Represión a la Iglesia en Nicaragua

Medio centenar de sacerdotes nicaragüenses piden refugio en Honduras y Costa Rica

Daniel Ortega persigue a la Iglesia
Daniel Ortega

Los curas señalan que han sufrido la presencia de “policías en las afueras de las parroquias, rodeando sus casas o recibiendo llamadas telefónicas para tratar de angustiarlos”

Al menos 50 sacerdotes nicaragüenses han solicitado refugio a Honduras y Costa Rica ante los constantes actos de represión y hostigamiento por parte de la dictadura de Daniel Ortega, tal como informa hoy El Heraldo.


“Ellos nos han expresado estar en contra de las situaciones de injusticia e irrespeto de los derechos humanos en su país”, ha explicado José Canales, obispo de la Diócesis hondureña de Danlí. “Nosotros estamos disponibles para recibir a aquellos sacerdotes que en circunstancias extremas tengan que salir de Nicaragua. De esta forma puedan integrarse a la vida de la iglesia en El Paraíso”, añadió.

Represión a la Iglesia

Tal como señala Canales, los sacerdotes no alegan haber sufrido violencia física, pero sí psicológica. “Considero que esto es peor que una patada, policías en las afueras de las parroquias, rodeando sus casas o recibiendo llamadas telefónicas para tratar de angustiarlos”, ha expresado el obispo.

Actualmente, el régimen de Ortega mantiene bajo arresto al obispo Rolando Álvarez y a siete sacerdotes. Además, hace unas semanas el Servicio de Telecomunicaciones (TELCOR) del gobierno de nicaragüense cerraba la emisora católica ‘Radio Stereo Fe’, perteneciente a la diócesis de Estelí, por considerar que estaba “operando de manera ilegal”

Palestina, entre la represión y el abandono

Muertos, heridos desplazados y viviendas destruidas y miles de personas se han visto directamente afectadas por las guerras israelíes, aunque el trastorno afecta de una u otra manera a toda la población palestina que vive traumatizada a causa de ocupación y el apartheid. A esa tensión hay que añadir los periódicos bombardeos por parte del Ejército israelí. No obstante, el mundo “civilizado” solo mira sus intereses … ¿A quien le importa realmente los derechos humanos y la vida de la gente y de los niños?

La ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza se ha detenido, por el momento. Ha dejado un balance de bajas terrorífico. El Ejército israelí ha matado a 48 palestinos, 17 de ellos menores de edad; ha causado heridas a 360 personas, casi la mitad son niños; se han contabilizado también 58 mujeres y 19 personas mayores heridas. Al menos 1.761 viviendas han sufrido daños de cierta consideración provocando desplazamientos internos. En conjunto 8.500 personas se han visto directamente afectadas por la campaña militar israelí, aunque el trastorno afecta de una u otra manera a toda la población palestina que vive traumatizada a causa de ocupación y el apartheid. A esa tensión hay que añadir los periódicos bombardeos por parte del Ejército israelí.

Tras la tregua y el recuento de daños llega el momento de la ayuda humanitaria y la reconstrucción. En este campo el déficit es cada vez más palpable. La financiación se ha reducido en todo el mundo, unas veces por razones políticas, como en el caso de EEUU que todavía no ha recuperado el nivel previo al mandato de Donald Trump; otras veces por la crisis económica. La guerra en Ucrania también ha absorbido fondos de ayuda humanitaria que, en consecuencia, han dejado de fluir hacia Palestina. Así lo reconoce la directora de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNWRA) en el Estado español, en una entrevista que hoy publica GARA. La reducción de la ayuda que llega a Palestina es el reverso político del abandono por parte de la comunidad internacional de la causa palestina. No hay ningún interés en que se respete el derecho internacional humanitario, tampoco en promover un proceso de paz o en aliviar las terribles condiciones de vida de la población palestina sometida desde hace años a un implacable bloqueo.

Abandonar a su suerte a los pueblos ocupados, como Palestina o el Sahara Occidental, es abonar el terreno para que otros países se arroguen el derecho a acometer nuevas invasiones. Dejando desamparados a los débiles frente a los poderosos y renunciando a la justicia, la comunidad internacional induce el surgimiento de nuevos conflictos

El Gobierno de Nicaragua cierra Radio-Stereo-Fe

Nicaragua: el gobierno de Daniel Ortega atenta de nuevo contra un medio de comunicación de la Iglesia

Daniel Ortega y Rosario Murillo - Nicaragua

Después de casi 28 años de trabajo evangelizador, ‘Radio Stereo Fe’ cesó sus transmisiones por FM, pero continuará a través de redes sociales

El Servicio de Telecomunicaciones (TELCOR) del gobierno de Nicaragua cerró la emisora católica ‘Radio Stereo Fe’, perteneciente a la diócesis de Estelí, por considerar que estaba operando de manera ilegal.n la notificación que el TELCOR dirigió al director de ‘Radio Stereo Fe’, Álvaro José Toledo Amador, se pide el cese inmediato de las transmisiones, alegando que la radio funciona con licencia a nombre del padre Francisco Valdivia, quien falleció en el 2021, y que el nuevo director no tiene permiso de dirigir la emisora.

De acuerdo con la dirección de la radio, esta es una razón injustificada, ya que desde que falleció el padre Valdivia, la emisora ha tenido varios directores, y nunca tuvieron problemas.

Casi 28 de años de evangelización radial en FM, se han terminado hoy”, anunció la radio, cuyos directivos pidieron a los fieles no desanimarse, permanecer unidos en oración y seguirlos escuchando a través de las redes sociales de la emisora.

‘Radio Stereo Fe’ condenó en sus redes sociales el cierre de la emisora, donde “mucha gente humilde de nuestras comunidades se alimentaban de la Palabra de Dios; a través de la eucaristía, prédicas y mucho más. De igual manera los ministerios de nuestra parroquia La Asunción podían transmitir el quehacer evangelizador y misionero”.

“Robo” de las instalaciones

En tanto, el diario ‘La Prensa’, el más antiguo de ese país, informó que a más de un año de que el gobierno tomó sus instalaciones, en estos días la Policía Nacional ingresó al inmueble, e incluso, retiró el rótulo del nombre del rotativo del exterior del inmueble.

El edificio de ese periódico fue intervenido policialmente el 13 de agosto de 2021, cuando el gobierno de Daniel Ortega inició en su contra “una investigación” por los supuestos delitos de “defraudación aduanera y lavado de dinero”, por lo que fue detenido Juan Lorenzo Holmann, gerente general de este periódico crítico del gobierno.

Para el jefe de redacción de ‘La Prensa’, Eduardo Enríquez, con esa acción el régimen Ortega-Murillo ha concretado el “robo” de las instalaciones de ese medio de comunicación

Palestina

Palestina, entre la represión y el abandono

Muertos, heridos desplazados y viviendas destruidas y miles de personas se han visto directamente afectadas por las guerras israelíes, aunque el trastorno afecta de una u otra manera a toda la población palestina que vive traumatizada a causa de ocupación y el apartheid. A esa tensión hay que añadir los periódicos bombardeos por parte del Ejército israelí. No obstante, el mundo “civilizado” solo mira sus intereses … ¿A quien le importa realmente los derechos humanos y la vida de la gente y de los niños?

La ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza se ha detenido, por el momento. Ha dejado un balance de bajas terrorífico. El Ejército israelí ha matado a 48 palestinos, 17 de ellos menores de edad; ha causado heridas a 360 personas, casi la mitad son niños; se han contabilizado también 58 mujeres y 19 personas mayores heridas. Al menos 1.761 viviendas han sufrido daños de cierta consideración provocando desplazamientos internos. En conjunto 8.500 personas se han visto directamente afectadas por la campaña militar israelí, aunque el trastorno afecta de una u otra manera a toda la población palestina que vive traumatizada a causa de ocupación y el apartheid. A esa tensión hay que añadir los periódicos bombardeos por parte del Ejército israelí.

Tras la tregua y el recuento de daños llega el momento de la ayuda humanitaria y la reconstrucción. En este campo el déficit es cada vez más palpable. La financiación se ha reducido en todo el mundo, unas veces por razones políticas, como en el caso de EEUU que todavía no ha recuperado el nivel previo al mandato de Donald Trump; otras veces por la crisis económica. La guerra en Ucrania también ha absorbido fondos de ayuda humanitaria que, en consecuencia, han dejado de fluir hacia Palestina. Así lo reconoce la directora de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNWRA) en el Estado español, en una entrevista que hoy publica GARA. La reducción de la ayuda que llega a Palestina es el reverso político del abandono por parte de la comunidad internacional de la causa palestina. No hay ningún interés en que se respete el derecho internacional humanitario, tampoco en promover un proceso de paz o en aliviar las terribles condiciones de vida de la población palestina sometida desde hace años a un implacable bloqueo.

Abandonar a su suerte a los pueblos ocupados, como Palestina o el Sahara Occidental, es abonar el terreno para que otros países se arroguen el derecho a acometer nuevas invasiones. Dejando desamparados a los débiles frente a los poderosos y renunciando a la justicia, la comunidad internacional induce el surgimiento de nuevos conflictos

Condenan represión a la Iglesia en Nicaragua

Obispos de Ecuador condenan asedio de Daniel Ortega contra la Iglesia

Obispos en Ecuador

Han expresado su cercanía y solidaridad para hacer “nuestras las esperanzas de mejores días para todos los empobrecidos y marginados de la sociedad nicaragüense

Los Obispos de Ecuador han suscrito un comunicado en apoyo a la Iglesia de Nicaragua “en momentos en que sufren la más dura persecución y represión por su fidelidad al Evangelio”.De manera especial, nos unimos a monseñor Rolando Álvarez, a los sacerdotes, seminaristas y laicos, que se encuentran bajo el asedio y el control de fuerzas gubernamentales”, han señalado.

Cercanía y solidaridad

Los prelados expresan su cercanía y solidaridad para hacer “nuestras las esperanzas de mejores días para todos los empobrecidos y marginados de la sociedad nicaragüense en un sistema democrático más libre, justo y fraterno”.

Además “estamos convencidos que el Señor de la historia continuará acompañando y sosteniendo su labor profética y pastoral medio de un pueblo que clama por el respeto   y la defensa de sus derechos humanos fundamentales”.

“Les comprometemos nuestras oraciones para que el Espíritu Santo les siga concediendo la gracia de la sabiduría y fortaleza necesarias”, apuntaron.

Sigue la represión en Nicaragua

La policía de Daniel Ortega detiene a otro sacerdote

P. Óscar Benavides

Según denuncia la diócesis nicaragüense, «desconocemos las causas o motivos de su detención», por lo que piden oraciones para un párroco «cuya única misión es y ha sido la de anunciar la buena nueva de Jesucristo»

En lo que va de año, Ortega ha llevado a prisión a dos sacerdotes, cerrado ocho radioemisoras católicas, ingresado por la fuerza y allanamiento a una parroquia, la expulsión de las misioneras de la Madre Teresa de Calcuta y sitiado al obispo Rolando Álvarez

 | RD/Agencias

La diócesis nicaragüense de Siuna ha informado en un comunicado de que uno de sus sacerdotes ha sido detenido por la policía del régimen sandinista sin dar ningún tipo de explicaciones, en una nueva acción que se suma al rosario de hechos que viene sufriendo la Iglesia católica en la últimas semanas en el país centroamericano, entre ellos, la reciente detención de dos curas y el obligado confinamiento del obispo Rolando Álvarez y varios de sus sacerdotes en las dependencias diocesanas.

“Comunicamos a todos nuestros fieles católicos que en la tarde de hoy domingo 14 de agosto fue detenido el presbítero Óscar Benavides, párroco de la parroquia Espíritu Santo Mulukukú, desconocemos las causas o motivos de su detención, esperamos que las autoridades nos mantengan informados”, señala el texto difundido.

El comunicado diocesano invita a los feligreses a orar por el sacerdote, «cuya única misión es y ha sido la de anunciar la buena nueva de Jesucristo, que es la palabra vida y salvación para todos”, finaliza.  

Obispo sitiado

Los roces entre la Iglesia católica y el régimen de Daniel Ortega datan de hace más de cuatro décadas. El más reciente estalló la semana pasada, cuando la Policía impidió que Rolando Álvarez oficiará una misa matutina, con lo cual el obispo salió a rezar con el Santísimo Sacramento en lo alto y clamó a Dios de rodillas, tras lo cual fue sitiado y acusado por la institución.

En lo que va de año, Ortega ha llevado a prisión a dos sacerdotes, cerrado ocho radioemisoras católicas, sacado de la programación de la televisión por suscripción a tres canales católicos, el ingreso por la fuerza y allanamiento a una parroquia, y la expulsión de las misioneras de la congregación de la Madre Teresa de Calcuta, que tuvieron que salir hacia Costa Rica hace unas semanas. El nuncio también fue expulsado hace unos meses de manera fulgurante. Toda esta situación ha llevado a una cincuentena de ONG a escribir al papa Francisco pidiendo su mediación

Represión contra la Iglesia en Nicaragua

El reto del obispo Álvarez a Daniel Ortega: «Si tocan a uno de nuestros sacerdotes, tocan a toda la diócesis»

Policías nicaragüenses irrumpen en ola capilla
Policías nicaragüenses irrumpen en ola capilla

El régimen de Daniel Ortega decreta el cierre de seis emisoras católicas y asalta el templo para cerrar una de las radios en medio de disparos y forcejeo con los fieles que, convocados por el párroco, fueron a proteger las instalaciones parroquiales

Estos sucesos se suman a la escalada de presión del Gobierno sandinista contra la Iglesia católica, y se suma al incendio de una capilla de la catedral de Managua, la expulsión del nuncio vaticano, el hostigamiento a obispos y sacerdotes, la expulsión de las Misioneras de la Caridad…

Por | J. Lorenzo/EFE

Nueva provocación del gobierno de Daniel Ortega contra la Iglesia nicaragüense. Al día siguiente de que los templos católicos del país centroamericano conmemorasen el segundo aniversario del que se considera un “atentado” (así lo calificó el papa Francisco y una investigación independiente) contra la capilla de la Catedral Metropolitana de Managua, que fue incendiada, este lunes 1 de agosto, la policía irrumpió en un templo de la diócesis de Matagalpa para apropiarse de los equipos de una de las seis radios católicas cuyo cierre ha sido decretado en el mismo día por las autoridades.

Rolando Álvarez
Rolando Álvarez

«Queremos dejar claro que si tocan a uno de nuestros sacerdotes, tocan a toda la diócesis de Matagalpa», señalaron desde la diócesis que pastorea el obispo Rolando Álvarez, uno de las voces más críticas con el presidente Ortega, y que ha sido también objeto de acusaciones y hostigamiento, lo que incluso le llevó a declarase en huelga de hambre.

La policía, según señaló la diócesis en sus redes sociales, entró a la fuerza en la capilla Niño Jesús de Praga en el municipio de Sébaco, anexa a la casa donde se aloja el sacerdote Uriel Vallejos, quien pidió a sus amigos y fieles acudir a la parroquia donde, según afirmó, “estoy siendo asediado”.

«La policía ha violentado los candados de la capilla para entrar donde están los equipos [de la Radio Católica, de Sébaco] para llevárselos. La policía está agrediendo a los fieles que están dentro del colegio», aseguró el sacerdote. Según imágenes divulgadas en las redes sociales, al lugar, en el que suena las campanas en señal de alarma, han acudido decenas de feligreses a defender las instalaciones y los equipos de Radio Católica y han sido repelidos por la policía con disparos al aire y bombas lacrimógenas. 

El Gobierno de Ortega, en medio de continuas discrepancias con la Iglesia, ordenó el cierre de seis emisoras católicas apelando a su presunta ilegalidad, ante lo que el obispo Álvarez retó a las autoridades a demostrar públicamente quién tiene la razón en cuanto a la legalidad o no de las radios católicas.

«Hemos dado testimonio que el 7 de julio del 2016, personalmente fui a una reunión con el anterior director de Telcor [el organismo oficial que regula las telecomunicaciones] con todos los folios de nuestras radios para que pedir que nos pusieran en la ley, según las órdenes vigentes de Telcor, y nunca recibimos respuestas como es ya la costumbre del Gobierno en este y muchos otros casos«, señaló el obispo.

«De tal manera que si la directora de Telcor me quiere recibir, le llevaré, con el recibido y firma de ese mismo día de Telcor, todos los documentos que les presenté. Si ellos tienen razón, yo mismo diré ante el pueblo que está correcto que cierren nuestras radios, pero si no tienen la razón, que tengan la valentía y el coraje de decir que ellos se equivocaron o que ellos quieren a propósito cerrar nuestros medios de comunicación», retó.

Expulsión del nuncio y de las monjas de la Madre Teresa

Este nuevo enfrentamiento se suma a las ya muy graves decisiones que el régimen presidencialista del matrimonio Daniel Ortega-Rosario Murillo ha ido tomando en los últimos años con respecto a la Iglesia católica, entre ellas, la expulsión del nuncio, el asalto a varias iglesias durante la dura represión contra manifestaciones ciudadanas en 2018 -que se saldó con centenares de muertos, muchos de ellos jóvenes universitarios que se habían refugiado en los templos-, el goteo de cierre de emisoras católicas o la expulsión de las monjas de la Madre Teresa el pasado mes.

Misioneras de la Caridad expulsadas de Nicaragua
Misioneras de la Caridad expulsadas de Nicaragua

Estas decisiones que marcan la deriva autocrática del régimen sandinista de nuevo cuño han estado salpicadas por graves acusaciones por parte de Ortega a los obispos, a los que ha llamado «terroristas» tras su mediación en el diálogo nacional con el que se buscaba una salida pacífica a la crisis que vive el país desde abril de 2018. Asimismo, también los ha calificado de «golpistas», acusado de ser cómplices de fuerzas internas y de grupos internacionales que, en su opinión, estarían actuando en Nicaragua para derrocarlo.

A pesar de la cautela de la Conferencia Episcopal de Nicaragua y de la propia Santa Sede, que entienden que los Ortega-Murillo están buscando la mínima excusa para romper todos los puentes con la Iglesia en país cuya población se confiesa católica en casi un 60%, la desconfianza va a más, acrecentada tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre, donde Ortega fue reelegido para un quinto mandato -cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, como vicepresidenta- con sus principales contendientes en prisión y con unos pastores reclamando mayores garantías democráticas. Y la escalada de tensión puede ir a más.

Colombia en llamas

El fin del neoliberalismo será violento

BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS

Participantes en una representación artística y simbólica en el Parque de los Deseos, durante una nueva jornada de protestas en el marco del Paro Nacional, en Medellín (Colombia).- EFE / Luis Eduardo Noriega A.

 

Colombia está en llamas. Actualmente es uno de los países con más muertos por covid-19, ocupando el cuarto lugar en la región después de Estados Unidos, Brasil y México, teniendo hasta la fecha tan solo el 3,5% de la población totalmente vacunada y siendo parte de los países que se niegan a apoyar la solicitud de liberación de las patentes de las vacunas. Es también el país que en 2020 tenía el 42,5% de su población en condición de pobreza monetaria y el 15,1% de la misma en condición de pobreza monetaria extrema. A estos datos mínimos pero significativos le podemos sumar que, tras la firma del acuerdo de paz de 2016, se han asesinado entre 700 y 1.100 personas defensores y defensoras de derechos humanos (las cifras varían entre las ONG y las instituciones gubernamentales).

Las zonas que antiguamente fueron de dominio de las FARC-EP hoy están en disputa por parte de distintos grupos armados ilegales, los cuales no solo buscan intereses económicos (narcotráfico, minería ilegal) sino que también traen consigo un horrible y sangriento interés por el control sobre la población civil, afectando gravemente el tejido social y dando como resultado que esto es sólo la punta del iceberg del nuevo panorama que atraviesa el país.

Es en este contexto, y tras casi tres años bajo el gobierno de una derecha opositora al acuerdo de paz en medio de una pandemia que ha matado a miles de personas, en el que pueblo trabajador ha salido a las calles a levantar su voz en contra de una anunciada reforma tributaria que buscó, bajo la lógica del Gobierno, recaudar 23 billones de pesos (algo cercano a 6.300 millones de dólares) para mejorar las finanzas públicas y financiar los programas de asistencia social. Si bien es cierto que el país necesita mejorar su sistema tributario, esta reforma planteaba aumentar el número de personas que declaran y pagan impuestos sobre la renta con el aval, la visión y el marco conceptual del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Plantear la idea de que más personas sean las encargadas de tributar y financiar los gastos del Estado, en teoría, no suena descabellado, es más, llevaría a pensar que serían las personas de altos ingresos quienes más pagarían impuestos teniendo en cuenta los principios de progresividad, equidad y eficiencia tributaria consagrados en la Constitución Política de Colombia. Pero, según los datos del Banco Mundial, Colombia es uno de los países más desiguales de América Latina (el índice GINI es de 51,3), reflejando una política fiscal inadecuada y regresiva que posibilita una alta concentración del ingreso y la riqueza, y ocasiona por ello un menor desarrollo, dado que los ingresos y la riqueza se quedan en manos de un porcentaje muy pequeño de la población. La reforma planteada, se uniría al largo y complejo sistema tributario del país que no refleja una verdadera política progresiva y que está lleno de beneficios tributarios dirigidos a las personas con mayores ingresos.

Podríamos afirmar que a partir de 2016 el pueblo trabajador ha inundado las calles y plazas de Colombia exigiendo la defensa de la paz y el cumplimiento de los acuerdos, la protección de los líderes sociales y la solidaridad con quienes han sido asesinados, así como el rechazo a propuestas de modificación de los regímenes pensionales, laborales y tributarios. Así, en los últimos cinco años Colombia ha visto sus calles recorridas por jóvenes, mujeres, indígenas, afros, docentes, pensionados y estudiantes que han generado hechos insólitos como una de las mayores manifestaciones en el país desde la década de 1970, como lo fue la llevada a cabo el 21 de noviembre de 2019 (21N).

Gracias a este empoderamiento popular, y a pesar de la pandemia de la covid-19, Colombia volvió a marchar del 9 al 21 de septiembre de 2020 para protestar en contra del abuso policial, del mal manejo del Gobierno ante la crisis económica y social provocada por la pandemia y para sentar una voz que dijera basta ya a las masacres en el país, las cuales no tuvieron tregua a pesar de las medidas de confinamiento. En especial hay que subrayar la Minga (movilización indígena) del suroccidente colombiano, ocurrida en octubre de 2020 liderada por las organizaciones indígenas, que emocionó por sus consignas y valentía y que logró movilizar a una gran parte de la sociedad en torno a sus exigencias tras su recorrido por el país, logrando la opinión favorable de millones de personas que los recibieron calurosamente en cada ciudad durante su viaje hasta la capital.

Bajo este panorama el pueblo decidió a partir del 28 de abril (28A) de 2021 marchar en contra de la reforma tributaria y del gobierno indolente. La represión de las fuerzas policiales es brutal. El malestar ciudadano ha sido objeto de estigmatización y represión por parte de la fuerza pública, lo que ha llevado a que distintas organizaciones de derechos humanos registren entre el 28 de abril y el 5 de mayo un total de 1.708 casos de violencia policial, 381 víctimas de violencia física por parte de la Policía, 31 muertes (en proceso de verificación), 1.180 detenciones arbitrarias en contra de los manifestantes, 239 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública, 31 víctimas de agresión en sus ojos, 110 casos de disparos de armas de fuego por parte de la Policía y 10 víctimas de violencia sexual por parte de fuerza pública. De igual manera, la Defensoría del Pueblo (la figura del ombudsman en Colombia) señaló que se registraron 87 quejas por presuntas desapariciones durante las protestas del Paro Nacional del 28A.

Lo que empezó como una fuerte oposición a una reforma impopular y a un ministro de Hacienda que desconocía el valor de una docena de huevos (y en general de toda la cesta de la compra familiar), ha escalado al punto de no solo lograr que se retire dicha reforma en el Congreso y que dicho ministro renuncie, sino que el presidente de la República, Iván Duque Márquez, ha propuesto un espacio de diálogo con distintos sectores de la sociedad civil, diálogo que hasta el momento parece ser solo entre las élites del país, desde arriba, y nunca desde abajo. Las organizaciones sociales saben por experiencia que de este Gobierno nada bueno hay que esperar, pero como siempre lo han hecho no se rehúsan al diálogo. La primera victoria del movimiento ciudadano en las calles sobre la retirada de la reforma no llegó pacífica o gratuitamente. Además de las cifras antes mencionadas y recolectadas por las ONG del país, el presidente Duque anunció la militarización de Colombia antes de ceder al clamor social. A partir del 1 de mayo, las redes sociales y las calles colombianas han visto el horror de un despliegue militar típico de un estado de excepción dictatorial, con la Policía disparando en contra de manifestantes pacíficos y desarmados. Esta ha sido quizás la respuesta más violentamente represiva en tiempos de pandemia a nivel mundial.

Particularmente en Cali las protestas tuvieron una intensidad muy especial debido a la movilización de las organizaciones indígenas después del cruel asesinato de Sandra Liliana Peña, gobernadora indígena de apenas 35 años que proponía la recuperación de los conocimientos tradicionales y rechazaba la presencia de todos los actores armados en su territorio. Esta ciudad es el segundo centro urbano más negro de América del Sur, llena de contradicciones y luchas, y que ha visto cómo reprimen a su pueblo de la forma más aberrante posible. La situación es tal que, en medio de una reunión pacífica y retransmitida en directo por las redes sociales, se puede observar al escuadrón antidisturbios haciendo presencia para dispersar la manifestación, causando la muerte de un joven frente a más de 1.000 espectadores que observaban a través de internet. Desde Siloé, una comuna (favela) de Cali, se denunció también que durante la noche del 4 de mayo no se pudo acceder al servicio de internet en la zona.

La débil respuesta a la violencia policial por parte de las instituciones colombianas (tanto administrativas como judiciales) ha dado lugar a que civiles armados amenacen (y en ocasiones disparen) a los manifestantes bajo la idea de que son «vándalos» y «terroristas». En Cali, los estudiantes hicieron circular el siguiente «diálogo»: «Tenemos 25.000 armas», gritaba un hombre vestido de blanco desde su costosa camioneta aparcada frente a la Universidad del Valle (Univalle). «Nosotros tenemos una de las mejores bibliotecas del país», le contestó un estudiante. En Pereira, el alcalde promovía un «frente común» que incluyera a miembros de la seguridad privada, al Ejército y a la Policía para «recuperar el orden y la seguridad ciudadana», dando lugar a que un joven resultara herido con ocho balas y esté agonizando en un hospital de dicha ciudad.

¿Para dónde va Colombia?

Esta pregunta es importante para Colombia, pero más allá de Colombia me parece ver en los recientes acontecimientos el embrión de mucho de lo que pasará en el continente y en el mundo en las próximas décadas. Claro que cada país tiene una especificidad propia, pero lo que pasa en Colombia parece anunciar el peor de los escenarios que identifiqué en mi reciente libro sobre el periodo postpandemia (El futuro comienza ahora: de la pandemia a la utopía. Madrid: Akal. 2021). Este escenario consiste en la negación de la gravedad de la pandemia, la política de sobreponer la economía a la protección de la vida, y la obsesión ideológico-política de volver a la normalidad aun cuando la normalidad es el infierno para la gran mayoría de la población.

Las consecuencias de la pandemia no pueden ser mágicamente frenadas por la ideología de los gobiernos conservadores; la crisis social y económica pospandémica será gravísima, sobre todo porque se acumula con las crisis que preexistían a la pandemia. Será por eso mucho más grave.  Las políticas de ayuda de emergencia, por deficientes que sean, combinadas con el ablandamiento económico causado por la pandemia, van a causar un enorme endeudamiento del Estado, y el agravamiento de la deuda será una causa adicional para más y más austeridad. Los gobiernos conservadores no conocen otro medio de lidiar con las protestas pacíficas del pueblo trabajador en contra de la injusticia social que no sea la violencia represiva. Así van a responder y el mensaje va a incluir la militarización creciente de la vida cotidiana. Lo que implica el uso de fuerza letal que fue diseñada para enemigos externos. La degradación de la democracia, ya bastante evidente, se profundizará todavía más. ¿Hasta qué punto el mínimo democrático que todavía existe colapsará dando lugar a nuevos regímenes dictatoriales?

Este escenario no es especulación irrealista. Un reciente informe del FMI hace la misma previsión. Dicen los autores Philip Barrett y Sophia Chen* que las pandemias pueden tener dos tipos de efectos sobre la agitación social: un efecto atenuante, suprimiendo la posibilidad de causar disturbios al interferir en las actividades sociales, así como un efecto contrario que aumente la probabilidad de malestar social y por consiguiente se generen disturbios o protestas en la medida en que la pandemia se desvanezca. Lo que no dicen es que las protestas serán motivadas por las mismas políticas que el FMI y las agencias financieras promueven en todo el mundo. Es tanta la hipocresía del mundo en el que vivimos, que el FMI ignora u oculta las consecuencias de sus lineamientos. El pueblo colombiano merece y necesita de toda la solidaridad internacional. No estoy seguro de si la tendrán abiertamente de las agencias internacionales que dicen promover los derechos humanos, a pesar de que estos estén siendo violados tan gravemente en Colombia. Imaginemos por un momento que lo que está pasando en Colombia estuviese ocurriendo en Caracas, Rusia o cualquier otra parte del mundo declarado como no amigo de los Estados Unidos. Seguramente la Organización de Estados Americanos (OEA), el alto comisariado de la ONU y el Gobierno estadounidense ya estarían denunciando los abusos y proponiendo sanciones a los gobiernos infractores. ¿Por qué la suavidad en los comunicados emitidos hasta la fecha?

No se le puede escapar a nadie que Colombia es el mejor aliado de los Estados Unidos en América Latina, siendo el país que se ofreció para instalar siete bases militares estadounidenses en su territorio (situación que afortunadamente no ocurrió por intervención de la Corte Constitucional). Las relaciones internacionales en el presente viven el momento más escandaloso de hipocresía y parcialidad: solamente los enemigos de los intereses norteamericanos cometen violaciones de los derechos humanos. No es nuevo, pero ahora es más chocante. Las agencias multilaterales se rinden a esta hipocresía y parcialidad sin ningún tipo de vergüenza. Los colombianos, eso sí, pueden esperar la solidaridad de todos los demócratas del mundo. En su valentía y en nuestra solidaridad reside la esperanza. El neoliberalismo no muere sin matar, pero cuanto más mata más muere. Lo que está pasando en Colombia no es un problema colombiano, es un problema nuestro, de las y los demócratas del mundo.

Por el momento, las manifestaciones en Colombia no se ven próximas a finalizar y pese a que solo ha pasado una semana desde el inicio de las mismas, debemos insistir en superar el miedo que ronda las calles del país y en la esperanza de un futuro prometedor, más justo y en paz, para un país que ha querido terminar un conflicto de más de cincuenta años a través de un Acuerdo que agoniza bajo las garras del capitalismo abisal.

Social repercussions of Pandemics. IMF Working Paper. 2021

La crisis de Colombia

El país suma dos semanas en medio de movilizaciones, represión y una inédita inestabilidad

La Conferencia Episcopal rechaza toda forma de violencia, pero sectores de la sociedad le exigen mayor contundencia frente a las masacres perpetradas por agentes del Estado

Abilio Peña, cosecretario del SICSAL, sostiene que el obispado castrense tiene el deber de indagar sobre los más de 500 desaparecidos

| Miguel Estupiñán, Bogotá

Que la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC) haya participado, junto a la ONU, como garante en la primera reunión entre el Gobierno y el Comité Nacional del Paro da cuenta de la importancia que se le reconoce en labores de mediación. El evento tuvo lugar en la Casa de Nariño, sede de la presidencia, el pasado lunes y la institución eclesiástica fue representada por el director de Cáritas en el país, monseñor Héctor Fabio Henao.

Un día antes, el presidente de la república se había reunido con líderes religiosos en otro punto de Bogotá: Fragmentos, un museo de la memoria construido como fruto de los acuerdos de paz suscritos en 2016. Después de la reunión, monseñor Elkin Álvarez, secretario de la CEC, y el pastor Héctor Pardo, jefe de la iglesia evangélica Tabernáculo de la Fe, leyeron un mensaje en nombre de los líderes que concurrieron a la reunión. El texto contenía un llamado a la unidad y un reconocimiento de la legitimidad de las instituciones del Estado.

Cuando semanas atrás, en atención a la pandemia, el presidente Iván Duque había anunciado reformas fiscales y al sistema de salud, medidas que rápidamente fueron rechazadas por amplios sectores de la sociedad en el origen de lo que sería una ola de protestas que suma 15 días, el arzobispo de Bogotá, Luis José Rueda, declaró: “en este momento en que tantas personas pasan hambre no necesitamos una reforma, sino una renovación desde el corazón, desde la conciencia”. Aquello fue una clara toma de distancia frente a los planes del Gobierno por parte de uno de los más representativos líderes del catolicismo colombiano.

Respuesta a la represión

Ante la represión desatada por sectores de la fuerza pública contra las movilizaciones, política que ha dejado a su paso más de 40 homicidios entre los manifestantes a manos de agentes del Estado, Darío de Jesús Monsalve, arzobispo de Cali, ciudad-epicentro de la crisis, señaló hace algunos días: “Nos duele que las instrucciones sean disparar”, “nos arruga el alma la muerte de tantas personas”.

Desde su propia esquina, el obispado castrense se ha sumado a los mensajes en favor de la paz. Sin embargo, algunas imágenes difundidas a través de la cuenta de Twitter de la entidad han sido constantemente criticadas en redes sociales, por presentar a sacerdotes bendiciendo a miembros del Escuadrón Móvil Anti Disturbios. Mejor conocido por sus siglas, el ESMAD es responsable de tareas represivas en el contexto no solamente de las actuales protestas, sino también de movilizaciones contra el Gobierno de Iván Duque ya en noviembre de 2019, cuando el joven Dilan Cruz, de 20 años, murió por el disparo de un policía en pleno centro de la capital, mientras marchaba por el derecho a la educación. Hecho que fue registrado en video por varios manifestantes, pero permanece en la impunidad, a pesar de conocerse la identidad del agente.

La Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico, alianza de organizaciones étnico-territoriales y sectores del catolicismo en el occidente del país, le ha exigido a líderes de diferentes iglesias y religiones “una voz contundente” para rechazar la generalizada violencia estatal. Recientemente, el padre Jesús Albeiro Parra, vinculado a dicha entidad, encabezó una carta abierta a varias autoridades religiosas, entre ellas 15 obispos. El documento fue dado a conocer el pasado domingo, con el propósito de solicitarles: “condenar el abuso policial y exigir justicia; [mediar para] poner fin a la militarización; pedir la no judicialización de las personas que se mantienen en todos los puntos de encuentro de la protesta social y que claramente no están involucrados en saqueos o actos vandálicos; exigir la inclusión de jóvenes en los espacios de negociación en los territorios; y enviar mensajes a la feligresía en general sobre la necesidad de comprender las causas de la movilización y no estigmatizar a sus actores”.

La heterogeneidad del campo cristiano

El mensaje leído el pasado domingo por el secretario de la CEC y el jefe de la iglesia Tabernáculo de la Fe, después de la reunión entre varios líderes religiosos y el presidente Duque,  da la apariencia de una cierta homogeneidad en el campo cristiano frente a la situación de crisis que vive Colombia. Sin embargo, la historia detrás del evento es mucho más compleja.Según admitió el padre Jorge Bustamente, secretario adjunto de la Conferencia Episcopal, el borrador de dicho comunicado fue elaborado por el Gobierno. Un hecho que ha criticado fuertemente en los últimos días una de las personas que asistió a la reunión. Yalile Caballero, representante de la Iglesia cristiana menonita de Colombia, sostiene que las palabras leídas por Álvarez y Pardo no contaron con el aval de todos los líderes religiosos presentes. Algo que respalda otro de los que concurrieron a la cita, el presbiteriano Luis Fernando Sanmiguel.

 Según Caballero, la estrategia del Ejecutivo ha sido proyectar “la pantalla” de acuerdos con la sociedad y sectores del cristianismo se han prestado para rodear al Gobierno y secundar el mensaje que Duque pretende imponer ante la opinión pública, en medio de la crisis. “La Iglesia sigue siendo manipulada”, plantea la líder menonita, criticando lo que, en sus palabras, es un espíritu de temor entre la dirigencia religiosa para decir las cosas “como son y cuando son”.

 Tomando distancia frente a las políticas de la presidencia, y de manera enfática, Caballero agrega: “La Iglesia cristiana menonita no está de acuerdo con la reforma ni con las promesas que ha hecho el gobierno de Iván Duque; tampoco con que nos utilicen de esa manera”. Su rechazo a la gestión del presidente frente a la pandemia coincide con el de otros sectores del cristianismo en Colombia, como la Mesa Ecuménica para la Paz. Esta es una organización que reúne a creyentes de diversas iglesias y que también critica la postal que dejó la reunión entre Duque y representantes del sector religioso.

“Dios y patria”

Para algunos analistas, la credibilidad del episcopado en materia de mediación se ha visto comprometida en estos días y no solamente por el papel de la CEC durante la reunión del pasado domingo. También por la pervivencia de una alianza entre Iglesia católica y Estado, representada en el obispado castrense.El Concordato de 1973 en su número XVII definió que la atención espiritual y pastoral de los miembros de las fuerzas armadas se ejercería por medio de una instancia eclesiástica “según normas y reglamentos dictados al efecto por la Santa Sede, de acuerdo con el Gobierno”. Si bien la Corte Constitucional declaró inconstitucional dicho numeral en 1993, décadas de pacto entre la cruz y la espada mantienen su inercia y hay quienes consideran que no está bien que en el organigrama del Ministerio de Defensa aparezca un obispo. El puesto fue ocupado en el pasado por Fabio Suescún, uno de los organizadores de la visita del Papa a Colombia, y hoy lo ocupa monseñor Víctor Manuel Ochoa, antiguo obispo de Cúcuta. El 12 de mayo, el prelado fue condecorado en el Capitolio Nacional en atención a sus gestiones en respuesta a los problemas de la frontera colombo-venezolana. En medio de la crisis, una fotografía de Ochoa junto a senadores de la coalición de Gobierno da cuenta de la histórica cercanía de sectores del episcopado con el uribismo, principal promotor de una respuesta militar y represiva frente a la movilización social.

Abilio Peña, co-secretario del Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los pueblos de América Latina, una institución defensora de derechos humanos inspirada en la figura de san Óscar Arnulfo Romero, sostiene que, en lugar de ahondar las dinámicas de conflicto social, el obispado castrense podría desempeñar una función diplomática y humanitaria en favor de las familias de los cerca de 500 desaparecidos que ha producido en las últimas semanas la gestión del Gobierno frente a las protestas. Según el teólogo, dicha función fue desempañada por Jorge Mario Bergoglio en sus tiempos como provincial jesuita en Argentina.

“Como estamos en una situación de emergencia y de mucha gravedad; y el propio obispado castrense está en el seno de las fuerzas militares y de la policía, su deber moral sería indagar dónde están los desaparecidos”, sostiene Peña. “Es un obligación ética y evangélica del obispo y de los sacerdotes. Que se pongan en la tarea de exigirle a la policía, con la que están vinculados, que por razones  evangélicas, pastorales, por el derecho a la vida que tanto pregona la Iglesia, digan dónde están las personas desaparecidas; y que, si no lo quieren hacer público, busquen a los familiares para que puedan hacer la indagación”.

El cosecretario del SICSAL pone en relación la situación que vive Colombia con el famoso llamado que hizo Romero a las fuerzas armadas de su país, en vísperas de su asesinato. “Es un llamado que en público o en privado podría hacer el obispado castrense: en nombre de Dios y de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo, les suplico, les ruego, les orden: cese la represión. Antes había dicho san Romero que frente a una orden de un superior de matar existe la ley de Dios de no matar. Ese es el llamado a los sacerdotes, agentes de pastoral; al obispado castrense, para que intervenga para frenar el genocidio, para que puedan aparecer las personas desaparecidas; y, en esa misma línea, el llamado a su contribución para poder trabajar por la conversión de las personas que están asesinando a su propio pueblo desde el mismo Estado, desde el mismo Ejército, desde la misma policía, lo cual, sobre decir, va en contravía de la ley de Dios; un llamado contundente y necesario”.

El desafío de la fraternidad

“En un país donde la pobreza raya en el 42,5%, sin oportunidades de trabajo, de estudio, de paz; con un Gobierno cuyo propósito ha sido acabar con los acuerdos de paz y no hace nada para evitar el asesinato de tantos desmovilizados ni tampoco de tantos líderes y lideresas sociales que siguen luchando en sus territorios por una vida digna, no es de extrañar que cada vez más personas se unan a este protesta social y exijan un cambio de verdad y de fondo”, afirma Olga Consuelo Vélez.

La teóloga critica la narrativa del Gobierno que reduce las movilizaciones a brotes de vandalismo, para descalificarlas y, aun peor, para criminalizarlas. “No son vándalos ni infiltrados de grupos armados, son jóvenes que han comprendido la fuerza de levantar la voz para construir un futuro distinto”, dijo Vélez en una reciente columna, refiriéndose a los protagonistas de las marchas en campos y ciudades, principales víctimas de la represión. Para ella, así como para otras personas que por estos días rechazan desde el campo católico la violencia estructural en Colombia, es hora de escuchar la voz del papa Francisco, quien en Fratelli Tutti recordó que “cuando la sociedad abandona en la periferia una parte de sí misma, no habrá programas políticos ni recursos policiales o de inteligencia que puedan asegurar indefinidamente la tranquilidad”. En dicha encíclica, el obispo de Roma ha señalado que “si hay que volver a empezar, siempre será desde los últimos”

Denuncian represión en Colombia

“Nuestro quehacer comporta una responsabilidad ética y profética que no podemos evadir”
Teólogos, biblistas y docentes denuncian la represión en las calles de Colombia
“Las medidas implementadas por el Gobierno van en detrimento de la vida, dignidad, salud, educación y trabajo de la población; la generación de violencia y destrucción al interior de las marchas por parte de actores externos infiltrados empañan las justas peticiones y reivindicaciones de quienes marchan”
“No podemos consentir como en un país como el nuestro, que se identifica creyente en sus mayorías, existan niveles de hambre, violencia, injusticia y desigualdad tan inhumanos”
05.05.2021 | Jordi Pacheco Seguir leyendo