Iglesias y minería y la diligencia debida vinculante

Hugo Charles Castelli Eyre

Iglesias y Minería es una plataforma latinoamericana de ONGs cristianas inspirada por el Laudate Sí que busca un tratado vinculante de derechos humanos para impedir los abusos de las multinacionales extractivistas en Latinoamérica. Entidades fraternas de Iglesias y Minería describe las 24 ONGs que forman parte de la plataforma y que incluye la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz de Colombia con la cual el Grupo Colombia de Santo Tomás de Aquino tiene una fuerte relación.

Durante el verano, recibí una petición de ayuda de Begoña Ocio, representante de Pax Romana en la Conferencia de las ONGI, acerca de un informe publicado en Religión Digital sobre la oposición del obispo de Jericó al proyecto de Quebradona, una mina nueva de la filial colombiana Anglo Gold Ashanti (AGA) en Jericó.

Envié documentos de Oxfam Australia en español a Begoña sobre como organizar la defensa local en el momento que una multinacional minera aparece en una zona campesina. También escribí a AGA en su oficina central en Sudáfrica pero no recibí contestación.

Contacté con el corresponsal de Religión Digital en Colombia y con Monseñor Londoño, obispo de Jericó. También contacté con Grégori Thuan Dit Dieudonné, abogado francés de Estrasburgo que litiga en temas de derechos humanos por todo el mundo y que formaba parte del grupo de trabajo Derechos Humanos y Empresas que yo coordinaba
en la Conferencia de las ONGI.

Noel Londoño me dijo que Iglesias y Minería asumían la defensa de las poblaciones.
Llegué a la conclusión de que tres personas desde Europa no íbamos a conseguir gran cosa y contacté con OCMAL (Observatorio de Conflictos Mineros), una de las ONGs de Iglesias y Minería a través de su página web. Me recomendaron contactar con Pedro Sánchez, coordinador de Iglesias y Minería.

Yo le escribí preguntando ¿Cuál es la colaboración más útil desde Europa? y Pedro me contestó que Iglesias y Minería se relaciona en Europa con CIDSE, una central de la IC con ONGs de derechos humanos en cada país europeo, concretamente Manos Unidas y Redes-ONGD en España, y que han contactado con la ONU y la Unión Europea para pedir una ley vinculante de derechos humanos frente a los atropellos de las empresas extractivas con las poblaciones donde trabajan.

Contacté con Escarni Escobar de Manos Unidas y Gonzalo Violero de Redes-ONGD.
Tuve una reunión con Gonzalo el 8/11 y me informó sobre la reunión en la sede de la Unión Europea para el jueves 10/11 en la cual me inscribí. Manos Unidas y Redes-ONGD han organizado una campaña llamada Enlázate por la justicia que ha promovido La Plataforma por las empresas responsables PER, cuyo formulario de apoyo he firmado personalmente pero, tal vez, interesaría que Redes Cristianas lo firmara también.

Mi conexión con la web de Enlázate es a través de su sección de Economía donde hay dos carteles que explican la Diligencia Debida.
También me reuní Antonio Fuertes, exdirector de Responsabilidad Social Corporativa de Naturgy, al que había visitado con la recomendación de 2017 de la Conferencia de las ONGI que salió del grupo de trabajo sobre Derechos y Empresas que yo coordinaba en Estrasburgo.

Antonio trabaja ahora en la consultora Business & Human Rights BHR , que actúa en España y Colombia. En la reunión me informó sobre las propuestas de Diligencia Debida así como Informes de Sostenibilidad vinculantes de la Unión Europea.

Posteriormente, me envió los textos en inglés de ambas propuestas y luego obtuve la traducción al español de la propuesta de Diligencia Debida de la oficina de ddhh del MAEC, la cual os adjunto. Antonio Fuertes es también vocal de DIRSE , Asociación Española de Directivos de Sostenibilidad que explica en pocas palabras los temas de
sostenibilidad y derechos humanos.

También me informó de que el objetivo de las propuestas eran las de advertir a los consejeros y ejecutivos de las multinacionales que tanto las personas jurídicas como las físicas se expondrían a fuertes multas por infracciones relacionadas con los derechos humanos y por acciones que perjudican la subida de la temperatura en más de 1,5ºC, según lo acordado en el encuentro de París sobre el cambio climático.

Luego supe que el responsable del proyecto de una ley
española de Diligencia Debida es Juan Manuel Sánchez-Terán Lledó, subdirector general de Economía Social del Ministerio de Trabajo.
Invité a Antonio Fuertes al encuentro de la UE donde nos dio la bienvenida Gonzalo Violero.

Participaron en la mesa el delegado de la Unión Europea en España, una
representante de Oxfam Intermón, Lilith Verstrynge, Secretaria de Estado para la Agenda 2030, Francisca Pérez (nombre ficticio) activista de Unidad Campesina de Guatemala, Carolina de Moura y Daniel Chanmas, coordinadora y director del Instituto Cordilheira de Brásil respectivamente.

Las tres últimas personas citadas explicaron que las recomendaciones voluntarias de derechos humanos no son nunca respetadas por las multinacionales extractivas porque el capitalismo no se fija en las personas y sólo en los beneficios. En el caso, de la empresa
minera Vale, de Brásil, la dirección sabía que la presa de estériles de su mina de Brumadinha estaba en peligro de derrumbe pero como los desechos no tenían ningún valor buscaron aseguradoras que certificaran que no había peligro.

A pesar del rechazo de muchas aseguradoras, la empresa alemana Tüv Süd otorgó la certificación y así Vale siguió alimentando la presa sin advertir siquiera a los trabajadores del peligro de derrumbe incluso a pesar de que el comedor de los trabajadores estaba situada debajo de
la presa y un ésta se derrumbó y murieron 272 trabajadores. Se indicó que 9 empresas más en Brásil tenian sus presas de desechos en situación de alerta roja.

Todo eso se visualizaba en el documental que proyectaron: The illusion of ABUNDANCE, que describe la lucha de Berta Cáceres y su hija en Honduras, la de Máxima Acuña contra la mina de Yanacocha en Cajamarca (Perú) y de Carolina de Moura contra Vale.

Ambas propuestas buscan conseguir una legislación común en todos los Estados de la Unión Europea para las grandes compañías europeas y las filiales de compañías externas a la UE. La primera propuesta es para obligar a 49.000 empresas europeas a emitir informes anuales de sostenibilidad auditados, según el acuerdo de París de limitar el
incremento de temperatura a 1,5ºC y de demostrar que su política de empresa está en línea con la legislación europea acerca de derechos humanos y medioambientales.

La segunda promoverá la Diligencia Debida en toda la cadena de suministros de las empresas. Pedí copias en español de ambas directivas a la Oficina de Derechos Humanos del MAEC (Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación). No tenían la traducción de la primera pero me enviaron la segunda. Consta de 78 páginas y explica los 32 artículos, al principio de una forma sucinta pp 27-31. Luego las pp 32-52 detallan un
total de 71 considerandos y las pp 54-77 describen los 32 artículos en detalle.

Os lo adjunto aparte con el correo. Me fijé en los considerandos 61 y 62 y en el artículo 3 que menciona la responsabilidad personal de los diferentes cargos de las empresas.

En eso, el Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa RSC, asociado como Redes Cristianas y otras ONGs en la Plataforma por la Justicia Fiscal, tendrá un papel importante en la fiscalización de los informes de las empresas españolas.

El informe de 2020 del Observatorio (español) de la Responsabilidad Social Corporativa de 452 páginas que no se puede enviar por correo electrónico porque consta de 431 MB pero que se puede descargar del enlace que doy a continuación. El informe trata del cumplimiento de
las empresas del IBEX35 y lo que es especialmente interesante es que el informe actual evalúa la cumplimentación de:
6 indicadores de fiscalidad responsable,
10 indicadores de corrupción,
27 indicadores de medio ambiente
16 indicadores de derechos humanos
33 indicadores de derechos laborales y
6 indicadores de clientes y consumidores

Para leer y descargar gratuitamente el informe de 2020, hacer clic en Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa , luego en Qué hacemos y luego en Estudios.

Iglesias y Minería contactó con la ONU en Ginebra y con el Parlamento Europeo pero no visitaron el Consejo de Europa. Yo propongo alertar tanto a la Red Europea como a la Conferencia de las ONGI sobre las dos directivas para asegurar que las ONGs podamos intervenir para que el Consejo Europeo no diluya las estipulaciones de ambos directivas y
podamos participar en el debate de ambas legislaciones en nuestros propios países.

Evidentemente ambas directivas europeas deberían poder reducir las infracciones de derechos humanos y medioambientales no solo en España y Latinoamérica si no en todo el mundo pero debido a nuestras limitaciones lingüísticas debemos concentrar nuestra actividad en Latinoamérica.

A este respecto, recibo un boletín semanal del Centro de Información sobre empresas y derechos humanos con las infracciones de derechos humanos que van surgiendo en Latinoamérica, con el propósito de contactar con las empresas españolas implicadas en determinadas situaciones.

Os adjunto también el enlace al BePart Forum , escrito en inglés pero con traducciones automáticas en español, francés, alemán e italiano. Se trata de una iniciativa de la Conferencia de las ONGI, el Congreso de Autoridades locales y regionales (ver lista de delegados españoles), y la dirección general de Democrácia del Consejo de Europa.

De paso, doy el enlace para la delegación española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE)
En conclusión, creo que este tema es importante y por eso os lo envío para su difusión, rogando que me recomendéis acciones individuales y compartidas.