Pronunciamiento: al lado de los más débiles

          Colectivo Ecuménico por el Perú – CEP

REVISTA DE PRENSAAMÉRICA LATINA


A poco más de un mes, el régimen Boluarte – Otárola ya carga en sus espaldas el horror de decenas de muertos, cerca de 50 víctimas. Todos eran gente del pueblo que protestaban contra la criminalización de sus luchas y el golpe de Estado en el Perú. Se trata, no cabe dudas, de un gobierno criminal con ansias de poder que se ha interesado más en proteger la “propiedad”, desproteger la vida de sus ciudadanos y escalar la represión a nivel de masacre y genocidio.

Convencidos de que “la paz brota de la justicia” lamentamos mucho el proceder de las principales iglesias cristianas en esta coyuntura. Desde el campo católico como del evangélico, recientes pronunciamientos tienen en común equiparar a las víctimas y a sus agresores, como un enfrentamiento entre iguales. Incauta o premeditadamente han utilizado la figura de Caín y Abel cuando en realidad se trata de David y su honda resistiendo a Goliat y su mortal armadura.

Del pueblo de “Israel” huyendo del todopoderoso Faraón. De Jesús y su látigo contra los mercaderes del templo. Del Perú profundo luchando por dignidad y justicia frente a los intereses de las transnacionales, la oligarquía y las élites de la sociedad peruana.
La explícita determinación del Premier Alberto Otárola, real comandante de las fatales decisiones del gobierno, en complicidad con Dina Boluarte, apuntan clara e insensiblemente que nuestros hermanos y hermanas seguirán recibiendo balas, palos y gases como respuesta a sus justos reclamos.

Esta situación hace apremiante que bases y cúpulas de las iglesias, católica y evangélicas, abandonen la comodidad camaleónica de una supuesta “neutralidad” y denuncien proféticamente en nombre de Dios el carácter terrorista, asesino e ilegítimo del actual régimen. Desde el sur va creciendo y extendiéndose cada vez más el clamor popular que exige a los líderes religiosos delaten con todas sus letras el régimen Boluarte – Otárola, sin el inaceptable y vergonzoso argumento de que “debemos apoyarlos a pesar de sus excesos”.

El criminal gigante no debe permanecer en pie; en este momento, su furia ya muestra su flaqueza. Desde la espiritualidad, las prácticas pastorales y los compromisos con los más excluidos y pobres de la tierra, urge que Obispos, Pastores, liderazgo y comunidades cristianan opten por la vida y no por la muerte, tomen partido, como lo manda el Evangelio, al lado de los más débiles. Porque nuestras luchas van “contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo”.

Colectivo Ecuménico por el Perú – CEP
“Defended al débil y al huérfano; haced justicia al afligido y al menesteroso” (Salmo 82:3)

Denuncia de represión en El Salvador

Los Comités Oscar Romero de Europa denuncian al gobierno de El Salvador por el encarcelamiento de líderes de la Comunidad Santa Marta —

REVISTA DE PRENSAAMÉRICA LATINA

¡DENUNCIA URGENTE!

A la comunidad nacional e internacional, organizaciones de la sociedad civil, amigas y amigos de Santa Marta y de la asociación ADES, urgentemente informamos:
La Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, ejecutaron en la madrugada de hoy 11 de enero de 2023, la orden administrativa de captura contra Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García y Pedro Antonio Rivas Laínez en la comunidad Santa Marta en el municipio de Victoria.

Simultáneamente capturaron al compañero Teodoro Antonio Pacheco y Saúl Agustín Rivas Ortega en las oficinas de la Asociación ADES
Santa Marta, en el municipio de Guacotecti.
Ante habitantes de la comunidad Santa Marta, la fiscalía dio lectura a la orden de detención y allanamiento, donde se vincula a los compañeros antes mencionados con un caso ocurrido durante “el conflicto armado”, específicamente en los años 1973 y 1974, (cuando aún no se había iniciado el conflicto), añadiéndose, además, a esta acusación la de pertenencia a asociaciones ilícitas, con toda la carga que reviste el término en el contexto salvadoreño actual.

Todo este entramado pone en evidencia la construcción de un caso en forma exprés cuya finalidad real es atacar a la comunidad Santa Marta y a la Asociación ADES atacando a sus liderazgos.
Con lo antes mencionado queremos señalar lo siguiente

1. Nos parece indignante y sospechoso que a casi 31 años del fin de la guerra civil salvadoreña y a más de 40 años de las atrocidades cometidas contra la población civil de Santa Marta, donde fueron
cometidas incontables violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, el estado salvadoreño no fue capaz de judicializar un solo caso. Hoy, cuando dicen actuar, lo hacen para
revictimizar a la misma comunidad en algo que parece a todas luces una venganza política.

2. Los voceros de la fiscalía presentes en la comunidad aseguraron que el caso no tiene nada que ver con el régimen de excepción, por lo que esperamos que antes de las 72 horas se realice la audiencia
inicial y se siga el proceso apegado a ley.

3. Santa Marta y ADES realizarán la denuncia y exigencia de un proceso apegado a ley, sin que medien los procedimientos propios del régimen de excepción y donde prime el respeto a los derechos
humanos y a la justicia.

4. Santa Marta y ADES, exigen el respeto a la integridad física y moral de los compañeros capturados esta madrugada bajo circunstancias sospechosas.

5. Santa Marta y ADES alertan a la opinión pública y organizaciones de la sociedad civil, sobre el riesgo de que continúe este tipo de capturas en las circunstancias antes descritas.

Comunidad Santa Marta, 11 de enero de 2023

Las comunidades campesinas y pobres de Perú están gritando ¡Escuchemos!


Pronunciamiento del Equipo de Lectura Pastoral de la Biblia de Perú, frente a lo que pasa en el país

Protestas de comunidades campesinas en Perú

«Queremos hacer pública, en primer lugar, nuestra solidaridad y cercanía con nuestros hermanos y hermanas de las comunidades campesinas y pobres de las diversas regiones del país»

«Siempre se intenta descalificar y difamar primero para poder reprimir después con fachada de legalidad»

«Condenamos la violencia en cualquiera de sus formas y venga de donde venga, pero recordemos que la primera violencia es la institucionalizada y legalizada con discursos falsos»

«En nuestros hermanos y hermanas, campesinos, campesinas y pobres que luchan por dignidad y justicia, reconocemos a los nuevos rostros de Jesús de Nazaret acusado de hereje y subversivo para poder ser crucificado»

 | ELPB

Queremos hacer pública, en primer lugar, nuestra solidaridad y cercanía con nuestros hermanos y hermanas de las comunidades campesinas y pobres de las diversas regiones del país; especialmente de la región del sur andina, con quienes hemos tenido durante mucho tiempo vínculos de articulación y mucho camino andado juntos.

Vemos su sufrimiento en la represión, escuchamos su clamor ante el maltrato, sentimos su humillación ante el desprecio y queremos estar cerca de ell@s en sus luchas de liberación.

La sangre de nuestros hermanos y hermanas grita desde el suelo, desde la tierra que abrió sus fauces para recibir la sangre derramada de nuestr@s herman@s

Como país, debemos enfrentar el desafío que se nos presenta: ¡Escuchemos! Y Hagámonos la pregunta, ¿qué hemos hecho con nuestr@ herman@? Los responsables de estas muertes y de esta sangre derramada, llevarán para siempre, como Caín, la marca en la frente que los identificará en la memoria de nuestro pueblo.

Las comunidades campesinas y pobres, están gritando; han gritado fuerte desde las elecciones pasadas y están gritando fuerte ahora. Necesitamos escuchar ese grito en vez de querer reprimirlo y silenciarlo. Se les quiso, y se les quiere, silenciar a través del desprecio, la discriminación y la mentira.

Se les quiso silenciar con la falsa narrativa del “¡Fraude!” y con el desprecio y la discriminación del “son ignorantes”, “no saben firmar”, “los engañan fácilmente”, “son manipulados”.

Se les sigue queriendo silenciar con la descalificación y la calumnia, con la falsa narrativa del vandalismo, de la mano negra extranjera o del terrorismo.

Según los datos ofrecidos por el primer ministro en su conferencia de prensa, en Puno hubo 9000 manifestantes y en Juliaca 15000. O sea que, según él afirma, sólo en esta región, hay una “turba de vándalos” de 24000 peruan@s.

«Se les sigue queriendo silenciar con la descalificación y la calumnia, con la falsa narrativa del vandalismo, de la mano negra extranjera o del terrorismo»

Si le agregamos l@s de Cuzco, Ayacucho y las otras regiones, ¿Cuánt@s “vándalos violentistas” hay en Perú?

¿Tantos miles de peruan@s son “terroristas”? ¿Tod@s est@s peruan@s están “movidos y soliviantados por elnarcotráfico y por Evo Morales” como afirma el premier?

¿Tant@s miles de peruan@s son l@s mal@s, mientras los poquitos pobrecitos ministros y congresistas son los buenos?

Condenamos la violencia en cualquiera de sus formas y venga de donde venga; por eso, condenamos también la violencia “infiltrada” que lleva a la muerte de nuestros “hermanos” policías; pero recordemos que la primera violencia es la institucionalizada y legalizada con discursos falsos.

«La primera violencia es la institucionalizada y legalizada con discursos falsos»

No dudamos que pueda haber infiltrados que provocan violencia, pero no aceptamos que las protestas legítimas del pueblo sean descalificadas con la difamación y la mentira, y no creemos que la represión y la muerte sean el camino para responder al resentimiento y la rabia justas, acumuladas por tantas formas de desprecio durante tanto tiempo.

No aceptamos que se siga reprimiendo al pueblo pobre mientras desde los poderes establecidos, y los grupos de poder afines, siguen queriendo destruir las instituciones democráticas del país…

siguen queriendo gobernar los que perdieron en las democráticas elecciones pasadas…

«¿Quiénes son los vándalos más dañinos en el largo plazo?»

¿Quiénes son los vándalos más dañinos en el largo plazo? ¿Los que “impiden el libre tránsito y destruyen propiedad pública o privada, agreden a policías y a los comerciantes que quieren seguir trabajando”? como afirman; ¿O los congresistas que están dinamitando nuestras instituciones fundamentales?

¿Qué nos afecta más?

Acabar con la autonomía del Tribunal Constitucional, manipular y controlar los organismos electorales, destruir la calidad educativa por sus intereses particulares, pervertir y corromper el congreso con la relección inmediata de ellos mismos y con la admisión sin filtros de personas corruptas y sin partidos, fomentar los partidos vientres de alquiler, eliminar la posibilidad de cerrar el congreso, pero no la de censurar y defenestrar al presidente, querer destruir el ojo que llora y el museo de la memoria, ¿no son actos de vandalismo antidemocrático y actos de terror más graves a largo plazo?

Siempre se intenta descalificar y difamar primero para poder reprimir después con fachada de legalidad. Por eso, en nuestr@s herman@s campesin@s y pobres que luchan por dignidad y justicia reconocemos a los nuevos rostros de Jesús de Nazaret acusado de hereje y subversivo para poder ser crucificado.

¡BASTA YA DE SANGRE! ¡BASTA YA DE REPRESIÓN!

Para poder dialogar, necesitamos primero escuchar al otr@.

Equipo de Lectura Pastoral de la Biblia – Perú

Perú explosivo

La contundente represión que aplica el Gobierno de Dina Boluarte a las protestas no es la respuesta política a la crisis actual

Varias personas caminaban el miércoles entre una barricada levantada durante las manifestaciones en la ciudad peruana de Tacna.RAFAEL ARANCIBIA (EFE)

Perú ha entrado en un laberinto peligroso. La brecha entre los peruanos y el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte es cada vez mayor. La oleada de protestas que desató el autogolpe fallido de Pedro Castillo suma ya 46 muertos en zonas rurales a causa de enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. La indolencia del nuevo Ejecutivo, embarcado en una huida hacia adelante con destino incierto, y el uso desproporcionado de la fuerza han exacerbado el desencanto hacia los gobernantes y desatado un clamor internacional para que cese la represión policial. La Fiscalía de la nación ha iniciado una investigación preliminar contra la presidenta y varios de sus ministros como responsables de las muertes y los centenares de heridos causados por una desmedida represión de las protestas en distintas zonas del país, la última de ellas, Cuzco, la más turística de Perú.

Las movilizaciones se calmaron durante las fiestas navideñas pero han rebrotado con fuerza este enero. Y los pronósticos son que se mantengan por largo tiempo. Los peruanos arrastran una década de graves fracasos políticos a los que se suma el descontento de gran parte del país, que se siente ignorado por el centralismo de Lima. Es en los territorios andinos del interior donde las manifestaciones han sido más numerosas y donde se han registrado todas las muertes: 18 de ellas solo el pasado lunes en Puno. También se ha sabido que el nuevo Gobierno suscribió dos contratos el 20 y el 27 de diciembre para comprar 31.615 cartuchos y granadas de bombas lacrimógenas, lo que da una idea del plan de contención previsto ante las marchas.

La llegada de Pedro Castillo a la presidencia en 2021 generó una oleada de entusiasmo, sobre todo en las regiones más pobres y olvidadas de Perú. Su caída, debida al autogolpe del 7 de diciembre, que acabó con él en prisión, encendió la mecha de las protestas que ya se han extendido por todo el país. Es tarea del Gobierno que reemplazó al de Castillo buscar una salida a este conflicto. Y eso implica ir más allá de la represión o de encastillarse en la capital, dando la espalda al resto del país.

Muchos peruanos, como reflejo de un malestar creciente, exigen la salida de Boluarte, e incluso de todos los parlamentarios, a los que identifican con una élite ensimismada en sus privilegios y abstraída en Lima. El Congreso, sin embargo, fijó las elecciones para abril de 2024, alejando más de un año una solución electoral a un conflicto que no hace sino agravarse. Es hora de que el Ejecutivo cambie su política, se replantee la fecha de los comicios y suprima cualquier exceso en la represión de las protestas. La senda recorrida hasta ahora hace temer un mayor derramamiento de sangre y una evolución enormemente peligrosa de la crisis. Evitarlo debe ser la principal premisa del Gobierno peruano.

«Nicaragua Nunca Más»

Denuncian que 60 sacerdotes y religiosas han huido o sido expulsados de Nicaragua desde 2018

“Han sido despojados de su pasaporte, nacionalidad, residencia, negada la entrada a Nicaragua, o que han decidido salir al exilio”, ha explicado el abogado del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más

Al menos 60 religiosos, entre sacerdotes y monjas, han abandonado o han sido expulsados de Nicaragua desde 2018 debido a la situación de persecución a la que el gobierno de Daniel Ortega está sometiendo a la Iglesia católica en el país. Así lo informaba ayer el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, en declaraciones recogidas por EFE.


“Contabilizamos más de 60 religiosos que han sido desplazados, despojados de su pasaporte, nacionalidad, residencia, negada la entrada a Nicaragua, o que han decidido salir al exilio”, explicó el abogado del Colectivo, Yader Valdivia. El informe sobre la situación en Nicaragua abarca desde los considerados presos políticos, la ilegalización de ONG y “la violencia y brutal persecución del Estado contra la Iglesia católica” que en lo que va de año, según el reporte, “ha provocado el exilio de al menos 55 sacerdotes, el destierro de dos y múltiples procesos judiciales”.

“Proteger su vida”

Asimismo, Valdivia explicó que los religiosos han sufrido desplazamiento forzado desde abril de 2018, cuando estalló una revuelta popular por las controvertidas reformas a la seguridad social que planteaba el Gobierno. La protesta se convertiría, más tarde, en una exigencia de renuncia del presidente Daniel Ortega, que respondería con el uso de la fuerza.

Entre los religiosos que han dejado Nicaragua se encuentra el exnuncio apostólico en el país, Waldemar Stanislaw Sommertag, a quien el Gobierno expulsó; el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, Silvio Báez; el sacerdote sobrino del héroe nacional Augusto Sandino, Edwing Román; y 18 monjas de la orden Misioneras de la Caridad, fundada por la Madre Teresa de Calcuta. Del mismo modo, el abogado apuntó que al menos 30 religiosos “decidieron salir al exilio para proteger su vida e integridad física”.

Jesuita dominicano expulsado de Cuba

David Pantaleón, presidente de los religiosos expulsado de la Isla: “Los cubanos necesitan cambios reales”

David Pantaleón

El Gobierno de Díaz-Canel no le ha renovado el permiso de residencia al jesuita dominicano por su apoyo a los presos políticos“. Denunciamos las anomalías de los procesos, las condiciones de los encarcelados y las condenas desproporcionadas e injustas”

Después de cinco años en Cuba, donde ha estado al frente de la Compañía de Jesús en la Isla y ha presidido la conferencia de religiosos, el Gobierno de Miguel Díaz-Canel no le ha renovado el permiso de residencia al religioso dominicano David Pantaleón y este ha tenido que salir del país. En medio del desconcierto de muchos cubanos, que valoraban muchísimo su presencia en el país, el jesuita atiende a ‘Vida Nueva’ para poner algo de luz en lo ocurrido.

PREGUNTA.- A falta de explicaciones oficiales sobre su expulsión de Cuba, ¿se las ha dado a usted el Gobierno?

RESPUESTA.- Yo llegué a Cuba para asumir esta misión como superior en el país la primera semana de abril de 2017. El pasado 13 de abril de este 2022, Miércoles Santo, me llamaron a la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista para comunicarme que, por “órdenes superiores”, ya no podía prolongar mi estancia en el país. Durante casi dos horas me explicaron los desacuerdos que tenían con mi administración de la Compañía de Jesús y también de la Conferencia de Religiosos de Cuba, de la que soy presidente.

Aunque no me dieron nada por escrito, me comentaron lo desafortunado de nuestro acompañamiento a los encarcelados desde el 11 de julio de 2021 por manifestarse en las calles, a sus familiares y nuestro seguimiento de los procesos judiciales. Mostraron su preocupación por lo que decimos o escribimos varios jesuitas y laicos asociados a nosotros sobre la realidad del país, sobre los derechos humanos, sobre la libertad de expresión.

El precio a pagar

P.- A nivel social y eclesial, muchos han reconocido su acompañamiento cercano y cariñoso a las personas presas y a sus familias. Con “dolor y angustia”, un mensaje reciente de la Conferencia de Religiosos de Cuba deploraba la situación de indefensión de los más de 700 encarcelados que aún siguen pagando el manifestarse hace un año para reclamar más libertad y mejores condiciones de vida… El precio por apoyarles ha sido alto.

R.- Efectivamente, lo más importante ha sido nuestra posición de apoyar los derechos ciudadanos y el acompañamiento constante a los encarcelados del 11 de julio. Dos días después, tras el comunicado de los obispos, nosotros defendimos públicamente el derecho legítimo de la gente a expresar su descontento. Inmediatamente, decidimos abrir un servicio de acompañamiento a los presos y sus familiares que, tras un año, se mantiene hasta el día de hoy.

Conviene tener presente que hay cientos de personas que están presas solo por expresarse pacíficamente en la calle. Y hay ya condenas de 15 y 20 años. Hemos denunciado las anomalías de los procesos judiciales, las condiciones de los encarcelados y las condenas desproporcionadas e injustas.

P.- Pese al dolor, ¿qué papel ha desempeñado la fe en la aceptación de una decisión impuesta y que corta un servicio pastoral muy hondo?

R.- En la reflexión que hemos hecho como jesuitas y con los religiosos, sentimos que la persecución, la cruz, como consecuencia de responder a un llamado del Señor en la defensa de la dignidad humana, está atravesada por un misterio pascual, un misterio con fuerza de germinación más profundo que el mal que nos golpea.

Es también participación en la cruz más dura que viven los encarcelados, y los miles y miles que han tenido que autoexiliarse en peligrosísimas rutas por el mar o la selva. Y la cruz cotidiana de los que hoy son asediados e intimidados por pensar diferente dentro de Cuba. Y la cruz del deterioro progresivo de las condiciones de vida.

Como cristiano, como jesuita y como sacerdote, aprendí muy temprano esta conexión entre seguimiento de Jesús y conflicto. Si en un contexto de injusticias y atropellos hablan bien de mí, significa que estoy pactando con el mal, que estoy “negociando” con mi fe. Esto sería muy triste. Sin duda, hay un dolor, hay un corte de un servicio. Estoy convencido que, como sucede en la poda de un árbol, las fuerzas indetenibles de la vida harán resurgir muchos brotes, seguro mejores y más fecundos.

La Cuba del mañana

P.- En un castrismo sin ninguno de los hermanos Castro ya y en el que Díaz-Canel va marcando en algunos puntos una agenda propia, ¿hacia dónde se encamina la Cuba del futuro más inmediato?

R.- No soy experto en política, economía o sociología. Mi formación es en espiritualidad en la Gregoriana de Roma. Solo me atrevería a decir que, en mi experiencia pastoral, percibo una gran necesidad de cambios reales que no terminan de llegar. Hay un malestar general del pueblo llano con el Gobierno cubano. Hay iniciativas buenas que no deberían encontrar luego tantos obstáculos internos: la apertura a los medios de comunicación y las pequeñas empresas privadas, por ejemplo. Si se cierran definitivamente las puertas de la escucha del que piensa diferente, las puertas del diálogo o de las reformas serias del modelo económico, la única opción que le están dejando a la gente es la de la confrontación violenta. Rezo para que eso no suceda.

Acusaciones falsas a misioneros en Filipinas

La sociedad filipina se posiciona con los misioneros tras ser acusados de financiar el terrorismo

Ferdinand Marcos, nuevo presidente de Filipinas

El pasado 15 de agosto el Departamento de Justicia acusó a 16 personas vinculadas a una asociación misionera de transferir dinero al Nuevo Ejército del Pueblo, un grupo armado de inspiración comunista

Ante las acusaciones del gobierno filipino contra la organización ‘Rural Missionaries of the Philippines’ de financiar el terrorismo, la sociedad civil se ha unido para defender a los religiosos y religiosas que desarrollan su misión en el país asiático.


Tal como recoge Fides, el sacerdote Wilfredo Dulay, de la Congregación de los Misioneros Discípulos de Jesús, ha explicado que comunidades católicas, asociaciones de derechos humanos y otras organizaciones han pedido “a quienes han acusado maliciosamente a los miembros de las RMP de aliarse con los terroristas que retiren inmediatamente las absurdas acusaciones vertidas contra los misioneros, personas que están al servicio de nuestras hermanas y hermanos marginados y explotados”.

Todo comenzó cuando el pasado 15 de agosto el Departamento de Justicia acusó a 16 personas vinculadas a la RMP, entre ellas cinco religiosas, por presunta financiación del terrorismo, alegando que la organización habría transferido parte del dinero recibido de donantes extranjeros al Nuevo Ejército del Pueblo, un grupo armado de inspiración comunista.

“No nos echaremos atrás”

Los misioneros, por su parte, niegan las acusaciones, calificándolas de “ataque a su apostolado, que a menudo ha documentado abusos y violaciones de los derechos humanos en todo el país, en detrimento de las poblaciones indígenas”. En este sentido, Dulay ha recordado que “la Iglesia se opone al uso de la violencia y su respeto por la vida es absoluto”. Por ello, “la Iglesia siempre apoyará la santidad de la vida humana y nunca apoyará el terrorismo”.

“Hoy se utiliza la ley como arma contra nosotros, pero no nos dejaremos intimidar ni obstaculizar nuestra misión”, asegura la RMP en un comunicado. “No nos echaremos atrás, aunque tengamos miedo. Dios nos da fuerza y sabiduría, guía nuestros pasos y nos da seguridad”, añaden. “Aquellos que pretenden manchar nuestro ministerio, diciendo que apoya el ‘terrorismo’, están diciendo mentiras que aumentan el sufrimiento y la pobreza en las comunidades marginadas”.

Mons Báez responde a Daniel Ortega

Nicaragua: obispo Báez responde desde el exilio a las críticas del presidente Ortega

Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua

Silvio José Báez consideró que hay ignorancia, mentira y cinismo en el discurso de “un dictador, dando lecciones de democracia”

El obispo nicaragüense Silvio José Báez respondió desde el exilio al presidente Daniel Ortega, luego de que éste calificara -en declaraciones a los medios locales- a la Iglesia católica como una “dictadura perfecta, una tiranía perfecta”, pues sus representantes no son elegidos “democráticamente” por el “voto de los católicos”.


Silvio Báez vive actualmente en los Estados Unidos. El 23 de abril de 2019 se vio en la necesidad de partir de Nicaragua luego de ser advertido por la embajada norteamericana que existía la certeza de que sería asesinado.

Ignorancia y mentira

Sin aludir de manera directa a lo dicho por el mandatario de Nicaragua, a través de un mensaje en Twitter, Báez aseguró: “¡Cuanta ignorancia, cuánta mentira y cuánto cinismo! Un dictador dando lecciones de democracia; alguien que ejerce en forma ilegítima el  poder, criticando la autoridad que Jesús otorgó a su Iglesia; alguien que es ateo, lamentándose de no sentirse representado por la Iglesia”.

Por otro lado, en su página en Facebook denunció que tuvo conocimiento de la negación a un sacerdote nicaragüense para ingresar a ese país:

“¡La dictadura de Nicaragua niega la entrada al país a otro sacerdote nicaragüense! Acabo de hablar con el padre Guillermo Blandón, párroco de la iglesia Santa Lucía de Boaco, diócesis de Granada. Venía de Israel, y en Miami le comunicaron que no podía viajar pues no estaba autorizada su entrada a Nicaragua“.

Ortega contra la Iglesia

Ortega arremete contra la Iglesia católica y la tilda de una «dictadura perfecta»

Daniel Ortega

Agencia EFE

Managua, 28 sep (EFE).- El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, arremetió este miércoles contra la Iglesia católica, a la que acusó de no practicar la democracia, y de ser una «dictadura» y una «tiranía perfecta».

Durante un acto en ocasión del 43 aniversario de la Policía Nacional y transmitido en cadena de radio y televisión, Ortega también acusó a la Iglesia católica que dirige el papa Francisco de haber utilizado «a sus obispos en Nicaragua para dar un golpe de Estado» a su Gobierno en el marco de las manifestaciones que estallaron en abril de 2018 por unas controvertidas reformas a la seguridad social.

«¿Desde cuándo los curas están para dar golpe de Estado y desde cuándo tienen autoridad para hablar de democracia?», cuestionó el líder sandinista.

«¿Quién elige a los curas, a los obispos, al papa, a los cardenales? ¿cuántos votos?, ¿quién se los da?», continuó.

Ortega dijo que si la Iglesia católica quiere hablar de democracia, debería empezar «por elegir con el voto de los católicos al papa, a los cardenales, a los obispos, a los sacerdotes, sino que todo es impuesto, es una dictadura, la dictadura perfecta, es una tiranía, la tiranía perfecta».

Para el antiguo guerrillero marxista, que ahora se define como católico, la Iglesia católica no tiene autoridad para hablar de democracia, porque «los obispos son nombrados de dedo de parte de alguien que no ha sido electo por el pueblo, sino por un grupo de cardenales».

«Le diría a su santidad, el papa, con todo respeto, a las autoridades de la Iglesia católica, yo soy católico, que como católico no me siento representado y no me siento representado por todo lo que conocemos de esa historia terrible, pero también por el hecho que lo oímos hablar de democracia y no practican la democracia», alegó.

A juicio de Ortega, «sería una revolución que al papa lo eligiera el pueblo católico del mundo».

ACUSA A JERARCAS DE PEDIR SU MUERTE

Asimismo, el líder sandinista volvió a tildar de «golpistas» a «algunos obispos» de Nicaragua y los acusó de encubrir a una «banda de asesinos» que, según dijo, intentaron derrocarlo y asesinarlo en el marco de las manifestaciones antigubernamentales de hace cuatro años, en la que se pidió su dimisión por responder con la fuerza.

Según el mandatario, «algunos curas, algunos obispos, llamaron a la gente a que me metieran plomo (balas), qué esperaban para matarme», aunque no ofreció pruebas.

Es decir, agregó, era «una banda de asesinos encubierta con la Iglesia católica» de Nicaragua.

El obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, Silvio Báez, calificó de mentiroso y cínico a Ortega por los señalamientos a la Iglesia católica y a los religiosos nicaragüenses.

«¡Cuánta ignorancia, cuánta mentira y cuánto cinismo! Un dictador dando lecciones de democracia; alguien que ejerce en forma ilegítima el poder, criticando la autoridad que Jesús otorgó a su Iglesia; alguien que es ateo, lamentándose de no sentirse representado por la Iglesia», escribió en un tuit el obispo, quien se encuentra fuera del país desde hace 41 meses por decisión del papa Francisco por motivos de seguridad.

IGLESIA-ESTADO: UN AÑO CONVULSO

El discurso de este miércoles del líder sandinista es el capítulo más reciente de un último año especialmente convulso para la Iglesia católica de Nicaragua con el Gobierno de Ortega, quien ha tildado de «golpistas» y «terroristas» a los religiosos.

Este año, el Gobierno sandinista expulsó del país al nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag y a 18 monjas de la orden Misioneras de la Caridad, fundada por la Madre Teresa de Calcuta.

También mantiene bajo arresto a ocho sacerdotes, incluyendo al obispo Rolando Álvarez, quien fue sustraído por agentes policiales la madrugada del viernes 19 de agosto, junto a otros cuatro presbíteros, dos seminaristas y un camarógrafo del palacio episcopal de la diócesis de Matagalpa, después de haber estado 15 días confinados.

Además, el Ejecutivo cerró nueve estaciones de radio católicas y sacó de la programación de la televisión por suscripción a tres canales católicos.

La Policía Nacional, que dirige Francisco Díaz, consuegro de Ortega, además ingresó por la fuerza y allanó una parroquia, impidiendo a los feligreses recibir la eucaristía dentro del templo y sitiando a otros sacerdotes en sus iglesias, prohibido procesiones con imágenes de los santos, entre otros.

Las relaciones entre los sandinistas y la Iglesia católica de Nicaragua han estado marcadas por roces y desconfianzas en los últimos 43 años

Represión a la Iglesia en Nicaragua

Medio centenar de sacerdotes nicaragüenses piden refugio en Honduras y Costa Rica

Daniel Ortega persigue a la Iglesia
Daniel Ortega

Los curas señalan que han sufrido la presencia de “policías en las afueras de las parroquias, rodeando sus casas o recibiendo llamadas telefónicas para tratar de angustiarlos”

Al menos 50 sacerdotes nicaragüenses han solicitado refugio a Honduras y Costa Rica ante los constantes actos de represión y hostigamiento por parte de la dictadura de Daniel Ortega, tal como informa hoy El Heraldo.


“Ellos nos han expresado estar en contra de las situaciones de injusticia e irrespeto de los derechos humanos en su país”, ha explicado José Canales, obispo de la Diócesis hondureña de Danlí. “Nosotros estamos disponibles para recibir a aquellos sacerdotes que en circunstancias extremas tengan que salir de Nicaragua. De esta forma puedan integrarse a la vida de la iglesia en El Paraíso”, añadió.

Represión a la Iglesia

Tal como señala Canales, los sacerdotes no alegan haber sufrido violencia física, pero sí psicológica. “Considero que esto es peor que una patada, policías en las afueras de las parroquias, rodeando sus casas o recibiendo llamadas telefónicas para tratar de angustiarlos”, ha expresado el obispo.

Actualmente, el régimen de Ortega mantiene bajo arresto al obispo Rolando Álvarez y a siete sacerdotes. Además, hace unas semanas el Servicio de Telecomunicaciones (TELCOR) del gobierno de nicaragüense cerraba la emisora católica ‘Radio Stereo Fe’, perteneciente a la diócesis de Estelí, por considerar que estaba “operando de manera ilegal”