La granja más contaminante de España

La macrogranja que más contamina de España está en el Altiplano de Granada

Según datos del Ministerio de Transición Ecológica, las instalaciones que más metano expulsan a la atmósfera y las terceras que echan más amoniaco son las que tiene Cefusa-El Pozo en la Dehesa del Rey en Castilléjar

— Una plataforma rural exige a la Junta que frene la supuesta ampliación de una macrogranja de cerdos al norte de Granada

Álvaro López

Darse un paseo por la Dehesa del Rey en Castilléjar, una población de unos 1.300 habitantes al norte de la provincia de Granada, en pleno corazón del Altiplano, ya no es lo que era. Desde hace un par de décadas, las macrogranjas –entendidas como tales por explotar a miles de animales al año de manera intensiva– le han ganado terreno a la naturaleza y lo que en el pasado eran campos de cultivo, hoy son instalaciones gigantes de cemento y metal en las que se escuchan a los animales encerrados. En estas granjas industriales porcinas nacen cientos de miles de lechones al año que son cebados hasta llevarlos al matadero. Cefusa-El Pozo es la empresa murciana que está detrás de ellas y también la que se encuentra en el punto de mira por tener la macrogranja más contaminante de España, según datos del Ministerio de Transición Ecológica.

Los datos «no son correctos»

Las cifras son llamativas. De acuerdo con la última información disponible del año 2020, la «Explotación Porcina Finca Dehesa del Rey» es la granja industrial que más metano emite a la atmósfera. Cada año, estas instalaciones generan 561 toneladas de este gas de efecto invernadero, más que ninguna otra del país. Pero no es el único que producen anualmente ya que, según la misma estadística, también se emiten 228 toneladas de amoniaco lo que la convierte en la tercera explotación de ganadería industrial de España en este sentido y la primera de tipo porcino. También está entre las instalaciones que más óxido nitroso expulsan a la atmósfera con 1,8 toneladas al año. Por comparar, estas instalaciones generan tanta contaminación como algunas refinerías de petróleo o como el centro de tratamientos de residuos de una capital de provincia como Palencia.

Sin embargo, Cefusa-El Pozo se defiende de estos números alegando que no son correctos porque el sistema de medición no es preciso. «Cumplimos con los umbrales establecidos en la Autorización Ambiental Integrada (AAI). La Administración avala los valores de metano en base a un sistema de cálculo que asigna un coeficiente por provincia que se multiplica por el número de cabezas, pero no tiene en cuenta otros procesos de optimización del purín (transformación en abono destinado a cultivos agrícolas) ni las Mejoras Técnicas Disponibles (MTD) con las que conseguimos reducir esas emisiones. Por tanto, la emisión real de metano en esta instalación es inferior a la que consta oficialmente en el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes. Una situación similar sucede con el sistema de cálculo referente a los datos de amoniaco», explican fuentes oficiales. Sin embargo, en estos números no se incluye la contaminación que generan las llamadas granjas integradoras que pertenecen a propietarios privados y que trabajan para Cefusa.

Una producción enorme de cerdos

No se incluyen porque la empresa murciana señala que las instalaciones de Dehesa del Rey se componen de 10 granjas que empezaron a instalarse hace 20 años, pero un paseo por la zona permite ver unas cuantas más. Estas que no están en la estadística son las granjas integradoras mencionadas. Para entenderlo, el sistema es sencillo. Las macrogranjas que Cefusa-El Pozo tiene en Dehesa del Rey son las conocidas como lechoneras que son las instalaciones a las que van a parar miles de cerdas reproductoras que tienen unos 25 lechones al año cada una de ellas.

En la granja industrial más grande de la zona hay alrededor de 23.000 cerdas que tienen unos 650.000 lechones anualmente. Estos animales luego son enviados a las empresas integradoras donde son cebados hasta alcanzar los 100 kilos para mandarlos al matadero que Cefusa-El Pozo tiene en Alhama de Murcia. Estos granjeros privados cobran un canon por parte de la empresa murciana por cebar a los lechones, pero la contaminación que generan no se suma a la estadística de las granjas industriales de Cefusa-El Pozo en Dehesa del Rey, siendo los mismos animales. Además, como la producción de cerdos no termina de compensar los gastos de estas integradoras, los propietarios piden periódicamente que se amplíen sus instalaciones para albergar más lechones a los que cebar.

El conflicto de los nitratos

El problema que se suma a todos estos datos de contaminación es el que tiene que ver con los purines. Así se les llama a los restos orgánicos que generan estas granjas industriales. No obstante, según explica un extrabajador, estos purines tienen restos de todo tipo. Paseando por el entorno ya no son visibles las balsas a las que se arrojan estos desechos, aunque sí se pueden apreciar por satélite, pero ha habido momentos en los que se han ubicado muy cerca de núcleos de población o incluso de cementerios. Ángeles García-Fresneda, portavoz de Salvemos el Altiplano, una plataforma rural que lleva años luchando contra la expansión de esta industria a la que consideran muy dañina, explica que estos purines han generado «mierda y olores insoportables para los vecinos que vivimos en esta zona». En un recorrido realizado por este medio en Dehesa del Rey el olor ya no es tan perceptible como hace tiempo, pero sigue siendo desagradable en algunos puntos. «Tampoco sabemos realmente cuántas granjas hay porque somos conscientes de que algunas están ocultas detrás de los cerros para que no podamos verlas», afirma.

El otro problema derivado es que los acuíferos del entorno también se ven afectados por estos purines, según la plataforma rural. Según explican extrabajadores de la empresa con los que ha hablado elDiario.es Andalucía, tras dividir los residuos de las balsas de purines, el líquido resultante, que tiene una gran cantidad de nitratos, se transporta en camiones para que se deposite en el campo que hay alrededor. Este proceso se suele hacer por la noche, cuando termina la jornada en las granjas, por lo que el olor llega a ser «nauseabundo» y provoca «ganas de vomitar» en los lugares más próximos al sitio donde se arrojan estos restos, relatan testigos. Además, como acaban filtrándose bajo la superficie, estos restos pueden llegar hasta los acuíferos y contaminarlos. Según datos del Ministerio de Transición Ecológica sobre la concentración media de nitratos en los acuíferos de España en el periodo 2016–2019, el entorno de la Dehesa del Rey tiene, al menos, un punto en el que los nitratos alcanzan una media de entre 25 y 40 mg/l. Diversos estudios apuntan a que cuando la concentración supera los 25 mg/l, el agua se contamina.

«Se están realizando analíticas periódicamente para determinar la calidad tanto de aguas subterráneas como de suelos, cuyos resultados se emiten anualmente al órgano competente (es uno de los condicionados de la Autorización Ambiental Integrada)», aseguran fuentes de Cefusa-El Pozo. «No se han apreciado valores analíticos anormales ni variación respecto a los niveles que había antes de construirse las granjas, en torno a 5 mg/l, diez veces menos del límite establecido por la OMS para agua potable». Para precisar más sobre la posible contaminación por nitratos, este medio ha consultado a la Catedrática de Geodinámica de la Universidad de Granada, María Luisa Calvache. La experta dice que la masa de agua del entorno «aparece en buen estado químico». Lo que no significa, dice, que no esté contaminada porque puede existir pero que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, responsable de este lugar, aún no la haya detectado y por lo tanto no aparezca en los datos.

La elevada profundidad a la que se encuentra el nivel freático de los acuíferos (140 m según el dato que aportan fuentes de Cefusa-El Pozo) y las escasas precipitaciones de la zona (300 mm según dato aportado) son dos factores que, en principio, no favorecerían la contaminación de las aguas subterráneas. Calvache asegura que «habría que tener en cuenta otro factor importante que sería la permeabilidad de los materiales sobre los que se asientan las granjas. Esto puede favorecer más o menos la transmisión de los nitratos hasta alcanzar la zona saturada del acuífero».

Un entorno que ha perdido población

Una situación contra la que luchan en Salvemos el Altiplano desde hace varios años. Ángeles García-Fresneda es una de las personas más activas en la plataforma y es ella la que acompaña a elDiario.es Andalucía en un recorrido por la zona para ver cómo estas granjas industriales han poblado claramente el entorno. De hecho, su penetración es tal en Castilléjar que en el ambiente de esta población se percibe que hablar de las macrogranjas es un asunto tabú. Nadie quiere hacerlo y quien lo hace es de forma anónima. Unos 40 trabajadores de Cefusa-El Pozo son vecinos de este municipio, lo que supone que un número elevado de familias del mismo se ven afectadas de forma directa o indirecta por esta industria. «La gente no suele hablar de eso. Hay muchos defensores porque estamos en un pueblo pequeño. Imagínate que, en un pueblo de 1.000 personas, todo el mundo tiene familiares en las macrogranjas, y hay gente que piensa en el daño que hacen, pero los trabajadores, por supuesto, no hablan», dice a este medio uno de estos exempleados que prefiere permanecer en el anonimato.

Según datos de Ecologistas en Acción, la expansión de la ganadería industrial en localidades como Castilléjar ha coincidido con una pérdida importante de población de en torno al 25% en los últimos 20 años. Ángeles García-Fresneda lamenta que «las macrogranjas estén destrozando un sitio tan precioso». La Dehesa del Rey era hace décadas un lugar de encuentro para las familias de la zona y por ella se podían ver a animales pastando libremente en granjas de ganadería extensiva que ya han desaparecido. Hoy, solo quedan las construcciones que un día albergaron a ganaderos que daban de comer a sus familias y que ya han sido expulsados del lugar, incapaces de competir contra un gigante como Cefusa-El Pozo.

«La gente ya no puede ni quiere vivir aquí porque el empleo que generan es precario y el ambiente es muy hostil», denuncia Ángeles GarcíaFresneda de Salvemos el Altiplano. Un exempleado asegura que el entorno de trabajo es desagradable por las presiones que sufren, hasta el punto de que el convenio laboral que tienen es muy estricto con los días de libre disposición para cobrar 1.400 euros mensuales como sueldo base. Además, «no es algo que pueda hacer todo el mundo porque son labores difíciles y que resultan chocantes para muchos».

El debate sobre el empleo joven

Cefusa-El Pozo niega que su implantación genere pérdida de población: «La ganadería asienta el territorio por el empleo que genera e incentiva el de otras actividades indirectas vinculadas al sector. Por cada empleo en la producción animal, se generan 5 en la industria auxiliar». En estas instalaciones, dicen, trabajan 160 personas tanto de este municipio como de alrededores. «En zonas rurales se asientan poblaciones donde la pirámide demográfica está envejecida con alto porcentaje de personas jubiladas. Estas granjas dan empleo a la gente joven del lugar y evitan que haya un éxodo del campo a la ciudad, creando nuevas familias que se arraiguen en estas zonas». Una cuestión que no comparten los lugareños que sí se atreven a mencionar el tema y que culpan a esta ganadería industrial de haber expulsado a muchos jóvenes y familias que no quieren vivir en un entorno contaminado y en el que los malos olores, los ruidos de los animales y el continuo ir y venir de camiones transportando cerdos son la tónica dominante.

Por su parte, el alcalde de Castilléjar, Emilio Sánchez, niega que las granjas industriales estén detrás de la despoblación que padecen. «Todos los pueblos del medio rural que conozco han perdido población». Explica que con las macrogranjas hay «demasiada manipulación» y que «no son tan buenas como pintan algunos ni tan malas como pintan otros». No obstante, los datos de contaminación no son discutibles, más allá del método de medición del que se queja Cefusa-El Pozo afirmando que el nuevo sistema que se va a implantar llamado ECOGAN será más preciso. Sobre ese aspecto, la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía dice que hay que apostar por «un debate sereno, responsable y comprometido a fin de afrontar los retos una actividad ganadera que es vital para las zonas rurales de Andalucía. Un debate que cuente con el sector agroalimentario y tenga en cuenta la sostenibilidad ambiental y económica de esta actividad».

Al mismo tiempo, dado que la contaminación y la despoblación se está produciendo en la provincia de Granada, este medio ha preguntado sobre estos temas a la Diputación de Granada que prefiere guardar silencio alegando que las macrogranjas no son algo sobre lo que tengan competencias. Llama la atención porque el exalcalde de Castilléjar, Jesús Raya Ibar, es un alto cargo de este organismo provincial que dejó su puesto como regidor hace pocas semanas, justo cuando la justicia amplió el periodo para investigar la venta de unos terrenos familiares para ampliar una granja integradora cebadora de cerdos para Cefusa-El Pozo.

Ley de cambio climático

Una ley corta para un problema largo 

Ilustración de Juan Carlos Prieto

Desde el pasado mayo, ya tenemos ley de cambio climático, aunque tal vez no la que toca, sino una que responde más al mundo que había cuando empezó su larga gestación que al actual. Una ley de patitas demasiado cortas para un problema de largo recorrido. 

Más de cinco años después del Acuerdo de Paris, tras un largo camino y varios retrasos, el pasado mayo entró en vigor la Ley de Cambio Climático y Transición Energética (LCCTE). ¿Es la que necesitamos? Para ello debería cumplir con dos objetivos. Por una parte, afrontar la crisis climática en el país europeo más vulnerable a sus efectos destructivos: el 20% del territorio español ya se considera desértico y un 75% está en riesgo de sufrir desertificación en este siglo. Ocupamos el puesto 28 a nivel mundial en estrés hídrico, lo que significa que hay más demanda de agua de la cantidad de la que disponemos. Por otra, transformar nuestro modelo productivo desde la raíz, puesto que está en la raíz de tal crisis. De una detenida lectura parece desprenderse que aborda el primero con luces y sombras, con insuficiencias y dejando interrogantes abiertos, mientras que el segundo objetivo queda bastante al margen. 

La pregunta es si esta Ley será útil para limitar un calentamiento inminente     

El último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), publicado el pasado agosto, revelaba que se observan cambios en el clima en todas las regiones de la Tierra y en el sistema climático en su conjunto. “Muchos de los cambios observados en el clima no tienen precedentes en miles, si no en cientos de miles de años, y algunos de los cambios que ya se están produciendo, como el aumento continuo del nivel del mar, no se podrán revertir hasta dentro de varios siglos o milenios”. El informe concluye que, a menos que las emisiones de gases de efecto invernadero se reduzcan de manera inmediata, rápida y a gran escala,  limitar el calentamiento a cerca de 1,5ºC o incluso a 2ºC será un objetivo inalcanzable. La pregunta es si esta ley será útil en este sentido. 

Comencemos por la cara. La LCCTE tiene aspectos positivos. Uno muy relevante es que, para poner fin a nuevas explotaciones fósiles y nucleares, suprime nuevas autorizaciones de exploración en este terreno. Respecto a nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, se establecen zonas de sensibilidad y exclusión por su importancia para la biodiversidad. Además, parte de la riqueza que generen estas instalaciones revertirán en el propio territorio. También en lo que a protección de espacios se refiere, acaba con la prolongación de las concesiones establecidas por la Ley de Costas. 

En los municipios de más de 50.000 habitantes se delimitarán zonas de bajas emisiones antes de 2023. Las estaciones de servicio a partir de un cierto tamaño y la edificación nueva contarán con puntos de recarga eléctrica. 

Las empresas, entidades financieras y aseguradoras tendrán que integrar el riesgo climático e informar sobre las medidas que adopten para hacer frente a dichos riesgos. Asimismo, se sientan las bases para que los flujos financieros se reconduzcan hacia la descarbonización

La Administración General del Estado adquiere obligaciones como  desinvertir en productos energéticos fósiles; seguir en la contratación pública los criterios de reducción de emisiones y de huella de carbono que establece la LCCTE e incentivar la rehabilitación energética y el autoconsumo. 

La cruz de la Ley es que se queda muy corta en su ambición y en sus propuestas 

La cruz del texto –una pesada cruz para nuestro presente y futuro- es, en resumen, su falta de ambición. El problema crece mucho más rápidamente que las soluciones. Tal vez cuando empezó a elaborarse, hace unos 3 años, los objetivos eran adecuados, pero hoy en día la reducción de un pobre 23% de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) para 2030 respecto a las emisiones existentes en 1990 resulta más bien ridículo. Y esto es algo capital: todo lo que no sea una reducción del 7,6% anual, como recomienda el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), se queda corto. 

Tampoco es ambiciosa en los plazos. Contempla que la neutralidad climática –en román paladino: para esa fecha no podrán emitirse más GEI que lo que los sumideros naturales, como bosques, mares y humedales puedan absorber- se alcanzará en 2050. Sin embargo, voces entendidas sostienen que lo sensato es tomar las medidas necesarias para alcanzarla en 2040. Otro cuán largo me lo fiais se refiere a los vehículos ligeros, que el texto establece que para 2040 deberán generar cero emisiones, mientras que los ecologistas sostienen que debe adelantarse a 2030. 

En principio, no habrá ayudas ni beneficios fiscales a productos energéticos de origen fósil, salvo que ocurra algo tan genérico como “estar debidamente justificada por motivos de interés social, económico o la inexistencia de alternativas tecnológicas”, lo que deja la puerta bastante abierta.  

El fomento de gases renovables (biogás, biometano e hidrógeno) en el transporte puede suponer la permanencia de este combustible fósil. Además, abre la puerta a su utilización para todo tipo de transporte, cuando deberían quedar reservados a aquellos, como el aéreo o el pesado, donde no es factible la electrificación. 

Atendiendo a la globalidad del texto, digamos que, como señala Javier Andaluz en Ecologista, se trata de una ley incompleta, puesto que “demasiado dependiente de desarrollos legislativos posteriores en manos exclusivas del Gobierno”. ¿Qué pasaría si queda en manos de un Ejecutivo de diferente tendencia? 

Siguiendo con la mirada global, la ley adolece gravemente de falta de perspectiva de género, en un terreno en el que ésta es especialmente relevante. En junio de 2020, el Instituto de la Mujer publicó el informe “Género y cambio climático”. “Que este fenómeno climático –señala- no es neutral al género viene demostrado por varios indicadores: las cifras  de refugiadas climáticas [el 80%del total], el incremento de la vulnerabilidad en las niñas, la provocación de mayores efectos  en la feminización de la pobreza protagonizando las situaciones de pobreza energética, etc.”. La concienciación sobre el problema también tiene perspectiva de género: muchas mujeres lideran la lucha contra la crisis climática. Por ello, insiste el informe, deben formar parte de las soluciones. Una perspectiva ecofeminista sí que significaría un avance significativo hacia un cambio de sistema, que a fin de cuentas, es la madre de este cordero. 

Termino con una perplejidad: la disposición adicional primera señala que  “Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta ley los equipos, sistemas de armas, instalaciones y actividades cuyo propósito sea la protección de los intereses esenciales de la Defensa Nacional y de la Seguridad Pública”. Me pregunto, ¿no es la crisis climática la mayor amenaza a la que se enfrenta la humanidad? ¿No es la razón de ser de esas “fuerzas” la defensa? Eso sí, añade que “se esforzarán” en actuar “de forma compatible con los objetivos de la ley (…) en la medida de lo posible” (sin especificar qué es posible). Pues eso: perplejidad. Por ser suave. 

España vaciada contra las macrogranjas

Cien mil cerdos para 131 habitantes: la España vacía se rebela contra las macrogranjas 

© Aitor Sol (EL PAÍS) Natividad Pérez, alcaldesa de Balsa de Ves, camina por un terreno agrícola lleno de digestato reseco. 

“¿Qué preferís, que vuestro pueblo huela a pinos o a mierda?”. Natividad Pérez lanza esa cuestión a los vecinos que preguntan qué pasará si en su pueblo se instala una macrogranja. Ella les cuenta la experiencia por la que ya han pasado en Balsa de Ves, en Albacete, donde es alcaldesa. Les explica los problemas que sí generan estas explotaciones, como la contaminación del suelo y las aguas, y de los malos olores. Les cuenta la experiencia de su pequeño municipio, de 131 vecinos, donde se crían unos 100.000 cerdos al año. “Tocamos a 763 animales por habitante”, dice. Su voz está ayudando a montar plataformas vecinales contra nuevos proyectos de ganadería industrial en pueblos de la España vacía —Albacete, Cuenca, Toledo, Zamora, Ávila—, que han realizado varias protestas este año y tienen otra prevista para este viernes en 50 localidades

La preocupación que mueve a estos pueblos es el deterioro de su calidad de vida, pero sobre todo el futuro. La ganadería intensiva porcina acelera la despoblación o es incapaz de frenarla, según sugiere un nuevo informe de Ecologistas en Acción. Balsa de Ves, por ejemplo, ha perdido un 40% de vecinos desde que se instaló la macrogranja en 2006, aunque también influyen otros factores como la falta de servicios. La patronal Interporc, que aglutina al sector porcino, defiende que las más de 86.000 granjas de cerdos del país dan empleo a 400.000 familias de forma directa e indirecta, la mayor parte en zonas rurales, por lo que son “esenciales para luchar contra la despoblación”, y achaca las protestas a “grupos animalistas”. 

El trabajo de Ecologistas analiza centenares de municipios de menos de 5.000 habitantes alejados de grandes ciudades donde hay una gran carga porcina intensiva —de 5.000 a más de 100.000 animales— y los compara con otros cercanos y con población similar pero sin estas instalaciones. En el 74% de las comparativas, las localidades con estas macrogranjas pierden más población o ganan menos habitantes que las que no lo tienen. “No hay una relación positiva entre la ganadería industrial porcina y la lucha contra la despoblación”, dice Daniel González, coordinador del informe.. 

Jorge Blanco, investigador en Demografía en la Complutense, explica que este tipo de industrias “transforman la economía de zonas rurales, que suele estar basada en la agricultura y la ganadería extensiva, en una única dirección que no necesariamente repercute en la vida del pueblo, con lo que se elimina parte de la riqueza asociada a actividades laborales diversas”. Por ejemplo, “hace que quienes tengan otras actividades vendan sus terrenos y pasen a ser rentistas”. En su opinión, “es cierto que estas industrias tienen potencial de atracción de trabajadores, pero no tienen por qué vivir en el lugar, y si no lo hacen no pagan impuestos allí y no entra renta al flujo del pueblo”.                                                                Por su parte, Vicente Pinilla, director de la Cátedra Despoblación y Creatividad de la Universidad de Zaragoza, señala que “el hecho de que los municipios con macrogranjas crezcan menos no demuestra que la causa sean estas instalaciones, es decir, esa correlación no implica causalidad”. La cuestión clave “es si el porcino produce despoblación o va a donde hay despoblación, lo cual parece más probable”. Pinilla considera que hay otras causas para la despoblación rural como la falta de oportunidades laborales, la carencia de servicios públicos y una estructura demográfica muy desequilibrada, masculinizada y con personas de edad avanzada. “Este tipo de despoblación ha ocurrido en toda Europa en los últimos años”, añade. 

Olor insoportable 

Ecologistas y las plataformas vecinales asumen que la ganadería industrial no es el único factor que impulsa la despoblación, pero quieren destacar que no sirve para fijar habitantes, como defiende el sector. Natividad Pérez explica el ejemplo de Balsa de Ves: “En 2006, cuando yo era concejal de la oposición, se instaló la macrogranja y nos vendieron que iban a contratar a todos los parados y que iban a dar mucho trabajo. Pero solo contrataron a cinco personas del pueblo”.                                                                                                                La ilusión se fue diluyendo con los años. De 2000 a 2020, el municipio ha perdido casi el 50% de su población (de 259 a 131 habitantes), la mayoría de los cuales se fue desde 2006 (un 40%). Ecologistas lo compara con Villavaliente, una localidad cercana similar, que en dos décadas perdió el 22% de sus habitantes (de 282 a 220). “El sector dice que estas instalaciones fijan la población, pero no es cierto. ¿Quién va a querer vivir al lado de una granja que genera olores, que contamina, que tiene tránsito de camiones enormes que destrozan los caminos públicos?”, se queja Pérez. Fidel Aldudo, jubilado y teniente de alcalde, vive en La Pared, una pedanía de Balsa de Ves donde siempre huele mal: “El olor es insoportable, nunca te acostumbras”. 

Entre los vecinos de este pueblo de calles estrechas y casas bajas, división de opiniones. José Murcia, de 79 años, toma un tercio en El Ventorro, el único bar del pueblo: “La macrogranja supone problemas de olores, lo noto mucho cuando salgo a pasear con la bicicleta, muchas veces me tengo que volver por la peste”. Matilde González, de 50 años y con tres hijos, se queja de la falta de oportunidades: “Estoy en el paro, he echado el currículum en la granja y no me llaman. Nos deberían dar prioridad a los que vivimos aquí”. Otro residente que prefiere no decir su nombre cree que la instalación no genera ningún problema y da trabajo.  La regidora desde 2015 —con listas abiertas— camina junto a la puerta del complejo, situado a cuatro kilómetros de la localidad. Señala un campo donde la tierra se ha pintado de negro con un material similar al petróleo. “Es digestato, una mezcla que hacen entre los purines y otros residuos, porque también tienen una planta de biogás.  

La normativa dice que deberían arar en menos de 24 horas para evitar la contaminación del aire, pero lleva ahí varios días”, apunta. “Nadie quiere estas instalaciones, por eso buscan pueblos pequeños con población envejecida y sin técnicos municipales ni tejido asociativo que les puedan plantar cara. Y una vez que se establecen intentan expandirse”. La empresa no ha respondido a los correos de este diario.                                                                                    La patronal Interporc explica que, según su análisis, “no existe ni un solo pueblo en el que una granja haya supuesto el abandono de familias, sino todo lo contrario. Otra cosa será que haya pueblos en los que una granja no haya podido frenar la despoblación, pero es distinto”. En su opinión, este sector hace una gran apuesta por las zonas rurales, lo que atrae a la industria agroalimentaria y a la industria auxiliar. “La actividad agrícola y ganadera es esencial para luchar contra la despoblación”, resume. En cuanto a la contaminación, apunta que la normativa exige aplicar los purines directamente en el suelo y enterrarlos antes de 12 horas, lo que está reduciendo un 30% las emisiones de amoniaco, según sus informes. “El sector produce hoy un 50% menos de purines y más del 90% de los purines se reutiliza en sustitución de los abonos”, añade. Según los datos de las diferentes patronales, en España hay 86.000 granjas porcino (un 80% de ellas, de carácter industrial), 130.000 de vacuno y 5.000 avícolas.                                                                          

Plataformas ciudadanas                                                                                                       Las plataformas ciudadanas contra este tipo de ganadería industrial no dejan de crecer. Un ejemplo es Loporzano sin ganadería intensiva, en Huesca. “Fuimos el primer movimiento vecinal que se opuso a este tipo de explotaciones”, dice Rosa Diez, portavoz del movimiento. “Nos instalaron una granja para 75.000 pollos y luego vimos que había varias peticiones para instalar porcino industrial y conseguimos frenarlas”. ¿Qué problemas les genera? “Los purines tienen antibióticos, metales pesados y nitratos, que se filtran en el terreno y acaban en los acuíferos, contaminando las aguas. Ya hay muchos municipios con agua no potable”, continúa Diez. Su movimiento impulsó la coordinadora estatal Stop Ganadería Industrial, que coordina movimientos similares por todo el país.                                                                      Inma Lozano, de Stop Macrogranjas CLM, critica “el desmesurado crecimiento de este tipo de instalaciones, que se están aprobando sin valorarlas en su conjunto tanto por el consumo de agua como el de purines”. Lozano vive en Pozuelo, una pedanía de Albacete de menos de 500 habitantes donde los vecinos se movilizan contra un proyecto para criar 150.000 cerdos. Greenpeace calcula que en los últimos tres años se han concedido autorizaciones para nuevas instalaciones al ritmo de 1,5 al día, por lo que exige una moratoria a este tipo de ganadería, algo en lo que coinciden todas las plataformas.                                                         En los últimos meses ha habido muchas manifestaciones contra nuevos complejos, aunque la mayoría han ocurrido en pueblos pequeños, por lo que no han tenido mucha visibilidad. En mayo, llevaron su protesta a varias capitales de provincia. Pueblos Vivos Cuenca ha organizado varias concentraciones en más de 30 municipios en esa provincia. En Castilla y León uno de los focos está en Segovia; allí, Belén Bernardos acudió en julio a una concentración en su municipio, Bernardos. “Nuestra plataforma aglutina a 15 pueblos preocupados por esto, donde hay 18 proyectos pendientes de aprobación. El próximo viernes nos volvemos a manifestar”, señala. Ocurrirá lo mismo en 50 localidades más de toda España. Natividad Pérez lo resume así: “Los pueblos son un territorio de sufrimiento y resistencia. Las plataformas están dando voz y dignidad a los vecinos para parar esta locura”. 

Más de 20.000 pinos talados en Serranía de Cuenca

Calculan que son más de 20.000 los «pinos sanos» talados de «forma abusiva» en la Serranía de Cuenca

Ecologistas en Acción (EA) de Castilla-La Mancha ha calculado que en el paraje de la Cañada del Mostajo, en el corazón del Parque Natural de la Serranía de Cuenca, han sido talados más de 20.000 pinos, que en su mayor parte estaban sanos cuando fueron cortados.
En una nota de prensa, Ecologistas en Acción ha cuestionado la versión del delegado de Desarrollo Sostenible en Cuenca, Rodrigo Molina, que aseguró que las talas se habían hecho sobre árboles muertos, tumbados o doblados, después de que la asociación conservacionista denunciara las que calificó como «talas abusivas» en este paraje situado en el monte de utilidad pública número 120, propiedad del Ayuntamiento de Cuenca, donde tiene sus nacederos el río Escavas.
Asimismo, el grupo ecologista ha señalado que Molina reconoció que las talas se iniciaron en el mes de septiembre, en una superficie de entre 60 y 70 hectáreas, por lo que EA ha estimado que «se podría estar hablando de más de 20.000 pinos apeados, si bien el delegado nada ha dicho de la cuantificación de lo cortado».
También han sorprendido al grupo conservacionista las palabras del delegado de Desarrollo Sostenible en Cuenca «defendiendo la legalidad de las talas», por un lado «porque la gran mayoría de los árboles estaban sanos cuando se cortaron» y por otro porque en la comunicación que se le hizo a Ecologistas en Acción por escrito «se reconoce que las talas se hicieron sin licencia».
Para Ecologistas en Acción estas talas «carecen de las condiciones legales con las que debe contar una licencia de aprovechamiento’, ya que según el grupo conservacionista «el único documento expedido a la empresa es una adjudicación genérica con vigencia en 2019 y 2020».
Sin autorización
La Delegación de Desarrollo Sostenible ha reconocido, además, que no se ha realizado el perceptivo informe de los efectos sobre los recursos naturales objeto de protección, en aplicación del artículo 56 de la ley 9/1999 de Conservación de la Naturaleza, han señalado los ecologistas, que han aseverado que tampoco existe la necesaria autorización de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), puesto que están afectados el cauce y la ribera del río Escabas.
Además, han señalado que Molina «también ha declarado que existen denuncias de los agentes medioambientales y que hay una causa abierta en los juzgados contra la empresa maderista y contra la empresa pública Ayuntamiento de Cuenca Maderas SA».
Ecologistas en Acción «desconoce si es por delito ecológico u otro ilícito penal», por lo que ha considerado que «Molina debería explicar por qué ha desautorizado el criterio de los agentes y en qué términos se ha planteado la causa judicial».
En este sentido, EA ha avanzado que pondrá los hechos en conocimiento de la Confederación Hidrográfica del Tajo y de Asociación para la Certificación Española Forestal (PEFC), que certifica la sostenibilidad de la gestión de los montes de titularidad del Ayuntamiento de Cuenca.
Y ha planteado que «la empresa pública Ayuntamiento de Cuenca Maderas S.A. también debería dar una explicación de su actuación en estos hechos y especialmente si adjudicó sin concurrencia, es decir, a dedo, a la empresa maderera vallisoletana la madera y cuánto dinero se ha ingresado por estos aprovechamientos, mostrando las liquidaciones semestrales por montes, tras la medición de la madera apeada, así como los hechos por los que está denunciada en los juzgados».

MACROGRANJA EN CUENCA


Cuenca Ahora, Pueblos Vivos, Serranía Celtibérica y Ecologistas en Acción, Contra una macrogranja porcina que usaría 25 millones de litros de agua al año La explotación industrial se ubicaría en el entorno de las Hoces del Cabriel y tomaría agua que abastece al pueblo de Cardenete.

Cuenca Ahora, Pueblos Vivos y Serranía Celtibérica han presentado alegaciones ante la Confederación Hidrográca del Júcar para que no se autorice a la empresa Porcialtollano S.L.a instalar un grupo de autobomba sumergible para aprovechar un caudal continuo de agua subterránea de 25 millones de litros al año, que se destinaría a la instalación de una macrogranja porcina. El proyecto se halla actualmente en periodo de información pública y la explotación industrial estaría en suelo rústico no urbanizable de especial protección además de que una parte importante de la nca entra dentro de la zona ZEPA (Zona de Especial Protección de la Aves) Hoces del Cabriel, Guadazaón y Ojos de Moya. Los colectivos detallan que solo el consumo de agua para los animales suponen 24 millones de litros anuales, a lo que se sumarían otros usos del agua, como la limpieza de instalaciones o una red contraincendios. Y eso teniendo en cuenta que el municipio conquense de Cardenete se abastece de la masa de agua subterránea afectada por el proyecto. Alegaciones contra el sondeo de agua ante la Confederación del Júcar Contra el sondeo también se han posicionado en contra Ecologistas en Acción de Cuenca, Ecologistas en Acción de La Manchuela y Ecologistas en Acción de Daimiel, además de Castilla-La Mancha Stop Macrogranjas, que han presentado también sus correspondientes escritos de alegaciones. En ellos, se requiere a la Confederación del Júcar que no se autorice la concesión de explotación de aguas subterráneas «por los daños irreparables que derivan del proyecto», habida cuenta el potencial contaminador por nitratos debido a los purines generados por la granja porcina. También porque el municipio de Cardenete se abastece de la citada masa de agua subterránea. «La contaminación por nitratos de esa masa de agua podría afectar directamente al abastecimiento de esta población, la cual depende de las aguas subterráneas del Manantial de Ojos Claros, pero también podría poner en riesgo el abastecimiento de otras poblaciones que dependan directamente de la misma masa de agua en otras captaciones, o cualquier otro uso», han alertado. Cuenca Ahora, Pueblos Vivos y Serranía Celtibérica consideran que instalar una granja porcina de 2.100 madres a 1,4 kilómetros del río Cabriel constituye un «riesgo elevado y un atentado inaceptable al ecosistema». De ahí que reclamen a la Confederación Hidrográca del Júcar que, en el ejercicio de sus competencias, asuma la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro, conforme a la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea y de la legislación española de protección de las aguas subterráneas. Las tres agrupaciones continúan insistiendo en la necesidad de que la Junta de Castilla-La Mancha introduzca una moratoria de nuevos proyectos, especialmente de porcino, con el n de poder realizar un estudio estratégico del territorio y un análisis exhaustivo de sus consecuencias. El Diario.es 28/01/2021 Cuenca Ahora, Pueblos Vivos, Serranía Celtibérica y Ecologistas en Acción, Contra una macrogranja porcina que usaría 25 millones de litros de agua al año La explotación industrial se ubicaría en el entorno de las Hoces del Cabriel y tomaría agua que abastece al pueblo de Cardenete. M

De la fascinación a la aberración

El crecimiento del porcino: de la fascinación a la aberración
El aumento exponencial del porcino tiene controvertidas valoraciones. Desde el Gobierno se habla de «fascinantes progresos» mientras que profesores de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza, como el catedrático Víctor Sorribes, lo hacen de «las aberrantes condiciones de las macrogranjas del porcino»
JESÚS SAMPÉRIZ MALUENDA**
24/10/2020
El Gobierno apoya esta industria, la del porcino, por el empleo que se genera y justifica la multiplicación de los beneficios económicos de los últimos años que quedan en las pocas manos que gestionan el mercado de exportación del 60% de la producción.
Los críticos de esta industria aducen los graves problemas ambientales y sociales que genera la ganadería intensiva. Unos hablan y otros no quieren oír, sobre la importación de materias primas a miles de kilómetros de distancia y que supone, como señala Gustavo Duch, un grave impacto en la amazonia brasileña. Pero también de la utilización del 70% de antibióticos a nivel mundial (penicilina y tetraciclina) en esta industria ganadera y que nos puede conducir a resistencias antimicrobianas que para algunos es «la mayor amenaza de la salud humana sin excepción», del 18% del CO2 en Aragón y de la contaminación de aguas superficiales y subterráneas de la que es responsable esta «fascinante actividad».
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Ejemplo de sostenibilidad económica y medioambiental
Unos hablan y muchos no quieren oír que, de dos masas de agua afectadas por nitratos en el 2003, Aragón ha pasado a 23. Paralelamente se han declarado 17 zonas vulnerables a la contaminación por nitratos en el año 2019 en un total de 130 municipios afectados. En Zaragoza, no hay que acudir a medidas químicas que nos indiquen la presencia de nitratos, ya que las algas de cada verano en el Ebro nos delatan su presencia. Cada vez es más cierto que las granjas son líneas de montaje de una fábrica. Todos los lechones son genéticamente iguales. Se les arrancan dientes, cola y testículos y su hacinamiento es tal que algunas crías quedan aplastadas por sus madres de más de 300 kilos que apenas se pueden mover en sus jaulas de 2 metros cuadrados. El destete se hace a las pocas semanas de gestación. Se corta todo vínculo con sus madres. Y como señala Peter Singen, profesor de Bioética en Princeton, comer carne industrial es inmoral «por lo que les hacen». En situación de covid, el riesgo es todavía mayor.
En este estado de cosas, hubiera sido deseable una moratoria en la concesión de nuevas instalaciones ganaderas, hasta que la adaptación de la normativa y las prácticas del sector, ofrecieran mayores garantías de salud colectiva. Por el contrario, constatamos la inversión de mil millones de euros de capital alemán para la construcción de un matadero en Calamocha o la de una fábrica de piensos en Bujaraloz de capital catalán cuyas actividades van a generar el crecimiento de las industrias del porcino en territorio aragonés.
Después de este llamativo crecimiento, Aragón ya es la región con mayor densidad de porcino de toda Europa, de donde vienen continuas inversiones para el crecimiento de un sector, que los países del resto de la CEE no tolera en sus territorios. Las razones son fáciles de entender y no son otras que la permisividad existente en Aragón con respecto a otros países europeos e incluso con respecto a Cataluña.
Se argumenta que este modelo industrial permite un aumento del consumo de carne en todo el planeta debido al bajo coste del producto. Habría que argumentar de igual forma, que el 25% de la humanidad ya tiene problemas de obesidad que afectan fundamentalmente a las clases populares porque las clases adineradas pueden pagar los productos de mayor calidad y la factura del nutricionista. En sentido parecido, la ministra de Agricultura de Alemania, antes estos graves problemas de salud, ha declarado que consumir carne barata no es un derecho humano.
Discrepancias con Olona
El 24 de abril pasado hicimos diez preguntas al consejero Joaquín Olona. Una de ellas era conocer la cantidad de nitrógeno (N) producida por las 18 millones de cerdos que anualmente se crían en Aragón (14 cerdos por persona). Después de cuatro meses de espera, la respuesta es de 45.000 toneladas.
Nuestra sorpresa ha sido que, aún aceptando la reducción de 7,25 kilos de N por plaza de cerdo, a 5,44 debido a la mejora de las técnicas y aceptando que cada madre reproductora produce 20 kilos de promedio, con unas simples cuentas el total de N producido es de 57.000 toneladas. Esta cantidad sumada a las demás cabañas ganaderas, alcanza las 72.000 toneladas de N. Si a ello se le suma el fertilizante inorgánico comprado en Aragón, las cifras son cercanas a las 300.000 toneladas al año.
Se preguntó también por el total de nitrógeno necesario para fertilizar los 1,2 millones de hectáreas de suelos de cultivos en Aragón. Para nuestro asombro, en el 2020, la consejería desconoce este dato. Como también desconoce el necesario para cada localidad y comarca. Es difícil de entender cómo se puede gestionar y planificar el sector del porcino desde este desconocimiento.
Si a la lentitud en la ampliación de la normativa existente se le añade esta dosis de desconocimiento de que hace gala la consejería del ramo, las consecuencias son evidentes. Cada vez aumentarán las masas de agua contaminadas y el número de zonas declaradas vulnerables por contaminación de nitratos. La ignorancia alcanza también a las necesidades de agua de toda la industria del porcino. Según nuestros cálculos es mayor que las necesidades de toda la población de Zaragoza sumando las domesticas, industriales y las de parques y zonas verdes.
El futuro
El hecho de que en los últimos 10 años hayan desaparecido 748 industrias del porcino de menos de 2500 plazas mientras que se han creado 223 de más de 3.500 plazas, demuestra que los ganaderos locales pierden terreno frente a las grandes integradoras. Esto aboca a este sector a un futuro incierto en el que parece que desde el Gobierno de Aragón se dice: «Todo para el porcino».
Mientras los últimos eslabones de la cadena de los mataderos son trabajadores mal pagados del Este europeo y subsaharianos, se desarrolla un urbanismo exprés para aprobar expropiación de suelos, aplicando un discutible Interés General para Aragón en las grandes instalaciones que ocupan el paisaje aragonés. Las subvenciones al sector cárnico en este año han alcanzado los 9 millones de euros.
Desde el 2009 se tiene que hacer la revisión del Plan de saneamiento y depuración. Cabría esperar que la ganadería industrial se considerase industria contaminante. Pero, sinceramente, no lo esperamos. Si hay multas de Europa , ya las pagaremos entre todos. Y dado que la fiebre porcina africana se ha extendido por 14 países europeos, el último Alemania, se pide por organizaciones agrarias y por partidos de la oposición que se actúe contra los jabalíes que son los que pueden portar esta peste y se pide, en la práctica, una eliminación drástica.
Burbuja y negocio
Aragón flota en una inmensa burbuja de la que unos pocos hacen un negocio redondo mientras la inmensa mayoría, partidos y sindicatos agrarios incluidos, prefiere mirar hacia otro lado desde el sentimiento de su inevitablidad. No sabemos cuándo pero, con certeza podemos decir que todas las burbujas estallan. No sabemos si será por la competencia de países sudamericanos que, como Argentina, se suman a la instalación de megagranjas, porque se resuelva el problema de la peste africana o porque la contaminación de las aguas, el aire y el suelos hagan de Aragón un espacio insostenible. Mientras tanto seguiremos entre la fascinación y la aberración.
**Jesús Sampériz Maluenda es miembro de Ecologistas en Acción

CLM respira aire contaminado

Ecologistas en Acción denuncia que «toda la población de Castilla-La Mancha» respiró aire contaminado en 2019

El ozono troposférico fue uno de los contaminantes con más incidencia, y afectó a «todo» el territorio con superaciones «muy elevadas» de los valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud

Ecologistas en Acción

El informe ‘La calidad del aire en el Estado español durante 2019’ de Ecologistas en Acción revela que «toda la población» de Castilla-La Mancha respiró aire contaminado durante 2019.  La población estudiada es de 47 millones de personas, y todos los empadronados en enero de 2019. «Respirar aire limpio y sin riesgos para la salud es un derecho inalienable de todo ser humano. Está sobradamente demostrado que la contaminación atmosférica causa daños a la salud de los ciudadanos y al medio ambiente. Se trata de un problema con una importante vertiente local, pero también de magnitud planetaria, ya que los contaminantes pueden viajar largas distancias», aseguran desde Ecologistas.

El problema de la contaminación se origina «principalmente» en las emisiones generadas por el tráfico rodado, y, en «mucha menor proporción», las calefacciones o  el tráfico áereo o marítimo en las ciudades con puerto o aeropuerto. Por otra parte, como es el caso de Puertollano en Castilla-La Mancha, también hay problemas causados por determinadas industrias o centrales energéticas, así como refinerías, cementeras o incineradoras de residuo. El informe incluye los datos de las estaciones de medición de aire dependientes de las Comunidades Autónomas, el Ministerio para la transición Ecológica y los Ayuntamientos.

En el caso de Castilla-La Mancha, se ha recopilado los datos de 28 estaciones de control, que pertenecen a las redes de vigilancia de la Junta de Comunidades, así como de distintas instalaciones industriales y de EMEP/VAG/CAMP.  Sin embargo, el organismo recalca que hay una «insuficiencia» en la información de partida de estas instalaciones.

«Por otro lado, la página Web de calidad del aire autonómica sólo ofrece datos en tiempo real de la última hora, y carecen de información sobre las estaciones de las redes privadas, que tampoco transmite al visor de calidad del aire del MITECO», aseveran. En este sentido, lo primero que piden a la Junta, es que se «esfuerce» por mejorar la medición y la información de la calidad del aire en la región. Seguir leyendo

Se cierra el cementerio nuclear de Villar de Cañas

Page da por finiquitado que el cementerio nuclear se construya en Villar de Cañas tras retirarse Enresa

Ha dicho que la empresa pública encargada del concurso de las obras, se «ha dado por vencida» y se ha retirado del proyecto: «Es un punto final»

Cartel de Villar de Cañas (Cuenca) Ecologistas en Acción

La empresa pública de Gestión de Residuos Nucleares (Enresa), encargada del concurso de las obras del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca), se ha retirado de este proyecto. Así lo ha confirmado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Ha añadido que con ello se pone «punto final» a este proceso y lo ha dado por finiquitado. Recientemente, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ya apuntó hacia esta posibilidad después de paralizar el permiso de construcción en 2018, afirmando que podrían estudiarse «otras alternativas».

La propia empresa pública ha hecho público después un comunicado en el que informa de que su Consejo de Administración ha decidido renunciar a los procesos de adjudicación de cuatro licitaciones para la construcción del cementerio nuclear. Eran las correspondientes a los años 2014 y 2015 para la construcción de obra civil por importe de 217 millones de euros; para el servicio de oficina técnica de obra, por importe de 5,5 millones; para la supervisión de la obra, por 11,4 millones de euros; y para el suministro de los equipos de manutención, por 9 millones de euros.

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Treinta propuestas ecologistas

Treinta propuestas ecologistas para cien días de Gobierno

Las cinco principales organizaciones ecologistas presentan a la vicepresidenta para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, una batería de propuestas medioambientales para los tres primeros meses de mandato.

Redacción El Salto publicado2020-02-06 16:00

Nuevo Gobierno, nuevo enfoque. Al menos esa es la teoría, a nivel medioambiental, más si se tiene en cuenta que Transición Ecológica ha pasado al rango de Vicepresidencia y es raro que ambas palabras no aparezcan en cualquiera de los documentos marco y discursos del Gobierno de coalición. Es por ello que las cinco principales organizaciones ecologistas activas en España —Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/Birdlife y WWF— han presentado este jueves a la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, un documento para que el Ejecutivo “aborde los mayores retos ambientales a los que se enfrenta España y que lidere a nivel europeo las políticas más avanzadas en defensa de la naturaleza y las personas”.

Los cinco colectivos resaltan que el momento actual, “en el que las crisis ecológica y climática resultan evidentes y en todo el planeta aumentan los llamamientos para inclinar la balanza en favor de la sostenibilidad y de un sistema económico más justo”, es clave y así se lo han hecho saber a Ribera en una reunión que han mantenido con ella este jueves pasado

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Insuficiente la declaración de Emergencia Climática

La declaración de Emergencia Climática en España: «En el buen camino» pero insuficiente, según Ecologistas en Acción

Javier Andaluz, coordinador estatal de Energía y Clima de Ecologistas en Acción analiza en Albacete la aplicación de las medidas de la Cumbre del Clima (COP25)

Diana Calzado Follow @@AlbaceteCapital

‘La Cumbre del Clima: ¿Fracaso o esperanza?’, un asunto en el que se ha centrado la conferencia impartida por Javier Andaluz Prieto, coordinador estatal de Energía y Clima de Ecologistas en Acción en el Ateneo albacetense, en las que ha tratado algunas de las medidas, aprobadas tras las movilizaciones por el clima, a las que tacha de “urgentes, pero no suficientes”.

El objetivo de esta conferencia, ha asegurado, es analizar, tras la Cumbre Mundial del Clima COP25 celebrada en Madrid, el historial de cumbres de cambio climático y la emergencia climática actual, “las declaraciones de emergencia frente a las falta de medidas efectivas acordes con las iniciativas científicas, ver cuál es el camino que nos queda y los compromisos que serían necesarios para frenar esta emergencia climática”.

Javier Andaluz Prieto, coordinador estatal de Energía y Clima de Ecologistas en Acción Foto cedida por albacetecapital.com

Entre las medidas que defienden desde Ecologistas en Acción, Javier Andaluz asegura que si analizamos un país como España, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) o la Declaración ante la Emergencia Climática y Ambiental que acaba de aprobar el Gobierno,  vamos por el buen camino,  pero “tendría que duplicarse o triplicarse para hacer caso a las indicaciones científicas”.

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