La contaminación de las macrogranjas

Europa dice que «España debe adoptar más medidas» ante el impacto ambiental de las macrogranjas

La Comisión Europea reconoce a la eurodiputada Sira Rego que España sigue incumpliendo la directiva sobre nitratos, en buena medida porque las macrogranjas y otras actividades agrícolas y ganaderas siguen contaminando importantes acuíferos.

 La Comisión Europea (CE) considera que España debe adoptar más medidas ante el impacto medioambiental de las macrogranjas ya que el país sigue incumpliendo la directiva sobre nitratos, según reconoce la institución en una respuesta escrita a la eurodiputada Sira Rego.

La portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo preguntó a la CE hace dos meses —en plena campaña de bulos contra el ministro Alberto Garzón— por la posición de la Unión Europea frente al «impacto ecológico» de las macrogranjas.

La Comisión Europea advierte en su respuesta que España debe adoptar más medidas contra la eutrofización para todo el país, puesto que las adoptadas hasta la fecha no han sido suficientes para alcanzar los objetivos europeos marcados en la directiva sobre nitratos, según informa Izquierda Unida en una nota de prensa.

Más de la mitad de los pueblos de España bebe agua contaminada por nitratos

EDUARDO BAYONA

Europa cree que España debe «revisar y designar zonas vulnerables a los nitratos en siete regiones»

Entre las medidas concretas que la CE detalla que debe acometer España con urgencia están «revisar y designar zonas vulnerables a los nitratos en siete regiones, incluir todos los elementos obligatorios necesarios en los programas de acción para cinco regiones y adoptar medidas adicionales para las cuatro regiones en las que las medidas establecidas han resultado insuficientes para alcanzar los objetivos».

El texto de la respuesta recuerda también que «la Comisión envió una carta de emplazamiento y un dictamen motivado en el que destacaba el incumplimiento por parte de España de la Directiva sobre nitratos y que, en 2021, la Comisión anunció su decisión de llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no haber tomado medidas suficientes».

La situación es tan grave en España que en más de la mitad de los pueblos del país se bebe agua contaminada por nitratos.

No a las macrogranjas

Movimiento vecinal para evitar dos explotaciones ganaderas para más 26.000 cerdos en un pueblo de Albacete

Manifestación en Montealegre del Castillo para exigir que no se instalen macrogranjas. | SALVEMOS EL ARABÍ Y COMARCA

Las plataformas Salvemos el Cerro de los Santos, Arabí y Comarca, de Montealegre del Castillo (Albacete) y Salvemos el Arabí y Comarca de Yecla (Murcia), unidas en la reivindicación

SILVIA BEJARANO

ALBACETE.- La defensa y protección de enclaves milenarios ante la amenaza de la ganadería industrial son los motivos que han unido a la Plataforma Salvemos el Cerro de los Santos, Arabí y Comarca, de Montealegre del Castillo (Albacete) y a la Plataforma Salvemos el Arabí y Comarca de Yecla (Murcia).

Tras seis meses sin respuesta a sus demandas, el movimiento vecinal ha pedido a sus respectivos ayuntamientos una nueva reunión para que se lleve a efecto la modificación del Plan de Ordenación Urbana que impida definitivamente la instalación de dos explotaciones proyectadas por Cefusa (Grupo Fuertes-El Pozo) para más de 26.000 cerdos junto al Monte Arabí y el Cerro de los Santos.

El último encuentro se produjo el 14 de octubre de 2021 y en él los ayuntamientos se comprometieron a estudiar las vías legales y administrativas a su alcance para proteger el entorno del Patrimonio de la Humanidad y del yacimiento ibero, que pasan por la modificación del Plan de Ordenación Urbana basándose en un informe jurídico independiente que entregó la Plataforma Salvemos el Arabí y Comarca.

Salvemos el Arabí también solicitó por registro de entrada en el Ayuntamiento de Yecla que informara de las posibilidades legales y administrativas que tenía de establecer un convenio de colaboración con Montealegre para hacer frente a una posible indemnización, y al Consistorio de Montealegre que informara de las posibilidades para establecer una moratoria municipal para realizar una modificación puntual de su Plan de Ordenación.

Sin embargo, el portavoz de Salvemos el Arabí y Comarca, Alejandro Ortuño, lamenta que ninguno de los dos ayuntamientos ha emitido informe alguno tras medio año, y que el Ayuntamiento de Yecla se limita a manifestar que la autorización del proyecto fue realizada por el Gobierno de Castilla-La Mancha y que no conoce la posición del Ayuntamiento de Montealegre sobre la solicitada modificación de su Plan de Ordenación.

Mientras tanto, la moratoria de Yecla para la ganadería industrial y las plantas fotovoltaicas ha caducado y se ha conocido la negativa de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) a otorgar el agua necesaria para el proyecto y la caducidad también de las licencias municipales.

STOP macrogranja de gallinas en Cuenca

Rebelión vecinal contra la mayor macrogranja de gallinas de España que se proyecta en Cuenca

La expansión de la gripe aviar ha desatado la inquietud en San Clemente (Cuenca) frente a este proyecto.

Imagen de archivo© Proporcionado por El Español Imagen de archivo

LOS VECINOS EXIGEN LA PARALIZACIÓN DEL TRÁMITE

La plataforma vecinal contra la granja de gallinas que se planea instalar en San Clemente (Cuenca) ha pedido que se paralice la tramitación del proyecto ante la expansión del la gripe aviar, ya que será la mayor explotación avícola de puesta de España y una de las mayores de Europacon casi 1,5 millones de aves.

En una nota de prensa, la Plataforma Vecinal contra la Macrogranja de Gallinas ha sostenido este miércoles que «es una irresponsabilidad» del Gobierno de Castilla-La Mancha seguir con los trámites para construir esta explotación de ganadería industrial de alta densidad animal», con casi 1,5 millones de gallinas de puesta en suelo, «ante la expansión de gripe aviar H5N1 de alta patogenicidad entre aves que está azotando España en el último mes».

La portavoz de la plataforma, Llanos Ortiz, ha considerado: «Es demencial que, ante esta situación que está afectando a diversos países de Europa desde hace meses y en el último mes a España, las autoridades no cuestionen ni suspendan la tramitación de este proyecto que Rujamar apoyado por el Banco de Santander propone instalar, y que sería la mayor explotación avícola de puesta del país y una de las mayores de Europa».

La plataforma, que asegura que cuenta con el apoyo de más de 40.000 personas, que en un mes firmaron una petición para que se paralizaran los trámites, «viene alertando desde el pasado septiembre de la gran preocupación que hay entre los vecinos por los riesgos que conllevan este tipo de explotaciones para su entorno rural, y que incluye el riesgo de zoonosis», ha añadido.

Infección humana

Al respecto, ha señalado que a pesar de que diversos medios de comunicación han divulgado que la gripe aviar no es transmisible a humanos, y de que el riesgo es generalmente bajo, «el mes pasado se notificó un caso de infección humana por el virus en Reino Unido, y hace dos meses se reportó la muerte de una mujer en China a causa de la variante H5N6.

Asimismo, ha apuntado que según un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en los últimos 18 años hay reportados globalmente un total de 863 casos de la variante H5N1 de gripe aviar reportados en 18 países, de los que 455 provocaron fallecimientos.

También ha indicado que el Ministerio de Sanidad ha reportado que en 2020 y 2021, se ha observado un incremento en la notificación de casos humanos esporádicos de gripe aviar en el mundo, y que se han detectado casi diez veces más en 2021 con respecto a años previos.

El Ministerio ha señalado también que los virus de la gripe aviar «se encuentran entre los patógenos emergentes y reemergentes más preocupantes para la salud pública por su potencial pandémico».

Además, la plataforma ha explicado que el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente considera que las explotaciones industriales de esta magnitud, con alta concentración de animales, propician la proliferación de este tipo de virus, y que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria recomienda reducir la densidad de animales en estas instalaciones.

En zonas habitadas

Por otra parte, ha advertido que la explotación que se planea instalar estaría ubicada cerca de zonas habitadas de Casas de Roldán, Casas de los Pinos, Los Estesos, todos ellos en la provincia de Cuenca, y Ventas de Alcolea, una pedanía de Villarrobledo (Albacete), y ha añadido que «lo que es aún más preocupante», que estaría a menos de 500 metros de numerosas viviendas de la zona.

En este sentido, el colectivo ha expresado su disconformidad ante la moratoria contra las macrogranjas aprobada en enero por las Cortes regionales por no incluir la ganadería aviar, y ha achacado a «una falta de escrúpulos» que se pretenda construir una instalación «tan descomunal» a escasos metros de viviendas habitadas, vulnerando así los derechos básicos de bienestar de sus moradores.

Igualmente, ha alertado sobre las consecuencias negativas que una instalación de estas características puede generar en el entorno rural, ya que «el desproporcionado tamaño de la instalación», que está proyectada para 1.020.000 gallinas de puesta y 360.000 pollitas de recría, «supone una amenaza para la vida rural con un enorme impacto medioambiental, social y contra la salud de las personas».

Y además «no vela, bajo ningún concepto, por el bienestar animal, contrariamente a lo que argumenta la promotora», ha aseverado la plataforma.

Por otro lado, la plataforma ha aclarado que no se opone a la ganadería en general, sino «a ese modelo industrial con gran concentración de animales«, por lo que apoya modelos ganaderos más sostenibles de ganadería extensiva, «o incluso intensiva de menor escala y densidad de animales, bien gestionada», ha precisado.

La granja más contaminante de España

La macrogranja que más contamina de España está en el Altiplano de Granada

Según datos del Ministerio de Transición Ecológica, las instalaciones que más metano expulsan a la atmósfera y las terceras que echan más amoniaco son las que tiene Cefusa-El Pozo en la Dehesa del Rey en Castilléjar

— Una plataforma rural exige a la Junta que frene la supuesta ampliación de una macrogranja de cerdos al norte de Granada

Álvaro López

Darse un paseo por la Dehesa del Rey en Castilléjar, una población de unos 1.300 habitantes al norte de la provincia de Granada, en pleno corazón del Altiplano, ya no es lo que era. Desde hace un par de décadas, las macrogranjas –entendidas como tales por explotar a miles de animales al año de manera intensiva– le han ganado terreno a la naturaleza y lo que en el pasado eran campos de cultivo, hoy son instalaciones gigantes de cemento y metal en las que se escuchan a los animales encerrados. En estas granjas industriales porcinas nacen cientos de miles de lechones al año que son cebados hasta llevarlos al matadero. Cefusa-El Pozo es la empresa murciana que está detrás de ellas y también la que se encuentra en el punto de mira por tener la macrogranja más contaminante de España, según datos del Ministerio de Transición Ecológica.

Los datos «no son correctos»

Las cifras son llamativas. De acuerdo con la última información disponible del año 2020, la «Explotación Porcina Finca Dehesa del Rey» es la granja industrial que más metano emite a la atmósfera. Cada año, estas instalaciones generan 561 toneladas de este gas de efecto invernadero, más que ninguna otra del país. Pero no es el único que producen anualmente ya que, según la misma estadística, también se emiten 228 toneladas de amoniaco lo que la convierte en la tercera explotación de ganadería industrial de España en este sentido y la primera de tipo porcino. También está entre las instalaciones que más óxido nitroso expulsan a la atmósfera con 1,8 toneladas al año. Por comparar, estas instalaciones generan tanta contaminación como algunas refinerías de petróleo o como el centro de tratamientos de residuos de una capital de provincia como Palencia.

Sin embargo, Cefusa-El Pozo se defiende de estos números alegando que no son correctos porque el sistema de medición no es preciso. «Cumplimos con los umbrales establecidos en la Autorización Ambiental Integrada (AAI). La Administración avala los valores de metano en base a un sistema de cálculo que asigna un coeficiente por provincia que se multiplica por el número de cabezas, pero no tiene en cuenta otros procesos de optimización del purín (transformación en abono destinado a cultivos agrícolas) ni las Mejoras Técnicas Disponibles (MTD) con las que conseguimos reducir esas emisiones. Por tanto, la emisión real de metano en esta instalación es inferior a la que consta oficialmente en el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes. Una situación similar sucede con el sistema de cálculo referente a los datos de amoniaco», explican fuentes oficiales. Sin embargo, en estos números no se incluye la contaminación que generan las llamadas granjas integradoras que pertenecen a propietarios privados y que trabajan para Cefusa.

Una producción enorme de cerdos

No se incluyen porque la empresa murciana señala que las instalaciones de Dehesa del Rey se componen de 10 granjas que empezaron a instalarse hace 20 años, pero un paseo por la zona permite ver unas cuantas más. Estas que no están en la estadística son las granjas integradoras mencionadas. Para entenderlo, el sistema es sencillo. Las macrogranjas que Cefusa-El Pozo tiene en Dehesa del Rey son las conocidas como lechoneras que son las instalaciones a las que van a parar miles de cerdas reproductoras que tienen unos 25 lechones al año cada una de ellas.

En la granja industrial más grande de la zona hay alrededor de 23.000 cerdas que tienen unos 650.000 lechones anualmente. Estos animales luego son enviados a las empresas integradoras donde son cebados hasta alcanzar los 100 kilos para mandarlos al matadero que Cefusa-El Pozo tiene en Alhama de Murcia. Estos granjeros privados cobran un canon por parte de la empresa murciana por cebar a los lechones, pero la contaminación que generan no se suma a la estadística de las granjas industriales de Cefusa-El Pozo en Dehesa del Rey, siendo los mismos animales. Además, como la producción de cerdos no termina de compensar los gastos de estas integradoras, los propietarios piden periódicamente que se amplíen sus instalaciones para albergar más lechones a los que cebar.

El conflicto de los nitratos

El problema que se suma a todos estos datos de contaminación es el que tiene que ver con los purines. Así se les llama a los restos orgánicos que generan estas granjas industriales. No obstante, según explica un extrabajador, estos purines tienen restos de todo tipo. Paseando por el entorno ya no son visibles las balsas a las que se arrojan estos desechos, aunque sí se pueden apreciar por satélite, pero ha habido momentos en los que se han ubicado muy cerca de núcleos de población o incluso de cementerios. Ángeles García-Fresneda, portavoz de Salvemos el Altiplano, una plataforma rural que lleva años luchando contra la expansión de esta industria a la que consideran muy dañina, explica que estos purines han generado «mierda y olores insoportables para los vecinos que vivimos en esta zona». En un recorrido realizado por este medio en Dehesa del Rey el olor ya no es tan perceptible como hace tiempo, pero sigue siendo desagradable en algunos puntos. «Tampoco sabemos realmente cuántas granjas hay porque somos conscientes de que algunas están ocultas detrás de los cerros para que no podamos verlas», afirma.

El otro problema derivado es que los acuíferos del entorno también se ven afectados por estos purines, según la plataforma rural. Según explican extrabajadores de la empresa con los que ha hablado elDiario.es Andalucía, tras dividir los residuos de las balsas de purines, el líquido resultante, que tiene una gran cantidad de nitratos, se transporta en camiones para que se deposite en el campo que hay alrededor. Este proceso se suele hacer por la noche, cuando termina la jornada en las granjas, por lo que el olor llega a ser «nauseabundo» y provoca «ganas de vomitar» en los lugares más próximos al sitio donde se arrojan estos restos, relatan testigos. Además, como acaban filtrándose bajo la superficie, estos restos pueden llegar hasta los acuíferos y contaminarlos. Según datos del Ministerio de Transición Ecológica sobre la concentración media de nitratos en los acuíferos de España en el periodo 2016–2019, el entorno de la Dehesa del Rey tiene, al menos, un punto en el que los nitratos alcanzan una media de entre 25 y 40 mg/l. Diversos estudios apuntan a que cuando la concentración supera los 25 mg/l, el agua se contamina.

«Se están realizando analíticas periódicamente para determinar la calidad tanto de aguas subterráneas como de suelos, cuyos resultados se emiten anualmente al órgano competente (es uno de los condicionados de la Autorización Ambiental Integrada)», aseguran fuentes de Cefusa-El Pozo. «No se han apreciado valores analíticos anormales ni variación respecto a los niveles que había antes de construirse las granjas, en torno a 5 mg/l, diez veces menos del límite establecido por la OMS para agua potable». Para precisar más sobre la posible contaminación por nitratos, este medio ha consultado a la Catedrática de Geodinámica de la Universidad de Granada, María Luisa Calvache. La experta dice que la masa de agua del entorno «aparece en buen estado químico». Lo que no significa, dice, que no esté contaminada porque puede existir pero que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, responsable de este lugar, aún no la haya detectado y por lo tanto no aparezca en los datos.

La elevada profundidad a la que se encuentra el nivel freático de los acuíferos (140 m según el dato que aportan fuentes de Cefusa-El Pozo) y las escasas precipitaciones de la zona (300 mm según dato aportado) son dos factores que, en principio, no favorecerían la contaminación de las aguas subterráneas. Calvache asegura que «habría que tener en cuenta otro factor importante que sería la permeabilidad de los materiales sobre los que se asientan las granjas. Esto puede favorecer más o menos la transmisión de los nitratos hasta alcanzar la zona saturada del acuífero».

Un entorno que ha perdido población

Una situación contra la que luchan en Salvemos el Altiplano desde hace varios años. Ángeles García-Fresneda es una de las personas más activas en la plataforma y es ella la que acompaña a elDiario.es Andalucía en un recorrido por la zona para ver cómo estas granjas industriales han poblado claramente el entorno. De hecho, su penetración es tal en Castilléjar que en el ambiente de esta población se percibe que hablar de las macrogranjas es un asunto tabú. Nadie quiere hacerlo y quien lo hace es de forma anónima. Unos 40 trabajadores de Cefusa-El Pozo son vecinos de este municipio, lo que supone que un número elevado de familias del mismo se ven afectadas de forma directa o indirecta por esta industria. «La gente no suele hablar de eso. Hay muchos defensores porque estamos en un pueblo pequeño. Imagínate que, en un pueblo de 1.000 personas, todo el mundo tiene familiares en las macrogranjas, y hay gente que piensa en el daño que hacen, pero los trabajadores, por supuesto, no hablan», dice a este medio uno de estos exempleados que prefiere permanecer en el anonimato.

Según datos de Ecologistas en Acción, la expansión de la ganadería industrial en localidades como Castilléjar ha coincidido con una pérdida importante de población de en torno al 25% en los últimos 20 años. Ángeles García-Fresneda lamenta que «las macrogranjas estén destrozando un sitio tan precioso». La Dehesa del Rey era hace décadas un lugar de encuentro para las familias de la zona y por ella se podían ver a animales pastando libremente en granjas de ganadería extensiva que ya han desaparecido. Hoy, solo quedan las construcciones que un día albergaron a ganaderos que daban de comer a sus familias y que ya han sido expulsados del lugar, incapaces de competir contra un gigante como Cefusa-El Pozo.

«La gente ya no puede ni quiere vivir aquí porque el empleo que generan es precario y el ambiente es muy hostil», denuncia Ángeles GarcíaFresneda de Salvemos el Altiplano. Un exempleado asegura que el entorno de trabajo es desagradable por las presiones que sufren, hasta el punto de que el convenio laboral que tienen es muy estricto con los días de libre disposición para cobrar 1.400 euros mensuales como sueldo base. Además, «no es algo que pueda hacer todo el mundo porque son labores difíciles y que resultan chocantes para muchos».

El debate sobre el empleo joven

Cefusa-El Pozo niega que su implantación genere pérdida de población: «La ganadería asienta el territorio por el empleo que genera e incentiva el de otras actividades indirectas vinculadas al sector. Por cada empleo en la producción animal, se generan 5 en la industria auxiliar». En estas instalaciones, dicen, trabajan 160 personas tanto de este municipio como de alrededores. «En zonas rurales se asientan poblaciones donde la pirámide demográfica está envejecida con alto porcentaje de personas jubiladas. Estas granjas dan empleo a la gente joven del lugar y evitan que haya un éxodo del campo a la ciudad, creando nuevas familias que se arraiguen en estas zonas». Una cuestión que no comparten los lugareños que sí se atreven a mencionar el tema y que culpan a esta ganadería industrial de haber expulsado a muchos jóvenes y familias que no quieren vivir en un entorno contaminado y en el que los malos olores, los ruidos de los animales y el continuo ir y venir de camiones transportando cerdos son la tónica dominante.

Por su parte, el alcalde de Castilléjar, Emilio Sánchez, niega que las granjas industriales estén detrás de la despoblación que padecen. «Todos los pueblos del medio rural que conozco han perdido población». Explica que con las macrogranjas hay «demasiada manipulación» y que «no son tan buenas como pintan algunos ni tan malas como pintan otros». No obstante, los datos de contaminación no son discutibles, más allá del método de medición del que se queja Cefusa-El Pozo afirmando que el nuevo sistema que se va a implantar llamado ECOGAN será más preciso. Sobre ese aspecto, la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía dice que hay que apostar por «un debate sereno, responsable y comprometido a fin de afrontar los retos una actividad ganadera que es vital para las zonas rurales de Andalucía. Un debate que cuente con el sector agroalimentario y tenga en cuenta la sostenibilidad ambiental y económica de esta actividad».

Al mismo tiempo, dado que la contaminación y la despoblación se está produciendo en la provincia de Granada, este medio ha preguntado sobre estos temas a la Diputación de Granada que prefiere guardar silencio alegando que las macrogranjas no son algo sobre lo que tengan competencias. Llama la atención porque el exalcalde de Castilléjar, Jesús Raya Ibar, es un alto cargo de este organismo provincial que dejó su puesto como regidor hace pocas semanas, justo cuando la justicia amplió el periodo para investigar la venta de unos terrenos familiares para ampliar una granja integradora cebadora de cerdos para Cefusa-El Pozo.

Las macrogranjas sí existen

Las macrogranjas sí existen y estas son sus consecuencias: degradación ambiental, despoblación y maltrato animal

Vista general de una macrogranja vacuna.
Vista general de una macrogranja vacuna.  Ana Escobar / EFE

El PP niega la evidencia y dice que en España no existen macrogranjas. Las plataformas de la España rural denuncian, frente a ello, los efectos negativos de este modelo agrario que contamina acuíferos y no contribuye a fijar la población en zonas con problemas demográficos.

ALEJANDRO TENA

«Las macrogranjas no existen». El PP niega la evidencia y retuerce aún más el bulo sobre la ganadería que, durante los últimos días, ha puesto de relieve las diferencias internas en el seno del Gobierno de coalición. Estas palabras han sido pronunciadas este martes por la portavoz de Agricultura del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Milagros Marcos, y por candidato popular a la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que ha calificado el término macrogranja como «una cortina de humo». Unos argumentos similares a los que han esgrimido a Público fuentes de la patronal cárnica (FECIC), que consideran que en el Estado español no existen instalaciones de este tipo: «Las macrogranjas son las que hay en China, edificios de hasta siete plantas donde se crían miles de animales».

Aunque se trata de una palabra nueva, ni siquiera presente en el diccionario de la RAE, las macrogranjas son una realidad creciente en España a la que el propio PP se ha opuesto en numerosos municipios del país debido a las implicaciones ambientales, sociales y económicas. «Estamos sorprendidas de que digan que esto no existe. ¿Cómo llamarían ellos una explotación de 85.000 cerdos? Es una macrogranja porque sus impactos son macro, tanto a nivel de consumo de recursos, como en el impacto ambiental y en el territorio», dice a Público Inmaculada Lozano, portavoz de la Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial, una plataforma compuesta por 50 movimientos vecinales de siete comunidades autónomas afectadas por proyectos agropecuarios de este tipo.https://e3c68c2c889e235bac734e77cbf37e7e.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html»¿Cómo llamarían ellos una explotación de 85.000 cerdos? Es una macrogranja»

Esta activista conoce de cerca lo que supone convivir en un entorno marcado por la industrialización del ganado, pues su municipio, Pozuelo (Albacete), está sumergido actualmente en un conflicto para la ampliación de una macrogranja de cerdos que podría suponer el almacenamiento de más de 60.000 toneladas de purines al año. Unos desechos porcinos que podrían terminar contaminando los acuíferos y dejar al pueblo sin agua

Las filtraciones son abundantes debido a la difícil tarea de contener y almacenar de manera sostenible los purines de los animales. Esto genera un exceso de nitratos en las masas de agua que afecta en buena medida a la salud pública de las poblaciones colindantes a las macrogranjas, así como al rendimiento agrario del entorno, que se ve repercutido negativamente por la contaminación. En Castilla y León, donde Mañueco niega la existencia de las macrgranjas, hay 387 municipios con sus reservas hidrológicas bajo tierra contaminadas por los vertidos, según los propios datos de la Junta. Pero no es la única comunidad con zonas vulnerables, en tanto que Bruselas ha denunciado a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por incumplir la Directiva sobre nitratos que establece que los Estados deben controlar y disminuir la contaminación agrícola de sus masas de agua. Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Murcia son algunas de las regiones señaladas por las autoridades europeas.

El impacto ambiental es también social sí se tiene en cuenta que la denominada España vaciada conserva una economía de sector primario donde la dependencia de la tierra y el buen estado de los recursos naturales se presta crucial. Mientras el número de macroinstalaciones ha crecido un 35% en el último lustro, las granjas familiares han caído un 30% en España en los últimos diez años, según los datos del Ministerio de Agricultura recogidos por la plataforma Stop Ganadería Industrial. Estos números tienen sus reflejo en el abandono de cultivos tradicionales y en la incapacidad de fijar población.

En la geografía española hay algunos ejemplos como el de Balsa de Ves (Cuenca), donde se autorizó en 2006 la apertura de una macrogranja para la cría de unas 100.000 cabezas al año. Desde su puesta en marcha, la curva demográfica ha caído un 43%, pasando de 227 vecinos a 129, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Si bien, la falta de servicios tampoco ayudó repoblar este pequeño territorio, la llegada del proyecto agropecuario intensivo no sirvió siquiera para mantener estable la población. Como Balsa de Ves, existen otros casos en España, como la de Cancarix (Albacete), con más de 200.000 cabezas de ganado criados al año, y Castillejar (Granada). Esta última da trabajo a unos 60 empleados. Un número alto, pero insuficiente para contener la sangría demográfica, que desde 2005 –año en que comenzó a operar la macrogranja– sufre el municipio, con una caída de su censo del 19%, según los datos del INE.

«La ganadería industrial es un modelo depredador tanto de recursos naturales como de territorio»

«La ganadería industrial es un modelo depredador tanto de recursos naturales como de territorio. Es un modelo dependiente enormemente de la ingesta de piensos cuya producción está favoreciendo la deforestación acelerada en países como Brasil, Argentina o Uruguay. Además, en nuestro territorio, consume enormes cantidades de agua y destruyen los recursos hídricos con los purines. Es un sistema que se debe extinguir, porque es insostenible a nivel ambiental y económico. De hecho, las autoridades europeas y los países de nuestro entorno ya están empezando a plantear una reducción de las macrogranjas por todo ello», añade Andrés Muñoz, responsable de Soberanía Alimentaria de Amigos de la Tierra.

Maltrato animal

Existe además una arista vinculada a la producción industrial de carne que tiende a pasar desapercibida. Se trata del bienestar de los animales, tanto en el proceso de cría dentro de las granjas intensivas, como en las cadenas de sacrificio de los macromataderos. El trabajo del fotoperiodista Aitor Garmendia lo dice todo sin letras ni estadísticas, sólo con fotos. El investigador se adentró recientemente en 32 centros ganaderos de Castilla y León, Aragón y Castilla-La Mancha retrató con su cámara las pésimas condiciones de vida de los animales, muchos de ellos alimentándose de otros que ya habían muerto. La mayoría de las fotos reflejan el incumplimiento sistemático de las normativas europeas de bienestar animal: dificultades en la movilidad, heridas abiertas, articulaciones con necrosis o cadáveres de lechones aplastados.»Lo que sucede en este modelo es que los animales sufren desde el primer minuto de su vida»

«Las macrogranjas son la máxima expresión de la ganadería industrial. En esta lógica lo que prima es obtener el máximo beneficio económico al mínimo coste. Esta visión, aplicada a los animales, significa que estos son convertidos literalmente en mercancías. Por eso, más allá de las normativas de bienestar animal, lo que sucede en este modelo es que los animales sufren desde el primer minuto de su vida. Hacinados en naves industriales sin poder desarrollar ningún comportamiento natural, sólo ven la luz del sol el día que los meten en camión camino al matadero», argumenta a Público Javier Moreno, fundador de la Fundación Igualdad Animal.

Las muertes de animales en estas granjas industriales son habituales. La automatización de los procesos ganaderos y las duras condiciones laborales –además del elevado ritmo productivo– imposibilitan la vigilancia adecuada, según denuncia Igualdad Animal. Todo ello repercute directamente en la salud de los consumidores, pues de estos centros salen alimentos cárnicos de peor calidad ya que se aceleran los procesos de crecimiento. Moreno recuerda que «la ganadería industrial ha causado la mayoría de las nuevas enfermedades infecciosas en los seres humanos en la última década». El hacinamiento, la debilidad de la salud de los ejemplares criados y el uso excesivo de antibióticos son factores determinantes a la hora de elevar las posibilidades de un episodio de zoonosis como el que se vivió en su día con la gripe aviar.

Rebelión vecinal contra macrogranjas de gallinas

Rebelión vecinal contra la mayor macrogranja de gallinas de España que se proyecta en Cuenca

La expansión de la gripe aviar ha desatado la inquietud en San Clemente (Cuenca) frente a este proyecto.

Imagen de archivo© Proporcionado por El Español Imagen de archivo

LOS VECINOS EXIGEN LA PARALIZACIÓN DEL TRÁMITE

La plataforma vecinal contra la granja de gallinas que se planea instalar en San Clemente (Cuenca) ha pedido que se paralice la tramitación del proyecto ante la expansión del la gripe aviar, ya que será la mayor explotación avícola de puesta de España y una de las mayores de Europacon casi 1,5 millones de aves.

En una nota de prensa, la Plataforma Vecinal contra la Macrogranja de Gallinas ha sostenido este miércoles que «es una irresponsabilidad» del Gobierno de Castilla-La Mancha seguir con los trámites para construir esta explotación de ganadería industrial de alta densidad animal», con casi 1,5 millones de gallinas de puesta en suelo, «ante la expansión de gripe aviar H5N1 de alta patogenicidad entre aves que está azotando España en el último mes».

La portavoz de la plataforma, Llanos Ortiz, ha considerado: «Es demencial que, ante esta situación que está afectando a diversos países de Europa desde hace meses y en el último mes a España, las autoridades no cuestionen ni suspendan la tramitación de este proyecto que Rujamar apoyado por el Banco de Santander propone instalar, y que sería la mayor explotación avícola de puesta del país y una de las mayores de Europa».

La plataforma, que asegura que cuenta con el apoyo de más de 40.000 personas, que en un mes firmaron una petición para que se paralizaran los trámites, «viene alertando desde el pasado septiembre de la gran preocupación que hay entre los vecinos por los riesgos que conllevan este tipo de explotaciones para su entorno rural, y que incluye el riesgo de zoonosis», ha añadido.

Infección humana

Al respecto, ha señalado que a pesar de que diversos medios de comunicación han divulgado que la gripe aviar no es transmisible a humanos, y de que el riesgo es generalmente bajo, «el mes pasado se notificó un caso de infección humana por el virus en Reino Unido, y hace dos meses se reportó la muerte de una mujer en China a causa de la variante H5N6.

Asimismo, ha apuntado que según un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en los últimos 18 años hay reportados globalmente un total de 863 casos de la variante H5N1 de gripe aviar reportados en 18 países, de los que 455 provocaron fallecimientos.

También ha indicado que el Ministerio de Sanidad ha reportado que en 2020 y 2021, se ha observado un incremento en la notificación de casos humanos esporádicos de gripe aviar en el mundo, y que se han detectado casi diez veces más en 2021 con respecto a años previos.

El Ministerio ha señalado también que los virus de la gripe aviar «se encuentran entre los patógenos emergentes y reemergentes más preocupantes para la salud pública por su potencial pandémico».

Además, la plataforma ha explicado que el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente considera que las explotaciones industriales de esta magnitud, con alta concentración de animales, propician la proliferación de este tipo de virus, y que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria recomienda reducir la densidad de animales en estas instalaciones.

En zonas habitadas

Por otra parte, ha advertido que la explotación que se planea instalar estaría ubicada cerca de zonas habitadas de Casas de Roldán, Casas de los Pinos, Los Estesos, todos ellos en la provincia de Cuenca, y Ventas de Alcolea, una pedanía de Villarrobledo (Albacete), y ha añadido que «lo que es aún más preocupante», que estaría a menos de 500 metros de numerosas viviendas de la zona.

En este sentido, el colectivo ha expresado su disconformidad ante la moratoria contra las macrogranjas aprobada en enero por las Cortes regionales por no incluir la ganadería aviar, y ha achacado a «una falta de escrúpulos» que se pretenda construir una instalación «tan descomunal» a escasos metros de viviendas habitadas, vulnerando así los derechos básicos de bienestar de sus moradores.

Igualmente, ha alertado sobre las consecuencias negativas que una instalación de estas características puede generar en el entorno rural, ya que «el desproporcionado tamaño de la instalación», que está proyectada para 1.020.000 gallinas de puesta y 360.000 pollitas de recría, «supone una amenaza para la vida rural con un enorme impacto medioambiental, social y contra la salud de las personas».

Y además «no vela, bajo ningún concepto, por el bienestar animal, contrariamente a lo que argumenta la promotora», ha aseverado la plataforma.

Por otro lado, la plataforma ha aclarado que no se opone a la ganadería en general, sino «a ese modelo industrial con gran concentración de animales«, por lo que apoya modelos ganaderos más sostenibles de ganadería extensiva, «o incluso intensiva de menor escala y densidad de animales, bien gestionada», ha precisado.

Las macrogranjas sí existen

Las macrogranjas sí existen y estas son sus consecuencias: degradación ambiental, despoblación y maltrato animal

El PP niega la evidencia y dice que en España no existen macrogranjas. Las plataformas de la España rural denuncian, frente a ello, los efectos negativos de este modelo agrario que contamina acuíferos y no contribuye a fijar la población en zonas con problemas demográficos.

ALEJANDRO TENA

«Las macrogranjas no existen». El PP niega la evidencia y retuerce aún más el bulo sobre la ganadería que, durante los últimos días, ha puesto de relieve las diferencias internas en el seno del Gobierno de coalición. Estas palabras han sido pronunciadas este martes por la portavoz de Agricultura del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Milagros Marcos, y por candidato popular a la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que ha calificado el término macrogranja como «una cortina de humo». Unos argumentos similares a los que han esgrimido a Público fuentes de la patronal cárnica (FECIC), que consideran que en el Estado español no existen instalaciones de este tipo: «Las macrogranjas son las que hay en China, edificios de hasta siete plantas donde se crían miles de animales».

Aunque se trata de una palabra nueva, ni siquiera presente en el diccionario de la RAE, las macrogranjas son una realidad creciente en España a la que el propio PP se ha opuesto en numerosos municipios del país debido a las implicaciones ambientales, sociales y económicas. «Estamos sorprendidas de que digan que esto no existe. ¿Cómo llamarían ellos una explotación de 85.000 cerdos? Es una macrogranja porque sus impactos son macro, tanto a nivel de consumo de recursos, como en el impacto ambiental y en el territorio», dice a Público Inmaculada Lozano, portavoz de la Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial, una plataforma compuesta por 50 movimientos vecinales de siete comunidades autónomas afectadas por proyectos agropecuarios de este tipo.

Esta activista conoce de cerca lo que supone convivir en un entorno marcado por la industrialización del ganado, pues su municipio, Pozuelo (Albacete), está sumergido actualmente en un conflicto para la ampliación de una macrogranja de cerdos que podría suponer el almacenamiento de más de 60.000 toneladas de purines al año. Unos desechos porcinos que podrían terminar contaminando los acuíferos y dejar al pueblo sin agua

Las filtraciones son abundantes debido a la difícil tarea de contener y almacenar de manera sostenible los purines de los animales. Esto genera un exceso de nitratos en las masas de agua que afecta en buena medida a la salud pública de las poblaciones colindantes a las macrogranjas, así como al rendimiento agrario del entorno, que se ve repercutido negativamente por la contaminación. En Castilla y León, donde Mañueco niega la existencia de las macrgranjas, hay 387 municipios con sus reservas hidrológicas bajo tierra contaminadas por los vertidos, según los propios datos de la Junta. Pero no es la única comunidad con zonas vulnerables, en tanto que Bruselas ha denunciado a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por incumplir la Directiva sobre nitratos que establece que los Estados deben controlar y disminuir la contaminación agrícola de sus masas de agua. Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Murcia son algunas de las regiones señaladas por las autoridades europeas.

El impacto ambiental es también social sí se tiene en cuenta que la denominada España vaciada conserva una economía de sector primario donde la dependencia de la tierra y el buen estado de los recursos naturales se presta crucial. Mientras el número de macroinstalaciones ha crecido un 35% en el último lustro, las granjas familiares han caído un 30% en España en los últimos diez años, según los datos del Ministerio de Agricultura recogidos por la plataforma Stop Ganadería Industrial. Estos números tienen sus reflejo en el abandono de cultivos tradicionales y en la incapacidad de fijar población.

En la geografía española hay algunos ejemplos como el de Balsa de Ves (Cuenca), donde se autorizó en 2006 la apertura de una macrogranja para la cría de unas 100.000 cabezas al año. Desde su puesta en marcha, la curva demográfica ha caído un 43%, pasando de 227 vecinos a 129, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Si bien, la falta de servicios tampoco ayudó repoblar este pequeño territorio, la llegada del proyecto agropecuario intensivo no sirvió siquiera para mantener estable la población. Como Balsa de Ves, existen otros casos en España, como la de Cancarix (Albacete), con más de 200.000 cabezas de ganado criados al año, y Castillejar (Granada). Esta última da trabajo a unos 60 empleados. Un número alto, pero insuficiente para contener la sangría demográfica, que desde 2005 –año en que comenzó a operar la macrogranja– sufre el municipio, con una caída de su censo del 19%, según los datos del INE.

La campiña segoviana se levanta contra las macrogranjas: 1,2 millones de cerdos frente a 150.000 habitantes

«La ganadería industrial es un modelo depredador tanto de recursos naturales como de territorio. Es un modelo dependiente enormemente de la ingesta de piensos cuya producción está favoreciendo la deforestación acelerada en países como Brasil, Argentina o Uruguay. Además, en nuestro territorio, consume enormes cantidades de agua y destruyen los recursos hídricos con los purines. Es un sistema que se debe extinguir, porque es insostenible a nivel ambiental y económico. De hecho, las autoridades europeas y los países de nuestro entorno ya están empezando a plantear una reducción de las macrogranjas por todo ello», añade Andrés Muñoz, responsable de Soberanía Alimentaria de Amigos de la Tierra.

Maltrato animal

Existe además una arista vinculada a la producción industrial de carne que tiende a pasar desapercibida. Se trata del bienestar de los animales, tanto en el proceso de cría dentro de las granjas intensivas, como en las cadenas de sacrificio de los macromataderos. El trabajo del fotoperiodista Aitor Garmendia lo dice todo sin letras ni estadísticas, sólo con fotos. El investigador se adentró recientemente en 32 centros ganaderos de Castilla y León, Aragón y Castilla-La Mancha retrató con su cámara las pésimas condiciones de vida de los animales, muchos de ellos alimentándose de otros que ya habían muerto. La mayoría de las fotos reflejan el incumplimiento sistemático de las normativas europeas de bienestar animal: dificultades en la movilidad, heridas abiertas, articulaciones con necrosis o cadáveres de lechones aplastados.

«Las macrogranjas son la máxima expresión de la ganadería industrial. En esta lógica lo que prima es obtener el máximo beneficio económico al mínimo coste. Esta visión, aplicada a los animales, significa que estos son convertidos literalmente en mercancías. Por eso, más allá de las normativas de bienestar animal, lo que sucede en este modelo es que los animales sufren desde el primer minuto de su vida. Hacinados en naves industriales sin poder desarrollar ningún comportamiento natural, sólo ven la luz del sol el día que los meten en camión camino al matadero», argumenta a Público Javier Moreno, fundador de la Fundación Igualdad Animal.

La evidencia científica no es un bulo: limitar el consumo de carne roja reduce la aparición de enfermedades

Las muertes de animales en estas granjas industriales son habituales. La automatización de los procesos ganaderos y las duras condiciones laborales –además del elevado ritmo productivo– imposibilitan la vigilancia adecuada, según denuncia Igualdad Animal. Todo ello repercute directamente en la salud de los consumidores, pues de estos centros salen alimentos cárnicos de peor calidad ya que se aceleran los procesos de crecimiento. Moreno recuerda que «la ganadería industrial ha causado la mayoría de las nuevas enfermedades infecciosas en los seres humanos en la última década». El hacinamiento, la debilidad de la salud de los ejemplares criados y el uso excesivo de antibióticos son factores determinantes a la hora de elevar las posibilidades de un episodio de zoonosis como el que se vivió en su día con la gripe aviar.

«Nosotros, los obreros, somos los que estamos haciendo el trabajo sucio. Somos los que estamos en la cadena y no tenemos derecho a abrir la boca por nada. Así mismo te lo dicen cuando entras a trabajar. Es un curro duro de la hostia, no sólo mentalmente, también físicamente», comenta a Público Mauricio García Pereira, extrabajador de varios mataderos en Francia que, tras años en el sector, decidió escribir un libro –Maltrato animal, sufrimiento humano (Península)– en el que retrata cómo las duras condiciones laborales del sector se entrelazan con la violación sistemática de las normativas de bienestar animal.

Macrogranjas y macromataderos comparten el ritmo y el estrés productivo y las condiciones laborables mejorables. Desde CCOO reconocen que se trata de un sector muy precarizado y piden a la Administración que se apueste por un modelo ganadero que sea sostenible para el campo, pero también para los propios empleados. La pandemia puso de manifiesto las malas praxis del sector intensivo, con más de 2.600 contagios en los primeros meses de la epidemia por la imposibilidad de respetar las medidas preventivas contra el virus en el puesto de trabajo. José Juan Arceiz, de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT, sostiene que «el tema de las macrogranjas es complejo», pero advierte que en los últimos tres años se han dado pasos importantes para reducir la precariedad del sector, ya que el sector sindical consiguió que la mayoría de los trabajos –hasta entonces falsos autonomos– estuvieran controlados laboralmente por convenio. «Hemos conseguido cosas y estamos contentos en ese sentido, pero aún falta mucho. Se arrastran muchas malas prácticas del pasado y hace falta también que los propios trabajadores conozcan sus propios derechos. Eso es fundamental, pero es complejo ya que es un sector con un porcentaje alto de empleados migrantes, sobre todo del este de Europa y África subsahariana, que tienen poco arraigo. Actualmente tenemos un gasto importante en traducción de convenios a los idiomas correspondientes para que los trabajadores puedan conocer sus condiciones, es algo que consideramos que debería cubrir la Administración o la patronal», pide el sindicalista

«Factoría», la investigación que desenmascara la barbarie tras la industria del cerdo

El fotoperiodista Aitor Garmendia publica una investigación sobre industria porcina española. La publicación se nutre de imágenes y documentos sobre 32 centros ganaderos de Castilla y León, Aragón y Castilla-La Mancha

Área de gestación. En el Estado español y en la gran mayoría de territorios de la UE, la ley permite introducir a las cerdas en jaulas individuales durante las cuatro primeras semanas de embarazo./ Aitor Garmendia
Área de gestación. En el Estado español y en la gran mayoría de territorios de la UE, la ley permite introducir a las cerdas en jaulas individuales durante las cuatro primeras semanas de embarazo./ Aitor Garmendia.

ALEJANDRO TENA@AlxTena

En España, el sector porcino ganadero tiene ya una población superior a los 30 millones anuales, que consolidan al Estado como el mayor productor de toda la Unión Europea y el tercero a nivel mundial, sólo por detrás de China y Estados Unidos. El Estado es también el primer exportador de carne de cerdo de todo el continente, con una facturación anual que supera los 15.000 millones, según los datos de la propia industria. El podio cerdícola se ha alcanzado, no en vano, gracias a la industrialización de un sector donde el maltrato animal está sistematizado y la transparencia brilla por su ausencia. Esta es la conclusión general de Factoría, una investigación exhaustiva dirigida por el fotoperiodista Aitor Garmendia, que ha accedido a 32 explotaciones ganaderas de Castilla y León, Aragón y Castilla-La Mancha entre 2019 y 2020.

La publicación, que ha sido realizada con ayuda de otros investigadores que han decidido permanecer en el anonimato, cuenta con la supervisión del veterinario Alfonso Senovilla, muestra cómo las leyes de bienestar animal se vulneran en cada una de las fases productivas de las granjas industriales, constatando todo tipo de irregularidades. Cerdos con dificultades en la movilidad, heridas abiertas, articulaciones con necrosis o cadáveres de lechones aplastados son algunas de las incidencias recogidas en la investigación.

En el área de gestación, el lugar de las granjas donde las cerdas son inseminadas y enjauladas durante semanas, se ha constatado cómo los animales permanecen en un espacio reducido manchado con sus propias heces. «En dos de las salas de gestación a las que hemos accedido los purines se habían desbordado y formaban charcos bajo las jaulas», explica el informe. En estas celdas –de unas dimensiones de unos dos metros de largo por sesenta de ancho– las hembras permanecen cuatro semanas, casi inmovilizadas, desde que son cubiertas. Una semana previa al parto, vuelven a ser trasladadas a estas jaulas, donde pueden permanecer más de un mes después de haber dado a luz a los lechones. Según el estudio, esta situación provoca múltiples enfermedades, que van desde las heridas en la piel a causa del roce con los barrotes, hasta problemas cardiovasculares. Tanto es así, que la tasa de mortalidad de las cerdas reproductoras que pasan por este tipo de áreas es del 9,9%, tal y como destaca la publicación.

Tras dar a luz, las cerdas pasan al denominado área de maternidad, recintos modulares provistos de una zona para la hembra y otra para los lechones, desde donde acceden a las ubres de la madre para ser amamantados. Allí pasan entre 21 y 28 días alimentando a las crías, que son destetadas de manera forzada y prematura para poder intensificar la producción. Algunas de las imágenes que acompañan el informe corroboran cómo la falta de espacio en este área pone en riesgo la salud de las recién nacidos, que son aplastados y asfixiados por el cuerpo de la madre. Los cadáveres que Garmendia retrata no son ninguna anécdota, pues la mortalidad de los lechones durante la fase de lactancia es de entre el 9% y el 15%, según los datos de la Red Nacional de Granjas Típicas (RENGRATI).

«Cuando los lechones mueren no siempre son retirados de forma inmediata. Durante nuestras incursiones a áreas de maternidad hemos visto cadáveres de cerdos tirados en los pasillos, acumulados en una esquina, en cubos de plástico, en carretillas e incluso dentro de los propios recintos, junto a animales vivos. Algunos cuerpos mostraban signos de llevar días allí o de haber sido devorados, probablemente por gatos o roedores», explica la publicación.

Imagen de un lechón muerto encontrado en uno de los pasillos de lactancia. Su cuerpo ha sido devorado por algún roedor. /Aitor Garmendia
Imagen de un lechón muerto encontrado en uno de los pasillos de lactancia. Su cuerpo ha sido devorado por algún gato o roedor. /Aitor Garmendia.

Es en este momento de producción cuando las normativas europeas establecen medidas de protección mínimas para las crías. Entre ellas, destaca la castración y el raboteo –amputación del rabo–. Mientras en la Unión Europea la castración quirúrgica asciende al 61% de los machos, en España el porcentaje de cerdos es tan sólo del 15%, según la investigación, que alerta de que en el 95% de los casos se hace sin anestesia, lo que incrementa el sufrimiento de los animales. Asimismo, la mutilación del rabo se realiza al 98% de las crías.Transición a la muerte

Tras el destete, los cerdos pasan a un área de transición, donde permanecen cerca de 40 días y reciben una dieta encaminada a desarrollar todo el potencial de crecimiento del cerdo. En estas salas, se congregan numerosos animales, procedentes diferentes camadas, lo que favorece que haya disputas por «una nueva jerarquía grupal» que se resuelven con agresiones entre los mamíferos. La normativa establece que cada ejemplar de 20 kg debe disponer de una superficie mínima de 0,20 metros cuadrados, es decir, menos de cuatro folios por animal. En ese espacio tan reducido, los animales comen, orinan y defecan.

Todos estos factores repercuten negativamente en la salud de los animales, expuestos a enfermedades y patógenos como las bacterias Streptococcus suis Haemophilus parasuisque generan trastornos nerviosos, abatimiento, anorexia, neumonía, disnea o falta de coordinación. «Hemos encontrado cerdos que presentaban signos coincidentes: agitamiento de patas, convulsiones, temblores, delgadez, lesiones en la piel y aparente debilidad. En uno de los recintos, donde se había escrito con tiza la palabra meningitis sobre la pared, un grupo de cerdos presentaba varios de estos signos al mismo tiempo. En otro recinto, hemos encontrado cuerpos descompuestos y con apariencia de haber sido devorados por otros cerdos», explica el informe.

Recinto del área de transición donde los lechones desteteados son preparados para el proceso de cebo. Granja de Aragón, 2019./ Aitor Garmendia
Recinto del área de transición donde los lechones desteteados son preparados para el proceso de cebo. Granja de Aragón, 2019./ Aitor Garmendia.

Cuando los lechones han alcanzado un estado de madurez física son trasladados al área de cebo, la última etapa antes del matadero. Allí permanecen una media de 140 días en unas condiciones higiénicas críticas para su salud, tal y como se constata en algunas de las imágenes que acompañan la investigación. Tanto es así, que el hacinamiento y la escasa calidad del aire desemboca en un sinfín de enfermedades. Los principales problemas de salud tienen que ver con afecciones en el sistema respiratorio, en tanto que el 71% de los ejemplares padecen algún tipo de lesión pulmonar en esta fase.

Además, la densidad poblacional favorece que se den situaciones de canibalismo y caudofagia (mordedura de cola entre diferentes cerdos). «Se han observado lesiones en las colas, algunas de ellas graves, en la gran mayoría de naves de engorde. En una de las explotaciones hemos podido constatar la presencia de canibalismo en las dos visitas realizadas. Además de restos de huesos y cuerpos putrefactos, un grupo de cerdos se encontraba devorando un cadáver en aparente estado de descomposición«, denuncia la publicación.

El trabajo de campo realizado por Garmendia y su equipo ha constatado también la presencia de prolapsos rectales en cerdos que habitan en las salas de engorde. Se trata de una salida de las capas del recto a través del ano debido a la presión abdominal y al debilitamiento del esfínter. Asimismo, se han registrado en la mayoría de los centros ganaderos investigados cerdos con tumefacciones anormales, «algunas de ellas de gran tamaño», y lesiones oculares provocadas por la exposición a microrganismos, la mala ventilación, la presencia de gases tóxicos y el exceso de polvo.

Cerdo con una hernia umbilical en un centro porcino de Castilla-La Mancha./Aitor Garmendia.
Cerdo con una hernia umbilical en un centro porcino de Castilla-La Mancha./Aitor Garmendia.

¿La quimera del bienestar animal?

Los hechos constatados en este informe ponen en cuestión la utilidad que tienen las legislaciones de bienestar animal. Sobre todo porque muchas de las prácticas que se han registrado en este informe estén permitidas por el entramado legal que supuestamente fue impulsado para proteger a los animales de la violencia del sistema ganadero industrializado. El hecho de que las normativas permitan que las zonas de engorde puedan almacenar cerdos de 20 kilos en cada 0,20 metros cuadrados, es un ejemplo de cómo los estándares permiten situaciones perjudiciales para la salud de los animales. Lo mismo ocurre con las directivas europeas que permiten que procedimientos como la castración de los lechones se puedan realizar sin anestesia antes de los siete días de vida.

«Ninguno de los hechos constatados durante la investigación son ajenos a la industria o a las Administraciones públicas, que actúan en connivencia y entienden la emergente preocupación social sobre el trato que reciben los animales en granjas y mataderos. Saben que determinadas concesiones son inevitables. Así que se asumen ciertos avances que la industria instrumentaliza a su favor mediante sellos que apelan a unas supuestas condiciones de bienestar y libertad que nunca existirán», declara Garmendia en la publicación.

A todo ello, se suma la escasez de inspecciones veterinarias que se impulsan desde las instituciones. Según las cifras del Gobierno, en el año 2017 sólo se realizaron inspecciones en 11.195 centros ganaderos de un total de 364.430. «La calidad de las inspecciones es insuficiente. Su duración es muy limitada y carecen de la capacidad para detectar todas las irregularidades».

La opacidad es otro de los factores constatados por la investigación, que se ha realizado de una manera clandestina debido a la falta de información sobre lo que ocurre en el interior de mataderos y granjas industriales. La falta de transparencia del sector, según los animalistas, contribuye a que los estándares de bienenestar se incumplan de manera sistemática en los centros de producción. En ese sentido, el 94% la población europea reconoce que es importante proteger la vida de los animales en las granjas y el 64% reclama más información sobre las condiciones en las que se crían y se sacrifican animales, según el Eurobarómetro.

No a las macrogranjas

Así son las macrogranjas que el PP dice que no existen

Grupo de cerdos en una explotación porcina.
Grupo de cerdos en una explotación porcina. Europa Press

Raúl Rejón

El Partido Popular no solo ha decidido utilizar como ariete electoral la tergiversación de las palabras del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre la producción de carne sino que, ahora, asegura por varias vías que «las macrogranjas no existen». Tanto su portavoz parlamentaria Milagros Marcos como el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, han exhibido este argumentario hablando de ellas como una invención, «una cortina de humo».Ganadería industrial: un puñado de empresas de carne y leche contaminan tanto como países enterosSABER MÁS

Macrogranja no es una categoría oficial. El término se refiere a explotaciones grandes de ganadería intensiva. «La palabra la tomamos prestada de los movimientos vecinales que veían desaparecer las granjas tradicionales, sustituidas por explotaciones cada vez más grandes capaces de producir muchos animales en espacios limitados», cuenta Luis Ferreirim, de Greenpeace.

El Ministerio de Agricultura divide las explotaciones ganaderas en grupos según su capacidad: grupo I, grupo II y grupo III. Esa capacidad se mide en Unidades Ganaderas Mayores. No todos los animales cuentan lo mismo. La traducción de equivalencias que realiza el Observatorio Dehesa del Centro de investigaciones científicas y tecnológicas de la Junta de Extremadura para el caso de los cerdos dice que las granjas del grupo I admiten 350 animales para cebar, las del Grupo II hasta 2.000 más 200 hembras reproductoras y las del grupo III 5.500 ejemplares engordando y 750 hembras. La normativa admite que se incremente en un 20% estas dimensiones con una autorización autonómica.

¿A partir de cuánto llamarlas macrogranjas?

La diputada del PP Milagros Marcos ha elegido personalmente la cantidad de 10.000 cabezas para hablar de macrogranjas. En realidad, el único criterio oficial que puede aplicarse es el que obliga a las explotaciones a reportar cuánto contaminan a partir de cierto tamaño. Están obligadas a registrar sus emisiones de metano o amoniaco todas las granjas intensivas con 2.000 cerdos de más de 30 kg o 750 hembras reproductoras. En virtud de su dimensión, la normativa les requiere informar sobre cuáles son sus niveles de contaminación al Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes (PRTR) del Ministerio de Transición Ecológica. En 2020 había 3.233 instalaciones activas de este tipo.

No son granjas sino fábricas. Fabrican comida, que no alimento, para comercializarla: cada vez hay más animales y menos granjas, lo cual, inequívocamente, implica que la producción está cada vez más concentrada»Elisa Oteros — Ecologistas en Acción

«Lo más importante no es el tamaño de las explotaciones individuales, sino del modelo industrial: hay municipios, comarcas con decenas de explotaciones industriales que quizás no se considerarían macro pero que, juntas, concentradas en superficie, tienen el mismo impacto que una sola grande», explica la portavoz de Ecologistas en Acción, Elisa Oteros. «No son granjas, sino fábricas. Fabrican comida, que no alimento, para comercializarla: cada vez hay más animales y menos granjas, lo cual, inequívocamente, implica que la producción está cada vez más concentrada», dice. 

El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha admitido este martes en Onda Cero que las «desafortunadas» palabras de Garzón han sido «manipuladas». Y luego ha abundado en que «hay una confusión entre ganadería intensiva y extensiva. Aquí no hay conflicto, hay diversidad. España es potencia ganadera. (…) Y luego hay una confusión entre la identificación de la ganadería intensiva con las macrogranjas».

En contra de lo que han dicho los dirigentes del Partido Popular, la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) –que llegaron a pedir la dimisión de Alberto Garzón al comienzo de esta polémica– sí ha admitido el concepto de macrogranjas. Y las ha criticado con dureza al achacar a este modelo «daño ambiental», «productos de peor calidad» y empleo pobre, como dejaron por escrito en 2018 al solicitar en Bruselas «la prohibición de las macrogranjas«. La UPA insistió en noviembre de ese año que los eurodiputados tenían que «liberar a Europa de esta amenaza» porque «las mega explotaciones ganaderas no están integradas en el entorno natural, como sí lo están las pequeñas y medianas explotaciones familiares, por no hablar del peor nivel que tienen en cuanto a bienestar animal».

Foco de contaminación: metano, amoniaco y el agua

Aunque no sea la primera idea que viene a la cabeza, la actividad agroganadera emite gases de efecto invernadero a la atmósfera (causa del cambio climático). En España, este sector lanzó 38.263 kilotoneladas (kt) de estos gases en 2020: el 14% del total, según el Inventario Nacional del Ministerio de Transición Ecológica.

El principal gas causado por la agricultura y la ganadería es el metano (CH4). Este compuesto dura activo en la atmósfera una media de diez años, mucho menos que el dióxido de carbono, pero durante su vida absorbe mucha más energía, es decir, mucho más calor. Es más potente, a pesar de que actúa menos tiempo, mientras el CO2 puede seguir incrementando la temperatura global miles de años.

La Unión de Pequeños Agricultores, que pidió la dimisión de Garzón al comienzo de esta polémica, pidió en 2018 a la UE «la prohibición de las macrogranjas» al achacar a este modelo «daño ambiental», «productos de peor calidad» y empleo pobre

España emitió 23.600 kt de metano en 2020. Unas 16.000 de ellas vienen de la fermentación entérica del ganado (un subproducto de su digestión) y otras 7.175 kt del manejo de estiércol. Dos de cada tres toneladas de gases invernadero del sector agrícola español son metano. Casi todo ese gas (el 98%) proviene directa o indirectamente del ganado.

Otro tóxico que produce la ganadería, sobre todo intensiva y a gran escala, mediante la degradación de desechos es el amoniaco. Un «gas incoloro de olor penetrante, fácilmente soluble en agua y evaporable», según lo define el Registro de Emisiones Contaminantes (PRTR).

España incumple desde 2010 los techos de emisión de amoniaco comprometidos con la Unión Europea. El año pasado lanzó 483 kilotoneladas, por encima de las 467 que marca el umbral máximo en vigor desde 2020. Las macrogranjas de porcino supusieron el 8% de todo ese amoniaco. Estas grandes instalaciones vieron cómo el curso pasado creció un 8% sus emisiones de metano y un 3,4% las de amoniaco, según los datos introducidos en el PRTR.

Por último, los nitratos de los desechos ganaderos y agrícolas han afectado al 40% de los acuíferos españoles. Esta contaminación difusa que daña las aguas se ha convertido en un «problema estructural» en España, según analizó la Comisión Europea en 2019 al comprobar cómo estaban los Estados aplicando la directiva de Agua. Tras los avisos que impone el proceso sancionador europeo, Bruselas ha llevado a España ante el Tribunal de Justicia por no haber solucionado este asunto. El Gobierno ha admitido en sus informes que más de la mitad de los puntos afectados no podrán estar recuperados en el tiempo indicado por la ley.

«El problema es más bien el modelo del que las macrogranjas son el máximo exponente: instalaciones muy mecanizadas con gran capacidad de producción en espacio reducido. Una ganadería sin tierra que depende totalmente de los insumos externos (agua y alimento) y que genera muchas emisiones y residuos», concluye Ferreirim.

Problema reconocido: decreto porcino, avícola y futuro para vacas

El problema ambiental de contaminación del aire y el agua que supone la producción industrial de carne es algo conocido. El Gobierno ha regulado hasta el momento en sendos decretos las normas básicas para las explotaciones de cerdo (en febrero de 2020) y de aves (en julio de 2021). Además, los gobiernos autonómicos de Castilla-La Mancha, Aragón, Catalunya y Navarra han regulado –o anunciado que lo harán– el sector para limitar o prohibir la implantación de explotaciones ganaderas intensivas de gran tamaño, es decir, macrogranjas.

En ambas normas estatales hay apartados específicos para el manejo del estiércol y la reducción de las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera que, admiten los textos, «se ha convertido en uno de los principales problemas a escala mundial». Nitratos y amoniaco encabezan las preocupaciones del sector ganadero.

Para las granjas de porcino, los requisitos encaminados a rebajar esas emisiones entrarán en vigor en enero de 2023. Para las explotaciones avícolas, serán obligatorias en 2024 si obligan a modificar estructuralmente la instalación. Si no, se exigirán en enero de 2023.

Queda la tercera pata: las granjas bovinas. El decreto está ahora en elaboración. En el actual Registro de Emisiones Contaminantes solo tienen obligación de reportar sus niveles de metano o amoniaco las granjas avícolas y porcinas. Las de vacas, por el momento, están exentas

La verdad como principio

Garzón, sobre la polémica de las macrogranjas: «Algunos han antepuesto intereses partidistas a la veracidad»

El ministro de Consumo desvela que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, han hablado sobre la polémica de la ganadería intensiva. «Mis declaraciones son como ministro», responde a la portavoz del Ejecutivo, que había tildado sus palabras como una opinión «a título personal»

El PSOE impide la reprobación del ministro Alberto Garzón en el Parlamento de Castilla-La Mancha, pero marca distancias
El ministro de Consumo, Alberto Garzón, en una imagen de archivo.

ALEXIS ROMERO@ALEXISRMORAN

El ministro de Consumo y líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha salido este miércoles al paso de las críticas que algunos dirigentes y presidentes de comunidades autónomas (varios de ellos del PSOE) le han hecho a raíz de unas declaraciones en las que aseguraba que la carne de las macrogranjas es de peor calidad que la que se produce en la denominada ganadería extensiva.

En una entrevista en la Cadena Ser, el ministro ha acusado a estos críticos de «anteponer sus intereses partidistas a la búsqueda de la veracidad«. Garzón se ha manifestado en ese sentido después de que en las redes sociales apareciese una publicación en la que se aseguraba que había criticado la calidad de la carne que España exporta a países como Reino Unido, cuando solo se refirió a la de la ganadería intensiva o industrial (contraponiéndola a la producción cárnica de los pequeños y medianos ganaderos).

«En origen lo que tenemos es un bulo. Una empresa vinculada al lobby de las grandes empresas cárnicas manipulando información aparecida en The Guardian para generar un bulo, dirigirlo y tratar de deteriorar la imagen del adversario; algunos han antepuesto sus intereses partidistas sobre la búsqueda de la veracidad», ha defendido el ministro.La polémica sobre las macrogranjas no solo ha provocado discrepancias entre el titular de Consumo y algunos barones autonómicos del PSOE y del PP (como Javier Lambán y Alfonso Fernández Mañueco), sino que también ha generado diferencias en el seno del Gobierno de coalición.

Este miércoles tanto la portavoz del Ejecutivo como la ministra de Educación, Isabel Rodríguez Pilar Alegría, se desmarcaron de Garzón y aseguraron que sus declaraciones eran «a título personal». «Yo estoy en contra de las macrogranjas y mis declaraciones son como ministro de Consumo, tratándose de una competencia que es también del Ministerio de Consumo», ha respondido.

También ha desvelado el líder de Izquierda Unida que el presidente y la vicepresidenta segunda del Gobierno, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, han mantenido una conversación sobre esta polémica, aunque no ha querido dar detalles concretos sobre su contenido.

Preguntado sobre si sus declaraciones en un medio británico podrían afectar a la exportación de carne española, Garzón ha recordado que la Comisión Europea mantiene en la actualidad un expediente abierto a España por excesivos niveles de contaminación de nitratos vinculados a la ganadería intensiva o industrial: «Cuando la Comisión abre un expediente a España y alerta de eso, pone de relieve una problemática, y los gobiernos no tienen que esconder las problemáticas, tiene que hacer una política valiente».

«Lo que hago es traducir a un espacio político lo de otros ámbitos que tienen una raíz científica. La ganadería industrial preocupa a la UE, mientras que la ganadería extensiva es sostenible ecológicamente y es deseable que se promueva», ha insistido el ministro de Consumo.

El líder de IU ha explicado que tras desatarse la polémica ha hablado con la Secretaría de Comunicación del Gobierno: «He hablado con Moncloa y existen diferencias de opinión que hay que normalizar. Estamos en un gobierno de coalición, somos varios partidos políticos, tenemos un acuerdo programático y creo que lo estamos cumpliendo, pero tenemos diferencias y se pueden expresar», ha defendido.

Garzón ha puesto el ejemplo del presidente de Asturias, el socialista Adrián Barbón, que ha defendido en su cuenta de Twitter la ganadería extensiva: «El presidente de Asturias ha antepuesto la veracidad al interés partidista», ha dicho