Residencias de mayores en España

España tiene 35.000 personas con gran dependencia sin atender por falta de plazas en residencias de mayores

Además, el país necesita al menos 76.000 plazas más en residencias de mayores para alcanzar la ratio recomendable.

El ministerio de Belarra lanzará una ley de Servicios Sociales que consolidará las prestaciones básicas en toda España

JOSE CARMONA

España necesita al menos 35.000 plazas para atender la demanda actual de personas en dependencia severa o grandes dependientes y requiere la creación de al menos 76.350 plazas en residencias de mayores para alcanzar el ratio de cico plazas por cada 100 personas mayores de 65 años.

Estos son los datos arrojados por el último informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que analiza el estado de las residencias de mayores tras el impacto de la covid-19. 

El informe registra el estancamiento del número de plazas en residencias de mayores. En 2021 han aumentado los números totales apenas un 2%, un aumento de 7.766 plazas, muy lejos de los números que esta asociación estima como necesarios. Andalucía y la Comunidad Valencia, con 31.475
y 23.485 respectivamente, son las regiones de España con mayor déficit de plazas. 

«Si en 2014 faltaban 53.103 plazas para alcanzar la ratio del 5%, en el último año este déficit alcanza las 76.350»

«Si en 2014 faltaban 53.103 plazas para alcanzar la ratio del 5%, en el último año este déficit alcanza las 76.350. Según los últimos datos oficiales hay en lista de espera de ser atendidas 80.862 personas con Grado II y III, más 60.000 pendientes de valorar, que previsiblemente obtendrán uno de esos grados, lo que eleva el número hasta las 140.862 personas», concluye este informe en materia de Servicios Sociales. 

El informe identifica a Castilla y León y Castilla-La Mancha como las Comunidades con mayor cobertura de plazas de financiación pública, seguidas de Extremadura y Aragón. Por contra, las regiones con menos plazas de financiación pública son Canarias y la Comunitat Valenciana, que no alcanzan un 1,5%. Madrid es la única Comunidad donde las plazas exclusivamente privadas tienen una cobertura mayor (2,53%) que las de financiación pública (1,83%). 

Alcanzar ese ratio, 5 plazas por cada 100 personas mayores de 65, aunque es una aspiración aún inalcanzable para la mayoría de comunidades autónomas, también puede llevar a engaño, según apunta el informe, puesto que la media de edad de las personas en residencias es de 85 años. Por tanto, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales concluye con una reclamación al IMSERSO, y es que proponga al Consejo Territorial un acuerdo para fijar una ratio «más adecuada a la sociedad actual y a la situación y demandas de las personas mayores, contando para ello con el asesoramiento de las organizaciones científicas y las entidades del sector».

La semana pasada, Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, anunciaba un anteproyecto para diseñar una ley de Servicios Sociales que obligue a las Comunidades Autonómas a diseñar un acuerdo de mínimos en torno a esta materia. Con esta ley, que deberá pasar por el Congreso de los Diputados y aspira a ser aprobada en torno a junio y julio, se intentan corregir las enormes desigualdades que existen entre las diferentes regiones de España en materia de Servicios Sociales.

Las nuevas residencias de mayores

Así serán a partir de ahora las residencias de mayores

El plan diseñado por el Ministerio de Derechos Sociales de Ione Belarra fomentará la teleasistencia para que los mayores y personas con discapacidad puedan habitar en sus casas hasta que sea inevitable un ingreso.

JOSE CARMONA

El Ministerio de Derechos Sociales ha cosechado los apoyos necesarios de las comunidades autónomas para iniciar la transformación de las residencias de mayores y España dejará atrás el actual formato de macrorresidencias, obsoleto y en vías de extinción en Europa y desacreditado por la comunidad de expertos.

Con diez comunidades a favor y nueve en contra, el ministerio de Ione Belarra enfrenta un ambicioso proyecto por el que se aumentarán ratios de profesionales, reducirá el número de plazas en las residencias para dotarlas de más calidad y calidez y se fomentará la teleasistencia para que los mayores y personas con discapacidad puedan habitar sus casas hasta que sea inevitable un ingreso. 

Estos son los principales puntos del acuerdo, que tendrá que implementarse en un plazo de nueve meses y tendrá fases con un periodo de adaptación que se prolongará hasta 2030. Se ha establecido un plazo máximo de nueve meses desde la aprobación del Acuerdo para que se aprueben las disposiciones normativas necesarias para dar cumplimiento al mismo.

Un cambio de paradigma

Además de cambios de forma, una de las cosas más destacadas de este acuerdo es que toma como prioritaria la dignididad de las personas mayores. «Cada persona merece ser tratada siempre con respeto y consideración, garantizando que recibe un buen trato. Se deben conocer y respetar los derechos humanos y libertades de las personas que requiere de cuidados y apoyos, los de sus familiares y los de los y las profesionales de apoyo», sostiene el texto. 

En lugar de que las residencias sean lugares con horarios predeterminados para comer o dormir, la capacidad de decisión de los residentes tomará presencia. «El control y la participación no deben depender de las capacidades de la persona, ni de sus posibilidades de expresión de su voluntad y preferencias. Cuantas más necesidades de apoyo requiera la persona, más esfuerzos habrá que realizar para hacer efectivo su derecho a diseñar su propio proyecto de vida, y para ello es necesario hacer la mejor interpretación de su voluntad y preferencias».

Aumento de ratios de personal

El aumento de personal en las ratios de personal ha sido uno de los temas candentes el acuerdo y contaba con la oposición del sector privado. La ratio mínima de personal de atención directa de primer nivel en centros residenciales se establece en forma de jornadas completas o personal equivalente, respecto al número de plazas ocupadas.

El acuerdo incluye la posibilidad de que las comunidades que así lo consideren incrementen las ratios establecidas para personas mayores o con discapacidad que necesiten una mayor intensidad de apoyos, tanto en residencias, como en centros de días. El plan terminaría en 2030 y se da a las comunidades margen de maniobra para su adaptación.

Habrá un mínimo de 80% de contratos indefinidos y un 66% de contratos a tiempo completo (50% en caso de la ayuda a domicilio). Los centros residenciales de más de 30 plazas contarán con una persona «enlace» para la coordinación sociosanitaria, es decir, para garantizar el derecho de las personas que viven en las residencias a ser atendidas por el sistema nacional de salud.

Los turnos de los profesionales de atención directa de primer nivel se organizarán minimizando las rotaciones y promoviendo que las mismas personas apoyen a un mismo grupo de personas de forma estable teniendo en cuenta las unidades de convivencia

Límite al número de plazas residenciales

Los centros proyectados tras la aprobación del presente acuerdo por parte de las
administraciones competentes, no podrán superar las 75 plazas residenciales cuando se encuentren ubicados en zonas rurales o zonas escasamente pobladas, no podrán superar las 90 plazas si se encuentran ubicados en localidades o zonas de densidad intermedia y no superarán las 120 plazas cuando estén ubicados en ciudades o zonas densamente pobladas. El límite quedará fijado en un máximo de 50 plazas para aquellos centros cuya atención se destine a personas con discapacidad.

En la negociación de este martes se ha incorporado la posibilidad de que las comunidades autoricen nuevas residencias de hasta 120 plazas de tamaño máximo en zonas escasamente pobladas si se acreditan circunstancias excepcionales de viabilidad económica. Lo anterior no será de aplicación a centros cuyo proyecto se haya licitado por parte de las administraciones públicas, o hayan iniciado la tramitación de licencia de obra para los centros de iniciativa privada, con anterioridad a la aprobación del presente acuerdo. En estas unidades convivirán un grupo reducido, que en ningún caso podrá superar las 15 personas residentes, de forma que se pueda garantizar un funcionamiento tipo hogar. Las Comunidad Autónoma o administración que tenga la competencia podrán excepcionar a los centros cuya construcción se haya iniciado con carácter previo a la aprobación del presente acuerdo del cumplimiento de este requisito cuando la adaptación al mismo se demuestre
inviable por razones arquitectónicas.

Habitaciones individuales

Los centros cuya construcción se inicie tras la aprobación del presente acuerdo por parte de las administraciones competentes, dispondrán de, al menos, el 65% de las plazas públicas en habitaciones de uso individual y el resto en habitaciones de uso doble.

Los centros cuya construcción se haya iniciado con carácter previo, dispondrán, al menos, de un 10% de las plazas públicas en habitaciones de uso individual cuando el centro esté ubicado en zona rural o zona escasamente poblada. Este porcentaje se elevará hasta el 20% cuando el centro esté ubicado en localidades o zonas de densidad intermedia y hasta el 25% cuando esté ubicado en ciudades o zonas densamente pobladas. 

Aprueban el plan de las residencias

El ministerio de Belarra aprueba el plan para la transformación total de las residencias de mayores


Ione Belarra, durante el consejo interterritorial. 

El plan necesitaba el apoyo de las comunidades autónomas y la victoria en la votación ha sido estrecha: diez a favor y nueve en contra.

JOSE CARMONA@JOSECARMONAGILO

Se acabaron las macrorresidencias. El Ministerio de Derechos Sociales y las comunidades autónomas han aprobado el Acuerdo para mejorar la calidad de las residencias y el Sistema de Atención a la Dependencia, un plan por el que las residencias de mayores y las residencias para personas con discapacidad vivirán una transformación total, con prioridad en la dignidad de las personas ingresadas y en aumentar notablemente la calidad de vida

Este acuerdo pone fin al actual modelo de macrorresidencias. «Hoy me siento especialmente satisfecha de que hayamos logrado uno de los acuerdos más importantes de esta legislatura. Un acuerdo para mejorar la calidad de las residencias y de todo el Sistema de Atención a la Dependencia», ha asegurado la ministra Ione Belarra tras oficializarse el acuerdo. 

Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE, ha votado en contra

El acuerdo necesitaba de la mayoría simple de las comunidades autónomas y así ha sido: por un solo voto de diferencia, diez a nueve. A favor estaban Extremadura, Canarias, Navarra, Comunidad Valenciana, Asturias, La Rioja, Baleares, Cantabria, Aragón y Melilla. En contra, Galicia, Madrid, Andalucia, Murcia, Ceuta, Catalunya, Euskadi, Castilla-La Mancha y Castilla y León. 

No ha sido fácil, ya que este proyecto cuenta con la oposición de lobbies y empresas privadas, que han asegurado que el plan es insostenible en tiempo y forma. De hecho, la idea del Ministerio de Derechos Sociales era que el plan fuera aprobado hace varias semanas, pero se llevó ante el Consejo Interterritorial y no generó consenso. Varias comunidades gobernadas por el PSOE estaban en contra. Esta vez, ha habido un cambio, aunque Castilla-La Mancha ha mantenido su oposición al acuerdo

El plan diseñado pone un margen de ocho años, hasta 2030, en el que las comunidades tendrán que aumentar ratios de trabajadores de las residencias y se limita el número de personas residentes en ellas. En España quedarán limitadas las plazas para evitar esas macrorresidencias y el límite serán 120, aunque vivirán en grupos de 15 para generar sensación de hogar. 

Aunque el cambio es total en las residencias, el plan del ministerio pretende que a partir de ahora se incentive el telecuidado. Nadie quiere abandonar su hogar y se incentivará la teleasistecia hasta que sea inevitable el ingreso de una persona.

Pese a la oposición de las comunidades del PP, las que tienen partidos nacionalistas que se oponen por una supuesta invasión de competencias y Castilla-La Mancha, Belarra había cosechado para su reforma de las residencias el apoyo unánime de los expertos en la materia.

La reforma del modelo de residencias de mayores

El Gobierno no consigue el apoyo de las comunidades para reformar el modelo de residencias de mayores

La nueva estrategia nacional de modelos residenciales se seguirá negociando en las próximas semanas, después de que el Ministerio y los gobiernos autonómicos no hayan llegado a un acuerdo en el plan de incorporar más empleados y reducir las plazas de los centros

Laura Galaup

El Gobierno no ha obtenido el apoyo de las comunidades autónomas para reformar el modelo de residencias de mayores. El Ministerio de Derechos Sociales, liderado por Ione Belarra, no ha logrado que los gobiernos regionales secunden el proyecto de acuerdo sobre acreditación y calidad de centros y servicios del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) que han presentado este miércoles en el Consejo Interterritorial.

El documento, que ha contado con la oposición de ejecutivos del PP y algunas socialistas, como Castilla-La Mancha, establece los estándares que deben cumplir las residencias acreditadas. Se trata de un mínimo de recursos humanos, materiales, de equipamientos y de calidad que deben regir en el futuro de los centros de mayores.

Fuentes oficiales del Ministerio aseguran que “han acordado posponer la votación” prevista para este miércoles porque “algunas comunidades autónomas han mostrado muchas dudas y han dicho que votarían en contra”.

“El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 confía en poder tener un acuerdo a lo largo del próximo mes en el que la ratio en los centros residenciales disminuya hasta un trabajador/a por cada dos residentes, se amplíe el número de habitaciones individuales en las residencias públicas y se establezcan núcleos de convivencia de quince personas como máximo”, indican fuentes del departamento de Belarra, que también destacan que la financiación está entre los puntos conflictivos con las autonomías, que son las que tienen las competencias en este ámbito.

Gobierno y comunidades autónomas llevan meses negociando un nuevo modelo residencial después de que estos emplazamientos se convirtiesen en la zona cero de la pandemia durante la primera ola de la emergencia sanitaria. Entre los temas que se han puesto encima de la mesa se encuentra el número máximo de plazas para los centros de mayores. En diciembre se abordó limitarlos a 50 usuarios. Sin embargo, según ha desvelado la patronal en un comunicado, actualmente el Gobierno contemplaba acotar la capacidad a “75, 90 o 120 plazas dependiendo de la ubicación del centro”.

El objetivo del acuerdo que está impulsando el Ministerio es que los residentes vivan en espacios más parecidos a hogares que a instituciones. Las personas residentes deberán contar con espacios que “preserven debidamente su intimidad”, podrán personalizar “al máximo” sus habitaciones y disfrutar de “espacios de convivencia en el centro” independientes a los generales, según el borrador publicado por elDiario.es en febrero.

En esos documentos que se han intercambiado comunidades autónomas y Gobierno, también se ha planteado dar un margen de tres años a los centros para aprobar un “plan de atención libre de sujeciones”. Esta estrategia debía contemplar la “supresión total y segura” de la inmovilización de los mayores por esta vía, que solo podrá usarse “de manera excepcional” y de forma protocolizada.

Gobiernos del PP en contra del texto

Comunidades del PP se han posicionado en contra del proyecto presentado por el departamento de Belarra. La consejera gallega, Fabiola García, ha asegurado que las pretensiones del Gobierno central son “inasumibles” porque “no garantiza el financiamiento para llevarlo a cabo”. Andalucía y Murcia también han mostrado su disconformidad con el borrador de Derechos Sociales.

En la misma línea se ha pronunciado la Comunidad de Madrid. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso considera que este documento “tampoco resuelve el problema de la falta de financiación del sistema de dependencia por parte del Estado, que sigue sin superar un 20% de aportación”. Por su parte, fuentes del Ejecutivo de Castilla y León aseguran que se han abstenido en este procedimiento.

No solo Gobiernos del PP han mostrado su oposición a este documento. El socialista Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, ha arremetido contra esta propuesta, llegando a asegurar que el modelo que presentado por Belarra es “arriesgado”. “Si no se hacen las cosas bien, puede poner en riesgo miles y miles de puestos de trabajo vinculados al sector privado del ámbito residencial y de la tercera edad”, ha destacado

Críticas de la patronal, de usuarios y sindicatos

Horas antes de que se celebrase el Consejo Interterritorial de este miércoles, la patronal difundió un comunicado muy crítico con el texto de Derechos Sociales. la Asociación Estatal de Servicios Residenciales de la Tercera Edad (AESTE), la Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE), Círculo Empresarial de Atención a Personas (CEAPS) y y la Federación Empresarial de la Dependencia (FED) aseguraron que los criterios establecidos en el borrador del acuerdo “obliga a cambiar el modelo actual a todos los centros existentes, y a reducir de manera significativa las más de 5.200 residencias” que hay en el país.

En esta nota de prensa, la patronal aseguró que esta propuesta podría tener “efectos” en su modelo de negocio. “Actualmente hay en promoción y construcción más de 38.500 camas en España y la simple posibilidad de que esta propuesta salga adelante, ya ha creado una inseguridad jurídica en el sector que está ralentizando su crecimiento”, reseñaron.

Para la Plataforma estatal de organizaciones de familiares y usuarias de residencias el documento que se ha presentado este miércoles supone “una decepción enorme”. Esta organización considera que Ministerio “se ha doblegado ante posiciones muy restrictivas e inmovilistas de los Gobiernos autonómicos”. Además, sostienen que los Ejecutivos regionales “han intervenido, en buena parte de las ocasiones, como mera correa de transmisión de las patronales más importantes que operan en los servicios que comprende la Ley de Dependencia”.

Por su parte, los sindicatos UGT y Comisiones Obreras lamentan que en el borrador que se ha discutido este miércoles no se incluye “ninguna de las propuestas, indispensables respecto a la calidad en el empleo, realizadas” por estas organizaciones. Asimismo, apuntan que les llama “especialmente la atención la supresión en el documento de los porcentajes mínimos de contratación de los y las trabajadoras; tanto indefinida como temporal”

Aparten sus negocios de nuestros mayores

El plan de Belarra para modernizar las residencias se retrasa ante la falta de consenso entre Gobierno y autonomías
ANA PARDO DE VERA

Las comunidades de Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid, Euskadi, Murcia, Catalunya, Andalucía, Galicia y la ciudad autónoma de Ceuta han mostrado su rechazo al plan del Ministerio de Ione Belarra llamado Acuerdo sobre Acreditación y Calidad de Centros y Servicios del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia y que consiste, básicamente, en dotar al sistema nacional de dependencia de la dignidad que merece, nunca conseguida desde que Zapatero dio luz verde a este cuarto pilar del Estado del bienestar. Navarra, Baleares, Aragón, Comunitat Valenciana, Canarias, La Rioja, Cantabria y la ciudad de Melilla estarían a favor del mismo, mientras que Castilla y León y Asturias se habrían abstenido en caso de haberse producido la votación.

Nuestros y nuestras mayores son la población mayoritaria dentro de ese sector de dependientes, y lo van a ser cada vez más conforme avance el envejecimiento de la población española, contra el que nos alertan todas las instancias internacionales. La crisis sanitaria del coronavirus demostró que el sistema actual de residencias para mayores no cubre los mínimos estándares exigidos para cuidar a estas personas y que el negocio de los geriátricos, a través de su privatización y concertación con las administraciones, solo sirve para dotar de mayor precariedad a estas residencias, sus trabajadores y los residentes.

Los fondos de inversión han visto en el cuidado (un decir) de los mayores el negocio del siglo en España, pero no solo, ya que como explica Manuel Rico en su libro ¡Vergüenza! El escándalo de las residencias (Planeta), también la Iglesia es una gran beneficiaria de este servicio que, como la sanidad, la educación o las pensiones, deberían estar al margen de cualquier posibilidad de lucro para empresas, es decir, solo en manos de las administraciones para hacerlo gratuito y universal. Iglesia y multinacionales, finalmente, se han aliado para gestionar a medias este negocio y, sorpresa, «quien más lejos ha llevado los negocios compartidos con el clero ha sido Florentino Pérez» (pp. 209-227 del libro de Rico, «Iglesia y multinacionales: negocios a medias«) Así las cosas, y así las presiones de los lobbies, parece lógico que la ministra de Derechos Sociales, contra su empeño, haya visto pospuesto su proyecto de acabar con un negocio e instaurar un auténtico servicio público.

El modelo de los países nórdicos (Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, Islandia o Países Bajos) para el cuidado de los mayores ya fue presentado en un estudio de 2019 por el Instituto de Estudios Fiscales, dependiente del Ministerio de Hacienda, como el más ajustado a los parámetros de justicia social en los que se mueven -o deberían- los gobiernos socialdemócratas. El informe, llamado Atención a la dependencia en España. Evaluación del sistema actual y propuesta de implantación de un sistema basado en el derecho universal de atención suficiente por parte de los servicios públicos. Estudio de su viabilidad económica y de sus impactos económicos y sociales (Rosa MartínezSusana Roldán y Mercedes Sastre son las autoras), aporta cuestiones muy interesantes para trabajar en el bienestar de nuestros mayores -y el nuestro, en definitiva, para las que lleguemos-, algunas sabidas y constatadas científicamente. Por ejemplo, que muchas de estas personas mayores desean seguir permaneciendo en su casa, solas o con otra familia, algo que en España se asume mayoritariamente echando esta carga sobre las mujeres, mientras que el modelo nórdico apuesta por la creación de puestos de trabajo especializados cubiertos por el Estado y que liberen a las cuidadoras no profesionales de esta responsabilidad.

El plan de Belarra para modernizar las residencias se retrasa ante la falta de consenso entre Gobierno y autonomías

De entre todos los modelos nórdicos, con un nexo común de cobertura estatal, las investigadoras del Instituto de Estudios Fiscales apuestan por el de Suecia «por su liderazgo en política social» y  por ser un país ejemplar en su sistema de atención a las personas dependientes. La columna vertebral de este modelo es que sean los poderes públicos quienes asuman el papel protagonista en cuanto a los servicios de asistencia. Ni los fondos de inversión ni las multinacionales ni la Iglesia: el Estado, que no busca más beneficios con su inversión que el bienestar social, en este caso, de nuestros mayores, que es el de todas a corto, medio o largo plazo.

Entre las ventajas de este sistema, el estudio cita el aumento de usuarios con derecho a ayuda por dependencia, más plazas en residencias, más centros de día que combinen la asistencia domiciliaria con la fija, el empleo a tiempo completo de profesionales especializados, que supondrían una importante bolsa de empleo y una merma del gasto por desempleo del Estado o la liberación de las familiares que se encargan hoy, mayoritariamente en España, de estos cuidados no profesionales.

El plan de Belarra, tan radical y bolivariano como el sueco, requiere, obviamente, de una mayor inversión pública por parte del Estado y, sobre todo, de las comunidades autónomas. El informe del Instituto de Estudios Fiscales, aunque es de 2019, cifra en 12.000 millones ese incremento con respecto al actual para comenzar la transición del modelo español al nórdico, que exige asimismo un cambio cultural, de mentalidad, en cuanto al cuidad no remunerado, sobre todo, por parte de las mujeres.

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Las comunidades citadas al principio, que se resisten a este cambio, ni siquiera se plantean que la reforma fiscal profunda que aún tiene el Gobierno de coalición pendiente y los fondos europeos podrían financiar esta transformación o su comienzo. Otra cosa es que nuestros políticos se rindan a la presión de los lobbies y la apuesta por la privatización neoliberal a destajo de la (ultra)derecha. Pero entonces, retiren de sus programas los conceptos Estado de bienestar, justicia social y servicios públicos, porque ustedes está en otra cosa. Y nada buena

De la PANDEMIA, a la PANGUERRA que aún se puede evitar.

Por Luis Angel Aguilar

  1. El origen y responsabilidad de esta guerra es de EEUU y de la OTAN. (Aunque la intolerable intervención militar haya sido de Putin, y dicho desde el primer momento para que no se nos tache de Putinfilo). Pero decir esto hoy, es revolucionario y motivo suficiente para que todo el mundo te acusa de apoyar a Putin.  A este extremo de ignorancia y manipulación hemos llegado.

No seré yo quien lo demuestre, ni voy a nombrar a Podemos, que se ha quedado prácticamente solo como partido defendiendo el “No a la Guerra”, el “No a la OTAN” y el “No al envío de armamento letal a Ucrania”. Ni tampoco a las CCP y diversos grupos de la llamada Iglesia de Base española, que lo hemos dicho claramente.

Os lo haré comenzando por el artículo del brasileño Jeferson Miola titulado “La expansión de la OTAN como origen de la crisis. La utilidad de la OTAN y su expansión para favorecer la hegemonía estadounidense es una parte inicial del actual conflicto bélico (…) esta alianza, que es un brazo militar estadounidense en el Atlántico Norte, debería haberse extinguido en el mismo momento en que desapareció el Pacto de Varsovia, en febrero de 1991”.

2. Esta guerra se podía haber evitado. Así lo han señalado de una manera que no seré yo quien les corrija, ni añada, Noam Chomsky, Atilio Borón o Ignacio Ramonet, pero a los Estados Unidos no le interesaba y antes bien la alentó y provocó. Obviamente que decir esto también es revolucionario y motivo de que te acusen de defender a Putin y/o te cierren el blog.

+ El mundialmente conocido intelectual estadounidense, Noam Chomsky en una entrevista dada al Portal Truth Out, planteó como una clave decisiva en torno del conflicto entre Rusia y Ucrania, la expansión de la OTAN en la Europa del Este, lo que significó el traslado de armamento, tecnología militar y militares hacia la frontera rusa, algo que, por lo demás, rompía compromisos establecidos formalmente y los acuerdos de Minsk. (…) También señaló que “Francia y Alemania, países claves dentro de la Alianza, vetaron el ingreso de Ucrania a la OTAN precisamente para evitar un conflicto como el que finalmente estalló esta semana”.

+ Por su parte el periodista y escritor español, Ignacio Ramonet, al ser entrevistado por Patricia Villegas para TeleSUR decía: “Esta situación era evitable, hay que decir las cosas como son. Lo que Putin ha reclamado con insistencia es que se le garantice a Rusia que Ucrania no va a ser parte de la OTAN. En otras palabras, que se le garantice a la Federación Rusa que no van a llegar al territorio de Ucrania, a la frontera con Rusia, armas nucleares que van a poner en peligro la seguridad de Rusia” (…) “La OTAN ha planteado la instalación de armamento en diferentes naciones para “garantizar” su seguridad, pero “eso pone en peligro la seguridad de otros países, en particular de Rusia. Esto era evitable, Putin lo repitió con insistencia y se lo ha dicho a los diferentes jefes de Estado o primeros ministros, sí, sentémonos en torno a una mesa y firmemos un documento de no extensión” ¿Por qué no se ha hecho ni trabajado al vía diplomática? Escúchenlo más abajo en esta entrevista especial a Ignacio Ramonet, sobre situación en Ucrania.

+ Finalmente el sociólogo argentino, Atilio Borón, escribió una columna en el diario Página12,   en la que decía que “Si la OTAN se estableciera en Ucrania, sus misiles tendrían la capacidad de atacar ciudades como Moscú o San Petersburgo en 5 o 7 minutos, según el misil. Putin consideró inaceptable esa amenaza a la seguridad nacional rusa y se preguntó cómo reaccionaría Washington si su país instalara bases militares en la frontera de Estados Unidos con México o Canadá” ¿Por qué no nos lo preguntamos nosotros?… De hecho ya pasó y Rusia retiró sus misiles de Cuba para evitar una posible 3ª Guerra Mundial. Por eso termina el argentino diciendo ““Se ensañaron en un peligroso ‘bullying’ con Putin y los resultados están a la vista. Una tragedia que podría haberse evitado y ante la cual no hay neutralidad posible: hay un bando agresor: Estados Unidos y la OTAN, y otro agredido, Rusia. En esto no puede haber confusión alguna”

  • 3. Mandar armas a un pueblo sin formación es un error y un crimen que ni para la guerra, ni altera la correlación de fuerzas, ni lo recomiendan militares libres. José Enrique Ayala o Francisco José Gan son buen ejemplo de ello. pero casi todos los medios dicen lo contrario y hasta han logrado intimidar a un Presidente Como Pedro Sánchez que ha cambiado de postura. Pregúntate a quién beneficia y a quien perjudicará. ¿De verdad que enviar armas y azuzar la guerra es la mejor solución?… La única postura contraria en España, que es la de la Paz, ojo (Podemos), está siendo criminalizada y ridiculizada. ¡Cómo me acuerdo de los profetas!

4. Si sacas los 8 años de guerra de Ucrania en el Donbass, eres pro-ruso. ¿Lo callamos entonces? Han sido 14.000 los rusos muertos en las repúblicas de Donesk y Lugansk a manos del gobierno ucraniano que ha masacrado a la población civil para intentar un genocidio de los rusos en Ucrania. ¿Alguien se atreve a negarlo?… Y si esto pasa desde 2014, ¿porqué nos lo han silenciado y ahora se cierran los medios rusos por supuesta propaganda y a quienes lo contamos, nos capan los vídeos?…Vean al menos este que aún se ha salvado aunque ya no lo podamos incrustrar https://youtu.be/Gp0dBLKCesw “Donbass ayer, hoy y mañana” 52 minutos de cultura e historia.

5. Si hacemos el “Recuento oficial de las invasiones estadounidenses” comprobaremos que sólo EEUU tiene los ominosos récords Guinness de superar con creces las 300 invasiones militares por todo el mundo, el único país que tiene 800 bases militares por los 5 continentes y el único que arrojó 2 bombas atómicas sobre Japón.

¿Por qué recordar estos hechos significaría estar a favor de Putin? Vean la infografía adjunta y lean –si les interesa comprobar- el artículo citado en Rebelión.org.

Todo esto –señala Borón- “es digno de ser tenido en cuenta en momentos en que la aplastante mayoría de los medios de comunicación y las redes sociales controladas por el imperio se empeñan en demonizar a Rusia como un país agresor cuando ha sido reiteradamente invadido por sus vecinos europeos (Polonia, Lituania, Suecia, Francia, Alemania, entre los casos más importantes) y, al revés de Estados Unidos, no cuenta con esas ochocientas bases militares ni jamás arrojó dos bombas atómicas sobre dos indefensas ciudades japonesas».

6. Las guerras sólo benefician a los de siempre, que son los magnates y sus negocios, mientras el pueblo es el que siempre sufre las devastadoras consecuencias del conflicto dando lugar tanto a las crisis humanitarias como a las económicas. Vean éste Videoblog completo de Dina Bousselham.

7. La hipocresía europea de mandar armas a Ucrania y darle a Putin 600 millones diarios en forma de gas. Ahora sí, recupero un audio de Pablo Iglesias que lo dice mejor que yo y se atreve a decir lo que nadie publica ni señala, por duro y contradictorio que sea

Desde el Papa al Dalai Lama. Francisco lo decía el pasado 6 de marzo: «Imploro que cesen los ataques armados y prevalezcan las negociaciones. Y prevalezca el sentido común. Y se vuelva a respetar el derecho internacional» Pero ¿Quién defiende hoy en España porque prevalezca la vía de negociación?

Y también el mensaje del Dalai Lama es rotundo: “La no violencia es el único camino. Necesitamos desarrollar un sentido de la unidad de la humanidad considerando a otros seres humanos como hermanos y hermanas”.   

9. La Paz es el camino. La Paz es la única manera efectiva de parar los pies a Putin. Hoy más que nunca los y las demócratas tenemos que decir alto y claro que la guerra no se frenará con más guerra. No a la guerra, es el mandato que impone la decencia y también la inteligencia y la sensatez. Y a él seguiremos siempre fieles defendiendo La Paz y la democracia. Este es un discurso valiente, que aunque cueste votos y te critiquen en todos los medios y te criminalicen, hay que decirlo.

10. El movimiento Europeo por la Paz que acaba de nacer es una semilla de esperanza Protagonizado inicialmente por la líder de Podemos Ione Belarra, junto al líder de Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, y el ex líder del Partido Laborista británico Jeremy Corbyn, conocido por su participación contra la guerra de Irak y su campaña de solidaridad con el pueblo palestino.

Unidas-Podemos y la derogación del Concordato

Unidas Podemos se rebela ante la propuesta del PSOE y exige derogar el Concordato y sacar la Religión de la escuela

La ministra de Derechos Sociales critica que en muchas ocasiones han visto que «aparentemente» se «sumaban a la laicidad», pero cuando luego se tenían que tomar «decisiones difíciles» de cara a terminar con los «privilegios de la Iglesia católica», «no han encontrado» el apoyo de los socialistas
«Que se traduzca en cambios legales y pudiéramos acabar de una vez por todas con ese acuerdo con la Santa Sede, el concordato, y poder sacar la religión de las escuelas públicas de nuestro país»
23.07.2021 | RD/Ep
La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha llamado a lograr «de una vez por todas acabar» con los Acuerdos entre el Estado y la Santa Sede que datan de 1979, así como poder sacar la asignatura de Religión en las escuelas públicas, y espera que la postura del PSOE «no se quede en papel mojado».
Así lo ha trasladado a los medios de comunicación momentos antes de impartir la ponencia ‘Democracia feminista: Economía de los cuidados, sostenibilidad de la vida y garantía de los derechos sociales’, en el marco de los cursos de verano organizados por la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
Preguntada sobre los planes del PSOE de llevar a su próximo Congreso Federal los acuerdos con la Santa Sede, Belarra ha deseado que esa posición no quede «en papel mojado» porque, en muchas ocasiones, han visto que «aparentemente» se «sumaban a la laicidad», pero cuando luego se tenían que tomar «decisiones difíciles» de cara a terminar con los «privilegios de la Iglesia católica», «no han encontrado» el apoyo de los socialistas.
Concretamente, ha citado la reversión de las inmatriculaciones «ilegales» de la Iglesia o reclamar que abonen el IBI en sedes y templos, para que se «corresponsabilicen» con los ingresos del conjunto del Estado.
«Es una buena noticia que lo expresen así en sus documentos para su Congreso. Pero me gustaría que no se quedara en papel mojado y se tradujera en cambios legales. Y, por ejemplo, pudiéramos acabar de una vez por todas con ese acuerdo con la Santa Sede, el concordato, y poder sacar la religión de las escuelas públicas de nuestro país», ha relatado la también secretaria general de Podemos