La OTAN y la migración

La OTAN considera la migración como «amenaza» desde 2010 para reprimirla militarmente

Valla de Melilla
Vista de las vallas del paso fronterizo de Nador con Melilla.  María Traspaderne / EFE

La estrategia de la Alianza implica que los migrantes «son señalados como ‘sujetos de riesgo y sujetos en riesgo’, de manera que las operaciones militares entran a justificar su despliegue para fines de rescate», señala un informe del Centro Delàs.

DANILO ALBIN@DANIALRI

Un problema social convertido en factor de seguridad. Una respuesta militar a una cuestión generada, precisamente, por las actuaciones militares en ciertos paraísos de la guerra. Una vía que ya está abierta y que ahora, con las imágenes de Melilla de fondo, pretende salir reforzada: la OTAN cree que las crisis migratorias también se pueden atender por la vía de las armas.  

A las puertas de la cumbre que se celebrará esta semana en Madrid, los socios de la Alianza Atlántica tienen la cuestión de la migración entre sus puntos a abordar. Lo harán tras el horror vivido el pasado viernes en Melilla, donde al menos 23 migrantes murieron en el intento de saltar la valla. 

La OTAN tiene su receta para estos problemas. En 2010, la Alianza aprovechó la cumbre celebrada en Lisboa para incorporar a su «Concepto Estratégico» –el documento que marca sus directrices políticas generales– la cuestión de la «inestabilidad o los conflictos más allá de las fronteras de la OTAN, incluyendo la promoción del extremismo, el terrorismo y las actividades ilegales transnacionales, como el tráfico de armas, narcóticos y personas».

«A esta nueva perspectiva de abordar las migraciones como una amenaza a la seguridad, por las repercusiones que puede tener, también se suma la forma en que la migración es considerada ilegal y, por tanto, un crimen», afirma la investigadora Ainhoa Ruiz en un informe que acaba de publicar el Centro Delàs de Estudios por la Paz.

A su juicio, esa apuesta militarista sirvió para «diluir» la posibilidad de «abordar las migraciones desde una perspectiva humanitaria, reforzada por la narrativa securitaria«. A ello se suma la «persecución intensiva ejercida sobre las mafias y traficantes de personas que, para las personas migrantes y desplazadas por la fuerza, suponen, en la mayoría de los casos, la única vía de escape de las diversas formas de violencia presentes en sus países».

«Estos factores facilitan la expansión del discurso securitario, que coloca a la persona que migra en el entramado de otras formas de crimen, y que impulsa la utilización de métodos militarizados que afectan considerablemente a los derechos de las personas migrantes», apunta Ruiz.

Esta estrategia de la OTAN implica que las personas migrantes «son señaladas como ‘sujetos de riesgo y sujetos en riesgo’, de manera que las operaciones militares entran a justificar su despliegue para fines de rescate, cuando esto es una obligación de cualquier embarcación si encuentra a otra en situación de socorro».

Para Ruiz, «la realidad es que estas operaciones se despliegan para la vigilancia y la persecución de diferentes formas de crimen, entre las que se encuentra la migración considerada irregular«, convertida en muchas ocasiones en la «única opción para las personas que huyen de la violencia y la persecución».

Operaciones militares

Glenda Garelli, investigadora del Departamento de Asuntos Internacionales de la Universidad DePaul (Chicago, EEUU) y Martina Tazzioli, académica de la Universidad de Swansea (Gales), realizaron un trabajo conjunto en 2017 en el que advertían precisamente que el abordaje de las migraciones desde una narrativa y una práctica militarista «ha conducido a desplegar toda una serie de operaciones militares para abordar las migraciones, especialmente en la zona del Mediterráneo», destaca el informe del Centro Delàs.

A comienzos de 2016 se registró un hito en esa estrategia de la Alianza Atlántica: en febrero de ese año, la OTAN envío buques de guerra al Mar Egeo para hacer frente a la crisis de refugiados que se vivía entonces.

«De esta manera, el despliegue militar de la OTAN vino a apoyar las operaciones que ya se estaban llevando a cabo en el mar Egeo a través de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), con el fin de reforzar el reconocimiento, control y vigilancia del mar Egeo y aguas internacionales, en las que Frontex y los guardas costeros turcos y griegos carecían de capacidad para actuar«, recuerda Ruiz. 

Flujos migratorios

Si bien se trató de la primera operación con mandato específico de apoyo al control y vigilancia migratorio, lo cierto es que la OTAN «ya colaboraba con la Unión Europea a través de su operación Active Endeavour desplegada en el Mediterráneo desde el año 2001 para la vigilancia y el control del terrorismo», destaca la investigadora. Aquella operación dio paso a una iniciativa de seguridad más amplia denominada Sea Guardian, que «incorporó el control de los flujos migratorios entre sus fines».

El informe del centro Delàs subraya otro aspecto relevante de ese escenario. «Es importante destacar que, mientras Frontex sólo puede dejar los barcos de migrantes en costas europeas, en cambio, las operaciones de la OTAN permiten dejar estos barcos en tierra de otro Estado miembro de la Alianza, como es el caso de Turquía», una forma «cuanto menos, evidente, de interceptar y desviar los flujos migratorios fuera de los países de la UE», remarca el documento.

Tortura en las cárceles

Cerca de 400 presos fueron atados con correas a una cama en 2021

Cárcel Sevilla II
Módulos de la cárcel de Sevilla II, en Morón de la Frontera.  EFE

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura insta a Instituciones Penitenciarias a adoptar medidas para «reducir la aplicación de medios coercitivos» en las cárceles. Advierte que en los registros de las cárceles hay escasos datos al respecto.

DANILO ALBIN

Las polémicas medidas de sujeción mecánica con correas siguen presentes en el interior de las cárceles y centros de internamiento de menores. Así lo ha detectado el Defensor del Pueblo en el último informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNTP), que vuelve a dejar en evidencia la brecha existente entre las peticiones de dicho organismo y la realidad que se vive en los centros penitenciarios.

«Como dato relevante se puede destacar que durante 2021, en el ámbito de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, hubo 3.600 sujeciones mecánicas», subraya el documento entregado días atrás en el Congreso.

En ese apartado del informe, señala que se detectaron 148 casos de presos atados con correas «por motivos sanitarios» y otros 251 a los que también se aplicó dicho método, lo que implica un total de 399 episodios en los que se recurrió a esa cuestionada técnica.

De acuerdo al protocolo vigente en Instituciones Penitenciarias, la «sujeción mecánica de temporalidad prolongada» –aquella cuya duración excede de media hora– conlleva la utilización de las correas homologadas en celda habilitada al efecto».

«En la dependencia y cama especialmente dispuesta de antemano para ello, se tenderá al interno en posición de decúbito supino (boca arriba), semi-incorporado, procediéndose a su sujeción en el siguiente orden: extremidades inferiores, cinturón abdominal y extremidades superiores«, describe el protocolo.

Frente a esa línea de actuación, el Defensor del Pueblo vuelve a recordar que «la óptima gestión del conflicto es aquella que trabaja para que la aplicación de los medios coercitivos se reduzca al máximo, de una manera progresiva» una idea que «debe ser especialmente aplicada en las sujeciones mecánicas con correas».

De hecho, este organismo sostiene que «se debe trabajar para intentar abolirlas a largo plazo si se considera posible». Por tales motivos, formuló una recomendación a Instituciones Penitenciarias en la que insta a «tender a la reducción al máximo de la aplicación de sujeciones mecánicas con correas como aplicación de medio coercitivo, con el objetivo a largo plazo de su supresión total».

En su informe,  el Defensor del Pueblo insta además a «incrementar la formación del personal sanitario y de vigilancia sobre la técnica de realización de las contenciones mecánicas». Además, «la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias debe tener una posición alternativa global para reducir la aplicación de medios coercitivos e intentar, a la vez, reducir los incidentes y la conflictividad en las cárceles en que proceda».

«La contención mecánica no debe aplicarse nunca. Los protocolos fallan sistemáticamente», resume Jorge del Cura, miembro del Centro de Documentación contra la Tortura. En tal sentido, subraya que «en caso de ser necesaria, una contención puede durar media hora, pero no 8, 24 o 36 horas, como ha habido casos».

«No solo es la contención mecánica por la fuerza que conlleva y la situación de indefensión, sino las condiciones totalmente humillantes en las que se lleva a cabo», remarcó.  

Intentos de suicidio

Hay otro dato alarmante. «En las revisiones que se hacen de las aplicaciones de medios coercitivos, el MNP todavía observa que se aplican sujeciones mecánicas prolongadas por intentos de suicidio», una «práctica cuestionable» que también ha sido observada por el Comité para la Prevención de la Tortura.

Por ello, el Defensor se vio obligado a pedir a Interior que dicte las órdenes oportunas para que «en casos de intentos de suicidio no se aplican las sujeciones mecánicas con correas por motivos regimentales».

Falta de información

En los centros visitados dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, el MNP observó que los sistemas de registros basados en libros no contienen información completa sobre el motivo de aplicación del medio coercitivo concreto, más allá de la fecha y hora de inicio y cese, nombre del interno y firma del jefe de servicios y el director», mientras que en el formato digital «se añade una mínima descripción del incidente y el lugar».

Ante esta situación, el MNP recomendó  «aprobar un libro de medios coercitivos para los centros penitenciarios dependientes de esa Administración en el que figure toda la información relevante de la medida aplicada,incluyendo el motivo detallado del medio coercitivo aplicado, los funcionarios implicados, así como la hora y fecha de comunicación a la autoridad correspondiente».

Tras visitar la cárcel de Sevilla II, el Defensor del Pueblo reclamó a Instituciones Penitenciarias que se remitan al juzgado y a la fiscalía de vigilancia penitenciaria «las imágenes grabadas de las sujeciones mecánicas con correa practicadas».

En el caso de ese centro, pidió además que se emita «un informe por parte de la inspección penitenciaria de proporcionalidad, oportunidad y práctica de las sujeciones prolongadas que se hagan en cada centro penitenciario».

Centros de menores

El documento apunta también hacia las medidas de sujeción con correas en los centros de menores, sobre los  que subyace un trágico antecedente: en 2019, el joven Iliass Tahiri murió en el Centro de Menores de Tierras de Oria en Almería tras ser atado a su cama con correas y boca abajo por los guardias del centro. El caso fue archivado por el juzgado y posteriormente reabierto por la Audiencia Provincial de Almería. En diciembre pasado, la Fiscalía se pronunció a favor del archivo definitivo de la causa.

En esa línea, el Defensor del Pueblo recuerda que en el informe anual del Mecanismo Nacional de Prevención de 2020 se recogía una Recomendación al Ministerio de Justicia «para que fuera abolida la sujeción mecánica en los centros de internamiento para menores infractores en todo el territorio nacional», lo cual fue aceptado por la Administración.

«Según se ha informado al MNP, en ninguno de los centros visitados durante el
año 2021 se utilizaba la sujeción mecánica mediante correas a una cama», describe el informe. Sin embargo, el Defensor del Pueblo señala que en una visita al centro de internamiento de menores El Molino de Almería «disponía de dos habitaciones preparadas para la aplicación de sujeciones mecánicas mediante correas». La sugerencia efectuada a la administración para que retirasen estas dos camas «ha sido aceptada».

Algo parecido ocurrió en la visita al centro de Zaragoza, donde el MNP «apreció que tenían un protocolo de seguridad y normas de funcionamiento que incluía la sujeción mecánica mediante correas homologadas«. En este caso, la «recomendación formulada a la Administración para que se eliminara la
referencia a la sujeción mecánica y trasladaran a las personas que trabajan en el centro la prohibición de este medio coercitivo» también ha sido aceptada.

«Inmovilizar a menores mediante correas a una cama o a un objeto fijo es un uso desproporcionado de la fuerza y una medida incongruente con los criterios de un centro de ese tipo, que debe tener una orientación educativa y de reintegración social de los menores», subraya el documento.

Tortura en la cárceles

El comité para la prevenciòn de la tortura documenta más de 20 casos de malos tratos en cárceles y comisarías españolas 

El informe correspondiente a 2020 recoge distintas actuaciones contrarias a los derechos humanos por parte de Policía Nacional, Guardia Civil o funcionarios de Prisiones. También se incluyen datos relacionados con centros de menores. 

DANILO ALBIN@DANIALRI 

Las denuncias de torturas y malos tratos en dependencias policiales, prisiones y centros de menores en España han encontrado reflejo en un informe oficial. El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) ha identificado una serie de vulneraciones a los derechos humanos en esos ámbitos, tal como queda expuesto en el informe sobre España que este martes ha publicado dicho organismo. 

El documento que acaba de ver la luz ha sido elaborado tras la visita realizada en septiembre de 2020 por una delegación del CPT, que «examinó el trato y las condiciones de detención de hombres y mujeres recluidos en varias prisiones y en los dos hospitales psiquiátricos penitenciarios de Alicante y Sevilla, así como en un centro de detención para menores en Algeciras». Además, «se examinó el trato y las garantías ofrecidas a las personas privadas de libertad por la Policía». 

En total, el informe documenta 21 casos de torturas o malos tratos a manos de la Policía Nacional, Guardia Civil, funcionarios de Prisiones y personal de centros de internamiento de menores. En esa línea, destaca que «la delegación del CPT recibió un número importante de denuncias de malos tratos, incluso de menores, que afectaban principalmente a la Policía Nacional». 

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«Los malos tratos se infligían supuestamente como medio para obligar a los sospechosos a proporcionar información o a confesar determinados delitos o para castigarlos por el supuesto delito cometido», indica. 

Del mismo modo, «la delegación escuchó algunas denuncias de abusos verbales por parte de los agentes de policía hacia las personas detenidas, en particular los extranjeros, y de esposas excesivamente apretadas». De hecho, el informe hace referencia a varios casos de malos tratos a modo de ejemplo. 

«Es necesaria una acción concertada para abordar el problema de los malos tratos por parte de los agentes de la ley. Esto debería incluir un mensaje claro por parte del Ministro del Interior y de los líderes de la Policía de que tal comportamiento es ilegal y poco profesional, y que será sancionado en consecuencia», remarca. 

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Además, el CPT «reitera la importancia de una supervisión y formación adecuadas de los agentes de las fuerzas del orden, y de la necesidad de llevar a cabo investigaciones eficaces sobre las denuncias de malos tratos». También subraya la importancia de que las grabaciones de las cámaras de seguridad «se almacenen durante un mínimo de 30 días en todas las instalaciones de las fuerzas del orden». 

El documento recoge distintos casos concretos de malos tratos policiales. Uno de ellos, por ejemplo, relata que «un menor extranjero fue detenido a las 15.00 del 26 de septiembre de 2020 en la Casa de Campo de Madrid. Alegó que cinco policías acudieron a detener a otros menores y que se enzarzó con ellos en una discusión verbal que llevó a un agente a darle una bofetada en el cuello y tirarlo al suelo». 

«Le inmovilizaron en el suelo y un agente le puso una rodilla en la cabeza y otro en la espalda mientras le esposaban las manos a la espalda. Posteriormente, alegó que fue sometido a múltiples patadas, puñetazos y golpes de porra en varias partes de su cuerpo mientras estaba tendido en el suelo. El SAMUR que acudió́ a la comisaria observó hematomas en el codo y el hombro izquierdos, además de una excoriación (desgaste de la piel) visible en la frente», describe. 

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El informe recoge otro caso en Valencia, originado al parecer por una discusión con un hombre que no llevaba mascarilla y a quien «el policía le empujó contra la pared y le dio un puñetazo en la cara». «Otros agentes le agarraron de los brazos, se los retorcieron y le aplicaron las esposas con fuerza», relata. El médico del CPT «observó marcas de esposas en ambas muñecas y una hemorragia subconjuntival en el ojo izquierdo cuando el detenido fue entrevistado unas 10 horas después». 

También en Valencia, «un ciudadano extranjero con escaso nivel de español alegó que el 11 de junio de 2020 fue detenido por agentes de policía vestidos de paisano y que, una vez puesto en el suelo, le apuntaron con una pistola a la cabeza y recibieron varios golpes de porra en el cuerpo. Afirmó que le pusieron en fila con otros ocho sospechosos y le hicieron arrodillarse frente a una pared mientras le esposaban por la espalda. Posteriormente, lo llevaron a la esquina donde varios agentes le propinaron múltiples puñetazos en el cuerpo». 

Golpes a presos 

En el ámbito de Prisiones, la delegación del CPT recibió́ un gran número de alegaciones consistentes y creíbles de malos tratos físicos recientes por parte del personal, sobre todo en los módulos ordinarios denominados «conflictivos» que se consideraba que acogían a los presos más difíciles y en los módulos de régimen cerrado y departamentos especiales. 

Los reclusos que cometieron actos de autolesión, algunos de los cuales padecían una enfermedad mental, también alegaron que fueron maltratados como castigo por haberse autolesionado. 

El informe del CPT indica que «en la mayoría de los casos, los supuestos malos tratos consistían en bofetadas en la cabeza y en la parte superior del cuerpo por parte de funcionarios que llevaban guantes. Sin embargo, en cada una de las prisiones visitadas se recibieron varias denuncias mucho más graves de puñetazos, patadas y golpes con porras». 

«En varios casos, los presuntos malos tratos se aplicaron como castigo informal tras casos en los que el personal consideró que los presos habían sido desobedientes (por ejemplo, por participar en un altercado verbal, por llegar tarde al encierro o por molestar a los funcionarios durante el mismo) o tras casos de violencia entre presos», señala