Solidaridad con los nicaragüenses reprimidos

Más de 450 intelectuales divulgan un manifiesto en apoyo a los nicaragüenses desterrados por Ortega

Historia de EL PAÍS 

La persecución sistemática con la que responde el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a quienes se oponen a su Gobierno en Nicaragua alcanzó nuevas cotas el 9 y el 15 de febrero, cuando decidieron retirarle la nacionalidad a más de 300 ciudadanos del país. Entre ellos se encontraban periodistas, activistas y escritores de reconocido prestigio como Gioconda Belli y Sergio Ramírez. La acción ha despertado la indignación de numerosas personalidades alrededor del mundo, que se han unido para divulgar un manifiesto bajo el título Son y serán nicaragüenses. Entre los 466 firmantes de la misiva pueden leerse nombres como el de los Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa y Orhan Pamuk, o el de los expresidentes de Costa Rica Luis Guillermo Solís (2014-2018) y Carlos Alvarado Quesada (2018-2022), entre otros.

“Estos hechos violan el derecho humano fundamental a tener una nacionalidad y la prohibición a que se prive arbitrariamente de ella a cualquier ser humano, consignada en el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 20 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, denuncian en la carta, que abren expresando su “preocupación por las recientes acciones” del Ejecutivo del país centroamericano.

En la publicación, de apenas tres párrafos, recopilan un historial de hechos que han servido de caldo de cultivo hasta el estallido de esta semana. “En los últimos años al menos dieciocho universidades han sido canceladas arbitrariamente como una forma de control ante la rebelión estudiantil de 2018 que dejó 328 muertos, cerca de 2 mil heridos y cientos de detenidos”, comienzan enumerando. A este hecho le sigue la cancelación “del estatus legal de más de 3.000 organizaciones que defienden los derechos humanos” y el cierre de 26 medios de comunicación. “Por si fuera poco”, recalcan indignados, “desde 2018 se prohíbe la entrada a organismos internacionales de derechos humanos, incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”.

Vídeo relacionado: Intelectuales divulgan manifiesto en apoyo a los desterrados por el gobierno de Daniel Ortega (Dailymotion)

La lista de signatarios es larga e incluye a numerosos periodistas, como la argentina Leila Guerriero o la mexicana Carmen Aristegui; y escritores, como los hispanohablantes Elena Poniatowska y Luis García Montero, o los estadounidenses Salman Rushdie, Siri Hustvedt y Paul Auster. Además, suscriben la carta la destacada fotógrafa Susan Maiselas, que retrató los episodios de la revolución sandinista; el cantautor panameño Rubén Blades; y Suzanne Nosse, directora del Pen America.

Tras la exposición de hechos y la denuncia, el documento termina con una petición: “Exhortamos a la comunidad internacional a que se pronuncie y asuma un papel activo en todas las acciones que puedan llevar al cese de los abusos y las violaciones a los derechos humanos cometidos por el régimen Ortega-Murillo. Exhortamos también al Gobierno nicaragüense a que detenga la represión contra su pueblo”.

Estados Unidos exige a Nicaragua la «liberación inmediata» del obispo Rolando Álvarez

El obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez

«Condenamos esta acción del Gobierno de Nicaragua e instamos a la liberación inmediata del obispo Álvarez», ha señalado el portavoz del Departamento de Estado estadounidense

Ned Price ha reiterado el llamamiento de la Administración Biden a «la liberación de las personas encarceladas en Nicaragua por ejercer sus libertades fundamentales»

Por | RD/Agencias

El Gobierno de Estados Unidos ha exigido la «liberación inmediata» del obispo nicaragüense Rolando Álvarez, después de que haya sido condenado a 26 años de prisión por la supuesta comisión de delitos de conspiración, propagación de noticias falsas, obstrucción de funciones y desacato a la autoridad.

«Condenamos esta acción del Gobierno de Nicaragua e instamos a la liberación inmediata del obispo Álvarez», ha señalado el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, antes de reiterar el llamamiento de la Administración Biden a «la liberación de las personas encarceladas en Nicaragua por ejercer sus libertades fundamentales».

«Traidor a la patria»

Price ha indicado que las autoridades estadounidenses continúan «pidiendo al Gobierno nicaragüense que libere a quienes están retenidos por no hacer otra cosa que ejercer el derecho que es tan universal para ellos como para las personas de todo el mundo».

La Justicia de Nicaragua condenó el viernes, 10 de febrero, a 26 años de cárcel al obispo de Matagalpa, perdiendo su nacionalidad tras haber sido declarado «traidor de la patria», todo ello un día después de que 222 personas fueran deportadas de Nicaragua en un avión rumbo a Estados Unidos, dentro de una medida inédita, ya que habían sido acusadas de incitar supuestamente a la violencia y el terrorismo, así como de perpetrar acciones de «desestabilización económica», informa Europa Press.

«El exilio no es la panacea»

«Cuando hablamos a finales de la semana pasada sobre la llegada de 222 ex presos políticos de Nicaragua a Estados Unidos, dejamos muy claro que era un paso bienvenido, que era un paso constructivo, pero que de ninguna manera era una panacea para las muchas preocupaciones que tenemos con el régimen nicaragüense, incluida la represión y la opresión que sigue ejerciendo contra su propio pueblo», ha explicado el portavoz del Departamento de Estado.


«Con los 222 presos políticos que fueron liberados la semana pasada y a los que se permitió viajar a Estados Unidos, aún quedan muchos más presos políticos que permanecen en prisión», ha lamentado Price.

Continúa la represión en Nicaragua

Nicaragua: el obispo Rolando Álvarez rechaza el exilio y va a la cárcel

por MIROSLAVA LÓPEZ

El presidente Ortega arremetió contra el prelado de Matagalpa por negarse al exilio en los Estados Unidos, por lo que lo envió prisión mientras se determina su situación jurídica

A partir de este 9 de febrero el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, duerme en la cárcel La Modelo, ubicada a las afueras de Managua. Se trata de uno de los 12 centros penitenciarios a donde el gobierno de Daniel Ortega envía a los presos políticos

Desde el 19 de agosto del 2022, el obispo se encontraba en la capital del país en arraigo domiciliario, en espera de que la justicia nicaragüense determine si es culpable o no de conspiración contra el Estado y propagación de noticias falsas en las redes sociales.

Sin embargo, según reportes de prensa, esta madrugada fue sacado de dicho domicilio con la intención de que abordara el avión que el gobierno de los Estados Unidos proporcionó para llevar a ese país a los más de 220 presos políticos que el régimen sandinista liberó; no obstante, dos se negaron a subir a la aeronave, y uno de ellos fue el obispo Álvarez.

La consecuencia

La negativa fue considera por el mandatario Daniel Ortega como una muestra de soberbia, y pidió que se le encarcelara: “(El obispo Rolando Álvarez) ha mostrado comportamiento de soberbia de quien se considera el jefe de la iglesia de Nicaragua, el líder de la Iglesia latinoamericana”.

En consecuencia, fue llevado a la cárcel La Modelo, en una decisión represiva “por no acatar lo que manda la ley”.

Así lo dijo el propio mandatario en una rueda de prensa transmitida a nivel nacional, en la que se refirió a los presos políticos como “terroristas”.

Explicó que fue su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo quien llevó a cabo con la embajada de los Estados Unidos en Managua los acuerdos para exiliar a los más de 220 presos políticos, lo que se realizó sin ningún tipo de negociación para levantar las sanciones que pesan sobre la familia del mandatario y otros funcionarios de gobierno.

“No estamos pidiendo que nos levanten las sanciones; no estamos pidiendo nada a cambio. Es asunto de honor, de dignidad y patriotismo y de que se lleven a sus mercenarios“, dijo.

Detalló que a la embajada norteamericana se les presentó la lista con 228 nombres, pero Washington no aceptó a varios de ellos, y en último momento el obispo Álvarez y un ex policía relacionado con el narcotráfico se negaron a subir al avión.

Reconoció que en Washington tenían especial interés en que se liberara al obispo Rolando Álvarez, pero esto no fue posible debido a la “soberbia” del prelado, lo cual lamento, pues –dijo- “se le ha tratado de una manera increíble, como a ningún prisionero de este país. Estuve siete años preso y nunca conocí en la historia de un preso al que se le tratara de esa manera, como a este señor”, dijo.

En días pasados, Vida Nueva difundió que un obispo hondureño aseguraba que a Álvarez se le había propuesto dejar el país a cambio de su libertad, pero el obispo de Matagalpa se habría negado al considerar que su lugar estaba en Nicaragua, con el pueblo.

Se espera que en los próximos días se determine si Rolando Álvarez es culpable o no de los cargos que se le imputan 

Represión en Nicaragua

¿Por qué es tan peligroso el obispo Rolando Álvarez para Daniel Ortega?

Rolando Alvarez, en prisión domiciliar en Managua

por Mateo González Alonso  

El ángelus

Aunque algunos critican el perfil bajo del papa Francisco en los ataques a la Iglesia por parte del régimen nicaragüense de Daniel Ortega (y su mujer Rosario Murillo). En el ángelus de este domingo, 12 de febrero, el pontífice criticó la condena sufrida por el obispo Rolando Álvarez. Tras la oración mariana señaló que “las noticias que llegan desde Nicaragua me han entristecido no poco, y no puedo dejar de recordar aquí con preocupación al obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, a quien tanto quiero, condenado a 26 años de cárcel, y también a las personas que han sido deportadas a Estados Unidos


Francisco continuó diciendo que rezaba “por ellos y por todos los que sufren en esa querida nación, y pido vuestras oraciones”. “Pidamos también al Señor, por intercesión de la Inmaculada Virgen María, que abra el corazón de los responsables políticos y de todos los ciudadanos a la búsqueda sincera de la paz, que nace de la verdad, la justicia, la libertad y el amor, y se alcanza mediante el ejercicio paciente del diálogo. Recemos juntos a la Virgen”, propuso el Papa que rezó a continuación con los fieles reunidos una Ave María.

La condena

Esta declaración se produce tras publicarse la sentencia que condena al obispo de Matagalpa a 26 años y 4 de meses de prisión, tras considerarlo culpable de traición a la patria. Una condena que conlleva también la inhabilitación para ejercer la función pública, ejercer cargos de elección popular; así como la pérdida de la nacionalidad nicaragüense. Todo esto tras ser ajusticiado por los delitos demenoscabo a la integridad nacional, propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación, obstrucción de funciones, agravada desobediencia o desacato a la autoridad, todo ello cometido en concurso real y en perjuicio de la sociedad nicaragüense y del Estado de Nicaragua.

Esta condena se interpreta mejor después de saber que el obispo Álvarez se negara a vivir como exiliado en los Estados Unidos, a cambio de su libertad, hecho que el presidente Daniel Ortega consideró como un acto de soberbia, por lo que fue enviado a la cárcel La Modelo. Para el presidente, el prelado “ha mostrado comportamiento de soberbia de quien se considera el jefe de la Iglesia de Nicaragua, el líder de la Iglesia latinoamericana”. Las reacciones internacionales –y no solo la del Papa no se han hecho esperar–.

El obispo

Desde el pasado mes de agosto se recrudeció la persecución por parte de régimen nicaragüense a este obispo. Tras producirse la entrada violenta de la policía nicaragüense en la Curia diocesana de Matagalpa donde llevaba 15 días retenido su obispo Rolando Álvarez, fue trasladado a un paradero desconocido junto a un pequeño grupo de sacerdotes y laicos. Algo que condenó la ONU mientras se preparaba el juicio que se ha resuelto la semana pasada.

Álvarez, de 55 años, se ha convertido en el primer obispo nicaragüense arrestado por el Gobierno de Ortega –Silvio Béz tuvo que esquivarse–, el presidente que lleva casi 16 años en el poder. Obispo de la diócesis de Matagalpa –al norte del país– y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, se hizo fácilmente reconocible por su evangelización tanto a lomos de un caballo, atravesando los ríos en una rústica embarcación casera, patinando en sotana, bailando una cumbia o jugando al fútbol, según contaba en un perfil agencia Efe.

Con el título de bachiller en Teología por la Pontificia Universidad Lateranense de Roma, se licenció en Filosofía en la Pontificia Universidad Gregoriana y cursó el máster en Doctrina Social en la Iglesia de la Universidad Pontificia de Salamanca. Obispo desde 2011, en 2015 fue el rostro de algunas protestas en defensa de los intereses de los campesinos ante los proyectos mineros de Ortega.

Su voz se ha oído no solo como secretario de Medios de Comunicación de la Conferencia Episcopal de Nicaragua sino a través de las emisoras de radio y televisión que ha fundado por toda Nicaragua y que han sido objeto de cierre por parte de las autoridades. Como mediador en un diálogo entre el Gobierno y la oposición, en 2018 se opuso a las reformas a la seguridad social de Ortega. Entonces también dio cobijo en las parroquias manifestantes descontentos con el régimen instaurado por el presidente. La prohibición de la misa en la catedral hace dos semanas hizo que saliera por las calles con el Santísimo Sacramento, lo que provocó su reclusión en la curia

Ortega estrecha el cerco sobre la Iglesia católica de Nicaragua

Historia de Johnny Cajina

Religiosos y defensores de DD.HH. repudian el encarcelamiento de un obispo y denuncian las violaciones a la libertad religiosa y los constantes atropellos del régimen sandinista.

Monseñor Rolando Álvarez, el obispo de Matagalpa que fue sentenciado a más de 26 años de prisión por el régimen de Daniel Ortega bajo cargos de propagación de noticias falsas y menoscabo de la integridad nacional.© Maynor Valenzuela/REUTERS

La condena de 26 años de prisión a un obispo, y el destierro y despojo de la nacionalidad nicaragüense a un grupo de sacerdotes y laicos, medidas ordenadas por el régimen sandinista de Daniel Ortega, confirman el propósito de “destrucción y persecución institucionalizada” en contra de la Iglesia católica de Nicaragua, señalaron defensores de derechos humanos consultados por DW.

El obispo Rolando Álvarez, una de las voces más críticas contra Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, fue condenado sin mediar juicio por los mismos delitos que el régimen imputa a todos los opositores encarcelados: “Propagación de noticias falsas” y “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”, entre otros delitos adicionales.

Los colectivos nicaragüenses de derechos humanos coinciden en que el caso de monseñor Álvarez y del resto de laicos y sacerdotes apresados, acusados, condenados y desterrados, conservan el mismo patrón de ilegalidades y violaciones al debido proceso.

Álvarez fue apresado el 19 de agosto de 2022, tras 15 días de un férreo cerco policial en el Palacio Episcopal de Matagalpa, ciudad del norte de Nicaragua, de la que es obispo. El jueves 4 de agosto, un día despúes que los agentes bajo el mando directo de Ortega iniciaron el asedio, al obispo se lo vio desafiando el cerco policial, enfundado en su habitual sotana negra con botones rojos.

Obispo: «Miedo y de rodillas, solo ante Dios»

“Miedo y de rodillas, solo ante Dios”, exclamó Álvarez hincado en la acera de la Curia, ante los oficiales armados que lo vigilaban.

El juicio contra el obispo había sido programado para fines de marzo, y luego para el 15 de febrero de 2023. Sin embargo, el 9 de febrero, tras negarse a subir al avión en el que sería desterrado junto a otros 222 presos políticos, Álvarez fue enviado a la temida cárcel de La Modelo, al norte de la capital, y, horas más tarde, condenado a la pena más alta imputada a un opositor en los últimos años.

Ese mismo día, en cadena nacional de radio y televisión, por la noche, el propio Ortega, en medio de las risas de Murillo, se mofó del líder religioso y lo llamó “desquiciado”, “energúmeno” y “soberbio”, por no haber dejado imponerse el destierro.

En declaraciones a DW, la abogada Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) condenó y rechazó “la condena injusta y sobre todo ilegal contra monseñor Álvarez” y el resto de religiosos.

Persecución institucionalizada

Para la reconocida defensora de derechos humanos, “esa condena viene a reafirmar el propósito de destrucción y la persecución institucionalizada en contra la Iglesia Católica” por parte de Ortega y Murillo.

 “Contra monseñor (Álvarez) este régimen despótico se ha ensañado de una manera perversa; debemos estar vigilantes a lo que le ocurra”, advirtió Núñez.

A través de un comunicado, el CENIDH expresó “estupor e indignación” tras conocer la condena contra el obispo, calificando el proceso legal como una “farsa judicial” en la que se le achacaron nuevos delitos: “Obstrucción de funciones agravada y desobediencia y desacato a la autoridad”.

“Tenemos información de que no ha habido ningún juicio en el presente caso. Tampoco la Fiscalía acusó ni se tramitó ninguna investigación ni audiencia inicial” por los nuevos delitos, denunció el CENIDH.

Una atrocidad jurídica

La sentencia también fue repudiada y calificada como una “atrocidad jurídica” por el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, “por ser arbitraria e inconstitucional a través de un proceso judicial oculto, desconocido y nulo”.

El colectivo denunció la persecución contra la Iglesia católica, el asedio contra sacerdotes, el impedimento de las actividades religiosas y la intimidación a la feligresía por parte del régimen de Ortega. Nicaragua Nunca Más ya había advertido en 2022, sin precisar cifras, el exilio masivo de sacerdotes y seminaristas para evitar ser encarcelados alzar su voz contra la crisis política que atraviesa el país.

El abogado Yader Valdivia, miembro de ese colectivo en el exilio, aseguró a DW que Ortega ha violado continuamente el derecho a libertad de religión en Nicaragua desde 2018, a partir de la rebelión social que puso en jaque a su gobierno hace casi cinco años.

Pero esa violación, añade Valdivia, fue más directa en 2022 y se comienza a criminalizar y perseguir de forma directa a sacerdotes, tras una iniciativa de ley que se presenta en el parlamento -bajo control absoluto de Ortega- para investigar a líderes religiosos y acusarlos por el supuesto intento de golpe de estado omnipresente en el discurso oficialista.

Usurpan actividades religiosas

También se da en un contexto en el que hay atentados contra la Iglesia y se atacan símbolos religiosos, mientras las alcaldías controladas por el régimen también comienzan a asumir actividades que meramente le corresponden a la Iglesia, como las procesiones, y cuando no lo logran niega los permisos para realizar festividades religiosas en la vía pública, explicó Valdivia.

Pero las violaciones a la libertad de religión prosiguieron “con agresiones a los feligreses que intentan participar en las misas, la vigilancia (policial) a las misas y luego los arrestos ilegales de los sacerdotes, algunos de ellos acusados por delitos comunes, a quienes se le ha violentado el derecho a la defensa”, denunció el defensor de derechos humanos.

No obstante, Valdivia recordó a DW que el patrón de criminalización de los sacerdotes se inició en 2018, cuando la pareja presidencial de Nicaragua buscó a la Iglesia católica para mediar en la revuelta masiva. “Pero como la Iglesia no se parcializa con el régimen, Ortega y Murillo se molestan, lo toman como una traición y comienzan a perseguir a figuras como monseñor Silvio Báez”, añadió.

Los obispos y sacerdotes que han condenado desde entonces la represión de las protestas civiles y demandado el respeto a los derechos humanos en Nicaragua, han sido objeto de agresiones físicas por parte de simpatizantes sandinistas. Desde lo más alto del poder, Murillo los ha tildado de “terroristas” y “demonios”, y ha ordenado además la cancelación de licencias a oenegés, y al menos a siete radioemisoras y canales de televisión católicos.

La última voz por silenciar

Tras perseguir al periodismo independiente y a las organizaciones de la sociedad civil, la voz de la Iglesia católica era la única que a Ortega le faltaba silenciar. “Y es la voz que comienzan a criminalizar, dejando un claro mensaje que en Nicaragua nadie puede hablar en contra del gobierno”, resaltó Valdivia.

Contra la condena a monseñor Rolando Álvarez se han pronunciado el gobierno de Estados Unidos y las conferencias episcopales de España, Chile, Costa Rica, Guatemala, así como el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM). Este domingo, la embestida de Ortega contra la Iglesia católica resonó desde los balcones del Vaticano, donde el papa Francisco dedicó un minuto de su discurso para manifestar su “tristeza” y “preocupación” por la situación de Álvarez y de los sacerdotes desterrados junto a los más de 200 presos políticos, si bien no exigió la excarcelación del obispo rebelde.

Al norte de Nicaragua, en la vecina Honduras, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga comparó la condena contra Álvarez con la persecución que sufrieron los primeros cristianos. Y en alusión al gobierno de Ortega y Murillo sentenció: “La justicia no se puede vencer con la injusticia y vean las lecciones de la historia: no hay dictadores que hayan terminado bien».

La cruel represión contra la Iglesia Católica en Nicaragua

El obispo Rolando Álvarez, el 20 de mayo de 2020 en Managua

El obispo que resiste en Nicaragua: así planta cara Rolando Álvarez a Daniel Ortega

La condena a 26 años de cárcel al religioso, que se negó a subir al avión del destierro, es la última prueba de la obsesión del sandinismo con la Iglesia católica

IKER SEISDEDOS CARLOS S. MALDONADO

La obsesión con la Iglesia católica del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, atravesó esta semana un punto, otro, de no retorno con la condena a Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa (en el centro del país). El viernes le cayeron 26 años de cárcel. ¿Su delito? Negarse al destierro junto a los 222 presos políticos excarcelados el día anterior y enviados por sorpresa a Estados Unidos para, mientras volaban, administrarles el último castigo: quitarles la nacionalidad.

La sentencia, que siguió a un juicio exprés sin las garantías debidas, considera probados los cargos de “traición a la patria”, “menoscabo de la integridad nacional” y “propagación de noticias falsas”. Álvarez se negó a subir al avión del destierro con una frase para la historia: ”Que sean libres, yo pago la condena de ellos”. La sentencia lo ha convertido en el símbolo de la oposición interior que quedó en tierra en Nicaragua, así como de la resistencia de la Iglesia católica.

Según la información facilitada por el régimen, la oferta inicial a Washington, a cuyas autoridades el sandinismo ocultó sus planes de convertir en apátridas a los desterrados, incluía una lista de 228 personas. Cuatro, según dijo Ortega el jueves en un mensaje televisado al país, fueron rechazadas por las autoridades estadounidenses. Los otros dos (Álvarez y un preso sin identificar) se negaron a salir de Managua el jueves. En las cárceles del país quedan, según cálculos de las organizaciones disidentes al régimen de Ortega-Murillo, otros 39 reos de conciencia.

El mismo jueves, las autoridades nicaragüenses cambiaron el arresto domiciliario de monseñor Álvarez, de 56 años, que cumplía condena desde el pasado agosto en la casa de unos familiares en Managua, por su reclusión en la temible prisión de La Modelo, también en la capital. No es la primera vez que el obispo pasa por ese trance. Hombre de profunda fe en la resistencia, ya lo encarcelaron en los años ochenta por oponerse al servicio militar obligatorio que impusieron los sandinistas para hacer frente a la guerrilla de la Contra financiada por Estados Unidos. Entonces, era un muchacho de 16 años.

La suerte de Álvarez la han seguido estos días con preocupación los liberados desde el hotel cercano al aeropuerto internacional de Dulles, situado a unos 40 kilómetros de Washington, en el que el Departamento de Estado les da alojamiento hasta el domingo, mientras aclaran la situación, no exenta de trabas burocráticas, que les espera ahora. En uno de sus salones, dos sacerdotes, presos políticos hasta esta semana, oficiaron una misa católica el sábado por la noche en la que hubo un recuerdo para el obispo Matagalpa. Uno de ellos, Benito Enrique, párroco de la iglesia Santa Martha de Managua, dio con sus huesos en la cárcel por llamar en una misa “pareja de asesinos” a Ortega y Murillo.

“La Iglesia es el último baluarte de libertad. Ortega lo sabe, por eso quiere desestabilizarla, atacar su unidad”, afirmó este sábado otro de los curas excarcelados, que pidió hablar desde el anonimato para no comprometer la situación de los suyos que quedaron en Nicaragua. “[El sandinismo] busca minar la fortaleza de la Iglesia para quedarse, ahora sí, sin oposición interna”, afirma. El sacerdote aseguró que su detención es una “cruz” que demuestra el valor de los religiosos en su país al criticar al régimen, apoyar a quienes se manifestaron contra “la dictadura” y abrir las parroquias durante los días más duros de la represión. Álvarez, dice, es un ejemplo de esa valentía. “Ha seguido su papel profético hasta las últimas consecuencias. Es un hombre coherente con sus principios”, afirma.

La noticia de que este faltaba en el grupo no la pudieron confirmar los 222 desterrados hasta que no subieron al avión, después de que los sacaran de sus celdas en la madrugada del jueves sin más explicación. “Nosotros veníamos con varios curas de Matagalpa, y fueron ellos los que nos dijeron que monseñor tenía tomada la decisión de que no quería ser usado como una ficha de negociación”, explicó el viernes en el vestíbulo del hotel del destierro el político y empresario Juan Sebastián Chamorro. “Al no verlo a bordo, supimos que había sido fiel a su palabra. La reacción habla de la ridiculez de Ortega, que por un lado nos saca a nosotros y dice que con eso ya no tiene presos políticos, y, por otro lado, deja 39 encarcelados, y la toma con Álvarez mientras el mundo observa”.

“No se va a arrodillar”

La exguerrillera Dora María Téllez, símbolo de resistencia y de la perplejidad del viejo sandinismo ante las derivas autoritarias del antiguo camarada Ortega, había vaticinado por la mañana, antes de conocer la sentencia, que al presidente nicaragüense “le va a pasar lo que siempre le pasa”: “Él cree que te vas a arrodillar. Y Monseñor Álvarez no se va a arrodillar. Lo metan donde lo metan”.

La represión de los Ortega-Murillo ha sido especialmente cruel con la Iglesia católica. Un estudio de la investigadora Martha P. Molina Montenegro contabiliza 396 ataques entre abril de 2018 —cuando estallaron las protestas por la reforma del seguro social que acabaron con un grupo de estudiantes refugiados en la catedral de Managua, que resultó tiroteada— y octubre de 2022. Fuera de ese recuento queda, por tanto, la condena de esta semana de una jueza sandinista a seis religiosos católicos y un laico de la diócesis de Matagalpa tras un juicio político a puerta cerrada. Los detuvieron junto a Álvarez en agosto de 2022, cuando la policía irrumpió de madrugada en la casa diocesana que compartían.

El 44% de la población de Nicaragua afirma ser católica, y Ortega siempre ha tratado de sacar ventaja de la intensa relación de los nicaragüenses con la religión. Lo intentó acercándose, por un pérfido cálculo político, al cardenal Miguel Obando y Bravo, archienemigo en los años ochenta, cuando este fue depuesto como jefe de la Archidiócesis de Managua, la principal del país, por un agonizante Juan Pablo II. Su caída en desgracia fue la oportunidad de Ortega para acercase y atraer el favor de la Iglesia.

Obando se convirtió en su consejero espiritual, casó a Ortega y Murillo en la fe católica y aquel pidió perdón por los “errores del pasado”. Cuando Ortega regresó al poder en 2006, el cardenal formó parte activa en el Gobierno como dirigente de la Comisión de Paz y Reconciliación cuyas funciones en Nicaragua nunca estuvieron claras. Esa alianza benefició al exguerrillero, pero pronto se alzaron dentro de la Iglesia las voces críticas con el comandante. Tras la muerte de Obando, la relación Estado-Iglesia entró en franco deterioro, y Ortega comenzó a acosar a los obispos críticos. Su esposa buscó entonces el favor de los evangélicos, cuya presencia en Nicaragua crece imparable. El 30% de la población dice pertenecer a alguna denominación cristiana no católica.

“Sabemos que algunos funcionarios rompieron con el régimen de Ortega por esa persecución a la Iglesia, que habla, una vez más, de su aislamiento, de su pérdida de conexión con la realidad social”, explica el periodista Carlos Fernando Chamorro, exiliado en Costa Rica desde junio de 2021, a quien la noticia del destierro de los presos políticos, entre los que se cuentan dos hermanos y un primo, le sorprendió en Washington, donde el viernes tenía programada una charla en un laboratorio de análisis del centro de la capital estadounidense.

Dora María Téllez junto al periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro, en Washington, eslips jueves pasado.Dora María Téllez junto al periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro, en Washington, eslips jueves pasado.RR.SS.

“Se habla mucho de los tres errores que el sandinismo cometió en su primera encarnación: su enfrentamiento con el sector privado, su beligerancia con Estados Unidos y el hostigamiento al catolicismo. De esos errores, se dice, Ortega aprendió. La realidad demuestra que eso no es verdad. En el caso de la Iglesia, la persecución es ahora mucho más feroz: en los ochenta expulsaron al obispo Pablo Vega, ahora hay un obispo condenado a 26 años de cárcel, varios sacerdotes presos y ahora desterrados, y han prohibido hasta las procesiones religiosas”, continúa Chamorro.

Téllez considera que la salida de los presos políticos no calmará la represión contra aquellos que se oponen al régimen y también contra sus familiares, como demuestra la severidad de la condena a Álvarez. En el contingente llegado a Washington hay al menos cinco casos de excarcelados que apresaron cuando no encontraron a quienes iban buscando (madres, hermanos, sobrinos…).

El temor a las represalias de los que se quedaron allá hace que muchos, como el sacerdote, no se atrevan a hablar con la prensa o pidan hacerlo desde el anonimato, como un destacado exdiplomático, que ofrece su análisis sobre el futuro de la oposición, ahora que los 222 se fueron: “Muchos no saben qué hacer. Sienten ahora que no hay alternativas, pero debemos dar el mensaje de que hay que seguir luchando. Es cierto que las cosas están difíciles, que hay mucho miedo, hay que pensar en la reorganización política. La clandestinidad es la única opción. Tomará tiempo, pero hay un descontento enorme que hay que aprovechar”, explica.

En ese juicio coincide José Antonio Peraza, que formaba parte de un grupo de activistas e intelectuales que promovían reformas electorales en Nicaragua y estuvo preso 19 meses en las celdas de El Chipote, sometido a lo que él llama “torturas silenciosas”: incomunicado, sin la posibilidad de conversar con sus compañeros de cárcel o ver a su familia. Aunque Peraza ve un “régimen en descomposición”, también admite que la falta de una oposición o liderazgos críticos en Nicaragua benefician a Ortega.

“Él se siente triunfante porque ha eliminado toda oposición. En Nicaragua no hay ahora resistencia y creo que pasará un tiempo hasta que se formen nuevos liderazgos”. Con la oposición política descabezada desde 2021 y muchas de sus principales caras ahora en el exilio y desterradas, Peraza afirma que será difícil que se forme un nuevo movimiento opositor a corto plazo, pero advierte de que en la medida en que el régimen se radicaliza más, el descontento interno puede generar nuevos movimientos más contestatarios. “Estamos ahora en un impasse”, dice. “Ortega quiere sobrevivir a cualquier costo, pero no puede mantenerse eternamente con la represión”.

Parte del problema que tienen los desterrados para ofrecer un vaticinio sobre lo que depara el futuro de la resistencia interior a Ortega pasa por el hecho de que la gran mayoría han vivido incomunicados mientras cumplían sus penas, y tienen aún que restaurar los viejos canales de información. Todos empezaron el jueves con lo puesto y sin móvil su nueva vida, y ahora pasean por los pasillos del hotel con los terminales que les han facilitado y con los que, como el líder campesino Medardo Mairena, aún no acaban de entenderse. La mayoría tampoco se ha aprendido todavía el nuevo número. Por eso, los llevan apuntados en un adhesivo pegado al reverso del teléfono.

Pronunciamiento: al lado de los más débiles

          Colectivo Ecuménico por el Perú – CEP

REVISTA DE PRENSAAMÉRICA LATINA


A poco más de un mes, el régimen Boluarte – Otárola ya carga en sus espaldas el horror de decenas de muertos, cerca de 50 víctimas. Todos eran gente del pueblo que protestaban contra la criminalización de sus luchas y el golpe de Estado en el Perú. Se trata, no cabe dudas, de un gobierno criminal con ansias de poder que se ha interesado más en proteger la “propiedad”, desproteger la vida de sus ciudadanos y escalar la represión a nivel de masacre y genocidio.

Convencidos de que “la paz brota de la justicia” lamentamos mucho el proceder de las principales iglesias cristianas en esta coyuntura. Desde el campo católico como del evangélico, recientes pronunciamientos tienen en común equiparar a las víctimas y a sus agresores, como un enfrentamiento entre iguales. Incauta o premeditadamente han utilizado la figura de Caín y Abel cuando en realidad se trata de David y su honda resistiendo a Goliat y su mortal armadura.

Del pueblo de “Israel” huyendo del todopoderoso Faraón. De Jesús y su látigo contra los mercaderes del templo. Del Perú profundo luchando por dignidad y justicia frente a los intereses de las transnacionales, la oligarquía y las élites de la sociedad peruana.
La explícita determinación del Premier Alberto Otárola, real comandante de las fatales decisiones del gobierno, en complicidad con Dina Boluarte, apuntan clara e insensiblemente que nuestros hermanos y hermanas seguirán recibiendo balas, palos y gases como respuesta a sus justos reclamos.

Esta situación hace apremiante que bases y cúpulas de las iglesias, católica y evangélicas, abandonen la comodidad camaleónica de una supuesta “neutralidad” y denuncien proféticamente en nombre de Dios el carácter terrorista, asesino e ilegítimo del actual régimen. Desde el sur va creciendo y extendiéndose cada vez más el clamor popular que exige a los líderes religiosos delaten con todas sus letras el régimen Boluarte – Otárola, sin el inaceptable y vergonzoso argumento de que “debemos apoyarlos a pesar de sus excesos”.

El criminal gigante no debe permanecer en pie; en este momento, su furia ya muestra su flaqueza. Desde la espiritualidad, las prácticas pastorales y los compromisos con los más excluidos y pobres de la tierra, urge que Obispos, Pastores, liderazgo y comunidades cristianan opten por la vida y no por la muerte, tomen partido, como lo manda el Evangelio, al lado de los más débiles. Porque nuestras luchas van “contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo”.

Colectivo Ecuménico por el Perú – CEP
“Defended al débil y al huérfano; haced justicia al afligido y al menesteroso” (Salmo 82:3)

Denuncia de represión en El Salvador

Los Comités Oscar Romero de Europa denuncian al gobierno de El Salvador por el encarcelamiento de líderes de la Comunidad Santa Marta —

REVISTA DE PRENSAAMÉRICA LATINA

¡DENUNCIA URGENTE!

A la comunidad nacional e internacional, organizaciones de la sociedad civil, amigas y amigos de Santa Marta y de la asociación ADES, urgentemente informamos:
La Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, ejecutaron en la madrugada de hoy 11 de enero de 2023, la orden administrativa de captura contra Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García y Pedro Antonio Rivas Laínez en la comunidad Santa Marta en el municipio de Victoria.

Simultáneamente capturaron al compañero Teodoro Antonio Pacheco y Saúl Agustín Rivas Ortega en las oficinas de la Asociación ADES
Santa Marta, en el municipio de Guacotecti.
Ante habitantes de la comunidad Santa Marta, la fiscalía dio lectura a la orden de detención y allanamiento, donde se vincula a los compañeros antes mencionados con un caso ocurrido durante “el conflicto armado”, específicamente en los años 1973 y 1974, (cuando aún no se había iniciado el conflicto), añadiéndose, además, a esta acusación la de pertenencia a asociaciones ilícitas, con toda la carga que reviste el término en el contexto salvadoreño actual.

Todo este entramado pone en evidencia la construcción de un caso en forma exprés cuya finalidad real es atacar a la comunidad Santa Marta y a la Asociación ADES atacando a sus liderazgos.
Con lo antes mencionado queremos señalar lo siguiente

1. Nos parece indignante y sospechoso que a casi 31 años del fin de la guerra civil salvadoreña y a más de 40 años de las atrocidades cometidas contra la población civil de Santa Marta, donde fueron
cometidas incontables violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, el estado salvadoreño no fue capaz de judicializar un solo caso. Hoy, cuando dicen actuar, lo hacen para
revictimizar a la misma comunidad en algo que parece a todas luces una venganza política.

2. Los voceros de la fiscalía presentes en la comunidad aseguraron que el caso no tiene nada que ver con el régimen de excepción, por lo que esperamos que antes de las 72 horas se realice la audiencia
inicial y se siga el proceso apegado a ley.

3. Santa Marta y ADES realizarán la denuncia y exigencia de un proceso apegado a ley, sin que medien los procedimientos propios del régimen de excepción y donde prime el respeto a los derechos
humanos y a la justicia.

4. Santa Marta y ADES, exigen el respeto a la integridad física y moral de los compañeros capturados esta madrugada bajo circunstancias sospechosas.

5. Santa Marta y ADES alertan a la opinión pública y organizaciones de la sociedad civil, sobre el riesgo de que continúe este tipo de capturas en las circunstancias antes descritas.

Comunidad Santa Marta, 11 de enero de 2023

Las comunidades campesinas y pobres de Perú están gritando ¡Escuchemos!


Pronunciamiento del Equipo de Lectura Pastoral de la Biblia de Perú, frente a lo que pasa en el país

Protestas de comunidades campesinas en Perú

«Queremos hacer pública, en primer lugar, nuestra solidaridad y cercanía con nuestros hermanos y hermanas de las comunidades campesinas y pobres de las diversas regiones del país»

«Siempre se intenta descalificar y difamar primero para poder reprimir después con fachada de legalidad»

«Condenamos la violencia en cualquiera de sus formas y venga de donde venga, pero recordemos que la primera violencia es la institucionalizada y legalizada con discursos falsos»

«En nuestros hermanos y hermanas, campesinos, campesinas y pobres que luchan por dignidad y justicia, reconocemos a los nuevos rostros de Jesús de Nazaret acusado de hereje y subversivo para poder ser crucificado»

 | ELPB

Queremos hacer pública, en primer lugar, nuestra solidaridad y cercanía con nuestros hermanos y hermanas de las comunidades campesinas y pobres de las diversas regiones del país; especialmente de la región del sur andina, con quienes hemos tenido durante mucho tiempo vínculos de articulación y mucho camino andado juntos.

Vemos su sufrimiento en la represión, escuchamos su clamor ante el maltrato, sentimos su humillación ante el desprecio y queremos estar cerca de ell@s en sus luchas de liberación.

La sangre de nuestros hermanos y hermanas grita desde el suelo, desde la tierra que abrió sus fauces para recibir la sangre derramada de nuestr@s herman@s

Como país, debemos enfrentar el desafío que se nos presenta: ¡Escuchemos! Y Hagámonos la pregunta, ¿qué hemos hecho con nuestr@ herman@? Los responsables de estas muertes y de esta sangre derramada, llevarán para siempre, como Caín, la marca en la frente que los identificará en la memoria de nuestro pueblo.

Las comunidades campesinas y pobres, están gritando; han gritado fuerte desde las elecciones pasadas y están gritando fuerte ahora. Necesitamos escuchar ese grito en vez de querer reprimirlo y silenciarlo. Se les quiso, y se les quiere, silenciar a través del desprecio, la discriminación y la mentira.

Se les quiso silenciar con la falsa narrativa del “¡Fraude!” y con el desprecio y la discriminación del “son ignorantes”, “no saben firmar”, “los engañan fácilmente”, “son manipulados”.

Se les sigue queriendo silenciar con la descalificación y la calumnia, con la falsa narrativa del vandalismo, de la mano negra extranjera o del terrorismo.

Según los datos ofrecidos por el primer ministro en su conferencia de prensa, en Puno hubo 9000 manifestantes y en Juliaca 15000. O sea que, según él afirma, sólo en esta región, hay una “turba de vándalos” de 24000 peruan@s.

«Se les sigue queriendo silenciar con la descalificación y la calumnia, con la falsa narrativa del vandalismo, de la mano negra extranjera o del terrorismo»

Si le agregamos l@s de Cuzco, Ayacucho y las otras regiones, ¿Cuánt@s “vándalos violentistas” hay en Perú?

¿Tantos miles de peruan@s son “terroristas”? ¿Tod@s est@s peruan@s están “movidos y soliviantados por elnarcotráfico y por Evo Morales” como afirma el premier?

¿Tant@s miles de peruan@s son l@s mal@s, mientras los poquitos pobrecitos ministros y congresistas son los buenos?

Condenamos la violencia en cualquiera de sus formas y venga de donde venga; por eso, condenamos también la violencia “infiltrada” que lleva a la muerte de nuestros “hermanos” policías; pero recordemos que la primera violencia es la institucionalizada y legalizada con discursos falsos.

«La primera violencia es la institucionalizada y legalizada con discursos falsos»

No dudamos que pueda haber infiltrados que provocan violencia, pero no aceptamos que las protestas legítimas del pueblo sean descalificadas con la difamación y la mentira, y no creemos que la represión y la muerte sean el camino para responder al resentimiento y la rabia justas, acumuladas por tantas formas de desprecio durante tanto tiempo.

No aceptamos que se siga reprimiendo al pueblo pobre mientras desde los poderes establecidos, y los grupos de poder afines, siguen queriendo destruir las instituciones democráticas del país…

siguen queriendo gobernar los que perdieron en las democráticas elecciones pasadas…

«¿Quiénes son los vándalos más dañinos en el largo plazo?»

¿Quiénes son los vándalos más dañinos en el largo plazo? ¿Los que “impiden el libre tránsito y destruyen propiedad pública o privada, agreden a policías y a los comerciantes que quieren seguir trabajando”? como afirman; ¿O los congresistas que están dinamitando nuestras instituciones fundamentales?

¿Qué nos afecta más?

Acabar con la autonomía del Tribunal Constitucional, manipular y controlar los organismos electorales, destruir la calidad educativa por sus intereses particulares, pervertir y corromper el congreso con la relección inmediata de ellos mismos y con la admisión sin filtros de personas corruptas y sin partidos, fomentar los partidos vientres de alquiler, eliminar la posibilidad de cerrar el congreso, pero no la de censurar y defenestrar al presidente, querer destruir el ojo que llora y el museo de la memoria, ¿no son actos de vandalismo antidemocrático y actos de terror más graves a largo plazo?

Siempre se intenta descalificar y difamar primero para poder reprimir después con fachada de legalidad. Por eso, en nuestr@s herman@s campesin@s y pobres que luchan por dignidad y justicia reconocemos a los nuevos rostros de Jesús de Nazaret acusado de hereje y subversivo para poder ser crucificado.

¡BASTA YA DE SANGRE! ¡BASTA YA DE REPRESIÓN!

Para poder dialogar, necesitamos primero escuchar al otr@.

Equipo de Lectura Pastoral de la Biblia – Perú