José Luis Escrivá y Alberto Reyero, Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones uno, Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad otro, escriben mano a mano la versión española de Yo, Daniel Blake, la película en la que Ken Loach muestra la violencia administrativa que sufre Daniel Blake, carpintero de 59 años que quiere acceder al sistema de protección social de Inglaterra.

Es la misma violencia que desde el Gobierno de España y el Gobierno de la Comunidad de Madrid, está vulnerando a Antonia García, a su familia y a todas las familias empobrecidas en estas últimas semanas. A la farragosa y nada accesible solicitud del Ingreso Mínimo Vital se ha unido una carta que desde la Consejería de Reyero, requiere que en el plazo “improrrogable de diez días hábiles” presenten la solicitud, y en algunos casos, la resolución de la prestación del IMV.

Ambos gobiernos han creado una espiral de violencia administrativa que extiende a su paso la angustia que causa el miedo de tener que enfrentarse a una nueva prestación sin la información suficiente, sin el apoyo de unos servicios sociales que no se han recuperado del cierre del estado alarma y la amenaza de perder la prestación que actualmente sostiene sus vidas.

Solicitar el IMV, una carrera de obstáculos.

Desde el 15 de junio se puede solicitar el IMV, teóricamente. Durante bastantes días sólo fue posible, con dificultades, por vía telemática, accesible a personas con recursos técnicos (ordenador, escáner, conexión Internet) y conocimientos suficientes; incluso para estas personas es un proceso trabajoso y largo. Prueba de ello es el precio que algunos locutorios desaprensivos han puesto a este trámite, entre 40 o 70 euros.

El laberinto burocrático se retorció con la apertura de las oficinas de la Seguridad Social para la presentación del IMV. Lograr una cita previa para este trámite lleva días de llamar insistentemente a un teléfono y cuando consigues la cita siempre es para varias semanas después.

Una nueva cita que sumar a las que debes concertar con varias administraciones para lograr reunir toda la documentación, el proceso de solicitud se convierte en una ginkana de citas, documentos y de nuevas citas para presentar por registro a la administración documentos de la propia administración.

No podemos por menos que decirle al gobierno de España, que prometió no dejar a nadie atrás, que es inadmisible esta chapuza y tenemos que preguntarles: ¿saben algo sobre las condiciones reales en que viven estas familias o creen que en España todo el mundo tiene un ordenador, una conexión y un escáner en la mesa, y convierte «con la gorra» un libro de familia en un conjunto de ficheros informáticos? Lo que despertó esperanzas se está convirtiendo en fuente de decepción, indignación y mucho malestar.

Hemos solicitado al gobierno de España que durante la tramitación del IMV como proyecto de ley se eliminen insuficiencias y restricciones. Hoy le pedimos algo que no requiere leyes sino respeto, sentido común y buen funcionamiento, que haya servicios públicos que den apoyo a las personas que quieran solicitar el IMV ayudándoles a hacerlo, que los registros funcionen adecuadamente, que se aceleren todos los trámites para conseguir la documentación necesaria, que se simplifiquen los procedimientos. Que la tramitación del IMV se parezca a lo que dijeron que iba a ser.

Diez días hábiles.

Mientras las familias y los colectivos que las acompañamos en el proceso de solicitud del IMV nos organizábamos para presentar todas las solicitudes posibles antes del 14 de septiembre, plazo fijado en el Real Decreto para reconocer el derecho a la prestación desde su puesta en marcha, la consejería de Reyero nos sorprendía con una carta.

Esta carta requiere a Antonia García y a el resto de las familias perceptoras de la RMI en la Comunidad de Madrid, 22.493 exactamente, a presentar por registro copia de la solicitud registrada del IMV en el plazo de diez días.

La decisión del envío de la carta tomada por el gobierno PP-Cs, ha atemorizado y angustiado más a familias que ya lo estaban por no tener información adecuada del IMV ni saber cómo solicitarlo. Para nosotros, su objetivo es claro: dejar de pagar cuántas más rentas mínimas puedan. Un objetivo que ha guiado la política de la RMI desde comienzos de 2017, pero que ahora quieren aprovechar para hacer de manera masiva, dejando la RMI en una prestación residual para familias sin derecho a IMV.

Estas cartas, incluyen la amenaza de la suspensión cautelar de la prestación. Bien sabe Antonia y su gente lo que eso significa, tres meses sin cobrar pudiendo terminar con una extinción definitiva del derecho. Así le ocurrió por ejemplo a Lathifa, a la que le da pánico recibir esta carta ya que, la última vez que vio una de ellas anunciaba una suspensión cautelar cuya razón era que la consejería había detectado un cambio en el domicilio familiar, aunque ella misma había informado de ese cambio a los servicios sociales, cumpliendo su obligación como perceptora de RMI.

Esta carta es la enésima vuelta de tuerca del laberinto burocrático con el que la Comunidad de Madrid vulnera los derechos de las familias empobrecidas. A las dificultades para presentar el IMV, Antonia García, debe sumar una más, enviar a la Comunidad de Madrid la solicitud presentada a la Seguridad Social. Una nueva cita de registro, un nuevo papel, una nueva desesperación que ante la inexistencia de citas en los registros públicos de la Comunidad de Madrid, está llevando a las familias a recurrir al registro público de Correos para cumplir los plazos, debiendo pagar por registrar una documentación asociada a la pobreza.

La consecuencia es dolorosa, miles de familias desesperadas por no poder atender un requerimiento del que dependen sus únicos ingresos estables mientras no obtengan el IMV. Algo a lo que la Comunidad de Madrid ni siquiera estaba obligada por la normativa. Podría haber enviado una carta recordando que había que pedir el IMV, pero sin amenazar aún con suspensiones cautelares dado que saben perfectamente que no conseguir solicitar el IMV en sólo 10 días no es un «indicio fundado» de causa de extinción sino una consecuencia natural de la complejidad del proceso y del cierre parcial de servicios públicos a los que se ha considerado menos «esenciales» que… las terrazas. También podría haber invertido esfuerzos en facilitar los datos de las familias perceptoras de RMI a la Seguridad Social para que esta hubiera reconocido de oficio el IMV a las familias que tuvieran derecho, como le permite una de las Disposiciones del Real Decreto.

No ha sido ese el único abuso. También ha sido irregular la extinción de la RMI que se ha estado comunicando a las familias a las que se les concedió de oficio, sin solicitarla, la prestación TRANSITORIA Ingreso Mínimo Vital, diferente al IMV estándar tanto en cuanto a requisitos como porque la IMV transitoria caduca el 31 de diciembre de 2020 mientras que la estándar es indefinida. Ha sido irregular porque según el artículo 38.1d del Reglamento de la RMI, al tratarse de una prestación transitoria por un periodo de seis meses, menos de un año, correspondía una suspensión temporal en espera de saber si estas familias conseguirán el IMV a partir del 1 de enero de 2021. Irregular también es que se haya congelado conscientemente la concesión de nuevas RMI, incluso aquellas en las que ya estaba hecha la propuesta de concesión y sólo faltaba la firma, y que rentas mínimas que estaban en una suspensión temporal que tenía que ser ya levantada lleven cinco meses sin ser pagadas.

La lucha sigue…

Antonia García, al igual que Daniel Blake, al igual que la multitud de madres de familias monomarentales, al igual que las mujeres solas, al igual que las familias donde no todos sus miembros tienen permiso de residencia, al igual que las personas menores de 23 años con salarios precarizados, al igual que tantas heroínas y héroes anónimos que sufrimos la continua violencia que las administraciones despliega contra nosotros, no tiramos la toalla.

Gran parte del mal está hecho, pero no podemos dejar de reclamar a la Comunidad de Madrid que lo corrija en la medida de lo posible:

• que no aplique mecánicamente el plazo de 10 días para acreditar la petición del IMV,
• que comunique a quienes exigió aportar en ese mismo plazo una resolución que puede tardar meses en llegar que fue un error,
• que cancele las extinciones ya hechas de RMI por haber obtenido la IMV transitoria y las convierta en suspensiones temporales, etc.

La Comunidad de Madrid ha hecho oídos sordos a la posibilidad de compaginar IMV y RMI, que ni siquiera le saldría «costosa», pero qué menos puede exigírsele que no hostigue a miles de familias inmersas en el muy difícil proceso de solicitar el IMV.

Y al Gobierno de España, no podemos dejar de reclamarle que aproveche la tramitación del proyecto de Ley del Ingreso Mínimo Vital, para situar en el centro de esta prestación nuestra vida y transforme una ley hecha a medida del presupuesto disponible en una ley hecha para ser el primer y decidido paso para la erradicación de la pobreza.

Tienen la oportunidad, ambos, de hacer un giro de guion, que por una vez la burocracia no se cebe con las familias vulneradas, no se revista de aporofobia, de odio y de desprecio a las y los pobres.

El maltrato administrativo a las familias empobrecidas es una bajeza ética, política y social. Eso es lo que denunciamos hoy. Pero también vamos a seguir defendiendo la necesaria mejora de la IMV y la necesidad de que la RMI complemente al IMV. Hemos hecho nuestras propuestas y las vamos a defender. Ahora nos absorbe el apoyo a las familias afectadas. Pero no muy tarde vamos a defenderlas en la calle. Y pediremos a quienes crean que no hay que combatir contra las personas pobres, sino contra la pobreza y sus causas, que se sumen a esta lucha necesaria.