Manifestación del 15-O en Madrid

15 de octubre: Gobierne quien gobierne el IPC real se defiende ¡Nos vemos en Madrid!

Hace tan solo unos meses, el gobierno “progresista” del PSOE-UP, contraviniendo sus promesas electorales, asestó un duro golpe al movimiento pensionista y a los trabajadores en general, confirmando el dicho de que la izquierda del sistema, cuando llega al gobierno, hace todo aquello que la derecha no se atreve a realizar: el inicio de la privatización del sistema público de pensiones, a través de los planes de empresa. Si las nuevas fórmulas consiguen imponerse en los convenios, supondrá un agravamiento del déficit de la Seguridad Social (una parte de las cotizaciones de los trabajadores irá a parar a los planes gestionados por el capital financiero), antesala de nuevos recortes en el futuro, con el pretexto de que el déficit continua agravándose.

Para complicar todavía más las cosas, y como un vulgar trilero que es, el ministro de la Seguridad Social José Luis Escrivá se sacó de la chistera la fórmula del IPC medio, para sustituir tradicional IPC real. El resultado ha sido que los pensionistas perdimos, tan solo en 2021, un 3% del poder adquisitivo de las pensiones. En el 2022, la sangría sigue aumentando y si se concreta un 8,5% hoy será por la lucha.

Las direcciones de CCOO y UGT han participado en el festín de la patronal de forma entusiasta, cumpliendo su papel de desinformación y engaño a los trabajadores, a cambio de una tajada de las comisiones que cobrarán los bancos y aseguradoras por gestionar los nuevos fondos. A cambio de las prebendas, tampoco les ha importado, adelantándose al posible Pacto de Rentas que propone el gobierno, contener las luchas de los trabajadores (como en el sector del metal en Cádiz y Cantabria, ahora TMB bus de Bcn y tantos colectivos más), para que acepten perder una parte del poder adquisitivo de sus salarios. Nuevos recortes se adivinan detrás de las declaraciones del gobierno “progresista”, con el pretexto de que hay que arrimar el hombro en los costes de la guerra. No solo quieren recortar los salarios y las pensiones (que, no olvidemos, son salarios diferidos).

La crisis económica se ha convertido para los capitalistas, en una gran oportunidad para aumentar sus beneficios un 18% de media. Las empresas del IBEX, envalentonadas por la política del gobierno, obtienen beneficios históricos y reclaman una todavía mayor parte del festín, a costa nuevos recortes en la sanidad y los servicios sociales. Mientras tanto y como consecuencia de ello, la inflación se dispara y el gobierno, la patronal y los sindicatos subvencionados negocian un posible pacto de rentas, que impida que los trabajadores en activo (y los pensionistas) se movilicen en defensa del poder adquisitivo de sus salarios. Piden a los trabajadores moderación para evitar una espiral de precios (que han provocado los mismos capitalistas) y en nombre del reparto de sacrificios a causa de la guerra. Mientras tanto y de nuevo, el gobierno “progresista” se dispone a cumplir con el 2% oficial del PIB en los presupuestos, comprometidos con USA y la OTAN, para contribuir al rearme y los preparativos de la guerra.

¿PORQUÉ ES IMPORTANTE QUE TODOS VAYAMOS A MADRID?

Con toda seguridad, COBAS y el resto de los sindicatos combativos no hemos sabido estar a la altura del reto que nos imponía la situación. Tampoco el movimiento pensionista en sus movilizaciones, debilitado por sus divisiones internas y confundido por las ilusiones de que era posible contrarrestar esta ofensiva desde dentro de las instituciones, presionando a los grupos parlamentarios para que se opusieran a los proyectos privatizadores del gobierno ha sabido estarlo. Los derechos y conquistas de los trabajadores nunca se consiguieron en los parlamentos, sino en la calle, luchando juntos, codo con codo. Después del revés sufrido, sólo mediante un balance honesto de los errores, podemos lanzar una contraofensiva que nos permita recuperar todo aquello que hemos perdido. Hoy más que nunca, debemos ser consecuentes con nuestra máxima: “Gobierne quien gobierne, los derechos (las pensiones, los salarios, la sanidad, la educación, los servicios sociales y democráticos, la vivienda…) se defienden!

Estamos convencidos de que la convocatoria del 15-O es una oportunidad para clarificar objetivos y reagrupar nuestras fuerzas, en defensa de los derechos y conquistas de los trabajadores. El 15-O no es una fecha cualquiera, en la que se va a realizar una movilización más. Tiene que ser el principio de una profunda inflexión de los movimientos sociales y de los colectivos en lucha.

Sólo a través de la unidad en la acción podemos derribar el muro de silencio y desinformación que el gobierno, la patronal, CCOO y UGT han tejido en torno a los trabajadores. Sólo la unidad de los trabajadores (en activo o no) y los pensionistas y también de las organizaciones sindicales y movimientos sociales que defienden sus derechos y conquistas, pueden hacer fracasar los planes que los capitalistas y sus cómplices están tejiendo en torno a nosotros.

Tenemos que empezar a organizarnos en asambleas en nuestros centros de trabajo, y en nuestros barrios y localidades. Es importante que Necesitamos un plan de movilizaciones que supere el clima de apatía y pesimismo que todavía infecta a muchos trabajadores (y pensionistas), y éste sólo puede salir de nosotros mismos. Un plan que ayude a crear las condiciones para una huelga general que derrote los planes de la patronal y sus socios.

IPC REAL, SALARIO NETO y PODER ADQUISITIVO

La clase obrera estamos en retroceso prolongado, nos dan tantas hostias que ni siquiera tenemos tiempo de quejarnos antes de que el sistema capitalista nos arree la siguiente.
Retuercen las leyes, hacen trampas con los reglamentos y la propaganda mediática, ocultan las verdades inventando cuentos y conceptos para anestesiarnos.

Cuando los sindicatos «mayoritarios» están aceptando de antemano, sin movilización y con la cerviz baja, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, reivindicando incrementos salariales muy por debajo de la carestía de vida, bajo el eufemismo de recuperar las pérdidas más adelante, es más necesario que nunca que los movimientos sociales reafirmarnos la lucha por la revalorización de pensiones y salarios en base a la carestía de la vida real y en el salario neto a disponer para afrontarla. Se impone un conocimiento y debate minucioso que entre golpe y golpe no hemos tenido tiempo de hacer, espero que la siguiente aportación ayude.

El IPC real es aquel que se ajusta a la evolución de los precios como referencia para equilibrar el poder adquisitivo al coste de la vida en el momento de su aplicación, por tanto hablamos del IPC acumulado. El IPC acumulado es el que establecía la ley como referencia para la revalorización de las pensiones, que se vino aplicando hasta que Zapatero en el año 2011 y Rajoy del 2012 al 2017 incumplieran pactos leyes y acervo. El IPC real es el mismo, que recuperamos con nuestra lucha los pensionistas y que se volvió a aplicar en 2018, 2019 y 2020. El año pasado se inventaron el IPC medio para meternos un recorte que supuso la pérdida de un 3% de poder adquisitivo de las pensiones gracias al trilerismo del gobierno, a la derecha que lo respaldó, al Pacto de Toledo y a los agentes sociales del mismo.

Para cada trabajador el IPC real es aquel que coincida con el porcentaje de encarecimiento o abaratamiento de los productos y servicios que compra y utiliza de acuerdo al límite que le marcan sus ingresos. Es obvio que el IPC como índice de aplicación general no es individualizable, por tanto debería ser de consenso político y social para la clase obrera y la mayoría del pueblo. que el IPC viniera determinado por el encarecimiento de la cesta de productos y servicios que están al alcance de ser consumidos por el poder de compra del salario y la pensión media en este país.
Actualmente la cesta de productos que se utiliza para evaluar la variación de precios no se corresponde en absoluto con la que correspondería a un trabajador o pension cesta de ingresos medios.

Históricamente, cuando los diferentes gobiernos han hecho variaciones en el conjunto de productos que componen la cesta a efectos del IPC oficial, lo han hecho con la clara intención de adulterar a la baja el IPC oficial para reducir las reivindicaciones y el incremento de salarios y pensiones y lo han conseguido sin contestación sindical. En el contexto actual, a octubre de 2022 los precios de la alimentación y los suministros básicos de imprescindible consumo para todos, se han disparado por encima del 25%, mientras el IPC oficial sitúa la variación al alza en torno al 10%. Más que nunca se nota el desfase entre el IPC oficial y la cesta de la compra del trabajador o pensionista medio. Posiblemente otros de los productos de esa cesta ficticia no han subido o incluso pueden haber bajado, como por ejemplo la depilación por láser u otros lujos fuera de alcance o prescindibles que sólo están en la cesta oficial para manipular el promedio a la baja. Por este timo, trabajadores y pensionistas, podemos sufrir en elpróximo ejercicio, un empobrecimiento histórico aún en el caso de que salarios y pensiones se incrementen con elengañoso IPC oficial, ya no os digo el drama para las pensiones mas bajas y los salarios precarios.

Otro factor que reduce nuestro poder adquisitivo, aunque pensiones y salarios se hayan incrementado con el IPC real es, año tras año, la no deflactación de la tabla del IRPF, porque si la tabla de IRPF no se actualiza con arreglo a los mismos parámetros del IPC entonces acostumbra a suceder que, el incremento del IPC en el salario bruto o pensión, no se refleja en nuestro salario neto al pagar mas impuesto, por tanto, aún aplicando el IPC real tenemos menos poder de compra, o sea que nos empobrecemos.

Imaginemos un pensionista o trabajador que este año ingresa en bruto 100 pero como le descuentan el 10% de IRPF sus ingresos netos quedan reducidos a 90 que es su dinero disponible para comprar este año. Para el año siguiente le aumentan un hipotético IPC oficial de 10% por lo que con su base de 100, sus ingresos brutos suben a 110 pero al no variar igual la tabla de IRPF resulta que debido al aumento aplican otro escalón de IRPF y en vez de retenerle el 10% ahora le retienen el 11%, entonces sus ingresos netos que eran de 100-10% = 90 pasaran a ser de 110-11% = 97,90, es decir su salario o pensión bruta subió el 10% pero su dinero disponible que ha pasado de 90 a 97,90 sólo ha subido el 8,77%. Para comprar lo que antes compraba con 90 ahora necesita 99 pero sólo ingresa 97,90 es decir, se ha empobrecido en 1,23 puntos por cada 100 de ingresos.

ESTE TIMO HABITUAL PUEDE SER ESPECIALMENTE SANGRANTE ESTE AÑO SI NO SE DEFLACTA LA TABLA DE IRPF.

Más sangrante puede ser para menores ingresos si no se aumentan de acuerdo al IPC los mínimos de IRPF exentos por ingresos y situación familiar. Otro factor histórico de deterioro de la revalorización de salarios y pensiones en Catalunya ha sido que los índices de referencia se toman a nivel estatal y es sabido que en los últimos 50 años, el IPC en Catalunya siempre superaba el estatal, con lo que el poder de compra de un salario o pensión media en Catalunya es cada vez menor respecto al poder de compra real, así por ejemplo si los precios en Catalunya suben un 4 y en otra parte un 2, el IPC oficial computaría que la vida ha subido un 3 con lo que su aplicación representaría la pérdida de un punto en la capacidad de compra de trabajadores y pensionistas en Catalunya y eso es lo que ha venido sucediendo los últimos 50 años, salvo en contadas ocasiones. Este es un tema tabú. No se trata de agravios, simplemente constatar otro factor, el nivel de vida que dan 900 euros es muy inferior en Catalunya a la mayoría de territorios como consecuencia de esa erosión muy repetida durante décadas. Quizás debería introducirse un factor corrector de mantenimiento del poder adquisitivo.

POR EL IPC REAL DEL SALARIO Y PENSION MEDIA. POR EL IPC REAL ACUMULADO
POR LA DEFLACTACION DEL IRPF EN LOS MISMOS PARÁMETROS QUE LA
REVALORIZACIÓN DE PENSIONES Y SALARIOS.

Octubre de 2022, Antonio Castán, afiliado de cobas pensionistas

ENTREVISTA A LA DIPUTADA ESTATAL POR CANARIAS  MERI PITA (AFILIADA DE CO.BAS)

1 – El Gobierno PSOE-UP ha hecho una reforma laboral que mantiene las facilidades para el despido y una reforma de pensiones que las actualiza con el IPC medio en lugar del IPC acumulado. ¿Qué opinas de estas reformas? ¿Se podía hacer más y mantener los compromisos del programa derogando las reformas de los gobiernos Rajoy y Zapatero?

Las reformas habidas no están a la altura de las expectativas que generó el gobierno de progreso constituido en el año 2019, en estos temas centrales, y en otros. Decir lo contrario sería mentir. Las reformas implementadas en pensiones están muy lejos de lo que era el programa electoral de Unidas Podemos, y en cuanto a la derogación de las reformas laborales que tanto daño han hecho al trabajo con derecho y al derecho al trabajo. Algunos logros alcanzados de importancia, pero hay muchos temas por derogar y por avanzar. En mi opinión, si la correlación de fuerzas del gobierno no dejaba avanzar más, debió explicarse así a la ciudadanía, en la línea de esa democracia real que defendíamos; abrir espacios de reflexión colectiva, debates, consultas, contar la verdad confiando en nuestro pueblo y en nuestra gente, y dejar atrás campañas o argumentarios de cambios de paradigmas, porque han sido solo algunos cambios, pero desde luego no estructurales.

2 – Se dice que el ministro Escrivá ha impuesto su criterio respecto a los planes de reforma de la Seguridad Social para estabilizar las cuentas con mayores requisitos de edad y cotización para acceder a la pensión contributiva. ¿Es así o más bien una decisión colegiada del gobierno? ¿Qué papel ha jugado U.P. en la reforma de las pensiones?

Cuando se desgajo la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y se nombró ministro al Sr. Escrivá, ya debimos ver por donde vendrían los tiros. Leyendo el curriculum del ministro no podíamos esperar más que el seguimiento a ciegas a los postulados dictados por lo que eufemísticamente llaman “Europa”, – es decir los poderes económicos-, en relación con el tema de las pensiones públicas, pero el ministro es nombrado por el presidente del gobierno, no es él el responsable máximo sino quien lo pone, y para que lo pone. Desde luego con ese perfil no era para blindar el sistema público de pensiones. La negociación se dio a nivel de gobierno sí. Es bueno recordar que los acuerdos del Pacto de Toledo no son Ley, son solo recomendaciones, es decir que, el PT propone y el gobierno dispone. Y, finalmente, la llamada Ley de Escrivá responde a esos intereses: mochila austriaca o similar, planes públicos de gestión privadas, etc. Para nada viene a blindar el sistema público de pensiones. El papel de UP ha sido el de una minoría de gobierno que finalmente acepta el texto con algunas modificaciones, pero muy lejos de del proyecto de Ley sobre pensiones que la propia coalición presentó en su día.

3 – Se ha consolidado la jubilación a los 67 años y el aumento a 25 años de cotización para el cálculo de una pensión contributiva, pero ya vemos artículos y declaraciones proponiendo nuevas reformas para llegar a los 70 años, al período de 35 años o incluso toda la vida laboral. ¿Cuál crees que es el objetivo del gobierno?

No creo de verdad que se atrevan ahora. Entramos en año electoral y mandan las encuestas. Lo que si espero es que salga adelante la auditoria pendiente de las cuentas de la SS. Llevamos meses exigiendo que se cumpla con la Ley, que se practique de una vez esa auditoria pública y que de manera transparente se publicite la misma para que los trabajadores que son los que mantienen esa caja única de la seguridad social, a través de sus salarios deferidos, comprueben la mala gestión interesada que se ha hecho de la misma. Si es bien gestionado el sistema público de pensiones, sí es sostenible.

4 – La novedad más relevante de la reforma de las pensiones es la aprobación del sistema de planes de pensiones de empresa acordados por convenio, como complementario al Sistema Público de Pensiones. Parece evidente la intención de promover la pensión individual en detrimento de la caja solidaria y de reparto, pero no vemos mucha concreción sobre los planes de empresa. ¿Sabes cómo será su gestión y si hay posibilidad de tener una depositaria pública o quedarán en manos de las gestoras constituidas por las entidades financieras con participación de CC.OO. y U.G.T.?

Si es evidente que ese es el sentido, pero aún no nos han dicho nada respecto, solo conocemos lo que dice el texto de la Ley. Ojalá me equivoque, pero dudo que permitan depositaria pública.

5 – Se ha iniciado el proceso de creación de la Agencia Estatal de la Seguridad Social, pero no tenemos claras sus funciones. Aparte de facilitar la tramitación de prestaciones y centralizar la administración, ¿cuál es su finalidad, puede cumplir algún papel en el impulso de los planes privados de pensiones?

No han explicado ni desarrollado cuales serán sus funciones, la Ley dice que servirá para asegurar el actual nivel de prestaciones públicas, pero por otro lado vemos que la tasa de reposición del personal de la seguridad sociales es nula, que no ha habido oferta de empleo públicos para cubrir vacantes, que la media de edad de su personal es muy alta… veremos.

6 – ¿Cómo valoras la experiencia de la comisión y el debate parlamentario sobre la reforma de las pensiones? ¿Ha influido la presión sindical y del movimiento pensionista? ¿Qué has echado en falta desde el punto de vista político en este proceso?

He sido miembro del Pacto de Toledo en estos últimos cinco años y la experiencia ha sido intensa, muy intensa. Solicité desde el principio que las reuniones del pacto fueran públicas y no lo consintieron, alegaron que de ser publicas jamás se llegaría a un acuerdo de todos los grupos, que era, decían, el fin del Pacto. Siempre me pareció un oxímoron acordar con fuerzas que defienden otro sistema no público, aunque nadie se confesaba así; todos hablaban eso sí, de dinero público, pero pocos estaban dispuestos a blindar las pensiones públicas en la Constitución. Una y otra vez se hablaba de ¨gastos¨ no de derechos. Pero el problema de la caja única no son los gastos, son los ingresos y, desde luego, la buena gestión de sus fondos. Mi percepción es que esta herramienta, el Pacto de Toledo, no ha servido, como dicen, para garantizar el sistema público de pensiones, y a las pruebas me remito; creo que su creación en el año 1995 respondió al intento de desmovilizar las protestas y huelgas (cinco huelgas generales entre los años 80/90 del siglo pasado, tres de ellas a gobiernos socialistas) escondida tras la publicidad de salvaguardar las pensiones.

Y claramente, sin la presión movilizadora de las coordinadoras de pensionistas y los sindicatos, los pequeños logros como revalorar las pensiones conforme a IPC, subir la pensión mínima, la auditoria … jamás habrían visto la luz. El sistema público de pensiones solidario, suficiente, inter e intra generacional es un logro de la clase trabajadora, y no vamos a dejar de luchar para blindar esos derechos, no nos vamos a conformar con menos, por lo que fueron, los que somos y los que vendrán.

Residencias o morideros: dignidad o negocio

Por MARTA NEBOT

Ayer, unas 1.000 o 5.000 personas, dependiendo de quién contara, se manifestaron en Madrid convocadas por la Plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuarias de Residencias para Mayores y para Personas Discapacitadas para reclamar otro modelo de residencias.

En el manifiesto que hicieron público y en su convocatoria pedían una gran movilización social que no sucedió.

Ni los versos que dedicó Serrat a la cita y a la causa ni el apoyo de Miguel Ríos movieron a las masas. Y es que hay una cantinela que de tanto oírla se nos ha metido en el cerebro y nos paraliza.

Cada vez que escucho «no hay dinero» cuando hablan de la reconversión del modelo de residencias de ancianos me dan ganas de arañar pizarras, tirarme del pelo, gritar hasta partirme la garganta. Decir que no hay dinero para eso en un país rico –siempre salimos en todos los rankings entre las veinte economías más destacadas del mundo– es un chiste malo o un insulto a la inteligencia colectiva. Viajar un poco arregla rápido las cabezas que no ven que este es un país en el que hay mucha pasta.

¿No hay dinero para que no se nos deshidraten nuestros viejos? ¿No hay dinero para que no les aten con correas o con fármacos o para que su alimentación sea la adecuada? ¿No se puede buscar la manera de que sus familias puedan visitarles cuando les dé la gana, de que sus cuidadores tengan contratos estables para que no cambien cada media hora? ¿No sería mejor que todos los que pudieran se quedaran en sus casas y en sus entornos con la ayuda domiciliaria necesaria? ¿En serio? ¿No hay dinero es el argumento cuando hay todo un entramado internacional con pingües beneficios, incluso en paraísos fiscales, dedicado a este negocio? ¿No hay dinero cuando la mayoría de sus víctimas pagan copagos, se dejan la pensión en esas cárceles, incluso venden sus casas para darse el lujo de ser malcuidados?

Lo que se ha perdido no es el dinero, sino la vergüenza y el sentido de lo público y de lo trágico de la vida. Todos, o al menos los más afortunados, seremos ellos y no todos tendremos la pasta necesaria para las residencias de lujo, que haberlas también haylas.

Esta semana ha vuelto el tema a la palestra porque un residente valiente, apasionado y con labia se ha plantado en el ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes y ha denunciado lo que sigue pasando, callando todas las bocas que no han hecho nada más que hablar.

Mariano Turégano, de 82 años, simplemente ha contado lo que han sufrido en su residencia este verano: «Habitaciones a 40 grados», «comida deleznable», «deshidrataciones que les han llevado al hospital».

Y, como pasa siempre, las víctimas siempre tienen la razón. Nadie contradice en público a alguien que conmueve al respetable. La cuestión es si se les da algo más que buenas palabras, algo más que parches momentáneos.

A raíz de su denuncia, la Comunidad de Madrid y su presidenta, Ayuso, han declarado que lo van a arreglar, que ya han tomado cartas en el asunto.

Ver sus declaraciones compungidas también me da ganas de gritar hasta el infinito y apuesto a que le pasaría lo mismo a cualquiera que se entere un poco de los entresijos del asunto, vote lo que vote.

Hace menos de tres meses, el 28 de julio, se hizo público el acuerdo en el Consejo Territorial para mejorar el sistema de residencias y de cuidados de los mayores. La votación salió adelante 10 a 9. Votaron en contra las comunidades y ciudades autónomas gobernadas por el PP, las gobernadas por nacionalistas y García-Page.         El Ministerio de Derechos Sociales propone el texto y  arbitra las negociaciones para conseguir mayoría de votos de las comunidades, pero no vota. Se reunió primero con la Mesa de Diálogo Civil y con la Social, con familiares y con sindicatos. De esas reuniones salió un primer borrador, que luego se fue rebajando para conseguir el acuerdo. Por eso no están contentos con el acuerdo final los que hicieron aportaciones al primer borrador, aunque el último mejore sin duda lo que hoy tenemos.

Los buenos acuerdos dejan descontento a todo el mundo, me dijo una vez alguien que sabe mucho de eso. Este Consejo Territorial ha conseguido, desde 2020, 31 acuerdos; 29 por unanimidad, 1 con el voto en contra de Madrid –el que redistribuía menores que entraron por Ceuta y Melilla entre las diferentes comunidades– y este último con el resultado mencionado, después de muchísima negociación. Entre 2014 y 2019, el Consejo Territorial anterior solo cerró 5 acuerdos. Voluntad de consenso no falta.

El nuevo modelo residencial da diez años para reconvertirse y no cierra nada. El acuerdo pactado compromete una ratio de 51 cuidadores (43 gerocultores + personal profesional de segundo nivel –enfermeras, terapeutas ocupacionales, psicólogos-) por cada 100 usuarios para 2030, que se alcanzará con un incremento progresivo cada año. Las plataformas de familiares piden 113 profesionales por cada 100 mayores, lo que garantizaría la presencia de un trabajador por cada cuatro residentes en los turnos de mañana y tarde y de uno por cada diez por la noche. Cifras cercanas al modelo de los países nórdicos. Y no es que el ministerio no quiera ese modelo, es que las comunidades autónomas no lo han querido porque no quieren pagarlo.

Hoy no hay una ratio estatal. Cada comunidad tiene la suya sin límites. Por ejemplo, en Galicia oscilan entre 20 y 35 trabajadores por cada 100 usuarios; en Cataluña, 25 y en Madrid, 47.

Sin embargo, estos números se los lleva el viento según los Marianos y sus familiares que se atreven a contar los hechos porque no se hacen las inspecciones que obligarían a que los cuidados mínimos se cumplan, a penalizar seriamente a quien maltrate a un solo mayor.

Fuentes cercanas al ministerio confirman que en el acuerdo no se pudo especificar nada a este respecto porque las comunidades consideraban que las inspecciones –que brillan por su ausencia– son solo competencia suya.

En Alemania, las inspecciones no solo son como mínimo anuales, sino que además son públicas y se exponen a las puertas de estos centros.

Y, volviendo a lo de los dineros, el gasto en los mayores se ha incrementado un punto por año desde que empezó el Gobierno de coalición. Del 0,7% del PIB ha pasado al 1%. De 7.000 a 10.000 millones. La OCDE marca un 1,6–1,8% como la media de gasto en estos derechos mínimos. Es decir, falta mucho, pero su presupuesto ha crecido 3.000 millones en menos de tres años. De los fondos europeos se prevén 2.000 millones para la reconversión del modelo. El Ejecutivo ya ha transferido 700 millones para la transformación de residencias. Hay dos proyectos en marcha para dar asistencia domiciliaria hasta final de vida y para retornar de las residencias a sus casas y están funcionando, incluso con mejores números, es decir, más baratos. Porque el camino es más vida independiente y menos hospitalaria, en el mal sentido. Lo dice Europa –es la estrategia de cuidados que está marcando– y lo confirma el sentido común, si lo pensamos en primera persona.

Así que cuando la patronal de las residencias, de cuya gestión depende el 90% de las que tenemos, en las que residen cerca de 400.000 ancianos, dice que con esta nueva normativa ha perdido inversores, tenemos que alegrarnos. El modelo de morideros gigantescos tiene los días contados.

Y cuando dicen que no hay dinero pensemos que simplemente mienten, que es que quieren seguir ganando lo mismo o más;  y que, probablemente, para que las residencias sean vivibles tengan que ganar menos.

Esperemos que el Gobierno sea valiente y encuentre la manera de obligar a las comunidades que votaron que no a cumplir lo acordado. Es menos de lo que queremos pero es un comienzo y no podemos permitir que se nieguen a cumplir con el mínimo que ellos mismos han acordado: unidades convivenciales de 15 personas en residencias de un máximo de 120 residentes, y que las grandes dividan su espacio en estas unidades para que puedan ser hogares y dejen de ser centros penitenciarios.

Exijamos simplemente que cumplan lo que acuerdan*, que asuman sus leyes. Ese debería ser nuestro mínimo.

*Anexo con  los principales puntos del acuerdo del Consejo Interterritorial:

Transformación y modernización del modelo de cuidados y apoyos con enfoque de derechos humanos

Derecho a la atención y apoyos personalizados

Derecho a una atención libre de sujeciones

Sin nuevas macro-residencias

Residencias con ambiente hogareño, lo más parecido a un hogar

Participación de las familias

Derecho a la intimidad y privacidad

Personalización de los espacios y entornos amigables

Ubicación en el entorno comunitario

Mejora de los servicios domiciliarios

Más profesionales de atención directa cuidando y prestando apoyos

Mejora de la calidad del empleo

Mejora de la coordinación social y sanitaria

Cultura de la evaluación de la calidad

Otro modelo de residencias es posible

Centenares de personas se plantan contra el modelo de residencias: “Basta de negocios con nuestros mayores”

Una larga columna de gente desfila por Madrid para denunciar las paupérrimas condiciones de las residencias actuales y para pedir un nuevo modelo de gestión pública

Informe Especial — Nada ha cambiado en las residencias dos años y 32.000 muertos después

Manifestación en Madrid con el lema «Otro modelo de residencias es posible» Javier Lopez

Alberto Ortiz

La pandemia de coronavirus sigue cediendo y en algunos casos es ya un simple recuerdo. Es difícil, sin embargo, olvidar lo ocurrido en las residencias en 2020. Allí fallecieron 20.000 personas según los registros oficiales –aunque las organizaciones estiman que fueron 30.000– durante los peores meses de la crisis sanitaria. Algunas decisiones políticas y las paupérrimas condiciones fueron terminales para muchos residentes. Las asociaciones que agrupan a los familiares y a los usuarios han decidido movilizarse, esgrimir un “¡basta ya!” a esas condiciones y pedir un nuevo modelo asistencial basado en la protección pública y en el aumento del personal de cuidados.

Cientos de personas han cruzado este sábado la Gran Vía, epicentro del capital en la ciudad, con un mensaje rotundo contra la privatización de los centros de mayores y dependientes. “A su robar, hoy llaman privatizar”. “Dignidad y respeto”. “Derechos humanos al anciano”. “Sin enfermeras no hay cuidados”. Son las consignas impresas en las pancartas que desfilaban por la céntrica calle madrileña, a la que han llegado personas de todas partes de España, vinculadas a diferentes colectivos de familiares de residentes y usuarios de estos centros. La manifestación ha partido desde la Plaza de España y ha alcanzado la Plaza del Callao, donde la periodista Rosa María Artal ha leído un manifiesto titulado ‘Basta Ya’, con un compendio de las medidas que reclaman a las comunidades autónomas, en las que están delegadas las competencias de dependencia.

“¡Por nuestros mayores!”, gritaba un grupo de personas pocas horas antes del comienzo de la marcha, al encontrarse con un otro de manifestantes en Plaza de España. Llevaban banderas andaluzas y carteles con las caras de sus familiares. Una chica se emocionaba al ver llegar a tanta gente. “Son muchos sentimientos encontrados, son muchos años de pelear”, explicaba a este diario con los ojos empañados. Su nombre es Esther Pascual, que junto a otro grupo de familiares fundó la asociación ADBAR en la Comunidad Valenciana. Lo hizo cuando internó a su madre en una residencia y se quedó espantada con las condiciones que vio. “¿Cómo puede ser que se acuesten sin cenar, que haya brotes de chinches, que no haya personal sanitario?”, se pregunta.

A los pocos meses de ingresar, su madre perdió 30 kg, relata: “Te dicen: se mueren porque son mayores. No, perdona, se morirán cuando toquen, pero tú no puedes acelerar ese proceso. A mi madre no le tocaba morirse”. Su madre falleció el año pasado, después de pasar por dos residencias y la pandemia. “¿Cómo le damos la vuelta a este modelo?”, cuestiona.

A su lado sujeta una pancarta Francisco Martínez, que tiene 74 años y en Navidad tuvo que operarse del corazón. Ha venido desde Elche para protestar por la situación que él mismo vive en La Saleta, la residencia en la que lleva más de una década. “Nos han tenido abandonados y olvidados. Cuando vino la pandemia hubo tal caos que nos contagiamos todos. No han sabido manejar la situación. Falleció bastante gente. Mucho abandono”, cuenta. La pandemia sacó a la luz las costuras de una gestión que ya antes era mala y que a pesar de los embates de la crisis sanitaria nadie ha decidido resolver. Hoy Francisco tiene que ayudar al escaso personal de enfermería a llevar la cuenta de las medicinas del resto de pacientes. “Es una lucha diaria. Las enfermeras más veteranas se han marchado. Entra gente nueva que está saturada porque no hay gente. Hay enfermeras que se van a la semana porque están desbordadas”, explica. Luego, enumera: persianas rotas, timbres que no funcionan y muchos radiadores que llevan estropeados meses y que ahora que se acerca el otoño nadie ha decidido arreglar todavía.

La movilización ha sido convocada por La Plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuarias de Residencias para Mayores y para Personas Discapacitadas, una entidad que agrupa a las principales asociaciones de este sector, como la Coordinadora 5+1, Rede o Pladigmare. En una carta dirigida a la ciudadanía, publicada hace pocos días, los organizadores pedían una gran manifestación para denunciar la situación que se vive a diario en las residencias y para pedir a las comunidades autónomas “un cambio de actitud y de talante” para acometer un cambio normativo que regule el funcionamiento de estos centros. 

En esa misiva, la plataforma enumeraba las principales deficiencias del sistema de residencias actual, que coincide con las descripciones de Ester o de Francisco: “La inexistencia de personal suficiente, y cualificado, para atender las múltiples necesidades de los resi­dentes; la deficiencia de la atención médica; la práctica abusiva de sujeciones físicas y químicas; el funcionamiento ausente de los servicios de inspección; las continuas violaciones de las normativas por parte de las empresas operadoras; la alimentación escasa y pobre en valores nutricionales; la ausencia de la iniciativa pública en beneficio de una consolidada red de empresas privadas usureras; unos servicios asistenciales y de cuidados paupérrimos o abandonados, etc”. Todo ello, denuncian en la carta “es el inaceptable reflejo del modelo hoy vigente de residencias”. 

Precisamente esta semana, en un pleno del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, Mariano Turégano, de 82 años, relataba las condiciones en las que se encuentran él y sus compañeros en la residencia de Moscatelares, en San Sebastián de los Reyes, unas instalaciones que dependen de la Comunidad de Madrid. “En nuestras habitaciones hemos pasado un verano de 40 grados porque la Comunidad de Madrid mira para otro lado cuando se trata de ver por la salud y el bienestar de sus ciudadanos. Algunas de nuestras compañeras y compañeros han sido hospitalizados este verano con altos niveles de deshidratación que agravan o desencadenan otras patologías”, explicaba emocionado. 

Paulino Campos, uno de los portavoces de La Plataforma y presidente de REDE en Galicia, afirma en declaraciones a este diario que el de Mariano no es un caso singular. “Marianos hay todos los días. El asunto es cómo permitimos como sociedad que se dé esta situación”, se pregunta. “¿Por qué estamos torturando a las personas mayores y a los familiares también? No es aceptable, por eso convocamos la manifestación”, argumenta.

Irene Velasco, que marcha junto a varios familiares en la manifestación, ha viajado hasta Madrid desde Alcalá de Guadaira, donde tiene a su madre ingresada. Las condiciones de la residencia, gestionada por la empresa Domus VI, tienen unas carencias que, dice, “no se pueden permitir”. “La alimentación es mala, hay fallos en la medicación, falta personal…”, resume. Esa falta de personal –no hay enfermería por las tardes, noches o fines de semana– provoca situaciones como la que se vivió hace poco: a una residente se le soltó la sonda de la alimentación, un problema que se habría resuelto rápidamente con una enfermera en el centro. El agujero de la vía se cerró y precisó una intervención quirúrgica en un hospital. “Ellos no detectan los problemas de salud, somos nosotros los que les hacemos test de covid o nos damos cuenta de que tienen una infección de orina”, protesta.

Hace poco, a su madre le cambiaron la alimentación por el deterioro de su estado a un menú de triturados, pero el centro no avisó a la familia. “No me parece que cosas tan importantes en la vida de una persona no se hagan con la suficiente delicadeza y humanidad que precisan”, comenta. Por ello, han presentado una demanda contra el centro ante la Justicia y se han asociado con otras familias en la misma situación para valorar acciones conjuntas, porque se han dado cuenta, dice, que hay problemas que son estructurales y precisan una respuesta organizada.

Un nuevo modelo de residencias

El pasado 28 de junio, el Ministerio de Sanidad y los consejeros de dependencia de las comunidades autónomas llegaron a un acuerdo sobre los criterios para garantizar la calidad de los centros y servicios de dependencia. Ese documento establece un plazo de varios meses para que las comunidades aprueben sus nuevas normativas para regular el funcionamiento de los centros. La Plataforma cree que este es un momento esencial para exigir a los diferentes gobiernos regionales “un cambio de actitud para encarar el debate público sobre el marco normativo y el modelo” de residencias y, en general, de la dependencia. 

Las asociaciones agrupadas en torno a la plataforma creen que el acuerdo alcanzado este verano se queda corto, no garantiza el cambio de modelo y no asegura “cuidados dignos y de calidad”. “No han tomado en consideración gran parte de las exigencias prioritarias de los familiares y las usuarias”, lamenta la carta enviada a la ciudadanía. Por ejemplo, el Acuerdo establece un coeficiente mínimo de 43 cuidadores por cada 100 usuarios, mientras que la petición de la plataforma era elevar ese ratio hasta un trabajador por cada cuatro residentes en los turnos de mañana y de tarde y de 1 a 10 en los de noche. “La cifra aprobada en el acuerdo perpetúa uno de los grandes dramas que arrastran las residencias: la flagrante falta de personal”, lamentan. Tampoco se tiene en cuenta, añaden, el suficiente refuerzo del personal de inspectores ni se establecen órganos de representación con la participación de familiares.,

Otro de los principales puntos que las asociaciones pedían y que no se han tenido en cuenta es la creación de residencias públicas para, argumentan, “combatir adecuadamente la obscena privatización del sector de los cuidados a personas mayores y con discapacidad”. “Lo público está ausente y eso explica parte de lo que está sucediendo. Si desaparece la administración pública, no tenemos la posibilidad de escrutar desde el servicio público y la ciudadanía lo que está sucediendo. Has dejado una tierra ancha para que entren estos malvados, que solo les interesa ganar dinero”, sostiene Campos.

Por último, las organizaciones lamentan que no se haya reflejado en ese acuerdo un compromiso para acabar con las macroresidencias “ni el espíritu de hacinamiento que transmiten”. “Se seguirán permitiendo construcciones de edificios de 120 plazas, cuando hemos propuesto que la cantidad no sobrepase las 60 camas por centro”, apuntan, al tiempo que rechazan que no haya una exigencia sobre el número de camas individuales mínimas que deben existir.

200.000 firmas ante el Congreso

Campos explica que una de las iniciativas que han impulsado de cara a esta movilización es la recogida de más de 200.000 firmas que van a presentar ante el Congreso de los Diputados, un gesto simbólico, puesto que las competencias de dependencia están transferidas a las comunidades autónomas, pero que esperan sirva de llamada de atención para todos los parlamentarios. Las firmas son en realidad una donación de las recogidas en la plataforma Change.org por el periodista Manuel Rico y el profesor Fernando Flores para pedir a la Fiscalía General del Estado una investigación sobre lo sucedido en las residencias durante la pandemia y al Congreso la creación de una comisión de la verdad para el mismo fin. A las rúbricas recogidas en esa plataforma se suman las coleccionadas por Amnistía Internacional, que también realizó una campaña en este sentido y también ha decidido donarlas para la causa. 

“El Congreso de los Diputados tendría que haber investigado y analizado lo que pasó en las residencias. Nosotros queremos pedir con estas firmas que se analice, que se investigue lo que ha ocurrido, que todavía está sin investigar y se va a cerrar en falso”, explica Campos, que pone en valor una investigación de este tipo no solo por razones de verdad, reparación y justicia, sino porque puede ser una herramienta positiva para preparar mejor una siguiente pandemia. “Por ejemplo, para saber qué porcentaje de habitaciones individuales es necesario. Es de cajón que el mayor número de muertes fue en las residencias, que fue peor en las macroresidencias y en las que más habitaciones dobles tenían. Es de cajón pero hay que demostrarlo con datos empíricos”, sostiene. 

De momento, la manifestación de hoy servirá, esperan, como una llamada de atención tanto a los políticos como a la sociedad a la que han interpelado desde el centro de la calle: “No nos mires, únete”. La concentración ha terminado en la Plaza del Callao con la lectura del manifiesto y entre canciones de Joan Manuel Serrat y el Blues de la Tercera Edad, de Miguel Ríos: “En el cristal ve su reflejo; su belleza es la dignidad; repite el mantra de un consejo; Ana, no te rindas jamás”

Por la descolonización del Sáhara Occidental

La responsabilidad de España, presente en la manifestación saharaui 

Piden a España que, como potencia responsable, proceda a la descolonización del Sáhara Occidental. 

Los jóvenes se muestran dispuestos a seguir el camino de sus mayores 

La responsabilidad de España en la situación que se vive en el Sáhara  Occidental y su obligación para que se llegue a una solución al conflicto que enfrenta al Frente Polisario con Marruecos ha centrado la masiva manifestación pro saharaui celebrada en Madrid. 

La manifestación se celebra todos los años coincidiendo con el aniversario de la firma del acuerdo tripartito de Madrid, por el que España entregó la que había sido su provincia 53 a Marruecos y a Mauritania.  El 46 aniversario de la salida de España coincide en esta ocasión con un año de la reanudación de la guerra en el Sáhara Occidental, al romper Marruecos el alto el fuego que se mantenía desde septiembre de 1991. 

Varios miles de personas llegadas de distintos puntos de España, entre saharauis y simpatizantes de su causa, han ido desde la plaza de España, por la Gran Vía, hasta la Puerta del Sol, tras una gran pancarta con el lema “No a los acuerdos tripartitos de Madrid”  y “Stop a la vulneración de los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental”. 

Tras la pancarta, entre otros, Luke Uribe-Echebarria, senador del Partido Nacionalista Vasco; Enrique Santiago, el secretario general del PCE, diputado y secretario de Estado para la Agenda 2030; Jon Rodríguez Forrest, responsable de la Comisión de Relaciones Internacionales de Izquierda Unida para Oriente Medio y el Norte de África; Xavier Serra , presidente de la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara, organización convocante de la manifestación, y Abdulah Arabi, delegado del Frente Polisario para España. 

La traición a las promesas hechas al pueblo saharaui por parte de España ha sido destacada en el manifiesto leído por el atleta navarro Joseba Alzueta, que ha recorrido 460 km para llegar a Madrid desde Pamplona y  pedir que se ponga fin a la vulneración de los DDHH en el Sáhara Occidental. 

En el manifiesto se señala la “perseverante y heroica resistencia del pueblo saharaui” contra la ocupación ilegal de su país por Marruecos, y se destaca la responsabilidad de España según el derecho Internacional: los Acuerdos de Madrid son nulos “ya que no cabe legalmente ceder de forma unilateral la soberanía de un territorio pendiente de descolonizar, sin el consentimiento de sus habitantes”, por lo que “el Estado español sigue siendo la potencia responsable de la Descolonización del territorio según Naciones Unidas”. 

En las diversas intervenciones se ha expresado la solidaridad con los presos políticos saharauis y los activistas perseguidos en el Sáhara Occidental bajo ocupación marroquí, destacando el caso de Sultana Jaya y su familia, que llevan un año de confinamiento y agresiones en su casa, en la ciudad de Bojador. 

También ha habido palabras de reconocimiento y agradecimiento por parte de los intervinientes para la actriz Pilar Bardem y el coronel Javier Perote, grandes exponentes del movimiento solidario español, que fallecieron en julio y septiembre de este año, respectivamente. 

Dos jóvenes, una mujer y un hombre, han mostrado su disposición a seguir el camino de sus predecesores y han hecho un llamamiento para responsabilizarse de lo que está ocurriendo con su pueblo: “nuestros mayores nos necesitan, ellos llevan luchando por todos nosotros, entregándose en cuerpo y alma para darnos una vida digna. Es nuestra responsabilidad que sigamos con esta lucha para que todo el esfuerzo de nuestros abuelos y padres no haya sido en vano”. 

“Queremos recordar a algunos medios de (des)información, que el Frente Polisario es reconocido como tal por la ONU y otros muchos organismos internacionales y países, entre los cuales se encuentra España. Es por ello por lo que exigimos un periodismo objetivo y de calidad, alejado de bulos teñidos de intereses económicos y políticos, como los que hemos visto, sobre todo, en estos últimos meses”, han afirmado. 

Abdulah Arabi, el delegado saharaui, ha  recordado al Gobierno español su responsabilidad en la descolonización del Sáhara Occidental y ha calificado de “decepcionante” la posición de los respectivos ejecutivos españoles desde 1975 hasta la actualidad. 

Tras afirmar que “hay una deuda pendiente con el pueblo saharaui ya que los Acuerdos Tripartitos son ilegales, por lo que a ojos del Derecho Internacional España sigue siendo potencia administradora del territorio”, ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez una posición más activa en la resolución del conflicto y “valentía” para cerrar una “página vergonzosa para la historia del país”. 

A esto ha añadido que “el derecho a la autodeterminación no es negociable” y que “el pueblo saharaui y su legítimo responsable, el Frente Polisario, adoptarán todas las medidas que sean necesarias para garantizarlo

Manifestación de pensionistas en Madrid

Los pensionistas tomarán Madrid el 16 de octubre contra los «recortes» de Escrivá y Pacto de Toledo

La protesta de los pensionistas se celebrará primero ante el Congreso de los Diputados, para marchar luego hasta la Puerta del Sol. La fecha del 16 de octubre no es aleatoria, se ha escogido porque se cumplen dos años desde el 19 de octubre de 2019, cuando se produjo una multitudinaria manifestación-concentración de miles pensionistas, como culminación de dos marchas que recorrieron el país de norte a sur.

Por Pepa Montero 

El próximo día 16 de octubre, pensionistas de todo el país están llamados a llenar las calles de Madrid en una gran manifestación, convocada por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, Coespe (@CoespeOficial), en defensa del sistema público de pensiones, «que está en peligro por las reformas y contrarreformas que están haciendo a través del Pacto de Toledo y los acuerdos vergonzosos a los que se está llegando en la mesa de negociación social, que suponen recortes inadmisibles», según denuncia Damián Rodríguez, portavoz de Coorpen Madrid-Coespe y miembro de la Comisión de Organización Estatal.

La protesta de los pensionistas se celebrará primero ante el Congreso de los Diputados, para marchar luego hasta la Puerta del Sol. La fecha del 16 de octubre no es aleatoria, se ha escogido porque se cumplen dos años desde el 19 de octubre de 2019, cuando se produjo una multitudinaria manifestación-concentración de miles pensionistas, como culminación de dos marchas que recorrieron el país de norte a sur.

«Vamos a entregar en el Congreso cientos de miles de firmas en favor de realizar una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social, porque entendemos que el sistema público de pensiones es sostenible y lo que debe hacer el Gobierno es resarcir a la caja de la Seguridad Social de todas las cantidades que han detraído, de una manera absolutamente reprobable, desviando dinero de las pensiones hacia gastos impropios», argumenta Damián Rodríguez.

Asimismo, la Asociación Jubilación Anticipada sin penalizar con 40 o más años cotizados, Asjubi40 (@asjubi40), también convocante de esta gran marcha sobre Madrid, está llamando a pensionistas de toda España para que acudan a la capital. Esta organización representa a los actuales 550.000 jubilados anticipados que sufren penalizaciones eternas que reducen sus pensiones hasta en un 25%, a pesar de que todos acumulan más de 40 años cotizados. 

 Santiago Menchero, portavoz de Asjubi40, también confirma a 65Ymás que van a seguir luchando. «De ningún modo aceptamos el capotazo que nos quiere dar el ministro Escrivá», señala, en referencia al informe realizado por el ministro en el que se opone a despenalizar la jubilación anticipada en trabajadores con largas carreras. Tal como detalla Menchero, el contenido del informe (adelantado por 65Ymás) es «injustificable, no es el estudio que reclamó el Pacto de Toledo, sino todo lo contrario, es un informe en el que el ministro Escrivá trata de demostrar que eliminar las penalizaciones a los jubilados anticipados con largas carreras supone una carga de gasto extra para el Estado, aunque hayamos cotizado mucho más de 40 años».

El portavoz de Asjubi40 asegura que no van a aceptar que se de marcha atrás en los «compromisos que han adquirido con nosotros los partidos políticos y el propio Pacto de Toledo. Nos vamos a movilizar lo que sea necesario, en las calles, en el Parlamento, con los grupos políticos… en defensa de las pensiones públicas y en contra de los recortes y amenazas que se ciernen sobre los pensionistas presentes y sobre los futuros».

 Auditar las cuentas, una exigencia unánime

La Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones mantiene abierta una petición en la plataforma Change.org y dirigida a Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que dirige José Luis Escrivá, para exigir una auditoría a fondo de las cuentas del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Según sus promotores, «entre 1989 y 2013, España gastó más de 103.690 millones de euros que pertenecían a la hucha de las pensiones en otras cuestiones. Fue una práctica aparentemente legal, pero incorrecta, que hizo desaparecer los excedentes de cotizaciones que hoy debían nutrir esa hucha de las pensiones tan esquilmada en épocas de paro y crisis como la que hoy vivimos. Los recursos y cotizaciones que han desaparecido de la caja de la Seguridad Social, que debían haber servido de reservas para tiempos peores, estaban protegidas por la Ley General de la Seguridad Social, formaban parte del Patrimonio de la Seguridad Social, que pertenece a los trabajadores y ningún gobierno, ningún partido, puede utilizarlo para lo que mejor le convenga en cada momento. Pues su destino exclusivo es atender a las prestaciones de la Seguridad Social y no a otras necesidades».

 Derogar las reformas de pensiones 

Otras reivindicaciones inexcusables para los convocantes de esta macromanifestación en Madrid son igualar la pensión mínima al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), acabar con la brecha de género, mejorar las pensiones de viudedad, así como la derogación de las reformas de pensiones y las ya citadas auditoría de la Seguridad Social y la despenalización de las jubilaciones anticipadas con más de 40 cotizados.

La coordinadora de pensionistas exige una «reforma integral del Sistema Público de Pensiones que conllevará una verdadera Reforma Fiscal en la que paguen más los que más tienen, porque no es de recibo la propuesta de algunos partidos de que bajando y suprimiendo impuestos se puede sostener los servicios sociales de un país».

Situación actual de Cuba

Declaración del Centro escolar Óscar Arnulfo Romero sobre los hechos que acontecen en Cuba
Desde hace más de 60 años los EEUU han impuesto a Cuba su política hegemónica y geopolítica, tratando de vulnerar la soberanía e independencia de esta nación, así como establecer su régimen económico, político y social mediante el bloqueo genocida impuesto a nuestro país, lo que ha traído como consecuencia daños considerables en todos los aspectos de la vida, encareciendo y obstaculizado el acceso a recursos y materias primas de primera necesidad, imprescindibles para el estado cubano y el funcionamiento normal de las estructuras económicas y sociales, lo que se ha agudizado a partir de la administración Trump y su política de desgaste y golpe blando.
El estado cubano no ha dejado de hacer grandes esfuerzos, lo cual se constata por las cifras en diferentes indicadores relacionados con la Covid 19; por ejemplo, casos por millón de personas: Cuba 21320, América 72235,13 y EEUU 104381,25. La letalidad en Cuba es de 0,64, en América de 2,64 y en EEUU de 1,79. Además se han desarrollado 5 candidatos vacunales nacionales que ya 1 de ellas es vacuna, la primera hecha en América tina, lo que habla de una voluntad política de hacer frente a esta pandemia y disminuir los efectos de una crisis que no es sólo de Cuba. Ante el incremento de casos de pacientes con COVID 19, en un contexto de asfixia dado el recrudecimiento de las medidas y sanciones impuestas a Cuba, de la presión interna y externa y de la crisis internacional dada la pandemia, hemos constatado que ciertos grupos, desde la desinformación y/o la mala fe, están solicitando la intervención humanitaria a Cuba, unido al fomento de malestares e indisciplina social, para justificar la intervención por organismos internacionales. La experiencia ha demostrado que estas intervenciones no resuelven los problemas de los países y sólo sirven para el incremento de las desigualdades y violencias. Nuestro Centro condena en primer lugar el inhumano y antiético bloqueo de los EEUU a Cuba, a la vez que a todo tipo de manifestaciones contrarias al orden público, la paz y seguridad nacional, más en este tiempo de pandemia y carencias asociadas a esta, que solo sirven para demorar la recuperación y aumentar los casos de Covid 19, a la vez que obstaculizan los ingentes esfuerzos del estado cubano por salir de esta situación. Del mismo modo, hacemos un llamado a la unidad de la nación bajo el respeto, el amor, la soberanía y la paz a la vez que a los pueblos del mundo a no dejarse llevar por malintencionadas o falsas noticias que sólo sirven para desinformar sobre la realidad cubana.
Dada en La Habana, el 12 de julio de 2021.

¿Qué está pasando en ´Cuba?

¿Qué está pasando en Cuba? Las claves para entender las protestas contra el Gobierno
La escasez de alimentos y la falta de vacunas contra la covid están detrás de las manifestaciones en la isla
Cuba ha vivido este domingo las manifestaciones más grandes de las últimas décadas. Al grito de “Abajo la dictadura” o “Patria y vida”, remedo del eslogan oficial “Patria o muerte”, los cubanos se han echado a las calles para protestar contra la mezcla explosiva de la ausencia de alimentos y la falta de vacunas contra la covid. La crisis económica que sufre la isla desde hace años se ha visto agravada por la pandemia, que ha golpeado muy fuerte al sector turístico.
Estas son algunas de las claves que ayudan a entender cómo se ha generado el estallido, espoleado y amplificado en todo el mundo por las redes sociales, al que tendrá que hacer frente el presidente Miguel Díaz-Canel, heredero de Fidel y Raúl Castro, el primer dirigente en 62 años de régimen que no vivió la revolución:
¿Dónde surgen las protestas y qué piden los manifestantes? Cientos de cubanos empezaron a protestar el domingo en las localidades de San Antonio de los Baños, cerca de La Habana, y Palma Soriano, en Santiago, una chispa que después se extendió a todo el país. En principio, era una protesta por los largos apagones de electricidad y para exigir la vacunación contra la covid-19. Poco después, las demandas se convirtieron en gritos de “libertad” y exigencias de cambios políticos. Seguir leyendo

Marcha por la libertad del pueblo Saharaui

Miles de personas exigen en Madrid el fin de la opresión marroquí sobre el Sáhara Occidental

Los asistentes al final de la Marcha por la Liberación del Pueblo Saharaui defienden que España haga frente al cumplimiento de las resoluciones de la ONU que le señalan la necesidad de realizar un referéndum de autodeterminación y que se deje de encarcelar a activistas por los Derechos Humanos que desempeñan su labor en la zona.
GUILLERMO MARTÍNEZ@GUILLE8MARTINEZ Seguir leyendo

Los pensionistas vuelven a la calle en más de 50 ciudades

«Ni recortes ni privatizaciones»: los pensionistas vuelven a la calle en 50 ciudades en defensa del sistema público
Los colectivos de pensionistas exigen la garantía de unas «pensiones públicas, dignas, juntas y suficientes»
Los manifestantes han exigido al Parlamento que ponga «de inmediato» en marcha una auditora sobre la Seguridad Social para explicar los ingresos y gastos del sistema
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Colectivos de pensionistas se han manifestado este sábado en 50 ciudades en defensa del sistema público de pensiones y contra las reformas y recortes. Los manifestantes reclaman el cumplimiento de «las promesas realizadas para garantizar pensiones y salarios dignos», según informa Europa Press.
Entre ellas figuran la derogación de los recortes de las reformas de pensiones de 2011 y 2013 y las reformas laborales de 2010 y 2012, pero también «asegurar pensiones públicas mínimas y salario mínimo suficientes que permitan a las personas sin distinción de género acceder a unas condiciones de vida dignas». También rechazan «los nuevos recortes que se anuncian para 2021 a los que ha dado cobertura el Pacto de Toledo» y «que las cotizaciones sociales se privaticen en fondos privados de pensiones, como pretende el ministro (de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis) Escrivá con su propuesta de planes de pensiones privados de empresa».

Los pensionistas han exigido al Parlamento que ponga «de inmediato» en marcha una auditoria sobre la Seguridad Social que explique cuáles han sido los ingresos y gastos del sistema desde su constitución en 1963. Asimismo, los manifestantes han denunciado el «intento de privatizar» parte de las cotizaciones de la Seguridad Social hacia fondos privados de pensiones.
En Madrid, cientos de manifestantes se han concentrado junto a Marea Blanca en la Puerta del Sol sobre las 12.00 horas. «Pensiones dignas ¡Ya!; En defensa del Sistema Público de Pensiones», señalaban algunas de las pancartas de los asistentes a la concentración. Los colectivos de pensionistas exigen la garantía de unas «pensiones públicas, dignas, justas y suficientes» y no admitir en el sistema público «ni recortes ni privatizaciones».
En Valencia, la Confederación Nacional del Trabajo ha recorrido el centro histórico de la ciudad para exigir que «no disminuya ni un céntimo» el poder adquisitivo de trabajadores y pensionistas. «Salarios dignos son la mejor forma de tener pensiones dignas», ha defendido el sindicato.
Los pensionistas también se han manifestado este sábado en las calles de Barcelona en contra del Pacto de Toledo y en favor de las pensiones públicas. En la Ciudad Condal la concentración ha comenzado a las 10.30 horas.
«Tratan de construir un falso relato sobre la insostenibilidad del sistema»
En este contexto, la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE) ha destacado que estas movilizaciones no son «el punto final, sino un paso más para recobrar el protagonismo de la ciudadanía contra recortes y privatizaciones». «Vemos como desde las Unión Europea tratan de imponer directivas como el Plan Pan Europeo de Pensiones (PPEP), que buscan convertir el derecho a una pensión digna en un negocio financiero cautivo de la banca especulativa. Una banca privada que sigue tratando de parasitar sobre el sector público ganancias a costa de los derechos sociales», ha criticado la organización.
En su opinión, para justificar esa privatización «tratan de construir un falso relato sobre la insostenibilidad del sistema, a la vez que lo cargan de gastos impropios y reducen ingresos bajando las cotizaciones que ingresa la seguridad social para aumentar las ganancias de las empresas». Para COESPE, el sistema «es solvente y no necesita más recortes, sino revertir las retrogradas reformas impuestas en los últimos años».
Por otro lado, la organización ha denunciado el «nefasto» resultado de la privatización de la sanidad y los servicios de residencias que se han mostrado ineficaces y mortales para decenas de miles de mayores con la crisis del covid-19

La Misa del Pueblo ha comenzado

Testigo directo de las marchas colombianas: «La misa del pueblo ha comenzado»

Ha sido una semana de marchas y de paro.  Muchos nos fuimos a las calles a protestar y a decir que, aunque hayan retirado la reforma tributaria, las cosas en Colombia están mal.

Cuando me sumergí en la multitud que hacía su plantón en el parque y después cuando me dejé llevar en las calles por el río de gente, me supe celebrando con toda esa multitud un rito sagrado.

Ese plantón y esas protestas eran una misa y allí el pan y el vino, fruto de la tierra y del trabajo de la gente, eran los sufrimientos de este pueblo crucificado en la pobreza.

Era un misterio que una manifestación que reventaba de tanto dolor llegara a ser tan gozosa y que propiciara una fiesta de vida.

Y la multitud anónima se hizo familia, la diversidad de los manifestantes se fundió en un abrazo.

 | Jairo Alberto Franco Uribe

Ha sido una semana de marchas y de paro.  Muchos nos fuimos a las calles a protestar y a decir que, aunque hayan retirado la reforma tributaria, las cosas en Colombia están mal;  que otro país, con dignidad, comida, salud, servicios, educación, tierra para todos, es posible y no utopía; que no puede ser que en una nación de poco más de 50 millones de habitantes 21 millones estén clasificados en la pobreza; que el acuerdo de paz es cosa seria y no para hacerlo trizas; que no se puede asesinar a los líderes sociales y que es abominación exterminar a los que firmaron la paz;  fuimos a las marchas y al paro porque el Evangelio es cierto y no lo podemos encerrar en los templos, hay que “callejearlo” y gritarlo y dejar que haga su revolución.Cuando me sumergí en la multitud que hacía su plantón en el parque y después cuando me dejé llevar en las calles por el río de gente, me supe celebrando con toda esa multitud un rito sagrado y que allí estaba Dios y su Cristo.  Sí, aquello era una misa, había incluso un pasacalle que decía “la misa del pueblo ha comenzado”.   Allí, así lo viví, no había una masa, había un pueblo, y así, sin rúbricas de misales viejos, brotaban ritos inspirados por el alma común que nos apretaba a todos, nos movíamos, brincábamos, extendíamos las manos, nos abrazábamos y hacíamos gestos llenos de poder y unción. La misa del pueblo ha comenzado Ese plantón y esas protestas eran una misa y allí el pan y el vino, fruto de la tierra y del trabajo de la gente, eran los sufrimientos de este pueblo crucificado en la pobreza, que nunca ha podido vivir con dignidad y como hijos e hijas de Dios.  Y esos sufrimientos, aquí está el milagro, se volvían en las manifestaciones pura alegría, se “transubstanciaban” en canciones, danzas, color y arengas que nos alimentaban de fuerza y ganas.  Era un misterio que una manifestación que reventaba de tanto dolor acumulado, de tanta injusticia, de tanta frustración, de tantas lágrimas, de tanta muerte, llegara a ser tan gozosa y que propiciara una fiesta de vida.  Y es que así es la eucaristía, los sudores de la fatiga, la comida y la bebida que luchamos, se vuelven Dios.

Y la multitud anónima se hizo familiala diversidad de los manifestantes se fundió en un abrazo de todos para todos, partimos juntos el pan de los dolores del pueblo, bebimos del cáliz amargo de la muerte de las víctimas, y esos dolores y esa muerte nos hicieron íntimos y allí nadie era extraño, éramos una sola cosa. Comulgar en la pasión de los más pobres, que no es distinta a la de Dios, nos fundía a todos en una sola intención.

Era, para describirlo de algún modo, una danza, así como la baila Dios trino, tan íntima que tres resultan ser sólo uno, una danza así copiada del cielo mismo,  nos hizo a todos los distintos uno solo y todos resultamos íntimos a todos: allí un grupo de indígenas con su misterio; más allá un conjunto de seminaristas y religiosos a la vez fervorosos e indignados; más adelante un colectivo lgbti ondeando el arcoíris; en otro lugar, un montón de mujeres que gritaban por sus hijos y esposos desaparecidos; desde la ventana del hospital personal de la salud, médicas y enfermeros, que agitaban banderas blancas; un sindicato de trabajadores con gritos que, además de pegados en las pancartas, salían también de sus gargantas…. Toda esa diversidad se volvió unidad y abundaban los saludos, la sonrisa, los abrazos. Y el plantón y las protestas son peligrosas, todos lo sabíamos y aun así arriesgábamos; ese peligro nos ponía también en situación de eucaristía: es que no hay eucaristía, si es la genuina de Jesús, que no sea riesgosa y celebrarla significa no otra cosa que darse, que entregar la carne, que derramar la sangre, hacerse pan y ser comido, hacerse vino y ser libado, y eso es duro, y por eso ir a protestar, estábamos avisados, no éramos ingenuos, era ponerse en la mira asesina y exponerse a la muerte. 

Y efectivamente, así sucedió a un buen número: en el altar de las calles, unas 30 personas que ejercían su derecho a manifestar, la mayoría jóvenes, murieron víctimas, se volvieron ofrenda; ellos, estamos seguros, no perdieron la vida, la hundieron en el misterio de Cristo que la da amando hasta el extremo.  Ellos, lo dice el misterio de la pascua, seguirán vivos y ofreciendo las claves para abrir el libro de la vida y comprender toda esta historia. El amor salvará el mundo.