Declaración sobre las Residencias de Mayores en España

DECLARACIÓN

 La Asociación Cultural y Solidaria Hervás y Panduro de Horcajo de Santiago (Cuenca) ante los estragos de la pandemia COVID entre los ancianos en residencias, principalmente en Madrid,

MANIFESTAMOS:

Nuestra solidaridad con los familiares de los difuntos por el Coronavirus. Asimismo, expresamos nuestra consternación por la marginación y deficiente trato que se da a las personas de edad avanzada, tanto a los que están en su casa como en las residencias. Según los informes de varios medios de comunicación, Organizaciones no Gubernamentales (ONG), Caritas y Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Madrid, y otras instancias sociales y políticas, los sufrimientos que padecen los ancianos en residencias,  de Madrid y de otras comunidades autónomas, se deben,  entre otras,  a las  causas siguientes: la poca inversión y cierta indiferencia de las autoridades hacia los centros y hogares de mayores; la política de privatizaciones de las residencias de mayores aprovechadas como negocio por entidades privadas y fondos de inversión (“fondos buitre”), nacionales y extranjeros, para aumentar su beneficio económico que conlleva escasez de empleados para la atención a los mayores y sin la formación adecuada; la falta de personal sanitario que vigile y atienda a los mayores en las residencias y centros;  a ello se une el escaso tiempo de que disponen ciertos familiares para visitar y darles el cariño que se merecen. Algunos ancianos, pues, se sienten abandonados en sus casas y en las residencias, humillados en su dignidad y sin que se garanticen sus derechos fundamentales.

 DENUNCIAMOS:

El trato degradante y abandono que, durante la pandemia del Coronavirus, se ha venido dando a las personas mayores en las residencias y en sus hogares, sin que las autoridades hayan tomado las medidas oportunas para solucionar la situación problemática en la que se encuentran.

La indiferencia de bastantes responsables políticos de Madrid y gerentes de las residencias en cuanto a dotar del material necesario tanto para la seguridad de los trabajadores como de los residentes mayores. Asimismo, es denigrante las acciones por las que se ha impedido el traslado de los ancianos enfermos a los hospitales, sobre todo de los contagiados del Covid-19.

La flagrante violación del derecho fundamental de los ancianos a ser visitados por sus familiares, por comodidad de los dirigentes y para evitar gastos, cuando lo correcto hubiera sido y es, tener el material y vestimentas aislantes correspondiente a disposición de familiares visitantes. Es indigno que a bastantes ancianos se les haya encerrado en sus habitaciones durante días sin visitas y sin actividades para pasar la cuarentena. Incluso, ha habido casos de ancianos muertos durante varios días en alguna de las residencias.

En el tiempo de mayor auge del coronavirus, es inhumano la actitud de algunos políticos que consideran a los enfermos ancianos de poca utilidad productiva y de costos económicos evitables, sobre todo a los que viven en residencias.

Según el informe de la Comisión Diocesana de Justicia y Paz de Madrid, de 01-09-20, “los enfermos fueron desatendidos por las administraciones y por el propio sistema de salud y en un documento de la Comunidad de Madrid se declara de forma explícita que en los momentos más difíciles hubo descarte”. Durante los peores momentos de la pandemia las residencias de ancianos quedaron “médicamente desatendidas por criterio exclusivo de edad, inhumanamente alejados de sus seres queridos y privados en muchos casos del consuelo de los auxilios espirituales”.

CONSIDERAMOS:

Los fallecidos por el COVID-19 en residencias de Madrid, representan cerca del 69% del total. Es evidente que entre las causas fundamentales del deficiente trato dado a nuestros mayores, está el vigente sistema neoliberal donde las élites políticas y económicas, asumen los antivalores individualistas y el enriquecimiento a toda costa; la indiferencia y el desprecio a los sencillos, débiles y empobrecidos; así también la competencia, -incluso desleal-, entre personas, partidos y entidades encumbradas que conduce al abuso de minorías triunfantes sobre las mayorías sociales.

A ello se une el sometimiento de los gobernantes e instituciones del Estado a los poderes económicos y potencias mundiales, que conlleva a valorar escasamente al bien común, a la clase trabajadora y a la atención a los más débiles de la sociedad entre los que se encuentran nuestros ancianos.

Ante estas trágicas circunstancias que sufren nuestros mayores,

PROPONEMOS:

A las autoridades del Estado y de las Comunidades Autónomas, especialmente al gobierno de la Comunidad de Madrid, lo siguiente:

  • La concienciación de la ciudadanía para construir una sociedad donde los ancianos y los niños tengan la preferencia junto a los empobrecidos, los enfermos y los marginados.
  • Establecer nuevos modelos de residencias donde la participación de los mayores sea real y se tengan en cuenta sus criterios y sus sentimientos, con atención centrada en el cuidado de la persona. Modelos que ya existen en diversos lugares de España.
  • El Estado debe preocuparse de dotar a los centros, residencias y familiares de las personas mayores, de los recursos económicos necesarios, de los materiales sanitarios requeridos, del número de trabajadores suficientes que los atienden con la formación correspondiente y de facilitar los especialistas sanitarios que convengan. Es de justicia que el Estado aumente la dotación presupuestaria a la Sanidad Pública.
  • Organizar la atención a los mayores perfeccionando la actividad y el buen trato que merecen, así como la comunicación y formación específica necesaria para lograr una buena calidad de vida de nuestros mayores.
  • Las Residencias hay que transformarlas en centros comunitarios de personas mayores donde se garanticen el dialogo, intercomunicación y amistad entre ellos, las atenciones sanitarias, el respeto y cariño de cuidadores bien formados y facilitar las relaciones con sus familiares.
  • Con la debida legislación, el Estado español y las Comunidades Autónomas, han de asumir la implantación de residencias comunitarias, evitando las privatizaciones como negocio.
  • Para ello, los movimientos más conscientes de la sociedad han de comprometerse en la transformación del Estado neoliberal donde tienen preferencia las élites capitalistas, en un Estado humanista donde los predilectos sean las mayorías trabajadoras, con preferencia de los enfermos, mayores, personas vulnerables y niños.

                                              Horcajo de Santiago, septiembre del 2020

Por la “Asociación Cultural y Solidaria Hervás y Panduro de Horcajo de Santiago”

 Presidente                                        Secretaria                                         Tesorero

Fdo.: Vicente Pérez                Fdo.: Carmen Galán                     Fdo.: Timoteo Cruces

 

 

 

 

La dramática situación de las residencias de mayores

  • Argüello: “La dramática situación de las residencias de ancianos interpela a todos: Estado, centros y familias”

Luis Argüello

“La Doctrina social de la Iglesia se articula desde dos puntos focales: la dignidad de la persona y el bien común. La dignidad “sagrada” pide promoción y protagonismo social, de ahí el principio de subsidiariedad; el bien común.”

“Una de las cosas que la pandemia, con el confinamiento, ha aportado ha sido poner de manifiesto problemas existentes y, en parte ocultos u ocultados, como el de personas sin hogar ni techo. Era difícil decir, “quédate en casa” a quien no tenía donde reclinar la cabeza.”

16.09.2020 | Baltasar Bueno corresponsal en Valencia

 “La dramática situación interpela a todos. A las familias que llevan a sus seres queridos a residencias, ¿cuáles son las motivaciones? ¿qué situaciones laborales, de organización de la economía, de la vivienda, están detrás de esas decisiones? A las administraciones públicas, sobre la regulación y vigilancia de las residencias y a las propias instituciones de acogida sobre su funcionamiento, intereses económicos, formación del personal. Las residencias, no son hospitales, pero cada vez hay más personas en ellas que necesitan una intensa asistencia sanitaria. Es un asunto que interpela a las administraciones públicas (Estado), a las residencias (Mercado) y a las familias (Don). Es un punto crítico para la transformación del Estado del Bienestar en Sociedad de cuidados pues afecta a tres pilares del bienestar, servicios sociales, sanidad y pensiones”, ha declarado el portavoz secretario general de la Conferencia Episcopal Española y obispo auxiliar de Valladolid, Luís Argüello, a la revista “Cresol” de la Unión Apostólica de Valencia, que le ha preguntado sobre las consecuencias del coronavirus en las personas y el momento actual de la Iglesia.

Respecto al mensaje que se debiera enviar a los jóvenes en esta situación, Argüello  manifestó: “Cada generación tiene que responder a los desafíos de su tiempo, ejercitando el coloquio permanente entre fidelidad al don recibido y la novedad de cada época. Quizá no tengamos otra propuesta que hacer que invitar al discernimiento para descubrir las llamadas que la realidad y el rostro del otro provocan. Ilumina, en la búsqueda de respuestas, la acogida de la fraternidad como don y proyecto que hace posible que el coloquio entre libertad e igualdad no se viva solo en una dialéctica de contrarios. La fraternidad hace descubrir la importancia del deber y cuestiona “el derecho a tener derechos” que se ofrece a los jóvenes como señuelo manipulador, especialmente en tiempos populistas y emotivistas”.

“Esta propuesta precisa un ambiente de acompañamiento y escucha de los latidos más profundos del corazón de cada joven para poder realizar el anuncio que redime y entusiasma. Quizás hayamos de perder el miedo a proponer el Ideal encarnado en Cristo. Claro que para ello los adultos hemos de acompañar la propuesta con nuestra propia vida personal, comunitaria y de compromiso vocacional en el mundo”, agregó el prelado. Sigue leyendo

Alternativas a las residencias de mayores

Jesús Martínez Gordo: “Sant’ Egidio ofrece alternativas a las residencias”

“La Comunidad de Sant’Egidio, además de criticar la tendencia a tratar a los mayores como residuales y revindicar sus derechos, tiene en funcionamiento cuatro programas de atención, operativos en Italia, en el resto de Europa y en otros continentes”

“Un servicio preventivo contrarresta su aislamiento social, así como los efectos negativos que provocan sobre la salud de las personas de más de 80 años no solo las olas de calor o de frío, sino también las epidemias de gripe, las caídas o la pérdida del conviviente”

“Sus redes de proximidad movilizan protocolos de emergencia y combaten la despersonalización de las residencias”

14.09.2020 Jesús Martínez Gordo

 Retomo el drama que hemos vivido del “descarte de ancianos”. Lo hago porque en la ocasión anterior, exponiendo algunos datos y reacciones al respecto, me centré en lo que se ha llamado “sanidad selectiva”. Como consecuencia de ello, se me quedó en el tintero lo que me parecía que tenía que haber sido el núcleo de mi aportación: dar a conocer el modelo de atención a los mayores -en parte, alternativo y, en parte, complementario- que, puesto en marcha por la Comunidad de Sant’Egidio, convendría tener muy presente cuando -no tardando mucho- se revise el actualmente vigente entre nosotros.

Me ahorro, por ello, poner al día las cifras y porcentajes de ancianos afectados en nuestras residencias desde lo que, si no es una segunda oleada del coronavirus, tiene todas las pintas de acabar siéndolo. Me ahorro, también, aplaudir la petición de “responsabilidades, medidas y soluciones para la situación en las residencias y en la atención a mayores” que el Movimiento de Pensionistas de Euskadi sumó, en su manifestación de agosto, a su conocida exigencia de “una pensión digna mínima de 1080 euros”. Y me ahorro exponer el Informe de la Comisión Diocesana de Justicia y Paz del arzobispado de Madrid denunciando la “clasificación de enfermos en función de su ‘utilidad social’”, y la posterior desatención de los ancianos, siguiendo un documento del Ministerio de Sanidad fechado el 5 de marzo. Dejo estos y otros datos y consideraciones.

La Comunidad de Sant’Egidio, además de criticar la tendencia a tratar a los mayores como residuales y revindicar sus derechos, tiene en funcionamiento cuatro programas de atención, operativos en Italia, en el resto de Europa y en otros continentes.

El primero de ellos vino provocado por el impresionante pico de mortalidad que se dio en el verano de 2003, durante el que murieron en Europa miles de ancianos a consecuencia de las extremas olas de calor. Pronto se supo que la enorme mortalidad de aquel verano se debió no solo a la fragilidad, sino también al aislamiento social, que sufre la población mundial más anciana, y, especialmente, la europea. Por eso, puso en marcha un servicio preventivo que contrarrestara su aislamiento social, así como los efectos negativos que provocan sobre la salud de las personas de más de 80 años no solo las olas de calor o de frío, sino también las epidemias de gripe, las caídas o la pérdida del conviviente. Y lo hizo propiciando la creación de redes sociales de proximidad en las que los sujetos más activos fueran las propias personas mayores: llamadas telefónicas, visitas a domicilio, realización de trámites burocráticos, fiestas en la calle, estands informativos, etc.

En concreto, quienes forman parte de estas redes sociales reciben cada día la información correspondiente sobre las condiciones meteorológicas, lo que les permite saber si va a llegar una ola de calor o de frío. De este modo, pueden activar a tiempo el protocolo de emergencia, contactando con todos los ancianos a los que se hace el seguimiento para comprobar su estado de salud y movilizar, si procede, las redes de proximidad. Durante la emergencia se va a visitar a los ancianos que no tienen teléfono y a los que lo tienen, pero no han respondido a las llamadas. Tampoco faltan las visitas a las residencias para ayudar a vencer, cuando se dé, el aislamiento, el abandono, la lejanía de los familiares y la despersonalización. No se puede descuidar, apuntan en Sant’Egidio, que los ancianos mueren cuatro veces más en las residencias que en casa.

Además, propone tres nuevas soluciones de vivienda para aquellos que no puedan vivir en su casa, porque la han perdido, porque tienen un nivel muy bajo de autonomía, por conflictos familiares o por pobreza económica. Gracias a la primera de ellas, la “covivienda”, los ancianos, uniendo sus recursos que -por separado, son más que modestos- viven juntos y evitan ir a una residencia, además de procurarse la ayuda que necesiten y continuar viviendo como quieren. La “covivienda” es una alternativa muy innovadora; complicada, pero no imposible.

En la segunda, “los pisos tutelados”, se trata de edificios enteros de miniapartamentos (40-60 m2) para una o dos personas, destinados a mayores autosuficientes que no tienen casa, han sido desahuciados o viven solos. Estas personas disponen de servicios comunes y ayuda en los problemas de cada día. Es una manera de continuar viviendo en casa, pero en un entorno protegido.

Y, la tercera, “las casas familia”, son para mayores con poca autonomía funcional, que no pueden quedarse en su domicilio habitual o que no lo tienen porque su situación económica no se lo permite o porque carecen de relaciones interpersonales significativas y buscan disfrutar de un entorno familiar: sus estancias están adornadas de manera no anónima y pueden llevar sus muebles. Además, la ausencia de barreras arquitectónicas y los instrumentos adaptados ayudan a no perder la autonomía.

He aquí cuatro alternativas que, contando con el protagonismo y solidaridad de los mayores, permiten afrontar la última etapa con una envidiable calidad de vida. No estaría mal que, a su luz, repensáramos el modelo que venimos impulsando.

 

Abandono injusto de los mayores

Los obispos denuncian el “abandono injusto” sufrido por los mayores durante la pandemia, “por el mero hecho de la edad”

Mensaje de la Comisión Episcopal para Pastoral Social y Promoción Humana de la Conferencia Episcopal Española (CEE), con motivo de la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, que se celebra este 1 de septiembre

El Episcopado español clama por “el cuidado de la fragilidad” en una pandemia que “ha sido una auténtica tempestad”

31.08.2020 | RD/Agencias

Los obispos españoles han denunciado el “abandono injusto” durante la pandemia de miles de mayores por el mero hecho de la edad, el crecimiento de las desigualdades sociales y educativas, así como algunas prácticas irresponsables de personas e instituciones que hacen aún más urgente una conversión de los cuidados”. Por ello, hacen hincapié en la necesidad de “la espiritualidad para alimentar una pasión por el cuidado del mundo”.

“Las profesiones del cuidado han sido testimonio de la grandeza de la humanidad, las familias han sabido acompañar incluso en la distancia, las organizaciones sociales han respondido con prontitud y creatividad al impacto social de la pandemia, y la Iglesia, desde su profunda humildad, se ha mostrado “experta en humanidad” en momentos complejos”, afirma el mensaje de la Comisión Episcopal para Pastoral Social y Promoción Humana de la Conferencia Episcopal Española (CEE), con motivo de la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, que se celebra este 1 de septiembre.

“Una tempestad”

En su mensaje, recuerdan que el cuidado de la propia vida y de las relaciones con la naturaleza es “inseparable” de la fraternidad, la justicia y la fidelidad a los demás. Así, añaden que, como señala el Papa Francisco en el Mensaje emitido por esta Jornada, la pandemia del COVID19 “ha sido una auténtica tempestad”, al desenmascarar la vulnerabilidad y dejar al descubierto “falsas y superfluas seguridades”, por lo que se viven tiempos “de hondo sufrimiento, incertidumbre y perplejidad que agudizan la urgencia del cuidado de la fragilidad”.

Según los prelados españoles, esta situación global ha impactado en un mundo sumido en una profunda “crisis de los cuidados”, que tiene sus manifestaciones en los descuidos hacia la “oprimida y devastada tierra”, en los descuidos hacia hermanos y hermanas bajo la “cultura del descarte” y en los descuidos de la vida interior relacionada con “el cuidado de la ecología y con el bien común”.

“Velar por nuestra vida es un imperativo evangélico”

Por todo ello, los obispos vinculan el cuidado de la propia vida y de las relaciones con la naturaleza a la fraternidad, la justicia y la fidelidad a los demás. “Velar responsablemente por nuestra vida es un imperativo evangélico, pero este cuidado no puede convertirse en un egoísmo indiferente que olvida a los prójimos”, prosiguen.

Los Obispos de la Comisión Episcopal para la Pastoral social y Promoción humana creen que los cuidados deben estar en el centro de la política, la economía, la ética, la familia y la pastoral, al tiempo que consideran que la conversión ecológica se hace “apremiante” en estos días, poniendo el foco en el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación.

“La ecología también supone el cuidado de las riquezas culturales de la humanidad para promover un nuevo estilo de vida”, argumentan, sin olvidar que en estos meses se ha podido contemplar “el potencial humano para el cuidado de los hermanos y hermanas”.

 

Economía feminista

Economía feminista: viva, abierta y subversiva

Por Amaia Pérez Orozco y Astrid Agenjo Calderón |                                 Fuentes: https://ctxt.es/es

El fundamento de esta teoría afirma que economía sí es más que mercados, que el género sí importa y que el conocimiento sí es político.

En los últimos años, escuchamos cada vez más hablar de economía feminista y otros conceptos relacionados: cuidados, sostenibilidad de la vida, impactos de género de la crisis… Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de economía feminista? La economía feminista (en adelante, EF) es una teoría económica y es también acción.

No podemos pensar teoría y acción por separado: la teoría económica feminista observa un sistema económico que se construye sobre la desigualdad de género y la alimenta. Frente a ello, lanza propuestas para avanzar hacia una economía distinta, donde haya una manera de producir, intercambiar, consumir y cuidar que desafíe las relaciones de dominación y ponga la vida en el centro. En este artículo nos centramos en la propuesta teórica de la EF. Os invitamos a acompañarnos en ese recorrido teniendo siempre en mente que, tras las palabras, hay prácticas, y viceversa. Sigue leyendo

Prioridades de UP en los presupuestos

Prioridades de UP para los Presupuestos: reforzar las residencias y la dependencia, políticas de empleo y transición ecológica

Los socios en el Gobierno de coalición avanzan en la negociación del borrador de los Presupuestos, que previsiblemente será presentado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en un par de semanas. Unidas Podemos también apuesta por aumentar las transferencias a los entes locales; por avanzar hacia la universalización de las escuelas de 0 a 3 años, y por reforzar la financiación del Pacto de Estado contra la violencia machista..

Actualizado: 11/09/2020 Público

Alejandro López de miguel

En el marco de esta negociación con su socio, fuentes de Unidas Podemos aseguran a Público que una de las prioridades es reforzar el sistema de dependencia, contando con los cuidados de larga duración y las residencias, especialmente golpeadas durante la pandemia del coronavirus.

El plan de choque para la financiación de la dependencia, la mejora en la inversión pública y el programa de rehabilitación de viviendas, entre las prioridades

La formación de Pablo Iglesias apuesta por potenciar la asistencia domiciliaria, y por sustituir el modelo de “mega residencias” por otro de “unidades de convivencia, más pequeñas y de proximidad”.

 

Solicitar el IMV, una carrera de obstáculos

José Luis Escrivá y Alberto Reyero, Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones uno, Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad otro, escriben mano a mano la versión española de Yo, Daniel Blake, la película en la que Ken Loach muestra la violencia administrativa que sufre Daniel Blake, carpintero de 59 años que quiere acceder al sistema de protección social de Inglaterra.

Es la misma violencia que desde el Gobierno de España y el Gobierno de la Comunidad de Madrid, está vulnerando a Antonia García, a su familia y a todas las familias empobrecidas en estas últimas semanas. A la farragosa y nada accesible solicitud del Ingreso Mínimo Vital se ha unido una carta que desde la Consejería de Reyero, requiere que en el plazo “improrrogable de diez días hábiles” presenten la solicitud, y en algunos casos, la resolución de la prestación del IMV.

Ambos gobiernos han creado una espiral de violencia administrativa que extiende a su paso la angustia que causa el miedo de tener que enfrentarse a una nueva prestación sin la información suficiente, sin el apoyo de unos servicios sociales que no se han recuperado del cierre del estado alarma y la amenaza de perder la prestación que actualmente sostiene sus vidas.

Solicitar el IMV, una carrera de obstáculos.

Desde el 15 de junio se puede solicitar el IMV, teóricamente. Durante bastantes días sólo fue posible, con dificultades, por vía telemática, accesible a personas con recursos técnicos (ordenador, escáner, conexión Internet) y conocimientos suficientes; incluso para estas personas es un proceso trabajoso y largo. Prueba de ello es el precio que algunos locutorios desaprensivos han puesto a este trámite, entre 40 o 70 euros.

El laberinto burocrático se retorció con la apertura de las oficinas de la Seguridad Social para la presentación del IMV. Lograr una cita previa para este trámite lleva días de llamar insistentemente a un teléfono y cuando consigues la cita siempre es para varias semanas después.

Una nueva cita que sumar a las que debes concertar con varias administraciones para lograr reunir toda la documentación, el proceso de solicitud se convierte en una ginkana de citas, documentos y de nuevas citas para presentar por registro a la administración documentos de la propia administración.

No podemos por menos que decirle al gobierno de España, que prometió no dejar a nadie atrás, que es inadmisible esta chapuza y tenemos que preguntarles: ¿saben algo sobre las condiciones reales en que viven estas familias o creen que en España todo el mundo tiene un ordenador, una conexión y un escáner en la mesa, y convierte «con la gorra» un libro de familia en un conjunto de ficheros informáticos? Lo que despertó esperanzas se está convirtiendo en fuente de decepción, indignación y mucho malestar.

Hemos solicitado al gobierno de España que durante la tramitación del IMV como proyecto de ley se eliminen insuficiencias y restricciones. Hoy le pedimos algo que no requiere leyes sino respeto, sentido común y buen funcionamiento, que haya servicios públicos que den apoyo a las personas que quieran solicitar el IMV ayudándoles a hacerlo, que los registros funcionen adecuadamente, que se aceleren todos los trámites para conseguir la documentación necesaria, que se simplifiquen los procedimientos. Que la tramitación del IMV se parezca a lo que dijeron que iba a ser.

Diez días hábiles.

Mientras las familias y los colectivos que las acompañamos en el proceso de solicitud del IMV nos organizábamos para presentar todas las solicitudes posibles antes del 14 de septiembre, plazo fijado en el Real Decreto para reconocer el derecho a la prestación desde su puesta en marcha, la consejería de Reyero nos sorprendía con una carta.

Esta carta requiere a Antonia García y a el resto de las familias perceptoras de la RMI en la Comunidad de Madrid, 22.493 exactamente, a presentar por registro copia de la solicitud registrada del IMV en el plazo de diez días.

La decisión del envío de la carta tomada por el gobierno PP-Cs, ha atemorizado y angustiado más a familias que ya lo estaban por no tener información adecuada del IMV ni saber cómo solicitarlo. Para nosotros, su objetivo es claro: dejar de pagar cuántas más rentas mínimas puedan. Un objetivo que ha guiado la política de la RMI desde comienzos de 2017, pero que ahora quieren aprovechar para hacer de manera masiva, dejando la RMI en una prestación residual para familias sin derecho a IMV.

Estas cartas, incluyen la amenaza de la suspensión cautelar de la prestación. Bien sabe Antonia y su gente lo que eso significa, tres meses sin cobrar pudiendo terminar con una extinción definitiva del derecho. Así le ocurrió por ejemplo a Lathifa, a la que le da pánico recibir esta carta ya que, la última vez que vio una de ellas anunciaba una suspensión cautelar cuya razón era que la consejería había detectado un cambio en el domicilio familiar, aunque ella misma había informado de ese cambio a los servicios sociales, cumpliendo su obligación como perceptora de RMI.

Esta carta es la enésima vuelta de tuerca del laberinto burocrático con el que la Comunidad de Madrid vulnera los derechos de las familias empobrecidas. A las dificultades para presentar el IMV, Antonia García, debe sumar una más, enviar a la Comunidad de Madrid la solicitud presentada a la Seguridad Social. Una nueva cita de registro, un nuevo papel, una nueva desesperación que ante la inexistencia de citas en los registros públicos de la Comunidad de Madrid, está llevando a las familias a recurrir al registro público de Correos para cumplir los plazos, debiendo pagar por registrar una documentación asociada a la pobreza.

La consecuencia es dolorosa, miles de familias desesperadas por no poder atender un requerimiento del que dependen sus únicos ingresos estables mientras no obtengan el IMV. Algo a lo que la Comunidad de Madrid ni siquiera estaba obligada por la normativa. Podría haber enviado una carta recordando que había que pedir el IMV, pero sin amenazar aún con suspensiones cautelares dado que saben perfectamente que no conseguir solicitar el IMV en sólo 10 días no es un «indicio fundado» de causa de extinción sino una consecuencia natural de la complejidad del proceso y del cierre parcial de servicios públicos a los que se ha considerado menos «esenciales» que… las terrazas. También podría haber invertido esfuerzos en facilitar los datos de las familias perceptoras de RMI a la Seguridad Social para que esta hubiera reconocido de oficio el IMV a las familias que tuvieran derecho, como le permite una de las Disposiciones del Real Decreto.

No ha sido ese el único abuso. También ha sido irregular la extinción de la RMI que se ha estado comunicando a las familias a las que se les concedió de oficio, sin solicitarla, la prestación TRANSITORIA Ingreso Mínimo Vital, diferente al IMV estándar tanto en cuanto a requisitos como porque la IMV transitoria caduca el 31 de diciembre de 2020 mientras que la estándar es indefinida. Ha sido irregular porque según el artículo 38.1d del Reglamento de la RMI, al tratarse de una prestación transitoria por un periodo de seis meses, menos de un año, correspondía una suspensión temporal en espera de saber si estas familias conseguirán el IMV a partir del 1 de enero de 2021. Irregular también es que se haya congelado conscientemente la concesión de nuevas RMI, incluso aquellas en las que ya estaba hecha la propuesta de concesión y sólo faltaba la firma, y que rentas mínimas que estaban en una suspensión temporal que tenía que ser ya levantada lleven cinco meses sin ser pagadas.

La lucha sigue…

Antonia García, al igual que Daniel Blake, al igual que la multitud de madres de familias monomarentales, al igual que las mujeres solas, al igual que las familias donde no todos sus miembros tienen permiso de residencia, al igual que las personas menores de 23 años con salarios precarizados, al igual que tantas heroínas y héroes anónimos que sufrimos la continua violencia que las administraciones despliega contra nosotros, no tiramos la toalla.

Gran parte del mal está hecho, pero no podemos dejar de reclamar a la Comunidad de Madrid que lo corrija en la medida de lo posible:

  • que no aplique mecánicamente el plazo de 10 días para acreditar la petición del IMV,
  • que comunique a quienes exigió aportar en ese mismo plazo una resolución que puede tardar meses en llegar que fue un error,
  • que cancele las extinciones ya hechas de RMI por haber obtenido la IMV transitoria y las convierta en suspensiones temporales, etc.

La Comunidad de Madrid ha hecho oídos sordos a la posibilidad de compaginar IMV y RMI, que ni siquiera le saldría «costosa», pero qué menos puede exigírsele que no hostigue a miles de familias inmersas en el muy difícil proceso de solicitar el IMV.

Y al Gobierno de España, no podemos dejar de reclamarle que aproveche la tramitación del proyecto de Ley del Ingreso Mínimo Vital, para situar en el centro de esta prestación nuestra vida y transforme una ley hecha a medida del presupuesto disponible en una ley hecha para ser el primer y decidido paso para la erradicación de la pobreza.

Tienen la oportunidad, ambos, de hacer un giro de guion, que por una vez la burocracia no se cebe con las familias vulneradas, no se revista de aporofobia, de odio y de desprecio a las y los pobres.

El maltrato administrativo a las familias empobrecidas es una bajeza ética, política y social. Eso es lo que denunciamos hoy. Pero también vamos a seguir defendiendo la necesaria mejora de la IMV y la necesidad de que la RMI complemente al IMV. Hemos hecho nuestras propuestas y las vamos a defender. Ahora nos absorbe el apoyo a las familias afectadas. Pero no muy tarde vamos a defenderlas en la calle. Y pediremos a quienes crean que no hay que combatir contra las personas pobres, sino contra la pobreza y sus causas, que se sumen a esta lucha necesaria.

 

Pensionistas vascos vuelven a la calle

Miles de pensionistas vascos vuelven a la calle en Bilbao y anuncian la continuidad de la lucha por pensiones públicas dignas

 Este es el comunicado que han difundido:

No ha sido fácil esta manifestación por las condiciones en que hemos debido realizarla debido a la emergencia sanitaria en la que nos vemos metidos de lleno por el coronavirus. Nuestro primer saludo a los familiares de las personas que fallecieron y siguen falleciendo a cuenta de la pandemia. Asimismo, a todas las personas que en estos momentos se encuentran contagiadas y en los hospitales y en especial a las personas mayores afectadas en residencias o en casa, así como a los y las trabajadoras que les atienden y cuidan con riesgo para su salud.

Hemos participado en esta manifestación con mascarillas, las manos limpias, guardando la distancia sanitaria y en cuatro hileras. Y lo hemos hecho como siempre lo venimos haciendo el movimiento de pensionistas de Bizkaia y de todo Hego Euskal Herria, pues nadie tiene más interés que nosotros y nosotras en defender la salud de todo el mundo y en particular la nuestra, y esta es una de nuestras reivindicaciones básicas.

Por eso seguimos denunciando que seis meses después del inicio de la pandemia las residencias de personas mayores dependientes sigan sin ser un lugar seguro y se sigan sin adoptar las medidas de prevención, seguimiento de la evolución de la pandemia, adecuación habitacional, mejora de condiciones laborales e incremento de personal necesarias para ello.

Pero tampoco queremos que se olviden o dejen a un lado utilizando la excusa de la pandemia nuestras exigencias en defensa del sistema público de pensiones y pensiones públicas dignas, la derogación de las reformas laborales y de pensiones que las deterioran, tomar medidas para elevar la cuantía de las pensiones y garantizar incrementos en función como mínimo del incremento del coste de la vida. Más de la mitad de las pensiones están por debajo de los 1.080m euros, imprescindible para acceder a unas condiciones de vida dignas. La gran mayoría de quienes sufren esas pensiones de miseria son mujeres, buena parte de ellas en situación de viudedad. Esto no hace más que corroborar e incrementar la brecha de género y de pobreza.

Exigimos a los gobiernos de Madrid, Gasteiz, Iruña y a las instituciones que tienen competencias para ello que tomen medidas urgentes para superar y resolver estos problemas, sin esperar siquiera a la aprobación de sus respectivos presupuestos públicos.

Hemos salido hoy a calle y lo vamos a seguir haciendo como lo hemos desde el 15 de enero de 2018, hace más de dos años y medio, tanto por nuestra cuenta como en colaboración con los trabajadores y trabajadoras y otros sectores y movimientos sociales. El lunes 7 de septiembre, en las cuatro capitales y en unos 70 pueblos de Hego Euskal Herria reiniciaremos las concentraciones y movilizaciones. Que no les quepa ninguna duda, vamos a continuar en la pelea hasta conseguir nuestras reivindicaciones.

Queremos terminar agradeciendo a las personas y colectivos sociales que nos han acompañado en esta manifestación, pues lo que está en juego es la salud para todo el mundo y las pensiones para hoy y para las próximas generaciones

 

Cadena humana contra las macrogranjas

Cadena humana en Quintanar del Rey contra la macrogranja cercana a su pozo de abastecimiento

  • El alcalde afirma que el Ayuntamiento “trabaja sin descanso” para frenar este proyecto, que se encuentra en el término municipal de Villanueva de la Jara

Cadena humana hasta el pozo de abastecimiento

(Cuenca) ha vuelto a concentrarse masivamente esta mañana para solicitar una vez más la paralización de la macrogranja que se está construyendo a 350 metros del pozo de agua de consumo humano que abastece a la población. En esta ocasión la marcha hasta la macrogranja se ha realizado en coche.

El alcalde, Martín Cebrián, ha recordado que este proyecto se encuentra en término municipal de Villanueva de la Jara y es precisamente a su Ayuntamiento al que solicita la paralización cautelar de las obras “hasta que nos den la oportunidad que no nos dieron en su día de poder presentar alegaciones al proyecto”.

El primer edil ha explicado que el Ayuntamiento no fue notificado sobre esta instalación y, además, ha destacado que en el informe de impacto ambiental no viene reflejada la existencia de este pozo de agua. “Por eso enviamos un escrito al Ayuntamiento hace doce días solicitando esta paralización y de momento no hemos tenido contestación”. Cebrián ha señalado que Quintanar del Rey “trabaja sin descanso” por la paralización del proyecto.

Cadena humana contra la macrogranja de Quintanar del Rey

Por su parte, el portavoz de la plataforma Stop Macrogranja Quintanar del Rey, Antonio Escribano, ha subrayado los “peligros” de esta instalación para la población por la contaminación de los acuíferos, por la contaminación ambiental -ya que la granja está a 3 kilómetros del casco urbano- y por el peligro que entraña para un pueblo agrícola como Quintanar que se contaminen las tierras y los cultivos.

Preguntado por si le preocupa la situación actual respecto a la COVID-19, el alcalde ha asegurado que los vecinos y vecinas de Quintanar están demostrando un comportamiento ejemplar en todas las actuaciones que se están llevando a cabo para protestar contra la macrogranja. Sin embargo, sí ha apelado a se siga esa responsabilidad porque faltan 15 días para el inicio de la vendimia y “no podemos permitirnos un brote y que nos confinen o que cierren la cooperativa y que la gente no pueda recolectar el trabajo de todo un año”.

 

La pobreza silenciada y ocultada en España

El gran silencio ensordecedor sobre la pobreza en España

Vicenç Navarro

Más de una cuarta parte de la población en España (un 26,1%) vive en condiciones de riesgo de pobreza y exclusión social, un dato que pone a este país entre los que tienen menor sensibilidad social en la Unión Europea de los Quince –UE-15– (el grupo de países más ricos de la UE). Y esta situación es incluso peor entre las criaturas, niños y niñas y adolescentes menores de 16 años, entre los cuales la pobreza es incluso mayor (28,8% de la población con estas edades). La diferencia entre los niveles de pobreza en todos estos grupos etarios en España y los niveles para cada grupo correspondiente con el promedio de la UE-15 es notable (en la UE-15 dichas tasas son, respectivamente, cinco y seis puntos más bajas). Y con los países con mayor sensibilidad social en la UE-15, como Suecia (uno de los países de tal comunidad de naciones con menos pobreza), la diferencia es enorme (en el caso de Suecia, la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social es ocho puntos más baja que la española para el conjunto de la población, y para los menores de 16 años).

La pobreza silenciada y ocultada por el establishment político-mediático del país

Lo que llama la atención a los observadores y analistas de la situación social de este país es el silencio que existe sobre esta situación tan dramática (y no hay otra manera de definirla) en sus principales fórums políticos y mediáticos. Esta elevada pobreza es parte de la realidad ocultada que no aparece en el discurso oficial del establishment político-mediático del país. Tal establishment, ensimismado en su propia complacencia de que España, tras un proceso de transición de una dictadura a una democracia (considerado como modélico), se ha transformado en un país democrático homologable a cualquier otro país democrático de la UE-15, ignora esta realidad que, de conocerse, amargaría la imagen tan dulcificada que tiene de nuestro país (para un análisis detallado de la situación de la pobreza en España, en comparación con el promedio de la UE-15 y de Suecia, ver mi intervención “Las estrategias para lograr el fin de la pobreza” en los cursos de la UCM de El Escorial, 21.07.20). Sigue leyendo