a dos factores fundamentales. Junto a las emisiones de gases de efecto invernadero, la actividad humana también provoca la emisión de aerosoles a la atmósfera. Los aerosoles mitigan el calentamiento global. Su concentración actual provoca una reducción neta de 1°C en la temperatura promedio registrada.

La mayor parte de las emisiones de aerosoles corresponde al consumo de combustibles fósiles. Los aerosoles son además de corta duración. La reducción en el consumo de combustibles fósiles conduciría a una reducción en la concentración de aerosoles, desbloqueando el correspondiente aumento en la temperatura promedio del planeta. 

El segundo factor de importancia, en la diferencia entre la temperatura registrada y la correspondiente a la concentración actual de CO2 en la atmósfera, es el desbalance energético planetario, de 1,08 vatios por metro cuadrado de superficie terrestre en el 2020. El planeta absorbe más energía que la que emite, lo que irremediablemente conduce a un aumento latente de temperatura de aproximadamente 0,8°C por efecto de la inercia climática, en un periodo de 30 a 50 años. Implica que en ese periodo de tiempo la temperatura promedio aumentará al menos 0,5°C aunque se detengan de inmediato todas las emisiones de gases de efecto invernadero.

La relación entre la concentración de CO2 en la atmósfera y la temperatura promedio en la superficie del planeta es fundamental en el cumplimiento del Acuerdo de París. Un aumento en la temperatura registrada de 1,5°C para el 2.100 con respecto al promedio 1850-1900 corresponde a la emisión acumulada de 2.840 giga-toneladas de CO2 durante el período 1900-2100.

Las emisiones acumuladas durante el período 1900-2020 sumaban 2.440 giga-toneladas. Se desprende que el presupuesto disponible de emisiones es de apenas 400 giga-toneladas durante el periodo 2021-2100 para un aumento de temperatura registrada de 1,5°C para finales de siglo (IPCC AR6). Implica a la vez que las emisiones netas de CO2 deben reducirse a la mitad para el 2030 y a cero para mediados de siglo.

En estas variables radican los obstáculos a cualquier progreso en las negociaciones del Acuerdo de París:

¿Cómo distribuir el presupuesto disponible de emisiones durante el período 2021-2100 entre los diferentes países del mundo?

¿Cuáles son las responsabilidades históricas relacionadas con las emisiones de CO2 acumuladas durante el período 1900-2020?

¿Cómo se financia la descarbonización de la economía mundial, sustituyendo los combustibles fósiles por energías alternativas renovables y libres de emisiones de CO2?

Distribución del presupuesto de emisiones 2021-2100

Las negociaciones del Acuerdo de París se reducen en la práctica a negociaciones entre países industrializados, ricos y poderosos, con el 17% de la población mundial,  y países en desarrollo, pobres, tecnológicamente dependientes y endeudados, con el 83% de la población mundial.

Los países en desarrollo han propuesto que el presupuesto disponible de emisiones para limitar el aumento de temperatura a 1,5°C, 400 giga-toneladas de CO2, se distribuya entre toda la humanidad en partes iguales.

Partiendo del principio de igualdad y justicia, a toda persona le corresponde una proporción igual de la capacidad de la atmósfera, un bien común de toda la humanidad, para albergar moléculas de CO2 provenientes de la actividad humana. Proponen así que el presupuesto disponible de emisiones se distribuya en proporción con la población de cada país.

Los países industrializados, la élite mundial, se oponen a este planteamiento, sin proponer medidas alternativas. Simplemente retrasan la decisión, lo que les permite continuar acaparando gratuitamente la mayor proporción de ese presupuesto con sus desproporcionadas emisiones en comparación con su población.

Su táctica dilatoria les permite apoderarse de la mayor parte del presupuesto disponible de emisiones sin costo alguno. Cuando eventual e inevitablemente se llegue a un acuerdo, el presupuesto se habrá reducido a niveles que le impidan a los países más pobres, la mayor parte de la humanidad, impulsar su desarrollo a través del consumo de combustibles fósiles, aunque dispongan de estos recursos en sus propios territorios.

Estados Unidos, por ejemplo, ha anunciado que su política ante el calentamiento global se fundamenta en alcanzar emisiones netas cero para el 2050. Implica apoderarse de 80 giga-toneladas del presupuesto disponible de emisiones 2021-2100, cuando le corresponden sólo 17 giga-toneladas en proporción con su población. La diferencia tiene en la actualidad un valor de 5 billones de dólares. Implica además el despojo del presupuesto de emisiones que le corresponde a 1.210 millones de personas de otras regiones del mundo, principalmente en países en desarrollo.

El 83% de la población mundial en los países en desarrollo, empobrecidos y endeudados, se verán forzados a escoger entre permanecer indefinidamente en la pobreza, impedidos de impulsar su desarrollo a través del consumo de combustibles fósiles, o encadenar a sus generaciones futuras con deudas colosales para descarbonizar sus economías.

Responsabilidades históricas

Las emisiones acumuladas de CO2 durante el período 1900-2020 se originaron en un 70% en países industrializados, donde se encuentra apenas el 17% de la población mundial.

Los países industrializados acumularon riqueza y poder a través del consumo de combustibles fósiles y la acumulación gratuita de gases de efecto invernadero en la atmósfera, utilizándola como vertedero gratuito de sus emisiones tóxicas.

El calentamiento global acumulado durante el período 1900-2020 es proporcional a las emisiones de CO2 acumuladas durante ese período. Se deduce que el 70% del calentamiento global acumulado 1900-2020 es responsabilidad del 17% de la población mundial en los países industrializados. Por consiguiente, su contribución a la superación de la crisis climática actual debería ser proporcional a su responsabilidad acumulada hasta la fecha. Los países industrializados, ricos y tecnológicamente más avanzados, deberían contribuir con el 70% del presupuesto necesario para descarbonizar la economía mundial.

Pero en las negociaciones del Acuerdo de París se han negado sistemáticamente, durante 30 años, a reconocer cualquier responsabilidad histórica por sus desproporcionadas emisiones de gases de efecto invernadero, aunque tal responsabilidad se encuentra explícitamente establecida en el Convenio Marco sobre el Cambio Climático de 1992, en el Protocolo de Kioto de 1997 y en el Acuerdo de París del 2015.

Durante el período 1900-2020 los países industrializados emitieron 1.710 giga-toneladas de CO2 a la atmósfera. En proporción con su población les correspondía emitir un máximo de 410 giga-toneladas. El exceso, 1.300 giga-toneladas, corresponde a una deuda climática acumulada de 104 billones de dólares a precios actuales (millones de millones. Precio actual de permisos de emisiones en el mercado de la Unión Europea: US$ 80/ton CO2).

Si distribuimos esta deuda climática, de los países industrializados con los países en desarrollo, en un periodo de 30 años, les correspondería aportar 3,5 billones anuales, no reembolsables, durante 30 años consecutivos.

Los países industrializados se niegan a reconocer cualquier responsabilidad al respecto. Despectivamente, en la COP15 celebrada en Copenhagen en el 2009, ofrecieron arrojarle a los países en desarrollo una limosna: 0,1 billón anual (100.000 millones anuales) a partir del 2020. No han cumplido con su palabra.

Financiamiento

Janet Yellen presidió la Reserva Federal, el banco central de Estados Unidos, durante la administración Trump. Ahora es Secretaria del Tesoro, equivalente a un ministro de economía, en la administración Biden. Declaró en su alocución ante la COP26 del 2021 que el costo de la reconstrucción energética mundial, necesaria para alcanzar el objetivo de 1,5°C, es 150 billones de dólares en los próximos 30 años, un promedio de 5 billones por año. Partiendo de sus responsabilidades históricas, a los países industrializados les correspondería aportar el 70%, en proporción con su contribución al problema, 3,5 billones por año durante al menos 30 años consecutivos.

McKinsey estima la inversión en 9 billones anuales durante 30 años consecutivos (McKinsey: Solving the Net Zero Equation 2022) mientras que Bloomberg Energy Finance la estima en 173 billones en los próximos 30 años, en suministro de energía e infraestructura.

El informe del Proyecto de Naciones Unidas para el Medio Ambiente sobre la Brecha de Emisiones 2022, destaca que para alcanzar una economía baja en emisiones de carbono se requieren inversiones de 4 a 6 billones de dólares anuales durante 30 años consecutivos, la transformación del sistema financiero global y la introducción de precios a las emisiones de carbono, ya sea por vía de impuestos, o por el comercio de derechos de emisiones (mercado de bonos).

En su discurso de apertura de la COP27 el 07 11 2022, Al Gore señaló: “necesitamos 4,5 billones anuales para la transición hacia energías limpias”.

Partiendo de las modestas cifras presentadas por la Secretaria del Tesoro de Estados Unidos, cerca del 60% de la inversión total corresponde a países en desarrollo, unos 3 billones por año durante 30 años consecutivos. Los países industrializados deben contribuir con el 70% de esta carga financiera, en proporción con su contribución en la gestación de la crisis climática actual. Les corresponde así aportarle a los países en desarrollo al menos 2 billones por año durante el período 2021-2050, 20 veces más por año de lo que han ofrecido hasta la fecha: 0,1 billón/año ( https://bit.ly/3PNsTxo ).

La deuda pública externa de los países en desarrollo de África, Asia y América Latina ascendía en su conjunto a 2,8 billones de dólares para el 2020, según el Banco Mundial. La condonación de esta deuda podría convertirse en el pago de la primera cuota de la deuda climática que han acumulado los países industrializados con los países en desarrollo en el contexto del Acuerdo de París.

Descarbonizar la economía mundial en un período no mayor a 30 años es el reto fundamental del Acuerdo de París. Su costo financiero no debe convertirse en instrumento para condenar a los países en desarrollo a permanecer indefinidamente en estado de pobreza, dependencia y endeudamiento. Tampoco puede convertirse en instrumento para encadenarlos con deudas colosales por generaciones.

La única solución viable para superar la creciente amenaza a la sobrevivencia de la humanidad es que los países industrializados reconozcan su responsabilidad histórica en la gestación de esta monstruosidad planetaria y aporten los recursos financieros y tecnológicos necesarios para superar la crisis, en proporción con su contribución a la gestación del calentamiento global acumulado hasta la fecha. Esta responsabilidad histórica se encuentra explícitamente establecida en los tres acuerdos internacionales ya señalados: el Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 1992, el Protocolo de Kioto de 1997 y el Acuerdo de París del 2015.

Los mercenarios

Los países industrializados utilizan sus representaciones diplomáticas en los países en desarrollo para establecer redes de organizaciones no gubernamentales (ONGs) que sirvan a sus intereses. A través del financiamiento las convierten en organismos serviles para promocionar sus políticas y desviar la atención sobre la injusticia de sus posiciones en las negociaciones del Acuerdo de París.

Giran así instrucciones para enfocar la atención de la población desprevenida de los países en desarrollo en culpar a sus respectivos gobiernos de la crisis climática, resaltando el incumplimiento de sus compromisos. Se abstienen deshonesta y deliberadamente de mencionar que el cumplimiento de la mayor parte de los compromisos asumidos por los países en desarrollo depende del financiamiento y de la transferencia de tecnología de los países industrializados.

En el caso de América Latina, uno de los aspectos más resaltantes en la campaña de desinformación es la desestabilización de los bosques de la Amazonia y la Orinoquia. Es evidente el escandaloso coro de ONGs culpando a los gobiernos de los países amazónicos por la destrucción de sus bosques. Insisten en que la deforestación está acabando con los bosques de la Amazonia y la Orinoquia. Inventan cifras sin sustento alguno para apuntalar sus denuncias (http://bit.ly/3fVk4Vm). Distribuyen videos y realizan conferencias para demostrar sus distorsionados alegatos, que luego son ampliamente divulgados por medios de comunicación sin confirmar su validez.

Su argumento central es que los bosques de la Amazonia están siendo destruidos, saqueados y quemados por gobiernos incompetentes y corruptos, en presunta complicidad con el narco tráfico y grupos terroristas. Afirman que a los gobiernos de estos países no les interesa la protección de la biodiversidad, ni la protección del Amazonas, ni los derechos de las comunidades indígenas. Alegan que son además gobiernos depredadores de izquierda que amenazan la seguridad de toda la humanidad, pues la estabilidad del Amazonas, ingenuamente catalogado como “pulmón del planeta”, es clave para la estabilidad planetaria.

Todos estos argumentos persiguen un objetivo estratégico pre establecido: la comunidad internacional debe intervenir para proteger el “pulmón del planeta”. La destrucción debe detenerse. Si los gobiernos corruptos e incompetentes de la región, aliados al narco tráfico y al terrorismo, no están en capacitad de proteger el Amazonas, la “comunidad internacional” debe intervenir e inter-nacionalizar el Amazonas, por el bien de toda la humanidad.

Distribuyen mapas donde pintan en rojo un tercio de los bosques del Amazonas para demostrar la gigantesca magnitud de la destrucción en progreso. Pocos parecen notar que los bosques de la Amazonia y la Orinoquia se extienden por 620 millones de hectáreas, y que la presunta quema de 100 o 200 millones de hectáreas provocaría una debacle planetaria de magnitudes catastróficas inmediatas.

La realidad, sin embargo, es bastante diferente a la que deliberadamente siembran las ONGs al servicio de intereses extranjeros.

En el 2021 se registró un pico en la tasa de deforestación de los bosques de la Amazonia: 2 millones de hectáreas en la porción Amazónica de los países de la región. La destrucción acumulada desde el 2000 al 2021 es de 56 millones de hectáreas, 8% de los bosques en el año 2000.

Con la llegada del presidente Lula en Brasil se espera que la tasa de deforestación se reduzca considerablemente en ese país, donde se registra cerca del 70% de la destrucción de todo el bosque Amazónico suramericano.

Sin embargo, aun asumiendo que la tasa actual de deforestación se mantenga durante los próximos 10 años, 2022-2032, se destruirían por deforestación aproximadamente 20 millones de hectáreas, el tres por ciento (3%) de los bosques de la región.  

El 3% en los próximos 10 años. ¿Por qué entonces la insistencia en hacer creer que la sobrevivencia de todo el Amazonas se encuentra amenazada por la deforestación a corto plazo?

Porque durante ese mismo período, el otro 97% se encuentra seriamente amenazado, no por la deforestación, sino por el calentamiento global, provocado en un 70% por países industrializados.

Lo que se pretende deliberadamente ocultar es que la principal amenaza a los bosques de la Amazonia y la Orinoquia no es la deforestación, sino el calentamiento global. La contribución de los países Amazónicos al calentamiento global es insignificante comparada con la de los países industrializados, los mismos que promueven y financian la agenda de las redes de ONGs a su servicio en los países de la región.

Los bosques de la Amazonia y la Orinoquia mitigan aproximadamente 2,6 giga-toneladas de CO2 por año, un servicio arbitrariamente gratuito para toda la humanidad. Las emisiones por deforestación se estiman en 1,2 giga-toneladas por año en la actualidad, para un balance de 1,4 giga-toneladas como sumidero neto.

Mientras la mitigación de emisiones de los bosques de la Unión Europea y de Estados Unidos se reconoce como créditos de carbono, con sus correspondientes implicaciones financieras, la mitigación neta por los bosques de la Amazonia y la Orinoquia es deliberadamente ignorada. Si se reconociera, su valor neto superaría los 100.000 millones de dólares anuales en la actualidad, utilizando como referencia el precio actual de los créditos de carbono en el mercado de la Unión Europea.

Si se reconociera el servicio que le prestan los bosques de la Amazonia y la Orinoquia a la estabilidad climática del planeta, se dispondría de suficientes recursos no sólo para efectivamente proteger estos ecosistemas, sino para generar medios alternativos de subsistencia y cohabitación a los 40 millones de personas que sobreviven en su mayor parte en condiciones extremas de pobreza y marginalidad, tanto en el perímetro como en el interior de los bosques de la Amazonia.

Para evadir este reconocimiento, con la complicidad de ONGs locales se promueve la percepción de que los bosques de la Amazonia y la Orinoquia no contribuyen a la mitigación de emisiones de CO2. Contradicen así su cacareada e ingenua percepción del Amazonas como “pulmón del planeta”. Sin mitigación neta de CO2 tampoco puede haber emisiones netas de oxígeno.

De esta manera se traicionan los intereses a largo plazo de los países de la región en beneficio de los intereses financieros y estratégicos inmediatos de países industrializados. Impiden además mecanismos efectivos para la conservación de las selvas de la Orinoquia y la Amazonia.

Traicionan a sus propios países por un puñado de dólares.