Los bulos de la derecha

Évole arrasa con su reflexión sobre las macrogranjas y los bulos de la derecha: «¿No deberíamos decir los periodistas que es mentira y punto?»

Jordi Évole

La polémica desatada tras las declaraciones de Alberto Garzón sobre el impacto ambiental de las macrogranjas ha llevado al periodista Jordi Evole a escribir una tribuna en la que reflexiona sobre los bulos y las informaciones falsas. Un texto que rápidamente se ha hecho viral.

En una columna publicada en La Vanguardia, con el titulo El haba, Garzón y otros bulos del montón, Évole recuerda que todo el revuelo deriva de una información incendiaria con un titular tendencioso que aseguraba que Garzón había dicho «que España exporta carne de mala calidad de animales maltratados», a pesar de que el ministro sólo se refería a la macrogranjas, con impactos ambientales y sociales en la España vaciada.

«Un titular goloso, que bien promocionado por políticos afines se convierte en el tema del momento en redes. De ahí, el bulo salta a los informativos con declaraciones y contradeclaraciones, y solo con el ruido generado ya han triunfado. Otros medios se hacen eco del bulo para desmentirlo, pero acaban dando voz a responsables políticos que se aferran a la mentira para sacar tajada. Esos medios hacen bien su trabajo dando voz a todos los protagonistas de la noticia. Así nos lo enseñan en la facultad», reflexiona el periodista.

«Políticos de la derecha y la extrema derecha y dos presidentes autonómicos socialistas salieron en tromba contra Garzón», prosigue, para preguntarse si, «llegados a este punto, ¿no deberíamos posicionarnos los periodistas y decir que esa información es mentira y punto?»

«Corten la noticia difundida sobre Garzón como si fuese el roscón. Comprobarán fácilmente dónde está el haba. Si no la señalamos, si no evitamos comérnosla, no solo acabaremos pagando el pastel, sino que nos va a salir bastante caro», concluye

No a las macrogranjas en Castilla La Mancha

El Gobierno de Castilla-La Mancha prohíbe la construcción y ampliación de macrogranjas hasta 2025

 Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado este jueves una enmienda que impide —hasta 2025— la concesión de permisos para construir macrogranjas o ampliar las que están en funcionamiento. La portavoz del Gobierno autonómico, Ana Isabel Abengózar, ha defendido la medida ante el “crecimiento exponencial de autorizaciones y de modificaciones de proyectos con aumento de capacidad” de estas explotaciones: “Esta medida no pone en riesgo al sector cárnico ni al ganadero ni al agrícola”, ha señalado Abengózar. La moratoria ha contado con el voto favorable del PSOE, que gobierna con mayoría absoluta en la región. El Partido Popular se ha opuesto a pesar de que su líder en la autonomía, Paco Núñez, se pronunció en contra de este modelo de ganadería intensiva.

Esta regulación en la edificación de macrogranjas, que se ha aprobado por 19 votos a favor y 14 en contra y sin abstenciones, llega después de una semana de polémica por las palabras del ministro de Consumo, Alberto Garzón, que aseguró que estas explotaciones “contaminan” y “exportan carne de peor calidad” en comparación con la producida por la ganadería extensiva. El presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page (PSOE), criticó las palabras del ministro y pidió su “rectificación”, al igual que otros varones socialistas y miembros del Gobierno. Sin embargo, el Ejecutivo de Page ha aprobado este jueves la primera medida con aplicación en toda la comunidad autónoma contra este tipo de ganadería intensiva.

El Partido Popular (PP), que no se opuso a esta iniciativa el mes pasado ni planteó texto alternativo alguno, ha pedido al Gobierno regional que retire la enmienda porque “esta moratoria condena una actividad económica que genera empleo y cumple rigurosamente con una normativa medioambiental muy exigente y de sanidad y de bienestar animal”. Además, el diputado popular Miguel Ángel Rodríguez, ha acusado al Gobierno de Emiliano García-Page de hacer “seguidismo” del ministro de Consumo: “Con esta moratoria están diciendo lo mismo que el ministro Garzón, que aquí se produce carne de mala calidad, y que los ganaderos son los culpables”.

En el pleno de este jueves también se ha debatido a propósito de las palabras de Garzón. Dolores Merino, del PP, ha solicitado “la reprobación” y el “cese fulminante” del titular de Consumo por decir que “España exporta carne contaminada de animales maltratados”. Además, ha tildado de “irresponsable” la respuesta de Page a las declaraciones de Garzón, que ironizó contestando al ministro que “se va a pasar la vida sin poder pedirse un filete”. Merino ha añadido sobre las afirmaciones de Garzón: “Son un ataque a nuestros ganaderos, veterinarios y funcionarios públicos (…) Son un insulto a la marca España y son mentira”. El ministro ha defendido este jueves en una entrevista publicada en EL PAÍS que se trata de “un bulo” de la “derecha” y la “extrema derecha”.

Aunque Ciudadanos no ha hecho mención alguna a la enmienda del Gobierno regional que prohíbe la construcción de macrogranjas, sí ha cargado contra el ministro. Desde la formación han asegurado que son un “ataque en un medio extranjero” al sector ganadero. Elena Jaime, procuradora del grupo, ha calificado al ministro de “populista” y “demagogo”, y ha achacado su continuidad en el Gobierno de España a un “pacto casi diabólico” con Unidas Podemos, socio de Gobierno.

Fernando Mora, parlamentario autonómico del grupo socialista, ha calificado de “inoportunas” y “poco meditadas” declaraciones del ministro de Consumo. Aunque también ha asegurado que el líder del PP castellanomanchego ha hecho afirmaciones “mucho peores” que las realizadas por Garzón, cuando acusó a los “inversores” de querer “convertir nuestro país en la porquera del planeta (…) Se pretende transformar la ganadería tradicional en grandes infraestructuras deshumanizadas”. Mora ha recordado los tuits del PP de Castilla-La Mancha en 2018 en los que alertaban de las “consecuencias para la salud públicas” de las macrogranjas y que la formación ha eliminado recientemente de su red social.

Conocer los hechos y acceder a información de calidad es más necesario que nunca

Las macrogranjas, con datos y sin bulos

JUANTXO LÓPEZ DE URALDE Diputado y coordinador federal de Alianza VerdeJuantcho López
ALEJANDRA JACINTO URANGA Diputada

Imagen de archivo de una granja porcina.- AFP

Las declaraciones del ministro de consumo Alberto Garzón al diario británico The Guardian sobre la ganadería intensiva en España han elevado el volumen de una polémica que llevamos años arrastrando: la del impacto social, económico y ambiental de las macrogranjas. El lobby cárnico ha arremetido con enorme dureza contra Garzón, pero lo cierto es que los datos le dan contundentemente la razón al ministro.

La actividad de la ganadería industrial tiene un enorme impacto en la contaminación del agua y del aire: más del 80% de las emisiones de amoniaco agrícola de la UE al aire y las emisiones de nitrógeno al agua están relacionadas con el ganado. Además de contaminar las aguas subterráneas, los purines producen metano en las balsas donde se almacena, un gas con un efecto invernadero 20 veces mayor que el CO2, que perjudica la salud y acidifica los suelos, con la consecuente pérdida de fertilidad. Precisamente las emisiones de metano han sido objeto de un acuerdo para su reducción en la cumbre del clima celebrada recientemente en Glasgow (COP26). Según las estimaciones de un estudio publicado en la revista Nature, la contaminación por nitrógeno expone a aproximadamente 18 millones de personas en Europa a suministros de agua para consumo humano con concentraciones de nitratos por encima de los niveles recomendados.

La producción ganadera representa la mayor parte de los contaminantes del aire generados por el sector agrario, específicamente el amoníaco, partículas y compuestos orgánicos volátiles no metánicos. Entre 1990 y 2015, en la Unión Europea se consiguió una reducción del 24% de las emisiones de este gas a la atmósfera. Sin embargo, España no contribuyó a esta reducción, sino más bien, todo lo contrario. Solo entre 2014 y 2016, las emisiones de amoníaco en España se incrementaron en un 6,13%, debido principalmente al crecimiento exponencial de la ganadería industrial, sector que en 2017 fue el responsable del 92% de estas emisiones. Cabe destacar que, de las 100 industrias más contaminantes de amoníaco de España en el año de referencia, 94 eran explotaciones ganaderas industriales; las emisiones de amoníaco de España se encontraban en ese momento un 39% por encima del techo de emisiones establecido en la Directiva 2001/81/CE.

Otro aspecto en el que lamentablemente destacan las industrias intensivas agrícola y ganadera es el de la contaminación de las aguas por nitratos. El nitrógeno es un nutriente esencial que ayuda a crecer a las plantas y cultivos. Sin embargo, en elevadas concentraciones es perjudicial para la naturaleza y las personas. El uso agrícola de los nitratos en fertilizantes sintéticos y presentes en los excrementos de los animales que se esparcen por los suelos es una de las principales fuentes de contaminación de aguas. Solo la cabaña actual de 31 millones de marranos en España genera 62 millones de metros cúbicos de purines anuales, según informa el Ministerio de Agricultura. Una cantidad de estiércol que llenaría 62 estadios como el Santiago Bernabéu o 24.800 piscinas olímpicas, y a la que solo en una pequeña parte se le da un uso adecuado no contaminante. Por su parte, las granjas ganaderas producen no menos de 80 millones de toneladas de estiércol anuales.

Así, el sector agropecuario es responsable de más del 50% de los vertidos totales de nitrógeno en las aguas, a lo que se suman otras sustancias contaminantes: fósforo, antibióticos, hormonas, etc. El exceso de nutrientes en las aguas provoca lo que se conoce como eutrofización, un crecimiento excesivo de plantas y otros organismos. Durante su crecimiento y putrefacción, estos organismos consumen gran cantidad de oxígeno y generan grandes cantidades de materia orgánica. Este proceso es el responsable de la existencia cada vez mayor de «zonas muertas» en los océanos y de la degradación de muchos ríos, lagos y zonas marítimas costeras, además de la contaminación de los acuíferos y embalses que suministran agua potable a la población.

Esta problemática se ha ido agravando progresivamente a lo largo del tiempo de manera paralela al crecimiento de la ganadería industrial. Durante las últimas décadas se ha dado un proceso de concentración de la producción agrícola y ganadera en torno a la industria intensiva a nivel global que ha tenido una especial repercusión en el caso de España. Un informe del año 2019 de Greenpeace reveló que, a nivel estatal, el 93,7% de la producción de carne de cerdo, el 94,2% de la carne de aves de corral y el 80,6% de la leche y otros productos lácteos se concentra en granjas grandes y muy grandes. El aumento sostenido de la producción ganadera, que afecta sobre todo al porcino y las aves de corral, y en menor medida al vacuno, ha tenido especial incidencia en nuestro país. Además de su tamaño, las granjas intensivas han aumentado también la densidad de ganado que albergan.

Según datos de la encuesta de sacrificios en mataderos en España, en 2018 las cabezas de bovino que pasaron por estas factorías fueron 2,5 millones; 10,1 millones las de ovino; 1,4 millones de caprino; 52,4 millones las de porcino y 799 millones de aves, en su gran mayoría gallinas y pollos. En total se sacrificaron en matadero 910 millones de animales. Si comparamos los datos con los de 2009, se detecta una cierta estabilización en las cifras correspondientes a la ganadería bovina, ovina y caprina. Sin embargo, el número de aves sacrificadas aumentó un 18% y el de cerdos un 30% en tan solo una década.

Los 52,4 millones de cerdos sacrificados en España en un solo año, que suponen unos 4,52 millones de toneladas de carne, ponen a nuestro país en la cuarta posición mundial de productores, tan solo por detrás de China, Estados Unidos y Alemania. Dentro de la Unión Europea, España se mantiene en segunda posición, con un 19% de la producción comunitaria, y acercándose paulatinamente a Alemania, que se mantiene en primer lugar con un 22,4%. La importancia de la producción española en el conjunto de la UE se ha ido incrementando durante las últimas campañas (solo 5 años antes la producción española apenas superaba el 15,7% del total de la UE) como consecuencia del espectacular desarrollo del sector, claramente por encima de la media comunitaria. Así, si durante el quinquenio 2013-2018 la producción de carne en la UE creció un 7,6%, mientras que la producción en España lo hizo en un 31,45%, lo que da una idea de la evolución que está experimentando el sector a nivel estatal.

En lo que se refiere al número de granjas, el sector ha experimentado una considerable reestructuración, con un notable descenso en el número total de granjas en el periodo 2009-2018, unido al incremento de las producciones. La reducción del número de explotaciones se ha limitado a las de menor tamaño. En paralelo, las explotaciones de mayor tamaño se han incrementado notablemente, especialmente las más grandes, que han aumentado más de un 50% en este periodo. El modelo de negocio también ha cambiado: los granjeros ponen sus instalaciones a disposición de grandes empresas (integradores), que son las propietarias de los cerdos y se hacen cargo de su alimentación y asistencia veterinaria. El granjero se encarga de su cuidado y de la gestión de los purines, en muchos casos sin recursos adecuados ni suficientes para ello. Según el informe «Indicadores económicos del sector porcino 2018» , del Ministerio de Agricultura: «el sector ha experimentado una considerable reestructuración durante los últimos años, con un notable descenso en el número total de granjas durante los últimos 12 años». En total han desaparecido 21.417 granjas, un 37,5% del total, y todas ellas eran explotaciones pequeñas.

Estos casos se repiten a lo largo y ancho del Estado. En la comarca de A Limia, en la provincia de Ourense, el proceso se inició en 1998 con la creación de un complejo ganadero industrial que ya presentaba problemas con la gestión de los purines. A partir de esa fecha la implantación de granjas intensivas en la cabecera del río Limia ha sido continuada y creciente, lo que ha llevado al progresivo incremento de los niveles de contaminación de las aguas superficiales y subterráneas. Según datos recabados por la Sociedade Galega de Historial Natural, en la actualidad la carga ganadera de la comarca de A Limia resulta insostenible, con una concentración de 14.330 unidades de ganado vacuno, 29.365 pollos y pavos y 38.158 cerdos, un total de 81.853 cabezas de ganado que equivalen a 72 veces la población humana residente en sus municipios. Esta carga ganadera equivale asimismo a una densidad poblacional de 4.500 hab./km2, pero sin sistemas adecuados de recogida, tratamiento y depuración de aguas residuales.

Según datos de la Confederación Hidrográfica del Miño Sil, solo en el periodo 2014-2017 la contaminación por nitratos de las aguas subterráneas de A Limia aumentó en un 40%. A pesar de esta realidad, la Xunta de Galicia, con competencias en la materia, no ha declarado esta zona como vulnerable ni ha aplicado hasta el momento ningún plan de actuación al efecto. Muy al contrario, sigue autorizando la ampliación de granjas ganaderas intensivas y la instalación de otras nuevas en la comarca.

En las dos Castillas los proyectos de estas características se multiplican. A día de hoy, hay decenas de comarcas movilizadas contra la instalación de estas macrogranjas. Especialmente sensible es el caso de Cuenca, donde se ha quintuplicado el número de cerdos desde 2009 (de 106.977 a 553.848). Según el INE la población conquense ha caído un 8% en el periodo en que el número de cerdos ha subido el 417%. Pero el caso de Cuenca no es único, muchas otras provincias castellanas están sufriendo este mismo fenómeno.

En el caso de la costa murciana, donde la agricultura intensiva y altamente tecnificada, ya en manos de grandes grupos agroindustriales y cadenas de distribución, avanzó hasta casi tocar la lámina de agua. Parece evidente que este tipo de desarrollo agroindustrial está teniendo también un elevado coste ambiental. Pesticidas y nitratos procedentes de los abonos han penetrado en el Mar Menor por el aire, en superficie (a través de ramblas como la del Albujón y Miranda) y de forma subterránea a través de un acuífero envenenado durante cuarenta años. En cuanto a las explotaciones ganaderas, el 90% de las granjas inspeccionadas durante la realización de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto Vertido Cero presentaron incumplimientos normativos, de manera que en unas 500 balsas que almacenan purines se detectaron problemas de infiltración al subsuelo o desbordamiento. Según el grupo de investigación Ecosistemas Mediterráneos de la Universidad de Murcia, la actividad agraria es responsable en un 85% de la eutrofización del Mar Menor, habiéndose detectado en el acuífero Cuaternario, la masa de agua más importante del sistema hidrológico Campo de Cartagena-Mar Menor, más de 300.000 toneladas de nitratos.

Otro caso sangrante es el de la cuenca del río Ebro, donde se produce la mayor concentración de masas de agua contaminadas de toda España. El documento inicial del Plan Higrológico del Ebro (PHE) para el periodo 2021-2027 informaba de que casi dos terceras partes de las explotaciones ganaderas de la cuenca de este río contaminan los acuíferos sobre los que están construidas, con vertidos de alrededor de 128.949 toneladas de nitrógeno al año. La propia Confederación Hidrográfica del Ebro alerta de cómo el regadío y la ganadería intensiva están afectando a más del 75% de los ríos y más del 90% de los acuíferos de una cuenca en la que el deterioro por este motivo tiene ya difícil solución en 32 cauces y 36 sistemas de agua subterránea.

Estos problemas son extensibles a toda España. El Informe de seguimiento de la Directiva 91/676/CEE sobre contaminación del agua por nitratos utilizados en la agricultura, cuatrienio 2016-2019, de fecha diciembre de 2020 y elaborado por parte de la Dirección General del Agua, adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ofrece informaciones de interés sobre la situación de las aguas contaminadas en las diferentes comunidades autónomas. Dicho informe establece que 1.235 de las 4.475 estaciones de control de masas de agua subterránea instaladas en España muestran que estas aguas están contaminadas o en riesgo de estarlo, esto es, un 27,6% del total. De ellas, y tras la aplicación de diversos planes de recuperación sobre algunas de estas masas de agua, solo en 612 casos se prevé la mejora de su estado en el corto plazo, 127 lo harían en un plazo medio-largo y 480, el 38,9% del total, no muestran visos de recuperación. Se da además el caso de que 130 de las masas aguas contaminadas o en riesgo de estarlo no han sido declaradas aún como zonas vulnerables. Las conclusiones de este informe indican que las medidas tomadas hasta el momento no son suficientes para alcanzar los objetivos delimitados por la Directiva europea.

La contaminación de los acuíferos está provocando el desabastecimiento de agua potable a miles de municipios en toda España. Solo en Cataluña, y según la Agencia Catalana del Agua, en 2016 había ya 422 municipios en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos. Se calcula, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica del año 2019, que al menos el 40% de los acuíferos de España está en peligro por la contaminación de los residuos de la industria agrícola y ganadera. La contaminación difusa por la ganadería y la agricultura intensivas está, en suma, destrozando los sistemas hídricos de toda España. Y a pesar de los avisos y alertas por parte tanto de organizaciones científicas, sociales y ecologistas como de instituciones como la propia Unión Europea, en España solo se han producido escasos avances en la protección de determinadas zonas con especiales problemas, pero ni estos parecen suficientes ni abarcan a todas las comarcas en situación de riesgo o en situación de catástrofe ecológica.

Los datos sobre los negativos impactos de las macrogranjas en nuestro medio ambiente son tan abrumadores, que las declaraciones del ministro Garzón debieran haber servido, como mínimo, para reflexionar sobre un problema cada vez más grave y que tanto daño está causando en nuestros entornos y en las vidas de miles de pequeños y medianos agricultores y ganaderos. Sin embargo, lejos del debate sosegado, nos hemos vuelto a topar con bulos y fake news cuyo fin no es sólo tratar de esconder el impacto real de este tipo de explotaciones si no socavar la imagen de un ministro que ¡oh sorpresa! es de Unidas Podemos.

A partir de los datos que cada cual saque sus conclusiones. Las nuestras ya las pusimos de manifiesto en una Proposición no de Ley que reclamaba una moratoria de estas macrogranjas. Los votos en contra de PSOE, Cs, PP y VOX impidieron su aprobación.

Daimiel contra las macrogranjas

Un pueblo pionero de Castilla-La Mancha está a punto de prohibir la instalación de macrogranjas 

Un pueblo pionero de Castilla-La Mancha está a punto de prohibir la instalación de macrogranjas 

Unanimidad en el pleno de la localidad ciudadrealeña de Daimiel para modificar el Plan de Ordenación Municipal. 

 Pleno del Ayuntamiento de Daimiel (Ciudad Real)

 DAIMIEL (CIUDAD REAL) 

El pleno del Ayuntamiento de Daimiel (Ciudad Real) ha alcanzado unanimidad en la modificación puntual número 9 del Plan de Ordenación Municipal para su posterior remisión a la delegación provincial de Urbanismo, lo que se traduce en crear un nuevo uso de ganadería porcina intensiva y a su vez prohibir que instalen macrogranjas en todo el término municipal. 

Una vez aprobado por el pleno se remite a la Junta para su aprobación definitiva. Según ha explicado el concejal de Medio Ambiente, Javier Fisac, el objetivo es que se recaben todos los dictámenes favorables que consigan blindar a Daimiel e impedir la instalación de macrogranjas en todo el término municipal. 

Fisac ha recalcado que «ha sido un trabajo colectivo» y «no se ha perdido tiempo», ya que, comentó, «se actuó desde el momento que se detectó la amenaza». «Somos los pioneros» en este tipo de documentos, precisó. 

A este respecto, PSOE e IU han considerado que la norma debería extenderse a otros municipios de la Comunidad autónoma para evitar la contaminación medioambiental y en el acuífero 23, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa. 

Sobre este asunto, el alcalde, Leopoldo Sierra, ha agradecido la diligencia de los servicios técnicos y jurídicos municipales que han permitido una tramitación acorde encaminada a buscar una solución que evitase al mismo tiempo daños y perjuicios y su posible resarcimiento. «No podíamos movernos por impulsos, sino por responsabilidad y con base jurídica», subrayó ante los grupos de la oposición, zanjando el cuestionamiento de éstos sobre la persistencia del procedimiento. 

El grueso del debate se centró en las ordenanzas fiscales para 2022, que quedaron aprobadas por mayoría simple. El documento recoge la congelación de todos los impuestos y de casi todos los precios públicos y tasas. Es el paso previo a los presupuestos. Tan sólo se produce un ajuste en la tasa de basuras que supondrá un incremento de 0,75 euros al mes (9 euros anuales) para las familias. 

También pasó el trámite por mayoría simple con 9 votos a favor y 7 abstenciones el expediente 14 de modificación de créditos 2021 que permitirá dotar de mayor cuantía el capítulo de personal y la dotación aprobada para La Palma, entre otros destinos 

España, una fábrica mundial de cerdos

España paga un peaje de contaminación del aire y el agua por convertirse en la fábrica mundial de cerdos El país padece un «problema sistémico» para gestionar los vertidos de desechos al agua y ve cómo crecen las emisiones de gases del sector porcino que lidera en cuanto a cabezas y sacrificios en Europa 

Raúl Rejón 

España está pagando el precio por convertirse en la fábrica de cerdos del mundo. El país ya lidera el sector en Europa a base de extender la ganadería industrial que conlleva un costoso peaje de contaminación del agua, emisiones de efecto invernadero y del tóxico amoniaco. 

El Gobierno de Murcia ignoró varios avisos de que las macrogranjas de cerdos contaminaban el Mar Menor 

Los indicadores económicos hacen que el Ministerio de Agricultura considere que «el sector porcino español ha continuado con su consolidación como uno de los líderes en el mercado mundial a pesar de las incertidumbres». En contraposición, la directora de Greenpeace, Eva Saldaña, entiende que «es el momento de abordar ya la cuestión de las macrogranjas por su contribución a la crisis climática y la contaminación del agua». Los datos más recientes exponen claramente este panorama. 

Camino a la macrogranja 

La pujanza del porcino español se ha cimentado en el avance del modelo industrial de producción a gran escala. Los informes del Ministerio de Agricultura describen este tránsito. Cada vez se crían más cerdos y se sacrifican más cerdos, pero, al mismo tiempo, funcionan menos establecimientos. Se está imponiendo el modelo de macrogranjas. Se evidencia «un notable descenso en el número total de granjas», unido al «incremento notable de las explotaciones de mayor tamaño, especialmente las más grandes», señala el Ministerio en su análisis del último año cerrado, el 2020. Greenpeace añade que la fórmula consiste en «producir mucho, producir rápido y con el menor coste». 

La cabaña porcina en España es la número uno de la Unión Europea y la tercera del mundo tras China y EEUU: 32 millones de cabezas en 2020. Hace diez años eran 25 millones .Y hace cinco, 28. El año pasado se mataron 56 millones de animales. En 2010 fueron 40,8 millones (un 37% menos).                                    El boom porcino ha ocurrido mientras las explotaciones totales pasaban de 99.500 en 2007 a 88.400 en 2020. La mayoría de las desaparecidas son las más pequeñas llamadas de tipo I. En ese mismo tiempo, las granjas tipo III, las más grandes, han pasado de 1.425 a 2.126. Un 50% más. Ese es el camino a la macrogranja. 

Grupo I, II, III… es una nomenclatura técnica para clasificar según la capacidad de producción. Las primeras se limitan a 120 Unidades ganaderas mayores (UGM), las segundas a 480 y las terceras a 720 UGM, según el Real Decreto que las regula desde 2020. Pero, para entender la dimensión, esas UGM hay que traducirlas a ejemplares de cerdo. El Observatorio Dehesa del Centro de investigaciones científicas y tecnológicas de la Junta de Extremadura lo expresa así: el grupo I puede albergar 350 animales para cebar, el II hasta 2.000 cerdos más 200 hembras para reproducir y las del grupo III hasta 5.500 ejemplares de cebo y 750 reproductoras. Además, las comunidades autónomas pueden ampliar ese cupo de las grandes granjas un 20%, es decir, 1.100 cerdos añadidos.                                     

Más cambio climático y amoniaco al aire                                                                         La agricultura y la ganadería supusieron el 14% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero de España en 2020. Ese año, durante el pico de la pandemia de COVID-19, se produjo un descenso casi desconocido en las emisiones que provocan el cambio climático. Se bajó por primera vez del nivel de 1990. Pero el sector agro ganadero incrementó la cantidad de gases que lanzó a la atmósfera.       La ganadería liberó 24,8 millones de toneladas. El aumento se debió principalmente «a la gestión de estiércol», según el avance del catálogo de emisiones del Ministerio de Transición Ecológica. 

La proliferación de las grandes explotaciones ha hecho que el 87% del sector porcino en Castilla-La Mancha sea ya industrial y que en Extremadura se haya superado el 50%, según las contestaciones oficiales de las comunidades autónomas a Greenpeace. Las Islas Baleares están en el 55% y Catalunya en el 99%. Aragón es la comunidad que presenta más granjas tipo III con 628, seguida de Catalunya (495), Castilla y León (316) y Castilla-La Mancha (161).                     Las instalaciones de gran capacidad implican muchos animales y, por tanto, muchos desechos. La gran cantidad de estiércol proveniente de cerdos concentrados ha hecho, junto a otros factores, que España no haya cumplido nunca el límite de emisiones de amoniaco a la atmósfera marcado por la normativa europea. Desde 2010 a 2019 siempre ha rebasado el tope de las 353.000 toneladas por el «incremento de la cabaña ganadera y un repunte en el uso de fertilizantes orgánicos (estiércol) e inorgánicos», como reconoce el Inventario de emisiones del Gobierno. Ante esta circunstancia, la Unión Europea ha cambiado los techos haciéndolos más permisivos a partir de 2020. 

Foco de contaminación del agua 

La producción ganadera es responsable del 80% del nitrógeno agrícola que se filtra y contamina las aguas, según recoge la Comisión Europa. En España, el 40% de las masas de agua está en mal estado, no todo es debido a los vertidos de la ganadería, pero casi la mitad de las zonas con acuíferos dañados por los desechos agrícolas no podrán recuperarse dentro del plazo legal de 2027, según ha admitido el propio Gobierno. 

«¿Cómo es posible que un país árido, 15 veces más pequeño que EEUU y deficitario en piensos quiera convertirse en líder de la producción de porcino?» Se pregunta Mari Sol Gómez, que encabeza la oposición a este modelo ganadero en la comarca de Tierra de Alba en Zamora. «Consumen una ingente cantidad de agua que devuelven al medio en forma de purines», sentencia.                          Lo cierto es que España está especialmente expuesta a este problema de contaminación de las aguas por los nitratos.  

De hecho, casi un cuarto del territorio está considerado zona vulnerable, es decir, áreas «cuya escorrentía fluye hacia las aguas afectadas por la contaminación o hacia aguas que puedan verse afectadas por la contaminación»: unos 122.000 de los 500.000 km2 totales. Y más de la mitad de la superficie agraria útil del país. El pasado 11 de octubre, la Comisión Europea dictaminó en un informe que España tiene un «problema sistémico para gestionar la contaminación por nutrientes procedentes de la agricultura» y que debe adoptar «con urgencia medidas adicionales» para cumplir la ley. La revisión indica que «un alto porcentaje de estaciones de control de aguas subterráneas sigue mostrando niveles superiores al máximo de 50 mg por litro». 

La Comisión entiende que algunas de la zonas vulnerables declaradas por las comunidades autónomas «son muy limitadas» lo que supone «una designación muy fragmentada y una menor eficacia de los programas de acción». España tiene abierto un expediente de sanción justamente por este asunto. 

La despoblación 

«¿Quién va a querer venir a vivir aquí si no puedes ni abrir la ventana?» La pregunta es de Inmaculada Lozano, voz y cara del rechazo a las macrogranjas en Castilla-La Mancha. Desde el comienzo de la implantación del modelo industrial a gran escala ha surgido la disyuntiva entre la posible creación de puestos de trabajo en el entorno rural asociados a estas explotaciones y sus impactos ambientales. 

La organización Ecologistas en Acción acaba de analizar la evolución demográfica según el INE de municipios de menos de 5.000 habitantes desde 2000 a 2020 cruzados con los censos ganaderos de las comunidades autónomas de Castilla y León, Aragón, Castilla-La Mancha, Catalunya, Comunidad Valenciana, Galicia y la Región de Murcia. Su conclusión es que «la ganadería industrial no solo no frena la despoblación sino que impulsa el abandono rural».                                                  Su análisis muestra que el 74% de los municipios con mayor carga de industria porcina intensiva o bien han perdido población o ganan menos habitantes que los pueblos similares, pero sin cerdos. Su estudio abarca el 64% de todos las poblaciones con 5.000 vecinos o menos y alta densidad de cabaña porcina intensiva de esas comunidades autónomas. «En el 81% de las provincias analizadas (17 de 21) se está favoreciendo la despoblación», afirman.                        Según sus datos, los efectos de España vaciada de este modelo se intensifican con el tiempo y han dejado ya más huella en las provincias que primero adoptaron esta fórmula como Zaragoza, Huesca, Barcelona y Lleida.                 Lozano, que encabezó las protestas contra proyectos de grandes explotaciones en Pozuelo y Argamasón (Albacete), resume que «claro que nos gusta el jamón y la morcilla, pero también poder beber agua del grifo y un pueblo con futuro para nuestros hijos». 

España vaciada contra las macrogranjas

Cien mil cerdos para 131 habitantes: la España vacía se rebela contra las macrogranjas 

© Aitor Sol (EL PAÍS) Natividad Pérez, alcaldesa de Balsa de Ves, camina por un terreno agrícola lleno de digestato reseco. 

“¿Qué preferís, que vuestro pueblo huela a pinos o a mierda?”. Natividad Pérez lanza esa cuestión a los vecinos que preguntan qué pasará si en su pueblo se instala una macrogranja. Ella les cuenta la experiencia por la que ya han pasado en Balsa de Ves, en Albacete, donde es alcaldesa. Les explica los problemas que sí generan estas explotaciones, como la contaminación del suelo y las aguas, y de los malos olores. Les cuenta la experiencia de su pequeño municipio, de 131 vecinos, donde se crían unos 100.000 cerdos al año. “Tocamos a 763 animales por habitante”, dice. Su voz está ayudando a montar plataformas vecinales contra nuevos proyectos de ganadería industrial en pueblos de la España vacía —Albacete, Cuenca, Toledo, Zamora, Ávila—, que han realizado varias protestas este año y tienen otra prevista para este viernes en 50 localidades

La preocupación que mueve a estos pueblos es el deterioro de su calidad de vida, pero sobre todo el futuro. La ganadería intensiva porcina acelera la despoblación o es incapaz de frenarla, según sugiere un nuevo informe de Ecologistas en Acción. Balsa de Ves, por ejemplo, ha perdido un 40% de vecinos desde que se instaló la macrogranja en 2006, aunque también influyen otros factores como la falta de servicios. La patronal Interporc, que aglutina al sector porcino, defiende que las más de 86.000 granjas de cerdos del país dan empleo a 400.000 familias de forma directa e indirecta, la mayor parte en zonas rurales, por lo que son “esenciales para luchar contra la despoblación”, y achaca las protestas a “grupos animalistas”. 

El trabajo de Ecologistas analiza centenares de municipios de menos de 5.000 habitantes alejados de grandes ciudades donde hay una gran carga porcina intensiva —de 5.000 a más de 100.000 animales— y los compara con otros cercanos y con población similar pero sin estas instalaciones. En el 74% de las comparativas, las localidades con estas macrogranjas pierden más población o ganan menos habitantes que las que no lo tienen. “No hay una relación positiva entre la ganadería industrial porcina y la lucha contra la despoblación”, dice Daniel González, coordinador del informe.. 

Jorge Blanco, investigador en Demografía en la Complutense, explica que este tipo de industrias “transforman la economía de zonas rurales, que suele estar basada en la agricultura y la ganadería extensiva, en una única dirección que no necesariamente repercute en la vida del pueblo, con lo que se elimina parte de la riqueza asociada a actividades laborales diversas”. Por ejemplo, “hace que quienes tengan otras actividades vendan sus terrenos y pasen a ser rentistas”. En su opinión, “es cierto que estas industrias tienen potencial de atracción de trabajadores, pero no tienen por qué vivir en el lugar, y si no lo hacen no pagan impuestos allí y no entra renta al flujo del pueblo”.                                                                Por su parte, Vicente Pinilla, director de la Cátedra Despoblación y Creatividad de la Universidad de Zaragoza, señala que “el hecho de que los municipios con macrogranjas crezcan menos no demuestra que la causa sean estas instalaciones, es decir, esa correlación no implica causalidad”. La cuestión clave “es si el porcino produce despoblación o va a donde hay despoblación, lo cual parece más probable”. Pinilla considera que hay otras causas para la despoblación rural como la falta de oportunidades laborales, la carencia de servicios públicos y una estructura demográfica muy desequilibrada, masculinizada y con personas de edad avanzada. “Este tipo de despoblación ha ocurrido en toda Europa en los últimos años”, añade. 

Olor insoportable 

Ecologistas y las plataformas vecinales asumen que la ganadería industrial no es el único factor que impulsa la despoblación, pero quieren destacar que no sirve para fijar habitantes, como defiende el sector. Natividad Pérez explica el ejemplo de Balsa de Ves: “En 2006, cuando yo era concejal de la oposición, se instaló la macrogranja y nos vendieron que iban a contratar a todos los parados y que iban a dar mucho trabajo. Pero solo contrataron a cinco personas del pueblo”.                                                                                                                La ilusión se fue diluyendo con los años. De 2000 a 2020, el municipio ha perdido casi el 50% de su población (de 259 a 131 habitantes), la mayoría de los cuales se fue desde 2006 (un 40%). Ecologistas lo compara con Villavaliente, una localidad cercana similar, que en dos décadas perdió el 22% de sus habitantes (de 282 a 220). “El sector dice que estas instalaciones fijan la población, pero no es cierto. ¿Quién va a querer vivir al lado de una granja que genera olores, que contamina, que tiene tránsito de camiones enormes que destrozan los caminos públicos?”, se queja Pérez. Fidel Aldudo, jubilado y teniente de alcalde, vive en La Pared, una pedanía de Balsa de Ves donde siempre huele mal: “El olor es insoportable, nunca te acostumbras”. 

Entre los vecinos de este pueblo de calles estrechas y casas bajas, división de opiniones. José Murcia, de 79 años, toma un tercio en El Ventorro, el único bar del pueblo: “La macrogranja supone problemas de olores, lo noto mucho cuando salgo a pasear con la bicicleta, muchas veces me tengo que volver por la peste”. Matilde González, de 50 años y con tres hijos, se queja de la falta de oportunidades: “Estoy en el paro, he echado el currículum en la granja y no me llaman. Nos deberían dar prioridad a los que vivimos aquí”. Otro residente que prefiere no decir su nombre cree que la instalación no genera ningún problema y da trabajo.  La regidora desde 2015 —con listas abiertas— camina junto a la puerta del complejo, situado a cuatro kilómetros de la localidad. Señala un campo donde la tierra se ha pintado de negro con un material similar al petróleo. “Es digestato, una mezcla que hacen entre los purines y otros residuos, porque también tienen una planta de biogás.  

La normativa dice que deberían arar en menos de 24 horas para evitar la contaminación del aire, pero lleva ahí varios días”, apunta. “Nadie quiere estas instalaciones, por eso buscan pueblos pequeños con población envejecida y sin técnicos municipales ni tejido asociativo que les puedan plantar cara. Y una vez que se establecen intentan expandirse”. La empresa no ha respondido a los correos de este diario.                                                                                    La patronal Interporc explica que, según su análisis, “no existe ni un solo pueblo en el que una granja haya supuesto el abandono de familias, sino todo lo contrario. Otra cosa será que haya pueblos en los que una granja no haya podido frenar la despoblación, pero es distinto”. En su opinión, este sector hace una gran apuesta por las zonas rurales, lo que atrae a la industria agroalimentaria y a la industria auxiliar. “La actividad agrícola y ganadera es esencial para luchar contra la despoblación”, resume. En cuanto a la contaminación, apunta que la normativa exige aplicar los purines directamente en el suelo y enterrarlos antes de 12 horas, lo que está reduciendo un 30% las emisiones de amoniaco, según sus informes. “El sector produce hoy un 50% menos de purines y más del 90% de los purines se reutiliza en sustitución de los abonos”, añade. Según los datos de las diferentes patronales, en España hay 86.000 granjas porcino (un 80% de ellas, de carácter industrial), 130.000 de vacuno y 5.000 avícolas.                                                                          

Plataformas ciudadanas                                                                                                       Las plataformas ciudadanas contra este tipo de ganadería industrial no dejan de crecer. Un ejemplo es Loporzano sin ganadería intensiva, en Huesca. “Fuimos el primer movimiento vecinal que se opuso a este tipo de explotaciones”, dice Rosa Diez, portavoz del movimiento. “Nos instalaron una granja para 75.000 pollos y luego vimos que había varias peticiones para instalar porcino industrial y conseguimos frenarlas”. ¿Qué problemas les genera? “Los purines tienen antibióticos, metales pesados y nitratos, que se filtran en el terreno y acaban en los acuíferos, contaminando las aguas. Ya hay muchos municipios con agua no potable”, continúa Diez. Su movimiento impulsó la coordinadora estatal Stop Ganadería Industrial, que coordina movimientos similares por todo el país.                                                                      Inma Lozano, de Stop Macrogranjas CLM, critica “el desmesurado crecimiento de este tipo de instalaciones, que se están aprobando sin valorarlas en su conjunto tanto por el consumo de agua como el de purines”. Lozano vive en Pozuelo, una pedanía de Albacete de menos de 500 habitantes donde los vecinos se movilizan contra un proyecto para criar 150.000 cerdos. Greenpeace calcula que en los últimos tres años se han concedido autorizaciones para nuevas instalaciones al ritmo de 1,5 al día, por lo que exige una moratoria a este tipo de ganadería, algo en lo que coinciden todas las plataformas.                                                         En los últimos meses ha habido muchas manifestaciones contra nuevos complejos, aunque la mayoría han ocurrido en pueblos pequeños, por lo que no han tenido mucha visibilidad. En mayo, llevaron su protesta a varias capitales de provincia. Pueblos Vivos Cuenca ha organizado varias concentraciones en más de 30 municipios en esa provincia. En Castilla y León uno de los focos está en Segovia; allí, Belén Bernardos acudió en julio a una concentración en su municipio, Bernardos. “Nuestra plataforma aglutina a 15 pueblos preocupados por esto, donde hay 18 proyectos pendientes de aprobación. El próximo viernes nos volvemos a manifestar”, señala. Ocurrirá lo mismo en 50 localidades más de toda España. Natividad Pérez lo resume así: “Los pueblos son un territorio de sufrimiento y resistencia. Las plataformas están dando voz y dignidad a los vecinos para parar esta locura”. 

Moratoria de macrogranjas de cerdos en Cataluña

Ganaderos y ecologistas chocan por la moratoria catalana a la construcción de granjas de cerdos

  • Las organizaciones agrarias responsabilizan al Govern de una presencia excesiva de nitratos procedentes de los purines en 68 municipios catalanes, mientras que entidades como Aigua es Vida piden una reducción de la cabaña porcina ante la pérdida de la calidad de los acuíferos en un contexto de crisis climática.

Con el objetivo de rebajar la presencia abundante de nitrato en las aguas de 68 municipios catalanes con una alta densidad de cría de cerdos, especialmente en las comarcas de Osona (Vic) y el Segrià (Lleida), la Generalitat de Catalunya ha decidido ampliar cuatro años más la moratoria que impide ampliar y construir granjas de cerdos en estas localidades.

En estos lugares, los nitratos procedentes de los purines de los animales se sitúan por encima del volumen que pueden absorber los cultivos. Aunque la medida ya se aplica desde hace dos años, los niveles de contaminación continúan en registros similares: un 40,3% de la superficie de Catalunya está declarada vulnerable a la contaminación por nitratos de origen agrario, lo que representa casi la mitad de los municipios del territorio (465). Estos son los que presentan un índice de nitratos que supera los 50 miligramos por litro. Ante esta situación, las entidades agrarias instan al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural a que se ponga manos a la obra, analizando la actividad de todos los agentes de la cadena, no sólo de los ganaderos. Por su parte, las organizaciones ecologistas advierten de la problemática ambiental que supone el mal estado de los acuíferos, que son las reservas de agua naturales.

Tras la publicación del Decreto Ley de medidas extraordinarias de limitación de la densidad ganadera en zonas vulnerables (ZV), la organización Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) constata que «el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha fracasado en la reducción de la contaminación, tal como ha reconocido la conselleria, y está en camino de volver a hacerlo si no aborda la problemática de forma amplia, incidiendo en la actividad de todos los agentes implicados en este tema».

La entidad señala que un 20% de las tierras fertilizables situadas en zonas vulnerables no están abonando con deyecciones ganaderas porque hay una persecución de esta práctica. Para incentivar la fertilización orgánica, JARC pide al Departament d’Acció Climàtica y al Ministerio de Agricultura que se bonifique a todos aquellos agricultores que fertilicen con un mínimo de un 30% de abono orgánico. Su responsable sectorial del porcino, Jaume Bernis, comenta que, ya que «hay que abonar los campos para producir alimentos, debe hacerse de la manera más sostenible posible».

Mal estado de las masas de agua

El análisis de JARC no lo comparten ni en la forma ni en el fondo las entidades ecologistas. Es el caso de la plataforma Aigua es Vida, que recuerda que la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) presentó en el año 2019 el Pla de Districte de Conca Fluvial de Catalunya, donde ya se recogía el retraso de tres años para tener un buen estado ecológico de las masas de agua. El portavoz de la entidad, Quim Pérez, precisa que «en la contaminación de los acuíferos ni siquiera hemos sido capaces de reinvertir la tendencia, sino que ésta ha ido a más con el crecimiento de la cabaña porcina».

Pérez califica de «buena noticia» el decreto que extiende la moratoria, pero cree que resulta insuficiente hasta que no se impulsen medidas como la reducción de la cifra de cerdos para engordar en Catalunya, que se sitúa en los siete millones anuales. De hecho, desde Aigua es Vida se recuerda que la ACA se muestra de acuerdo con las alegaciones presentadas por las entidades ecologistas al plan de cuenca.

Entre éstas, se encuentran una moratoria al crecimiento de las granjas, el decrecimiento de la cabaña porcina, un plan de control de los vertidos de purines de las instalaciones, internalizar los costes en la industria porcina, una reparación de los daños causados al medio ambiente, dictar normas sobre la aplicación preventiva de antibióticos en la ganadería y considerar el engorde de los cerdos como una industria y no como una actividad agraria.

El ‘lobby’ del cerdo

Quim Pérez lamenta que las «presiones del ‘lobby del cerdo’ hayan sido tan potentes durante décadas que el sector ha hecho lo que ha querido bajo el amparo de la Administración y el pretexto de ser un ámbito que aporta mucho al PIB agrario y al de la economía catalana». De hecho, los datos oficiales muestran que el porcino es el cuarto sector industrial y el principal ámbito agroalimentario de Catalunya, con un peso del 21,6% del PIB industrial y del 4% del PIB del total.

A pesar de esta supuesta fortaleza, Pérez define la situación de muy grave por la contaminación por nitratos. «Estamos perdiendo nuestras reservas de agua en un contexto de emergencia climática, donde las sequías en Catalunya serán más recurrentes e intensas». Hace un año, la Comisión Europea ya requirió al Estado español para que cumpla la Directiva 91/676 sobre nitratos, con la que se quieren proteger las aguas superficiales y subterráneas de la contaminación procedente de fuentes agrarias, exigiendo a las autoridades que tomen medidas para evitarlo. La administración comunitaria añadía la necesidad de tomar «acciones adicionales o reforzadas en varias regiones para alcanzar los objetivos de la directiva».

Ante esta reprimenda, la consejera de Acció Climàtica, Teresa Jordà, admite que el volumen de deyecciones es superior a la cantidad que pueden asumir las necesidades de los cultivos en Catalunya. Aunque se reafirma en que con la moratoria, iniciada en el año 2019, se han dado pasos adelante, reconoce que «nos hemos quedado cortos y por eso la hemos tenido que alargar más con este decreto». Jordà explica que la nueva normativa también contempla la declaración anual de todos los empresarios ganaderos sobre los purines que generan y que es lo que hacen con ellos. La consellera reivindica la importancia de reconvertir los excedentes en plantas de compostaje y transformarlos en fertilizante orgánico.

Después de años y de algunas medidas correctoras, el problema de los nitratos en las aguas subterráneas aún afecta a un 68% de los acuíferos catalanes. Si no termina funcionando el plan para delimitar las zonas vulnerables por nitratos de origen agrario, el horizonte de las sanciones de la Unión Europea se convertirá en una realidad en 2027.

Macrogranjas en la España vaciada III

Macrogranjas en la España despoblada: hacia una economía regional (III)

por Enrique Lluch Frechina 


Acabo esta serie sobre las macrogranjas recordando que estamos hablando de otro paradigma diferente. En lugar de buscar en exclusiva una producción total superior a través de la concentración de la misma en unos pocos lugares y de un gran esfuerzo de transporte de insumos y de producción final de unos lugares del mundo a otros, el paradigma de lo suficiente se alcanza mejor a través de una producción a una escala menor, más repartida en el territorio, que abastezca únicamente a aquellos que viven cerca del lugar en el que se producen los bienes.

Si durante muchos años hemos necesitado de grandes empresas productoras para lograr que la producción fuese suficiente para llegar a unos niveles que redujesen las posibilidades de hambrunas y los niveles de miseria de muchos, en estos momentos, los avances tecnológicos de los que disponemos nos permiten tener unos niveles de producción pequeños sin que ello repercuta en una reducción de la producción o en unos problemas de hambre para la mayoría de la población.

Además, sabemos que los problemas de la distribución de alimentos o de la dificultad de acceso a ellos no se solucionan con una mayor productividad o con una reducción de precios exclusivamente. El problema para acceder a lo necesario no es una cuestión de precios sino de ingresos. Podemos producir mucho más, pero si no garantizamos unos ingresos a las personas, difícilmente podrán acceder a lo producido por muy baratos que estén los bienes.

Cambiar hacia un paradigma de lo suficiente supone apostar por pequeñas o medianas explotaciones que abastezcan al entorno más cercano (consumo de kilómetro cero), que emplen a una cantidad superior de trabajadores, que sean cuidadosas con el medio ambiente respetando el entorno en el que se encuentren, que produzcan una cantidad inferior de desechos y un menor número de pérdidas debido a la cercanía entre el productor y el comprador.

Sostenibilidad

Se trata de volver a un modelo que ha sido el tradicional a lo largo de la historia de la humanidad porque los medios técnicos no permitían ni la conservación de los alimentos perecederos ni su transporte rápido y a gran escala a lugares alejados. Pero en esta ocasión volvemos por opción, con unos medios que nos permiten que este cambio de paradigma no empeore la distrubución de los alimentos.

La cercanía a los lugares de consumo y un tamaño más reducido de las granjas nos lleva a un mejor reparto de la población, a unas posibilidades mayores de crear empleos con unos salarios dignos que garanticen que todos tengan al menos lo suficiente y unas condiciones de producción sostenibles. Tal vez la producción no sea tan elevada y quizás algo más cara, pero lograremos un mejor reparto y una sostenibilidad a largo plazo.

Las macrogranjas en la España vaciada

Macrogranjas en la España despoblada: cambiar el paradigma (II)

por Enrique Lluch Frechina 


  

Si la semana pasada veíamos como las macrogranjas ajustan perfectamente en el paradigma economicista que predomina en nuestra sociedad y que sus ventajas son casi imbatibles desde este punto de vista, esta semana vamos a ver las desventajas que tienen observándolas desde un paradigma económico humanista y sostenible como es el de lo suficiente.

  • La primera es que, a pesar de que si lo analizamos desde un punto de vista relativo, es decir, por tonelada o kilo de producción, puede tener un impacto medioambiental menor que las explotaciones tradicionales, como estas granjas tienen miles de animales en un espacio reducido, el impacto unitario inferior se convierte en un impacto agregado enorme. En lugar de residuos y contaminación a pequeña escala repartidos por todo el territorio, se concentra todo en un solo lugar, lo que tiene una repercusión medioambiental enorme. Como se producen más animales, la contaminación final también es mayor.
  • La segunda es que el empleo creado se concentra también en un solo lugar y es mucho menor que si se realizara la misma producción en pequeñas granjas (ese es uno de los motivos por los que son más rentables, porque emplean en global a menos personas).
  • La tercera es que, aunque parece que las macrogranjas se autofinancian, realmente pueden funcionar si el sector público realiza una gran inversión para facilitar las infraestructuras necesarias para desarrollar su actividad. Esta inversión también se concentra en un solo lugar en lugar de repartirse por el territorio y el sector público ayuda a estas grandes empresas a generar sus ganancias.
  • La cuarta tiene que ver con las exportaciones y con el transporte necesario para que funcionen. El hecho de que necesiten insumos a gran escala y que se venda la producción en otros países conlleva unos movimientos de mercancías a gran escala, tanto nacionales como internacionales que producen mayor contaminación y precisan de infraestructuras más grandes.

Explotaciones de un tamaño más pequeño

La alternativa desde un paradigma que en lugar de buscar más producción quiere que todos tengan al menos lo suficiente hoy y en el futuro, apuesta por explotaciones de un tamaño más pequeño, más repartidas en el territorio, con un impacto medioambiental menor y que utilicen los insumos de lo que se produce alrededor.

Esto puede traer una producción menor y posiblemente unos precios más altos, pero articula el territorio, precisa de unas infraestructuras menos espectaculares pero más repartidas y crea mucho más empleo ya que precisa de más trabajadores por tonelada producida. La próxima semana hablaré de cómo puede darse este modelo para potenciar una economía regional que busque lo suficiente para hoy y para el futuro e intente garantizar unas mejores condiciones sociales

Macrogranjas en la España despoblada

Macrogranjas en la España despoblada: consecuencia del paradigma economicista (I)

por Enrique Lluch Frechina 


El otro día me llegaba un email de una plataforma que se denomina “futuro limpio campiña segoviana” en el que me hablaban de una campaña que están moviendo para intentar frenar algunas macrogranjas que se están proyectando en la provincia de Segovia.

El tema de las macrogranjas es polémico porque algunos piensan que una solución adecuada para la España despoblada, mientras que otros opinan que no solo van a destruir empleo en lugar de crearlo sino que van a tener unos elevados problemas medioambientales en zonas poco pobladas y poco contaminadas en este momento. Para analizar esta cuestión con algo más de detalle voy a hablar sobre ellas durante tres semanas. En esta veremos como las macrogranjas son una consecuencias lógica del modelo economicista en el que nos movemos.

Esto es así porque una macrogranja consigue unos rendimientos mucho más elevados que las pequeñas explotaciones. Además, puede producir la carne por un precio más bajo, logra reducir el consumo de agua y de otros suministros por cada kilo producido, permite crear unos empleos fijos en zonas en los que antes no había, incrementa mucho la producción de carne logrando unos precios competitivos lo que lleva a que puedan incrementarse las exportaciones de este producto a otros países.

Por ello las macrogranjas dan un rendimiento elevado a quienes invierten en ellas. A pesar de los elevados requisitos medioambientales que tienen que cumplir, los ahorros en costes en otras partidas permiten mantener un elevado beneficio. Además, los costes que conllevan las insfraestructuras de transporte y telecomunicaciones necesarias para su funcionamiento, suelen correr a cargo del erario público.

Ventajas

Desde la lógica economicista, las macrogranjas parecen aportar todas las ventajas: incremento de la producción nacional, de las exportaciones, reducción del coste por kilo de producción que proviene de un menor uso de insumos por unidad, disminución de emisiones contaminantes por tonelada producida, generación de puestos de trabajo fijos, mejora de las infraestructuras que pueden beneficiar también a las poblaciones más cercanas a la macrogranja y cierta reducción de precios del producto final.

Una mirada economicista no presenta dudas ante las macrogranjas, todo son ventajas, la economía nacional se beneficia de ellas. Sin embargo, cuando miramos la misma realidad desde otro paradigma las conclusiones son diferentes. El próximo lunes cambiaremos la mirada para hablar de las macrogranjas desde otro paradigma económico.