España, una fábrica mundial de cerdos

España paga un peaje de contaminación del aire y el agua por convertirse en la fábrica mundial de cerdos El país padece un “problema sistémico” para gestionar los vertidos de desechos al agua y ve cómo crecen las emisiones de gases del sector porcino que lidera en cuanto a cabezas y sacrificios en Europa 

Raúl Rejón 

España está pagando el precio por convertirse en la fábrica de cerdos del mundo. El país ya lidera el sector en Europa a base de extender la ganadería industrial que conlleva un costoso peaje de contaminación del agua, emisiones de efecto invernadero y del tóxico amoniaco. 

El Gobierno de Murcia ignoró varios avisos de que las macrogranjas de cerdos contaminaban el Mar Menor 

Los indicadores económicos hacen que el Ministerio de Agricultura considere que “el sector porcino español ha continuado con su consolidación como uno de los líderes en el mercado mundial a pesar de las incertidumbres”. En contraposición, la directora de Greenpeace, Eva Saldaña, entiende que “es el momento de abordar ya la cuestión de las macrogranjas por su contribución a la crisis climática y la contaminación del agua”. Los datos más recientes exponen claramente este panorama. 

Camino a la macrogranja 

La pujanza del porcino español se ha cimentado en el avance del modelo industrial de producción a gran escala. Los informes del Ministerio de Agricultura describen este tránsito. Cada vez se crían más cerdos y se sacrifican más cerdos, pero, al mismo tiempo, funcionan menos establecimientos. Se está imponiendo el modelo de macrogranjas. Se evidencia “un notable descenso en el número total de granjas”, unido al “incremento notable de las explotaciones de mayor tamaño, especialmente las más grandes”, señala el Ministerio en su análisis del último año cerrado, el 2020. Greenpeace añade que la fórmula consiste en “producir mucho, producir rápido y con el menor coste”. 

La cabaña porcina en España es la número uno de la Unión Europea y la tercera del mundo tras China y EEUU: 32 millones de cabezas en 2020. Hace diez años eran 25 millones .Y hace cinco, 28. El año pasado se mataron 56 millones de animales. En 2010 fueron 40,8 millones (un 37% menos).                                    El boom porcino ha ocurrido mientras las explotaciones totales pasaban de 99.500 en 2007 a 88.400 en 2020. La mayoría de las desaparecidas son las más pequeñas llamadas de tipo I. En ese mismo tiempo, las granjas tipo III, las más grandes, han pasado de 1.425 a 2.126. Un 50% más. Ese es el camino a la macrogranja. 

Grupo I, II, III… es una nomenclatura técnica para clasificar según la capacidad de producción. Las primeras se limitan a 120 Unidades ganaderas mayores (UGM), las segundas a 480 y las terceras a 720 UGM, según el Real Decreto que las regula desde 2020. Pero, para entender la dimensión, esas UGM hay que traducirlas a ejemplares de cerdo. El Observatorio Dehesa del Centro de investigaciones científicas y tecnológicas de la Junta de Extremadura lo expresa así: el grupo I puede albergar 350 animales para cebar, el II hasta 2.000 cerdos más 200 hembras para reproducir y las del grupo III hasta 5.500 ejemplares de cebo y 750 reproductoras. Además, las comunidades autónomas pueden ampliar ese cupo de las grandes granjas un 20%, es decir, 1.100 cerdos añadidos.                                     

Más cambio climático y amoniaco al aire                                                                         La agricultura y la ganadería supusieron el 14% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero de España en 2020. Ese año, durante el pico de la pandemia de COVID-19, se produjo un descenso casi desconocido en las emisiones que provocan el cambio climático. Se bajó por primera vez del nivel de 1990. Pero el sector agro ganadero incrementó la cantidad de gases que lanzó a la atmósfera.       La ganadería liberó 24,8 millones de toneladas. El aumento se debió principalmente “a la gestión de estiércol”, según el avance del catálogo de emisiones del Ministerio de Transición Ecológica. 

La proliferación de las grandes explotaciones ha hecho que el 87% del sector porcino en Castilla-La Mancha sea ya industrial y que en Extremadura se haya superado el 50%, según las contestaciones oficiales de las comunidades autónomas a Greenpeace. Las Islas Baleares están en el 55% y Catalunya en el 99%. Aragón es la comunidad que presenta más granjas tipo III con 628, seguida de Catalunya (495), Castilla y León (316) y Castilla-La Mancha (161).                     Las instalaciones de gran capacidad implican muchos animales y, por tanto, muchos desechos. La gran cantidad de estiércol proveniente de cerdos concentrados ha hecho, junto a otros factores, que España no haya cumplido nunca el límite de emisiones de amoniaco a la atmósfera marcado por la normativa europea. Desde 2010 a 2019 siempre ha rebasado el tope de las 353.000 toneladas por el “incremento de la cabaña ganadera y un repunte en el uso de fertilizantes orgánicos (estiércol) e inorgánicos”, como reconoce el Inventario de emisiones del Gobierno. Ante esta circunstancia, la Unión Europea ha cambiado los techos haciéndolos más permisivos a partir de 2020. 

Foco de contaminación del agua 

La producción ganadera es responsable del 80% del nitrógeno agrícola que se filtra y contamina las aguas, según recoge la Comisión Europa. En España, el 40% de las masas de agua está en mal estado, no todo es debido a los vertidos de la ganadería, pero casi la mitad de las zonas con acuíferos dañados por los desechos agrícolas no podrán recuperarse dentro del plazo legal de 2027, según ha admitido el propio Gobierno. 

“¿Cómo es posible que un país árido, 15 veces más pequeño que EEUU y deficitario en piensos quiera convertirse en líder de la producción de porcino?” Se pregunta Mari Sol Gómez, que encabeza la oposición a este modelo ganadero en la comarca de Tierra de Alba en Zamora. “Consumen una ingente cantidad de agua que devuelven al medio en forma de purines”, sentencia.                          Lo cierto es que España está especialmente expuesta a este problema de contaminación de las aguas por los nitratos.  

De hecho, casi un cuarto del territorio está considerado zona vulnerable, es decir, áreas “cuya escorrentía fluye hacia las aguas afectadas por la contaminación o hacia aguas que puedan verse afectadas por la contaminación”: unos 122.000 de los 500.000 km2 totales. Y más de la mitad de la superficie agraria útil del país. El pasado 11 de octubre, la Comisión Europea dictaminó en un informe que España tiene un “problema sistémico para gestionar la contaminación por nutrientes procedentes de la agricultura” y que debe adoptar “con urgencia medidas adicionales” para cumplir la ley. La revisión indica que “un alto porcentaje de estaciones de control de aguas subterráneas sigue mostrando niveles superiores al máximo de 50 mg por litro”. 

La Comisión entiende que algunas de la zonas vulnerables declaradas por las comunidades autónomas “son muy limitadas” lo que supone “una designación muy fragmentada y una menor eficacia de los programas de acción”. España tiene abierto un expediente de sanción justamente por este asunto. 

La despoblación 

“¿Quién va a querer venir a vivir aquí si no puedes ni abrir la ventana?” La pregunta es de Inmaculada Lozano, voz y cara del rechazo a las macrogranjas en Castilla-La Mancha. Desde el comienzo de la implantación del modelo industrial a gran escala ha surgido la disyuntiva entre la posible creación de puestos de trabajo en el entorno rural asociados a estas explotaciones y sus impactos ambientales. 

La organización Ecologistas en Acción acaba de analizar la evolución demográfica según el INE de municipios de menos de 5.000 habitantes desde 2000 a 2020 cruzados con los censos ganaderos de las comunidades autónomas de Castilla y León, Aragón, Castilla-La Mancha, Catalunya, Comunidad Valenciana, Galicia y la Región de Murcia. Su conclusión es que “la ganadería industrial no solo no frena la despoblación sino que impulsa el abandono rural”.                                                  Su análisis muestra que el 74% de los municipios con mayor carga de industria porcina intensiva o bien han perdido población o ganan menos habitantes que los pueblos similares, pero sin cerdos. Su estudio abarca el 64% de todos las poblaciones con 5.000 vecinos o menos y alta densidad de cabaña porcina intensiva de esas comunidades autónomas. “En el 81% de las provincias analizadas (17 de 21) se está favoreciendo la despoblación”, afirman.                        Según sus datos, los efectos de España vaciada de este modelo se intensifican con el tiempo y han dejado ya más huella en las provincias que primero adoptaron esta fórmula como Zaragoza, Huesca, Barcelona y Lleida.                 Lozano, que encabezó las protestas contra proyectos de grandes explotaciones en Pozuelo y Argamasón (Albacete), resume que “claro que nos gusta el jamón y la morcilla, pero también poder beber agua del grifo y un pueblo con futuro para nuestros hijos”. 

España vaciada contra las macrogranjas

Cien mil cerdos para 131 habitantes: la España vacía se rebela contra las macrogranjas 

© Aitor Sol (EL PAÍS) Natividad Pérez, alcaldesa de Balsa de Ves, camina por un terreno agrícola lleno de digestato reseco. 

“¿Qué preferís, que vuestro pueblo huela a pinos o a mierda?”. Natividad Pérez lanza esa cuestión a los vecinos que preguntan qué pasará si en su pueblo se instala una macrogranja. Ella les cuenta la experiencia por la que ya han pasado en Balsa de Ves, en Albacete, donde es alcaldesa. Les explica los problemas que sí generan estas explotaciones, como la contaminación del suelo y las aguas, y de los malos olores. Les cuenta la experiencia de su pequeño municipio, de 131 vecinos, donde se crían unos 100.000 cerdos al año. “Tocamos a 763 animales por habitante”, dice. Su voz está ayudando a montar plataformas vecinales contra nuevos proyectos de ganadería industrial en pueblos de la España vacía —Albacete, Cuenca, Toledo, Zamora, Ávila—, que han realizado varias protestas este año y tienen otra prevista para este viernes en 50 localidades

La preocupación que mueve a estos pueblos es el deterioro de su calidad de vida, pero sobre todo el futuro. La ganadería intensiva porcina acelera la despoblación o es incapaz de frenarla, según sugiere un nuevo informe de Ecologistas en Acción. Balsa de Ves, por ejemplo, ha perdido un 40% de vecinos desde que se instaló la macrogranja en 2006, aunque también influyen otros factores como la falta de servicios. La patronal Interporc, que aglutina al sector porcino, defiende que las más de 86.000 granjas de cerdos del país dan empleo a 400.000 familias de forma directa e indirecta, la mayor parte en zonas rurales, por lo que son “esenciales para luchar contra la despoblación”, y achaca las protestas a “grupos animalistas”. 

El trabajo de Ecologistas analiza centenares de municipios de menos de 5.000 habitantes alejados de grandes ciudades donde hay una gran carga porcina intensiva —de 5.000 a más de 100.000 animales— y los compara con otros cercanos y con población similar pero sin estas instalaciones. En el 74% de las comparativas, las localidades con estas macrogranjas pierden más población o ganan menos habitantes que las que no lo tienen. “No hay una relación positiva entre la ganadería industrial porcina y la lucha contra la despoblación”, dice Daniel González, coordinador del informe.. 

Jorge Blanco, investigador en Demografía en la Complutense, explica que este tipo de industrias “transforman la economía de zonas rurales, que suele estar basada en la agricultura y la ganadería extensiva, en una única dirección que no necesariamente repercute en la vida del pueblo, con lo que se elimina parte de la riqueza asociada a actividades laborales diversas”. Por ejemplo, “hace que quienes tengan otras actividades vendan sus terrenos y pasen a ser rentistas”. En su opinión, “es cierto que estas industrias tienen potencial de atracción de trabajadores, pero no tienen por qué vivir en el lugar, y si no lo hacen no pagan impuestos allí y no entra renta al flujo del pueblo”.                                                                Por su parte, Vicente Pinilla, director de la Cátedra Despoblación y Creatividad de la Universidad de Zaragoza, señala que “el hecho de que los municipios con macrogranjas crezcan menos no demuestra que la causa sean estas instalaciones, es decir, esa correlación no implica causalidad”. La cuestión clave “es si el porcino produce despoblación o va a donde hay despoblación, lo cual parece más probable”. Pinilla considera que hay otras causas para la despoblación rural como la falta de oportunidades laborales, la carencia de servicios públicos y una estructura demográfica muy desequilibrada, masculinizada y con personas de edad avanzada. “Este tipo de despoblación ha ocurrido en toda Europa en los últimos años”, añade. 

Olor insoportable 

Ecologistas y las plataformas vecinales asumen que la ganadería industrial no es el único factor que impulsa la despoblación, pero quieren destacar que no sirve para fijar habitantes, como defiende el sector. Natividad Pérez explica el ejemplo de Balsa de Ves: “En 2006, cuando yo era concejal de la oposición, se instaló la macrogranja y nos vendieron que iban a contratar a todos los parados y que iban a dar mucho trabajo. Pero solo contrataron a cinco personas del pueblo”.                                                                                                                La ilusión se fue diluyendo con los años. De 2000 a 2020, el municipio ha perdido casi el 50% de su población (de 259 a 131 habitantes), la mayoría de los cuales se fue desde 2006 (un 40%). Ecologistas lo compara con Villavaliente, una localidad cercana similar, que en dos décadas perdió el 22% de sus habitantes (de 282 a 220). “El sector dice que estas instalaciones fijan la población, pero no es cierto. ¿Quién va a querer vivir al lado de una granja que genera olores, que contamina, que tiene tránsito de camiones enormes que destrozan los caminos públicos?”, se queja Pérez. Fidel Aldudo, jubilado y teniente de alcalde, vive en La Pared, una pedanía de Balsa de Ves donde siempre huele mal: “El olor es insoportable, nunca te acostumbras”. 

Entre los vecinos de este pueblo de calles estrechas y casas bajas, división de opiniones. José Murcia, de 79 años, toma un tercio en El Ventorro, el único bar del pueblo: “La macrogranja supone problemas de olores, lo noto mucho cuando salgo a pasear con la bicicleta, muchas veces me tengo que volver por la peste”. Matilde González, de 50 años y con tres hijos, se queja de la falta de oportunidades: “Estoy en el paro, he echado el currículum en la granja y no me llaman. Nos deberían dar prioridad a los que vivimos aquí”. Otro residente que prefiere no decir su nombre cree que la instalación no genera ningún problema y da trabajo.  La regidora desde 2015 —con listas abiertas— camina junto a la puerta del complejo, situado a cuatro kilómetros de la localidad. Señala un campo donde la tierra se ha pintado de negro con un material similar al petróleo. “Es digestato, una mezcla que hacen entre los purines y otros residuos, porque también tienen una planta de biogás.  

La normativa dice que deberían arar en menos de 24 horas para evitar la contaminación del aire, pero lleva ahí varios días”, apunta. “Nadie quiere estas instalaciones, por eso buscan pueblos pequeños con población envejecida y sin técnicos municipales ni tejido asociativo que les puedan plantar cara. Y una vez que se establecen intentan expandirse”. La empresa no ha respondido a los correos de este diario.                                                                                    La patronal Interporc explica que, según su análisis, “no existe ni un solo pueblo en el que una granja haya supuesto el abandono de familias, sino todo lo contrario. Otra cosa será que haya pueblos en los que una granja no haya podido frenar la despoblación, pero es distinto”. En su opinión, este sector hace una gran apuesta por las zonas rurales, lo que atrae a la industria agroalimentaria y a la industria auxiliar. “La actividad agrícola y ganadera es esencial para luchar contra la despoblación”, resume. En cuanto a la contaminación, apunta que la normativa exige aplicar los purines directamente en el suelo y enterrarlos antes de 12 horas, lo que está reduciendo un 30% las emisiones de amoniaco, según sus informes. “El sector produce hoy un 50% menos de purines y más del 90% de los purines se reutiliza en sustitución de los abonos”, añade. Según los datos de las diferentes patronales, en España hay 86.000 granjas porcino (un 80% de ellas, de carácter industrial), 130.000 de vacuno y 5.000 avícolas.                                                                          

Plataformas ciudadanas                                                                                                       Las plataformas ciudadanas contra este tipo de ganadería industrial no dejan de crecer. Un ejemplo es Loporzano sin ganadería intensiva, en Huesca. “Fuimos el primer movimiento vecinal que se opuso a este tipo de explotaciones”, dice Rosa Diez, portavoz del movimiento. “Nos instalaron una granja para 75.000 pollos y luego vimos que había varias peticiones para instalar porcino industrial y conseguimos frenarlas”. ¿Qué problemas les genera? “Los purines tienen antibióticos, metales pesados y nitratos, que se filtran en el terreno y acaban en los acuíferos, contaminando las aguas. Ya hay muchos municipios con agua no potable”, continúa Diez. Su movimiento impulsó la coordinadora estatal Stop Ganadería Industrial, que coordina movimientos similares por todo el país.                                                                      Inma Lozano, de Stop Macrogranjas CLM, critica “el desmesurado crecimiento de este tipo de instalaciones, que se están aprobando sin valorarlas en su conjunto tanto por el consumo de agua como el de purines”. Lozano vive en Pozuelo, una pedanía de Albacete de menos de 500 habitantes donde los vecinos se movilizan contra un proyecto para criar 150.000 cerdos. Greenpeace calcula que en los últimos tres años se han concedido autorizaciones para nuevas instalaciones al ritmo de 1,5 al día, por lo que exige una moratoria a este tipo de ganadería, algo en lo que coinciden todas las plataformas.                                                         En los últimos meses ha habido muchas manifestaciones contra nuevos complejos, aunque la mayoría han ocurrido en pueblos pequeños, por lo que no han tenido mucha visibilidad. En mayo, llevaron su protesta a varias capitales de provincia. Pueblos Vivos Cuenca ha organizado varias concentraciones en más de 30 municipios en esa provincia. En Castilla y León uno de los focos está en Segovia; allí, Belén Bernardos acudió en julio a una concentración en su municipio, Bernardos. “Nuestra plataforma aglutina a 15 pueblos preocupados por esto, donde hay 18 proyectos pendientes de aprobación. El próximo viernes nos volvemos a manifestar”, señala. Ocurrirá lo mismo en 50 localidades más de toda España. Natividad Pérez lo resume así: “Los pueblos son un territorio de sufrimiento y resistencia. Las plataformas están dando voz y dignidad a los vecinos para parar esta locura”.