Las macrogranjas sí existen y estas son sus consecuencias: degradación ambiental, despoblación y maltrato animal
El PP niega la evidencia y dice que en España no existen macrogranjas. Las plataformas de la España rural denuncian, frente a ello, los efectos negativos de este modelo agrario que contamina acuíferos y no contribuye a fijar la población en zonas con problemas demográficos.
«Las macrogranjas no existen». El PP niega la evidencia y retuerce aún más el bulo sobre la ganadería que, durante los últimos días, ha puesto de relieve las diferencias internas en el seno del Gobierno de coalición. Estas palabras han sido pronunciadas este martes por la portavoz de Agricultura del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Milagros Marcos, y por candidato popular a la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que ha calificado el término macrogranja como «una cortina de humo». Unos argumentos similares a los que han esgrimido a Público fuentes de la patronal cárnica (FECIC), que consideran que en el Estado español no existen instalaciones de este tipo: «Las macrogranjas son las que hay en China, edificios de hasta siete plantas donde se crían miles de animales».
Aunque se trata de una palabra nueva, ni siquiera presente en el diccionario de la RAE, las macrogranjas son una realidad creciente en España a la que el propio PP se ha opuesto en numerosos municipios del país debido a las implicaciones ambientales, sociales y económicas. «Estamos sorprendidas de que digan que esto no existe. ¿Cómo llamarían ellos una explotación de 85.000 cerdos? Es una macrogranja porque sus impactos son macro, tanto a nivel de consumo de recursos, como en el impacto ambiental y en el territorio», dice a Público Inmaculada Lozano, portavoz de la Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial, una plataforma compuesta por 50 movimientos vecinales de siete comunidades autónomas afectadas por proyectos agropecuarios de este tipo.
Esta activista conoce de cerca lo que supone convivir en un entorno marcado por la industrialización del ganado, pues su municipio, Pozuelo (Albacete), está sumergido actualmente en un conflicto para la ampliación de una macrogranja de cerdos que podría suponer el almacenamiento de más de 60.000 toneladas de purines al año. Unos desechos porcinos que podrían terminar contaminando los acuíferos y dejar al pueblo sin agua.
Las filtraciones son abundantes debido a la difícil tarea de contener y almacenar de manera sostenible los purines de los animales. Esto genera un exceso de nitratos en las masas de agua que afecta en buena medida a la salud pública de las poblaciones colindantes a las macrogranjas, así como al rendimiento agrario del entorno, que se ve repercutido negativamente por la contaminación. En Castilla y León, donde Mañueco niega la existencia de las macrgranjas, hay 387 municipios con sus reservas hidrológicas bajo tierra contaminadas por los vertidos, según los propios datos de la Junta. Pero no es la única comunidad con zonas vulnerables, en tanto que Bruselas ha denunciado a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por incumplir la Directiva sobre nitratos que establece que los Estados deben controlar y disminuir la contaminación agrícola de sus masas de agua. Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Murcia son algunas de las regiones señaladas por las autoridades europeas.
El impacto ambiental es también social sí se tiene en cuenta que la denominada España vaciada conserva una economía de sector primario donde la dependencia de la tierra y el buen estado de los recursos naturales se presta crucial. Mientras el número de macroinstalaciones ha crecido un 35% en el último lustro, las granjas familiares han caído un 30% en España en los últimos diez años, según los datos del Ministerio de Agricultura recogidos por la plataforma Stop Ganadería Industrial. Estos números tienen sus reflejo en el abandono de cultivos tradicionales y en la incapacidad de fijar población.
En la geografía española hay algunos ejemplos como el de Balsa de Ves (Cuenca), donde se autorizó en 2006 la apertura de una macrogranja para la cría de unas 100.000 cabezas al año. Desde su puesta en marcha, la curva demográfica ha caído un 43%, pasando de 227 vecinos a 129, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Si bien, la falta de servicios tampoco ayudó repoblar este pequeño territorio, la llegada del proyecto agropecuario intensivo no sirvió siquiera para mantener estable la población. Como Balsa de Ves, existen otros casos en España, como la de Cancarix (Albacete), con más de 200.000 cabezas de ganado criados al año, y Castillejar (Granada). Esta última da trabajo a unos 60 empleados. Un número alto, pero insuficiente para contener la sangría demográfica, que desde 2005 –año en que comenzó a operar la macrogranja– sufre el municipio, con una caída de su censo del 19%, según los datos del INE.
«La ganadería industrial es un modelo depredador tanto de recursos naturales como de territorio. Es un modelo dependiente enormemente de la ingesta de piensos cuya producción está favoreciendo la deforestación acelerada en países como Brasil, Argentina o Uruguay. Además, en nuestro territorio, consume enormes cantidades de agua y destruyen los recursos hídricos con los purines. Es un sistema que se debe extinguir, porque es insostenible a nivel ambiental y económico. De hecho, las autoridades europeas y los países de nuestro entorno ya están empezando a plantear una reducción de las macrogranjas por todo ello», añade Andrés Muñoz, responsable de Soberanía Alimentaria de Amigos de la Tierra.
Maltrato animal
Existe además una arista vinculada a la producción industrial de carne que tiende a pasar desapercibida. Se trata del bienestar de los animales, tanto en el proceso de cría dentro de las granjas intensivas, como en las cadenas de sacrificio de los macromataderos. El trabajo del fotoperiodista Aitor Garmendia lo dice todo sin letras ni estadísticas, sólo con fotos. El investigador se adentró recientemente en 32 centros ganaderos de Castilla y León, Aragón y Castilla-La Mancha y retrató con su cámara las pésimas condiciones de vida de los animales, muchos de ellos alimentándose de otros que ya habían muerto. La mayoría de las fotos reflejan el incumplimiento sistemático de las normativas europeas de bienestar animal: dificultades en la movilidad, heridas abiertas, articulaciones con necrosis o cadáveres de lechones aplastados.
«Las macrogranjas son la máxima expresión de la ganadería industrial. En esta lógica lo que prima es obtener el máximo beneficio económico al mínimo coste. Esta visión, aplicada a los animales, significa que estos son convertidos literalmente en mercancías. Por eso, más allá de las normativas de bienestar animal, lo que sucede en este modelo es que los animales sufren desde el primer minuto de su vida. Hacinados en naves industriales sin poder desarrollar ningún comportamiento natural, sólo ven la luz del sol el día que los meten en camión camino al matadero», argumenta a Público Javier Moreno, fundador de la Fundación Igualdad Animal.
Las muertes de animales en estas granjas industriales son habituales. La automatización de los procesos ganaderos y las duras condiciones laborales –además del elevado ritmo productivo– imposibilitan la vigilancia adecuada, según denuncia Igualdad Animal. Todo ello repercute directamente en la salud de los consumidores, pues de estos centros salen alimentos cárnicos de peor calidad ya que se aceleran los procesos de crecimiento. Moreno recuerda que «la ganadería industrial ha causado la mayoría de las nuevas enfermedades infecciosas en los seres humanos en la última década». El hacinamiento, la debilidad de la salud de los ejemplares criados y el uso excesivo de antibióticos son factores determinantes a la hora de elevar las posibilidades de un episodio de zoonosis como el que se vivió en su día con la gripe aviar.
«Nosotros, los obreros, somos los que estamos haciendo el trabajo sucio. Somos los que estamos en la cadena y no tenemos derecho a abrir la boca por nada. Así mismo te lo dicen cuando entras a trabajar. Es un curro duro de la hostia, no sólo mentalmente, también físicamente», comenta a Público Mauricio García Pereira, extrabajador de varios mataderos en Francia que, tras años en el sector, decidió escribir un libro –Maltrato animal, sufrimiento humano (Península)– en el que retrata cómo las duras condiciones laborales del sector se entrelazan con la violación sistemática de las normativas de bienestar animal.
Macrogranjas y macromataderos comparten el ritmo y el estrés productivo y las condiciones laborables mejorables. Desde CCOO reconocen que se trata de un sector muy precarizado y piden a la Administración que se apueste por un modelo ganadero que sea sostenible para el campo, pero también para los propios empleados. La pandemia puso de manifiesto las malas praxis del sector intensivo, con más de 2.600 contagios en los primeros meses de la epidemia por la imposibilidad de respetar las medidas preventivas contra el virus en el puesto de trabajo. José Juan Arceiz, de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT, sostiene que «el tema de las macrogranjas es complejo», pero advierte que en los últimos tres años se han dado pasos importantes para reducir la precariedad del sector, ya que el sector sindical consiguió que la mayoría de los trabajos –hasta entonces falsos autonomos– estuvieran controlados laboralmente por convenio. «Hemos conseguido cosas y estamos contentos en ese sentido, pero aún falta mucho. Se arrastran muchas malas prácticas del pasado y hace falta también que los propios trabajadores conozcan sus propios derechos. Eso es fundamental, pero es complejo ya que es un sector con un porcentaje alto de empleados migrantes, sobre todo del este de Europa y África subsahariana, que tienen poco arraigo. Actualmente tenemos un gasto importante en traducción de convenios a los idiomas correspondientes para que los trabajadores puedan conocer sus condiciones, es algo que consideramos que debería cubrir la Administración o la patronal», pide el sindicalista
Unas semillitas 
