Hacia un nuevo modelo de residencias

Hacia un nuevo modelo de residencias: Gobierno y comunidades pactan establecer un sistema de evaluaciones que se hagan públicas

María Sosa Troya

El objetivo es que no sean los mayores y personas con discapacidad quienes se adapten al modo de vida en las residencias, sino que estas se amolden en lo posible a ellos, a sus rutinas e intereses: que los centros se asemejen mucho más al concepto de hogar y mucho menos al de institución. El Gobierno y las comunidades autónomas han comenzado a debatir los criterios mínimos que deben cumplir los servicios de dependencia, empezando por las residencias. Y han pactado las bases sobre las que se articulará el acuerdo, que debería estar listo en diciembre: se han comprometido a que este incluya el establecimiento de un sistema público de evaluación de la calidad de vida de los usuarios cuyos resultados serán públicos; a encaminarse al modelo de atención centrada a la persona, y a que las residencias se dividan en unidades de convivencia.

La negociación está aún en fase inicial, este mismo lunes se aprobaron los principios sobre los que girará el debate, pero un documento de trabajo presentado por el Ministerio de Derechos Sociales a las autonomías esboza la hoja de ruta de la negociación: potenciar la convivencia en el entorno donde están ubicados los centros, respetar la historia de vida de los residentes, aumentar su participación, visitas libres para los familiares, etc.

El Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y la Atención de la Dependencia, que reúne a las comunidades y al ministerio, se ha comprometido a llegar a un nuevo acuerdo de acreditación a final de año, es decir, un acuerdo sobre los mínimos que deben cumplir las entidades que ofrezcan servicios en el sistema de la dependencia: tanto las públicas como las que tengan plazas concertadas y las privadas que operan a través de una prestación vinculada (un dinero que se da al dependiente para que pague parte del coste, el resto lo pone de su bolsillo). En él, según lo pactado, se regularán varios aspectos. Por un lado, se fijarán estándares dirigidos a evaluar los resultados de los servicios en la calidad de vida de las personas, y por otro, deberán establecerse las ratios de trabajadores, requisitos de cualificación del personal, entre otros, empezando por las residencias de mayores.

Este acuerdo es uno de los puntos que contemplaba el plan de choque en dependencia aprobado el pasado enero, que ha supuesto este año la inyección de 600 millones de euros. El anterior acuerdo de acreditación, bastante escueto, data de 2008, aunque ha sufrido alguna modificación desde entonces. En él ya se recogía que en el plazo de 12 meses el Consejo Territorial debía fijar “indicadores y estándares esenciales de calidad para la evaluación” de los centros y servicios, algo que no se hizo. Se prevé que el primer borrador del nuevo acuerdo esté listo en otoño, que posteriormente haya un análisis del impacto presupuestario y que en diciembre se apruebe el acuerdo. Los plazos son apretados.

Las autonomías tienen la competencia en servicios sociales, y de hecho muchas están emprendiendo cambios normativos en este sentido, pero el ministerio tiene la labor de coordinación. Fuentes autonómicas de distintos partidos políticos precisan que comparten la filosofía del acuerdo. De hecho, todas votaron a favor de iniciar la negociación a partir del documento presentado por el ministerio, a excepción de Cataluña, que se abstuvo porque considera que hay “una invasión competencial clara”. Varias fuentes recalcan que para poder elevar los estándares se necesita financiación adicional a la del plan de choque. Y otras fuentes sostienen que estos criterios deberían aplicarse a las residencias de nueva construcción, pero no a las viejas, pues muchas no se adecúan a ellos y algunas se verían abocadas al cierre. Solo de mayores, se cuentan en España más de 5.000 centros. En el Consejo Territorial se ha pactado que en el documento final se especifiquen “los plazos de adecuación a los requisitos mínimos comunes para los servicios preexistentes”.

Rendición de cuentas y transparencia

En España no hay criterios comunes de evaluación del servicio en centros residenciales. Una investigación de EL PAÍS, publicada a principios de este mes, reveló que antes de la pandemia, de 2014 a 2019, diez comunidades tuvieron de media menos de una inspección de servicios sociales al año en residencias de mayores, e hizo públicos, por primera vez a nivel nacional, los nombres de las sancionadas en ese periodo. A diferencia de lo que sucede en otros países del entorno, en España los resultados de las inspecciones no se publican y las familias no disponen de información oficial que les sirva de referencia para elegir un centro u otro, así que fijar unos mismos estándares para evaluar los servicios en cuanto a la calidad de vida de los usuarios del sistema de dependencia, en el que se enmarcan las residencias, y hacer accesible esa información supondría una novedad importante. En Alemania, por ejemplo, los resultados de esa evaluación están publicados en la puerta de cada establecimiento.

El documento presentado a las comunidades por el Ministerio de Derechos Sociales, dirigido por Ione Belarra, que seguramente sufrirá modificaciones durante la negociación y también se presentará a patronal, sindicatos, asociaciones y expertos, describe los principios básicos que en su opinión debe incluir el acuerdo de diciembre. A partir de este texto se articulará la negociación. El ministerio plantea que es preciso abordar la creación de un sistema de evaluación público “que incorpore no solo los estándares mínimos que habrán de cumplir los servicios ligados” al sistema de la dependencia para su acreditación, algo de lo que se encargan las actuales inspecciones de las comunidades, “sino también los resultados en términos de calidad de vida de las personas”. Considera que debe incorporarse una “cultura de rendición de cuentas y de transparencia”, para que los usuarios puedan comparar servicios. Fuentes de Derechos Sociales explican, respecto al Consejo Territorial del lunes, que el debate proseguirá a lo largo de los próximos meses y que “el sistema de acreditación público mejorará los estándares de calidad en el sistema, y además dará una mayor transparencia, favorecerá el control de este tipo de centros”.

A partir de los principios básicos que se plantean en residencias, se esboza un cambio de modelo en estos centros. Según el documento, deben dividirse en pequeñas unidades de convivencia, con un número de mayores a decidir, estar decoradas con un “diseño de hogar”, contar con sala de estar, cocina, aseo y comedor, que podrán usar tanto ellos como sus familiares. También se propone mejorar las ratios de personal, a calcular en jornadas completas de trabajo por cada 10 residentes o por unidad de convivencia y no en personas contratadas (hay mucha parcialidad en el sector), y diferenciar entre las horas de apoyo durante el día y la noche, así como especificar la ratio de quienes atienden a los residentes en las actividades del día a día.

El ministerio propone un cambio gradual. Quiere que se eviten los horarios y normas rígidas y que, en lo posible, se trabaje con horarios personalizados, sin tanta rotación entre los cuidadores. Cada usuario que así lo desee contará con un plan de apoyos, que deberá evaluarse como mínimo anualmente en el centro, y para cuya elaboración se contará con el residente. Habrá profesionales de referencia para cada uno y sus familias. Según el documento, los centros con muchos internos (no se fija el número) deberán planificar en los próximos años reducir poco a poco la oferta, para adaptarse a este modelo, así como un plan de reducción del número de habitaciones compartidas, para que quien vaya a una doble sea por elección. Se precisa que los residentes puedan disfrutar en los espacios personales, como el baño y la habitación, de su intimidad y de su sexualidad.

En el texto se insiste en que una residencia no puede sustituir al sistema de salud, y ministerio y comunidades han pactado que el acuerdo recogerá el “acceso a la atención sanitaria proporcionada por el sistema de salud”, acreditando la coordinación con servicios sociales. Derechos Sociales considera que deben ser un servicio de proximidad, por lo que el documento indica que estarán conectadas con la vida social del entorno: “Los centros gueto”, desconectados de la comunidad, “ya no resultan admisibles”. Los usuarios deberán estar motivados a participar y tomar decisiones en su día a día, independientemente de los apoyos que precisen. Podrán recibir visitas siempre que lo deseen, deberá justificarse claramente cuando esto no sea posible. Y se plantean órganos de participación donde haya usuarios, familiares, trabajadores, dirección del centro y agentes locales. Las familias son “claves” para garantizar los buenos apoyos.

Declaración sobre las Residencias de Mayores en España

DECLARACIÓN

 La Asociación Cultural y Solidaria Hervás y Panduro de Horcajo de Santiago (Cuenca) ante los estragos de la pandemia COVID entre los ancianos en residencias, principalmente en Madrid,

MANIFESTAMOS:

Nuestra solidaridad con los familiares de los difuntos por el Coronavirus. Asimismo, expresamos nuestra consternación por la marginación y deficiente trato que se da a las personas de edad avanzada, tanto a los que están en su casa como en las residencias. Según los informes de varios medios de comunicación, Organizaciones no Gubernamentales (ONG), Caritas y Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Madrid, y otras instancias sociales y políticas, los sufrimientos que padecen los ancianos en residencias,  de Madrid y de otras comunidades autónomas, se deben,  entre otras,  a las  causas siguientes: la poca inversión y cierta indiferencia de las autoridades hacia los centros y hogares de mayores; la política de privatizaciones de las residencias de mayores aprovechadas como negocio por entidades privadas y fondos de inversión (“fondos buitre”), nacionales y extranjeros, para aumentar su beneficio económico que conlleva escasez de empleados para la atención a los mayores y sin la formación adecuada; la falta de personal sanitario que vigile y atienda a los mayores en las residencias y centros;  a ello se une el escaso tiempo de que disponen ciertos familiares para visitar y darles el cariño que se merecen. Algunos ancianos, pues, se sienten abandonados en sus casas y en las residencias, humillados en su dignidad y sin que se garanticen sus derechos fundamentales.

 DENUNCIAMOS:

El trato degradante y abandono que, durante la pandemia del Coronavirus, se ha venido dando a las personas mayores en las residencias y en sus hogares, sin que las autoridades hayan tomado las medidas oportunas para solucionar la situación problemática en la que se encuentran.

La indiferencia de bastantes responsables políticos de Madrid y gerentes de las residencias en cuanto a dotar del material necesario tanto para la seguridad de los trabajadores como de los residentes mayores. Asimismo, es denigrante las acciones por las que se ha impedido el traslado de los ancianos enfermos a los hospitales, sobre todo de los contagiados del Covid-19.

La flagrante violación del derecho fundamental de los ancianos a ser visitados por sus familiares, por comodidad de los dirigentes y para evitar gastos, cuando lo correcto hubiera sido y es, tener el material y vestimentas aislantes correspondiente a disposición de familiares visitantes. Es indigno que a bastantes ancianos se les haya encerrado en sus habitaciones durante días sin visitas y sin actividades para pasar la cuarentena. Incluso, ha habido casos de ancianos muertos durante varios días en alguna de las residencias.

En el tiempo de mayor auge del coronavirus, es inhumano la actitud de algunos políticos que consideran a los enfermos ancianos de poca utilidad productiva y de costos económicos evitables, sobre todo a los que viven en residencias.

Según el informe de la Comisión Diocesana de Justicia y Paz de Madrid, de 01-09-20, “los enfermos fueron desatendidos por las administraciones y por el propio sistema de salud y en un documento de la Comunidad de Madrid se declara de forma explícita que en los momentos más difíciles hubo descarte”. Durante los peores momentos de la pandemia las residencias de ancianos quedaron “médicamente desatendidas por criterio exclusivo de edad, inhumanamente alejados de sus seres queridos y privados en muchos casos del consuelo de los auxilios espirituales”.

CONSIDERAMOS:

Los fallecidos por el COVID-19 en residencias de Madrid, representan cerca del 69% del total. Es evidente que entre las causas fundamentales del deficiente trato dado a nuestros mayores, está el vigente sistema neoliberal donde las élites políticas y económicas, asumen los antivalores individualistas y el enriquecimiento a toda costa; la indiferencia y el desprecio a los sencillos, débiles y empobrecidos; así también la competencia, -incluso desleal-, entre personas, partidos y entidades encumbradas que conduce al abuso de minorías triunfantes sobre las mayorías sociales.

A ello se une el sometimiento de los gobernantes e instituciones del Estado a los poderes económicos y potencias mundiales, que conlleva a valorar escasamente al bien común, a la clase trabajadora y a la atención a los más débiles de la sociedad entre los que se encuentran nuestros ancianos.

Ante estas trágicas circunstancias que sufren nuestros mayores,

PROPONEMOS:

A las autoridades del Estado y de las Comunidades Autónomas, especialmente al gobierno de la Comunidad de Madrid, lo siguiente:

  • La concienciación de la ciudadanía para construir una sociedad donde los ancianos y los niños tengan la preferencia junto a los empobrecidos, los enfermos y los marginados.
  • Establecer nuevos modelos de residencias donde la participación de los mayores sea real y se tengan en cuenta sus criterios y sus sentimientos, con atención centrada en el cuidado de la persona. Modelos que ya existen en diversos lugares de España.
  • El Estado debe preocuparse de dotar a los centros, residencias y familiares de las personas mayores, de los recursos económicos necesarios, de los materiales sanitarios requeridos, del número de trabajadores suficientes que los atienden con la formación correspondiente y de facilitar los especialistas sanitarios que convengan. Es de justicia que el Estado aumente la dotación presupuestaria a la Sanidad Pública.
  • Organizar la atención a los mayores perfeccionando la actividad y el buen trato que merecen, así como la comunicación y formación específica necesaria para lograr una buena calidad de vida de nuestros mayores.
  • Las Residencias hay que transformarlas en centros comunitarios de personas mayores donde se garanticen el dialogo, intercomunicación y amistad entre ellos, las atenciones sanitarias, el respeto y cariño de cuidadores bien formados y facilitar las relaciones con sus familiares.
  • Con la debida legislación, el Estado español y las Comunidades Autónomas, han de asumir la implantación de residencias comunitarias, evitando las privatizaciones como negocio.
  • Para ello, los movimientos más conscientes de la sociedad han de comprometerse en la transformación del Estado neoliberal donde tienen preferencia las élites capitalistas, en un Estado humanista donde los predilectos sean las mayorías trabajadoras, con preferencia de los enfermos, mayores, personas vulnerables y niños.

                                              Horcajo de Santiago, septiembre del 2020

Por la “Asociación Cultural y Solidaria Hervás y Panduro de Horcajo de Santiago”

 Presidente                                        Secretaria                                         Tesorero

Fdo.: Vicente Pérez                Fdo.: Carmen Galán                     Fdo.: Timoteo Cruces

 

 

 

 

Prioridades de UP en los presupuestos

Prioridades de UP para los Presupuestos: reforzar las residencias y la dependencia, políticas de empleo y transición ecológica

Los socios en el Gobierno de coalición avanzan en la negociación del borrador de los Presupuestos, que previsiblemente será presentado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en un par de semanas. Unidas Podemos también apuesta por aumentar las transferencias a los entes locales; por avanzar hacia la universalización de las escuelas de 0 a 3 años, y por reforzar la financiación del Pacto de Estado contra la violencia machista..

Actualizado: 11/09/2020 Público

Alejandro López de miguel

En el marco de esta negociación con su socio, fuentes de Unidas Podemos aseguran a Público que una de las prioridades es reforzar el sistema de dependencia, contando con los cuidados de larga duración y las residencias, especialmente golpeadas durante la pandemia del coronavirus.

El plan de choque para la financiación de la dependencia, la mejora en la inversión pública y el programa de rehabilitación de viviendas, entre las prioridades

La formación de Pablo Iglesias apuesta por potenciar la asistencia domiciliaria, y por sustituir el modelo de «mega residencias» por otro de «unidades de convivencia, más pequeñas y de proximidad».

 

Manifiesto europeo: «Sin ancianos no hay futuro»

«No podemos dejar morir a la generación que luchó contra las dictaduras, que trabajó por la reconstrucción después de la guerra y que edificó Europa»

«Es el momento de dedicar todos los recursos que sean necesarios para proteger el mayor número de vidas posible y para humanizar el acceso a la atención sanitaria para todos»

«Quien rebaja el valor de la vida frágil y débil de los más ancianos, se prepara para desvalorar todas las vidas»

«Todo esto no habría ocurrido si no se estuviera abriendo paso la idea de que se pueden sacrificar sus vidas en beneficio de otras»

«Resignarse a una solución de este tipo es humana y jurídicamente inaceptable. La base de la ética democrática y humanitaria consiste en no hacer distinción entre personas, ni siquiera a causa de su edad»

19.05.2020 Jesús Bastante

«Que el valor de la vida sea siempre igual para todos. Quien rebaja el valor de la vida frágil y débil de los más ancianos, se prepara para quitarle el valor a todas las vidas». Ante la estremecedora cifra de muertes de ancianos en muchos países europeos durante la pandemia, la Comunidad de Sant’Egidio ha lanzado un llamamiento, al que Religión Digital se suma, para reclamar que se dediquen «todos los recursos necesarios para proteger el mayor número posible de vidas, humanizando el acceso a la atención sanitaria para todos».

El manifiesto europeo ha sido firmado, entre otros, por el fundador de Sant’Egidio Andrea Riccardi, junto a destacadas personalidades de la política, las letras, la cultura y los negocios, como el expresidente de Italia y de la Comisión Europea, Romano Prodi;  el expresidente de Gobierno de España, Felipe González; el filósofo Jurgen Habermas; el filósofo y catedrático Manuel Castells; Stefania Giannini, directora adjunta de la UNESCO; Irina Bokova, ex directora de UNESCO; o Jeffrey Sachs, director de UN Sustainable Development Solution Network. Seguir leyendo

Urgente: «redefinición» del modelo de residencias

Jesús Sastre: «Antes de organizar actos oficiales civiles o religiosos hay que sentirse conmovidos por lo sucedido»

«Perdón porque los familiares os hemos llevado, sin saberlo, a residencias con carencias graves, mala gestión y negligencia que os han costado la vida»

«Perdón porque ante la escasez de las camas de UCI que ibais a ocupar, por vuestra edad y otras patologías, han sido dadas a personas más jóvenes y con más posibilidades de sobrevivir. Estas os deben un recuerdo y agradecimiento merecidos»

«Los profesionales apenas tienen tiempo para hacer un acompañamiento personal de los residentes; todo está muy burocratizado y en función de servicios, no de relaciones»

«Los resultados de la gestión de la pandemia en las Residencias de la Iglesia parecen arrojar datos preocupantes que contradicen los principios inspiradores, los valores evangélicos y su Doctrina Social»

13.05.2020 | Jesús Sastre, sacerdote

Los mayores, población de riesgo frente al covid-19

En estos días se oye que pronto se decretará luto oficial, se harán homenajes y funerales a tantos miles de víctimas del Covid-19. La mitad de estas víctimas, personas fallecidas en residencias de mayores en circunstancias penosas, horribles en algunos casos, sin ayuda médica y de profesionales sanitarios, en la más absoluta soledad y sin la compañía y el abrazo de sus seres queridos. Antes de actos oficiales civiles o religiosos hay que sentirse conmovidos por lo sucedido, pedir perdón a los muertos por múltiples motivos y empeñarse en transformar la realidad de las residencias de mayores. Seguir leyendo

Con la pandemia estalló la situación de los geriátricos

La privatización de la asistencia sanitaria dejó inermes a los geriátricos catalanes ante la pandemia

Para «rentabilizar» los servicios externos de salud en las residencias de Catalunya, se redujo personal médico, bajando la calidad de la comida, ahorrando en material, limpieza y mantenimiento, degradando la atención y las condiciones de los ancianos para mantener los beneficios y los sueldos de los directivos. El coronavirus ha hecho estallar esta precarización.

Con la crisis financiera de 2008, los gobiernos europeos aplicaron la doctrina de austeridad en todos los servicios sociales, privatizando al máximo sectores sensibles como la atención sanitaria, y los geriátricos estuvieron entre los más afectados. Ahora, en sólo dos meses de pandemia han fallecido más de 50.000 ancianos en esas residencias de la UE, según cálculos de la OMS, y España es el país con mayor índice de mortandad entre esa población. Seguir leyendo

La vulnerabilidad de las residencias de mayores

Francisco Olavarría: «Aislados, sentimos lo que sienten los que conviven con una condición de discapacidad o situación de dependencia»

«Los mayores y personas con discapacidad han sido los últimos en recibir los apoyos que reclamaban»

«Es injusta la criminalización de las residencias de personas mayores, con discapacidad o en situación de exclusión social»

19.04.2020 | Francisco Olavarría Ramos

¿Qué edad tenía?, es la pregunta más común que surge tras la noticia de una muerte en nuestro entorno. ¿Te suena conocida? Yo, la he escuchado cientos de veces, en velatorios, en funerales o en conversaciones callejeras. Quizá la consideres una respuesta lógica e intrascendente y es así, donde reside el peligro, pero déjame que esta interpretación te la cuente más tarde.

A partir del decreto que establecía el Estado de la Alarma y las medidas de contingencia que planteó el Gobierno, te habrás dando cuenta, que a pesar de lo que creías, nunca controlaste tu vida. De repente todos esos planes inmediatos o futuros se vieron pospuestos por una causa mayor. Nació entonces el tiempo de cuidarnos y protegernos, pero de también sentir algo que los que conviven con una condición de discapacidad o situación de dependencia, se enfrentan en su día a día.

El aislamiento social y la inaccesibilidad de los entornos, el sentimiento de vacío o de rabia, la fatiga, la inseguridad económica y la pérdida de seres queridos se han convertido en una vivencia generalizada que nos sitúa en un mismo plano de vulnerabilidad con aquellos grupos sociales que mencionaba arriba.

Esta crisis humanitaria -no tiene otro nombre- que estamos viviendo con gran pesar, ha evidenciado algo de lo que algunos ya veníamos alertando, que el capacitismo y el edadismo ha condicionado la forma de mirar y actuar ante esta pandemia. Desde el sector de las organizaciones que representan a las personas con discapacidad o el de aquellas personas con algún grado de dependencia, en particular las personas mayores, así lo han confirmado. Han sido los últimos en recibir los apoyos que reclamaban.

«Me hace recordar la ‘lógica’ del nazismo que hizo la expresión’vida indigna de ser vivida'»

Volviendo al principio, ahora ya con más argumentos, podrás entender mi preocupación. A muchos les tranquilizaron los primeros informes en el sentido de que el 80% de las personas infectadas por COVID-19 sólo presentaban síntomas leves, y que la mayoría de las infecciones graves y las muertes las sufrían los adultos mayores. La misma tranquilidad que cuando preguntamos por la edad del muerto, intentando justificar que ya era su hora o que nosotros estamos a salvo.

Escucho hablar de edad de riesgo -sin especificar la misma- o de coste beneficio relacionado con la esperanza de vida o de estados de cronicidad, con igual preocupación, porque me hace recordar la “lógica” del nazismo que hizo de la expresión“vida indigna de ser vivida» (en alemán “Lebensunwertes Leben“) un lema, de las políticas de higiene racial del III Reich, donde todas las vidas, efectivamente, no valían lo mismo.

Si este trato es injusto y criminal, injusta es también la criminalización de las residencias de personas mayores, con discapacidad o en situación de exclusión social y por ende, de sus profesionales, muchos gestionados por organizaciones religiosas como aquellas que pertenecen a la Federación Lares, que cuidan de manera entregada y con condiciones precarias a nuestros familiares, como nosotros no supimos, no pudimos; y lo que es más doloroso, tampoco quisimos

Volvamos a los valores cristianos, reconociendo a la religión y su espiritualidad como ese salvavidas que es para millones de personas, donde encuentran comunidades de cuidados comprensibles a su situación de dependencia o discapacidad.

Fallamos como sociedad señalando a la propia vejez o la fragilidad de la discapacidad como la causa de estas muertes provocadas por el Coronavirus, y no como el resultado de un sistema defectuoso que evidencia que la ‘Cultura del Descarte’ no era entelequia, sino la mismísima pandemia que tenemos que combatir. Porque sí, estamos todos en riesgo

 

Fiscalía investiga 5 Residencias de CLM

La Fiscalía investiga penalmente a cinco residencias de ancianos de Castilla-La Mancha

 Se investigan conductas que pueden encajar en tipos penales como el de homicidio imprudente, abandono o maltrato

La Fiscalía General del Estado ha informado este viernes de la existencia de un total de 38 diligencias de investigación penal abiertas respecto a la situación existente en residencias de ancianos a raíz de la pandemia por COVID-19, sin perjuicio de las investigaciones previas ya abiertas en diferentes juzgados de la geografía española. Cada diligencia corresponde a una residencia diferente y la mayoría, un total de 19, corresponde a Madrid.

Según informa la Fiscalía de Castilla-La Mancha, se investiga una residencia en Albacete, dos en Ciudad Real, una en Cuenca y otra en Toledo. Sin embargo, no se ha facilitado la identidad de las residencias para «preservar el carácter reservado de la investigación».

Además, señalan que las Fiscalías provinciales de Castilla La Mancha han venido prestando «especial atención» al desarrollo de los acontecimientos y al desenvolvimiento de las residencias de personas de edad avanzada, públicas y privadas, pidiendo informes sobre la evolución y la situación de los residentes y del personal laboral, sanitario y no sanitario, a la Dirección General de Salud Pública de Castilla La Mancha, y en los casos más graves directamente a los directores de las residencias.

Investigación en hospitales

Por otra parte, desde la Fiscalía de Castilla-La Mancha se señala que tras denuncias en relación con la asistencia sanitaria prestada en algunos hospitales de la región se han abierto también diligencias de investigación por parte de Fiscalía. En dichas denuncias se recogen, además de la asistencia sanitaria, la forma en que se han facilitado los medios de protección personal a los trabajadores

Los posibles delitos investigados

Fuentes fiscales consultadas por Europa Press señalan que, en las citadas 38 diligencias penales se investigan conductas que pueden encajar en tipos penales como el de homicidio imprudente, abandono o maltrato, si bien aún no puede concretarse porque generalmente se investigan hechos y luego se califican.

En cuanto a la información oficial, la nota añade que las fiscalías superiores de las comunidades autónomas también han realizado 124 informes de seguimiento en el ámbito civil, relativos a procedimientos de protección de derechos fundamentales.

La nota advierte que esta «no es una foto fija» pues los datos van variando porque la red de fiscales realiza un seguimiento de las personas residentes que precisan una especial atención, individual o colectivamente «en amparo de sus derechos

 

Carencias estructurales de las residencias de mayores en España

La epidemia de coronavirus desvela las carencias estructurales del sector de las residencias de mayores en España

Las quejas acumuladas en el tiempo por plazas insuficientes, plantillas precarizadas y privatización generalizada del servicio resuenan al sumarse fallecidos con COVID-19 en los centros de mayores

Raúl Rejón Follow @@raulrejon

El coronavirus ha desvelado las carencias del sistema de atención a mayores.

Los avisos sobre el deterioro de la asistencia a los mayores se habían acumulado antes. Pero el golpe que el coronavirus ha infligido a este colectivo vulnerable ha subrayado las carencias de un sector precarizado, saturado y privatizado en España.

La residencia de La Paz en Madrid fue uno de los primeros focos de COVID-19 en España. Lo mismo ocurrió en otro de los polos de infección en Vitoria donde una residencia ha padecido 11 muertes y una cincuentena de contagios. El domingo pasado, los trabajadores de la residencia Orpea Loreto en Madrid denunciaron que se ocultaban los fallecimientos en su centro. La plantilla de otra residencia en Albacete ha asegurado que ocho personas han muerto en 48 horas tras la entrada del virus.

El Gobierno ha publicado este martes una orden específica para reforzar el control y la información que las comunidades autónomas pueden ejercer sobre estos centros, en gran parte privados. La orden ha partido «a petición del vicepresidente de Asuntos Sociales, Pablo Iglesias», ha explicado el ministro de Sanidad, Salvador Illa tras el hallazgo de un cadáver en una residencia por parte de la Unidad Militar de Emergencias.

En España, el sistema de residencias de mayores es insuficiente. Hay unas 380.000 plazas, según el recuento el Imserso, lo que hace que la media esté por debajo de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de 5 plazas por cada 100 habitantes de 65 o más años. Para cumplir, haría falta una inyección directa de 70.000 puestos. Este es un primer embudo que atenaza a la asistencia e ilustra que el sector no goza de prioridad.

Pero, además, las denuncias de profesionales y familias se han encaminado hacia la precarización de las plantillas y los recursos materiales. La Plataforma para la dignidad de las personas mayores (Pladigmare) ya reclamó en mayo pasado «mejorar el control y las dotaciones» de los centros tras iniciar la Fiscalía una investigación por el supuesto maltrato recibido por algunos internos en centros del grupo Los Nogales en Madrid.

Los testimonios de plantillas saturadas y escasez de equipos son un goteo constante desde hace tiempo. Y recorre muchas partes del país. En febrero de 2019, el sindicato UGT avisaba al Ejecutivo de Castilla-La Mancha de que «la falta de personal, las no sustituciones en casos de bajas médicas o ausencias, el incremento de usuarios, la mala organización y la penosa gestión de algunos centros está siendo la tónica general de este último periodo». Poco después, en agosto de ese año, fue CSIF el que denunció ante la Inspección de Trabajo que la carencia de personal en residencias de León impedía «cubrir las necesidades de los usuarios».

En junio del año pasado, los trabajadores de las residencias del grupo Domusvi en Galicia (29 centros en esa comunidad autónoma) denunciaron las condiciones de deterioro «tras años de precariedad y recorte». Aducían condiciones «cercanas al esclavismo» y «desatención a los mayores». La empresa contestó que su expediente era impecable y la Xunta de Galicia que investigaba el 100% de las quejas y que habían superado las inspecciones. Las quejas estaban apoyadas por algunas asociaciones de familiares.

Hace unos meses, en octubre de 2019, el sindicato de enfermería Satse expuso que los centros públicos de la Región de Murcia tenían una enfermera por cada 40 internos en las mañanas y para 62 en los turnos de tarde. También que los 11 centros eran deficitarios en médicos y auxiliares de enfermería.

En Asturias, CCOO habló de «inasumibles cargas de trabajo» ya en 2018 a pesar de que los gestores han mantenido que «se mantiene la ratio» de trabajadores por número de residentes (un valor que varía según cada normativa autonómica). El sindicato denunció, también en esta comunidad autónoma, la escasez de material como manoplas, grúas, baberos, toallas, lencería, «no sabemos si por falta de presupuesto o por falta de previsión».

Las malas condiciones de trabajo hacen que las profesionales sanitarias huyan de las residencias. «No se encuentran profesionales», resumen los sindicatos. SATSE calculó en septiembre pasado que, de media, cada enfermnera atiende a 109 internos. En algunas comunidades como Madrid, la cosa se eleva a 261, en Castilla y León a 225 y en Extremadura a 204.

Concesiones

En la Comunidad de Madrid, al caso de Los Nogales, se ha unido hace bien poco el de las residencias concertadas del grupo Aralia. Cuatro centros con 720 plazas y un contrato de 15 millones de euros públicos. La mala calidad del servicio ha hecho que la Consejería de Asuntos Sociales abriera un expediente con riesgo de perder la concesión.

La atención residencial a los mayores se asienta en ese concepto: la concesión que privatiza el servicio público. Si en España hay unas 380.000 plazas y el 75% está en manos privadas, el dinero que las mantiene es mayoritariamente público. El 59% de todas esas plazas se financian con presupuestos, según el Imserso.

«Este modelo de gestión dificulta la toma de decisiones y el control al haber un intermediario», reflexiona Ana González, secretaria de políticas sociales de CCOO en Madrid. Sin embargo, la Federación Empresarial de la Dependencia insiste en que el problema está en la financiación «claramente insuficiente en cuanto al precio/plaza».

En ese sentido, hace un par de años, el Gobierno de la Comunidad se encontró cómo varias empresas renunciaban a las plazas concertadas porque no les salían las cuentas tras los recálculos a la baja realizados por el Ejecutivo. «No vamos a concursar. No somos unas ONG», contaban los directivos para justificar su retirada.

Porque lo que si ha quedado claro estos últimos años es que existe una necesidad de este servicio, que, desatendido en cierta medida por las adminsitraciones públicas, han abierto una vía de negocio a la que han acudido grandes grupos y fondos de inversión.

Los cinco primeros grupos en España son DomusVi, Orpea, Amavir, Vitalia Home y Ballesol que han ido escalando en cuota de mercado, alcanzan ya el 25% y siguen avanzando. Además, la perspectiva de beneficios ha lanzado a toda una pléyade de fondos nacionales e internacionales para acaparar este servicio. Un boom de las residencias donde aparecen nombres como Oaktre, Adriano Care de Azora, Magnum, Thor Private Equity, Caboel, ICG o SRS.

«Esta situación de crisis nos pone de relieve las deficiencias de unos mecanismos de protección social que ya veníamos denunciando. Los recortes en el ámbito sanitario y un sistema de atención a la dependencia que ha sido un paradigma del mal hacer», resume Ana González

 

Faltan mas de 70.000 plazas residenciales en España

Faltan más de 70.000 plazas residenciales para mayores en España

Alrededor de 100.000 personas, que tienen reconocido grado uno y tres de dependencia, están a la espera de recibir alguna de las atenciones a las que tienen derecho.  EFE

Comedor de Convivir
Comedor de Convivir

Faltan más de 70.000 plazas en residencias para personas mayores en España, según la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Los organismos internacionales recomiendan que haya cinco plazas por cada 100 personas mayores, una ratio que en España solo alcanzan cinco comunidades autónomas.

Según advierten, la población mayor de 65 años ha aumentado de ocho millones de personas en 2010 a nueve millones en 2019 mientras que las plazas residenciales se han incrementado en 12.353 en el mismo periodo de tiempo.

En consecuencia, la ratio de plazas residenciales por cada 100 personas mayores se ha reducido pasando de 4,56 a 4,21, lo que la aleja del objetivo del cinco por ciento. Esto evidencia un déficit de 70.000 plazas en términos absolutos, según advierten desde la Asociación de Directoras y Gerentes.

Seguir leyendo