La Residencias de Mayores en España

La gerontóloga Lourdes Bermejo denuncia el desinterés de las comunidades autónomas por las residencias

La experta en intervención social analiza la situación de los centros de mayores y destaca la importancia de poner el foco en los derechos de los mayores a disfrutar tanto de la comida como de su día a día.

MARÍA MARTÍNEZ COLLADO@MARIAA_0600

El estado de las residencias de mayores en España ha abierto numerosos debates en todos los rincones del país. Fotos sobre la mala calidad de las comidas, infraestructuras deterioradas, falta de material higiénico y personal han sido algunas de las carencias que tanto trabajadores como familiares de personas que necesitan cuidados en centros de mayores han denunciado en reiteradas ocasiones.

En una entrevista con Público, Lourdes Bermejo, gerontóloga con más de 25 años de experiencia en el sector, indica algunas de las claves para atender algunas limitaciones de la atención a los mayores en la actualidad, así como de quién, a su juicio, es responsabilidad que esta situación mejore.

La experta en intervención social denuncia que la calidad y la atención en los centros de mayores «no puede ser un asunto del que la Administración se desentienda», y llama a las 17 comunidades autónomas a implicarse de lleno en los derechos de los mayores a vivir dignamente y a disfrutar de la vida durante todas sus etapas. «Sean residencias públicas, concertadas o privadas, nadie debe mirar hacia otro lado cuando procedan indebidamente. Se trata de tratar a las personas con dignidad y atenderlas conforme a sus necesidades», asevera.

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MARÍA MARTÍNEZ COLLADO

Bermejo compara el funcionamiento de los centros de mayores con el de los comedores comunitarios y «aboga por una organización que se ajuste a las necesidades y gustos de todas las personas». «Hay residencias malísimas, donde no se cuida la calidad de la materia prima, la elaboración, la cantidad o la presentación. Pero por suerte son una minoría», añade la gerontóloga.

Lourdes Bermejo: «Hay residencias malísimas, pero por suerte son una minoría»

Familias y asociaciones han señalado abusos y dejaciones a mayores en residencias en diferentes comunidades, aunque donde más casos se han detectado es en las grandes capitales, como Madrid. Entre las causas se encuentra, por un lado, el coste de la vida, que es mucho mayor en comparación con zonas más rurales; y la inversión, pues es la comunidad donde se firman los contratos más bajos para financiar los menús.

Durante su conversación con este medio, Bermejo muestra preocupación por el estado de alarma que puede llegar a generar el hecho de que las administraciones competentes no sancionen ni intervengan estos centros con malas prácticas. Lamenta que el dudoso servicio de unos pocos opaque el enorme esfuerzo que realizan la gran mayoría de los profesionales por cuidar a los mayores en todo el país.

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Lourdes Bermejo: «En ocasiones la falta de medios impide a los trabajadores ofrecer el servicio que desearían»

Además, la especialista pone de relieve la enorme variabilidad en el espectro de las residencias, donde se puede encontrar «desde centros en los que nadie comería, hasta equipos con mucho cariño y una forma de cuidar excepcional». Insiste en que son precisamente esos lugares hacia los que se debe mirar y, sobre todo, dotar de financiación para que no decaigan y continúen mejorando la calidad y esfuerzo en la asistencia que prestan.

«Además de la voluntad de las direcciones de los centros, para dar bien de comer hacen falta recursos», advierte. La especialista hace referencia a los ínfimos conciertos que ofrecen muchas administraciones para gestionar los centros y asegura que, a pesar de que los trabajadores hacen todo lo posible por generar espacios cómodos y afables, «en ocasiones la falta de medios les impide ofrecer el servicio que desearían».

Así, la gerontóloga, muy crítica con los contratos a la baja, se pregunta cómo pretenden los gobiernos que las residencias puedan ofrecer servicios de calidad si tras la debacle económica que supuso la pandemia y la creciente inflación el presupuesto sigue siendo el mismo: «La calefacción, la luz, los alimentos frescos, el material, la formación para los trabajadores han sido recortados en múltiples centros porque pocas regiones han dado más fondos».

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MARÍA MARTÍNEZ COLLADO

Incentivar las buenas prácticas

Aunque es consciente de que todavía queda mucho por hacer, empezando por redactar una regulación rigurosa y actualizada a los tiempos que corren, Bermejo reivindica las propuestas para mejorar el día a día de los mayores que han prosperado. Afirma, de acuerdo con su experiencia profesional, que cada vez hay más posibilidad de cooperación entre mayores, familiares y gestores de las residencias para hacer de la vejez una etapa a disfrutar.

Destaca la creación de órganos de participación «por los cuales los residentes dicen si les gusta o no les gusta la forma de preparación de las comidas», que cuentan con todas las personas que puedan ser capaces de manifestar su opinión verbalmente. Además del diseño de menús con alimentos frescos, cero procesados, y adaptados a las necesidades nutricionales de cada cual. 

Lourdes Bermejo: «Cada vez hay más posibilidad de hacer de la vejez una etapa a disfrutar»

«Hay centros donde incluso se están practicando nuevas técnicas con texturizados para que tengan un aspecto agradable y que aquellos que no pueden masticar bien, mantengan una alimentación correcta», expresa Bermejo, en contraposición con otras residencias «donde muchos mayores se van a la cama sin cenar porque no les gusta lo que hay». Justamente para darle la vuelta a estas situaciones, la gerontóloga apuesta, aparte de la financiación, por visibilizar las buenas prácticas: «Es sorprendente que todavía no exista un estudio para saber qué tanto por ciento de las residencias son de buena calidad y cuáles no».

Bermejo explica que el cambio de rumbo en los derechos y atención a los mayores depende de múltiples factores, si bien señala a los gobiernos y administraciones como punto de partida: «Se requiere un fuerte compromiso para mejorar la formación de los inspectores de residencias, que en última instancia son quienes deben controlar que el servicio sea el deseado».

Asimismo, llama a las familias a señalar todo lo que deba mejorarse en la cotidianidad asistencial. Sospecha que será la mejor manera de que en el futuro, cuando quienes estén en residencias sean los jóvenes de hoy, la adaptabilidad sea óptima: «Ningún reglamento establece nada sobre vegetarianos o veganos, por ejemplo, estaría bien empezar a introducir cuestiones como estas con el fin de que todos los gustos y voluntades sean respetadas».

Residencias en Castilla La Mancha

Castilla-La Mancha mejora la financiación de centros de día y residencias

INVERSIÓN

García-Page compromete otros “ocho millones de euros” para “mejorar las condiciones” de los usuarios

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha comprometido esta mañana otros “ocho millones de euros” en políticas sociales y Dependencia para “mejorar las condiciones” de los usuarios. Tal y como ha avanzado, “en el mes de abril” será efectiva esta “nueva financiación para los centros de día, centros de mayores y residencias”, así como una partida en el ámbito de la Dependencia, para aumentar las “ayudas que se prestan a las familias” por necesitar “cuidados muy especiales”, ha aseverado.

Así lo ha puesto de relieve en la localidad conquense de Quintanar del Rey, donde ha inaugurado la reforma del Centro de Mayores ‘Los Álamos’, el primer acto de su agenda institucional que, este lunes, le llevará a recorrer otros municipios de la Manchuela Conquense, tal es el caso de Iniesta y Minglanilla.

Ante los usuarios de este rehabilitado centro de mayores, el jefe del Gobierno ha avanzado que el incremento en esas partidas permitirá “aumentar lo que le damos a cada uno de estos centros por persona y por día”, una ayuda extraordinaria que permitirá “ir acomodando la subida de sueldos o los precios”, ha explicado.

De este modo, se producirá un aumento del diez por ciento en las Prestaciones en el Cuidado del Entorno Familiar (PECEF) y de hasta un 15 por ciento en las prestaciones vinculadas a los servicios que se prestan en la red de centros de Castilla-La Mancha, incluyendo también la ayuda a domicilio.

UNA REGIÓN A LA CABEZA EN POLÍTICAS SOCIALES

En este contexto, el presidente García-Page ha subrayado que “Castilla-La Mancha es la región, con diferencia, que mejores políticas hace para los mayores en toda España”, al tiempo que ha puesto de manifiesto que la Comunidad Autónoma es la que “más está invirtiendo y creciendo en Dependencia” de todo el país, ha expuesto.

Asimismo, ha señalado que “en muy poquitas” regiones de España se están iniciando obras de residencias de mayores y “en dos meses llevo ya seis primeras piedras de nuevas residencias y hoy vamos a plantear otra”, ha indicado en referencia a la que se ha proyectado en el municipio quintanareño.

Durante intervención, Emiliano García-Page ha avanzado, además, que “este viernes” viajará a Campillo de Altobuey, también en la provincia de Cuenca, para colocar la primera piedra de la nueva residencia de mayores proyectada allí.

FONDOS EUROPEOS Y POLÍTICAS SOCIALES

Paralelamente, el presidente autonómico ha informado de la llegada de “inspectores de la Unión Europea” que están este lunes “estudiando cómo gestionamos los fondos europeos”. En este sentido, García-Page ha explicado que “vamos a estar gestionando proyectos europeos, al menos, los próximos seis años”, al tiempo que ha subrayado que estas partidas extraordinarias se han destinado, en Castilla-La Mancha, a “cuestiones muy importantes” y en muchos casos relacionadas “con políticas sociales”.

Durante esta inauguración, el jefe del Ejecutivo regional ha estado acompañado por el vicepresidente autonómico, José Luis Martínez Guijarro; la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano; la delegada de la Junta en Cuenca, María Ángeles Martínez; el presidente de la Diputación Provincial de Cuenca, Álvaro Martínez Chana; y el alcalde de Quintanar del Rey, Martín Cebrián, entre otras autoridades.

La Voz del Tajo 20.02.2023

Trabajadoras de residencias

Los cuerpos rotos de los empleos feminizados III: trabajadoras de residencias

Las trabajadoras de los sectores más precarios pagan con su salud la producción de beneficios

Persona mayor recibe asistencia por parte de una profesional.

Por Ernest Cañada  y Nuria Alabao 

 “Cuando ahora miro a mi madre, con un cuerpo paralizado por el dolor de quince años de arduo trabajo, de pie, en una cadena de montaje, con derecho a solo dos pausas de diez minutos para ir al baño, me impresiona lo que significa físicamente la desigualdad social. Incluso la palabra desigualdad se me antoja un eufemismo que atenúa la realidad: la cruda violencia de la explotación. El cuerpo de una obrera, al envejecer, revela cuál es la verdad de la existencia de clases”. Este es un pasaje del documental Retour à Reims de Jean-Gabriel Périot que capta bien cómo la explotación, ya sea en cadenas de montaje, en el campo, en hoteles o en servicios de cuidado, está basada en el desgaste de los cuerpos, de la salud de los trabajadores y trabajadoras. En capítulos anteriores de esta serie hablamos de las vidas de las camareras de piso y de las trabajadoras domésticas, trabajos feminizados y precarizados, con problemas que a veces tienen muchas cosas en común, como sucede con las trabajadoras de residencias.

El trabajo de las auxiliares de geriatría o gerocultoras consiste en levantar y acostar a los ancianos, lavarlos, alimentarlos y moverlos, si es que están postrados, para que no se formen llagas. Además tienen que administrarles medicación, realizar actividades con ellos y muchas veces también limpiar las habitaciones y hacer las camas. Esto depende de los turnos que hagan, que a veces se extienden toda la noche. Las trabajadoras se quejan de las jornadas laborales extensas, donde las tareas son muy duras, y los salarios muy bajos –recientemente unas trabajadoras de Leganés tuvieron que organizar un banco de alimentos para hacer frente a la inflación–. Además denuncian un nivel de exigencia muy alto, con un control de los tiempos estricto, ritmos frenéticos y escasa autonomía y apoyo para realizar su trabajo. La sobrecarga de trabajo se ha convertido en el problema central y en la causa de sus problemas de salud.

La gestión de las residencias se basa cada vez más en la externalización y la privatización del servicio, en buena parte realizada por grandes empresas. A día de hoy, las multinacionales y los fondos buitre controlan el 75% de las plazas de un negocio que mueve al menos 4.500 millones de euros anuales y que se sostiene en gran medida con fondos públicos. Hay muchos intereses económicos en juego, sobre todo por parte de las empresas que abren nichos de negocio sobre nuestras vidas. Tanto Madrid como Cataluña podrían ser comunidades paradigmáticas de estas privatizaciones. Las residencias de ancianos sufren falta crónica de personal –tanto las públicas como las privadas– y están infrafinanciadas. Una de las principales causas de la excesiva carga de trabajo en las residencias se encuentra precisamente en las ratios –el número de ancianos que tiene que atender cada trabajadora–. Este problema se agudiza en las privadas, con peores salarios e infraestructuras. Además, las cargas de trabajo han aumentado progresivamente, porque, como veremos más adelante, las personas que ingresan en las residencias llegan en peores condiciones debido, tanto al aumento de la esperanza de vida como al retraso en ser admitidas por las largas listas de espera.

“Si con diez te ves obligada a trabajar a un ritmo forzado, con quince es inhumano”, asegura Clara, una auxiliar de geriatría de Barcelona. “A mí me gustaría saber qué criterios se utilizan para calificar que un usuario de grado III [un nivel de dependencia muy alto] pueda ser atendido en quince minutos. ¿Bajo qué criterios se hace esa asignación? Que vengan esos señores que dan las órdenes y que me enseñen a mí, aquí, en la práctica, in situ, cómo puede ser”, se queja Libby, trabajadora de residencias de origen peruano. Con estas ratios no da tiempo a afrontar cualquier contratiempo. “Mientras estás con uno, tienes diez más que te están esperando en la cama todavía”, explica María, gerocultora de Barcelona. Cualquier incidente o situación que salga de la rutina preestablecida hace que todo el trabajo se atrase y no puedan cumplirse las exigencias requeridas. “Como se te complique algo estás perdida”, dice la trabajadora. Esto les genera mucho estrés.

Las empresas intentan ahorrar el máximo en costes laborales, para lo que explotan cada minuto del tiempo de las trabajadoras hasta que ya no pueden más. Por ejemplo, es habitual que no se cubran las bajas puntuales o por salud de la plantilla –muchas veces provocadas por el propio trabajo–, por lo que esas tareas las tiene que cubrir otra trabajadora que normalmente ya está sobrepasada. Otra queja reiterada es que no hay suficiente personal de noche y los fines de semana. “Tenemos un montón de centros donde por la noche puede haber 34 y 35 residentes que están atendidos por una sola trabajadora”, explica Lucía, también gerocultora en Barcelona. Durante la noche, en teoría, la principal actividad es la vigilancia, pero en realidad se realizan muchas más tareas, algunas de ellas de vida o muerte, como tomar constantes de saturación, de temperatura y de tensión; hacer cambios posturales; atender las personas que se encuentren mal; o derivarlas al hospital cuando sea necesario. Además de otras actividades como poner lavadoras, montar comedores o limpiar. 

“Hay ancianos que se levantan por la mañana y hasta el mediodía no se tocan, así de claro”

Esta conjunción crítica de malas condiciones de empleo y los problemas asociados al día a día del trabajo hace que la salud de las trabajadoras se vea claramente en riesgo, tanto en términos físicos como psicológicos. Las trabajadoras aseguran tener problemas músculo-esqueléticos como dolores de espalda, en especial en la zona lumbar y cervicales, hombros, manos, dedos y túnel carpiano. Como explica Libby, “nuestras herramientas de trabajo son los brazos, con movimientos repetitivos”. Una de las causas de estas dolencias son los sobreesfuerzos realizados y las malas posturas. A causa de las exigencias del ritmo de trabajo, les es más difícil prevenir riesgos cuidando las posturas para no hacerse daño. “No es cuestión de que no lo queramos hacer bien, es que a veces no tenemos el tiempo suficiente, ahí está la base del problema y eso hace que nos desgastemos más”, explica Marisol, otra trabajadora de residencias barcelonesa. 

Aunque la mayoría de residencias tiene equipamientos como grúas para hacer estas tareas más ligeras, el problema es que no siempre se tiene tiempo para usarlas. “Muchas veces te dan 15 minutos y tú, en 15 minutos, no alcanzas a montar al anciano en una grúa y bajarlo, porque para eso se precisa mucho más tiempo y se necesita de ayuda, porque no lo puede hacer una sola persona, tiene que ser entre dos, y todo el personal va justo”, según Jarabo, gerocultor de origen colombiano. Además, el estado de las personas atendidas también actúa en contra, como explica Lucía: “Tenemos medios mecánicos, pero, aunque los utilices, una persona con demencia, una persona con Alzhéimer, es difícil que escuche tus órdenes. Tienes que emplear el doble de fuerza para movilizarlos”.

Además de los problemas físicos, diversos aspectos contribuyen a incrementar los problemas de carácter psicológico. A muchas de estas trabajadoras les gusta lo que hacen y saben que es una labor fundamental, pero sienten que no pueden hacer el trabajo en condiciones ni pueden dar la atención, el trato humano, que las personas mayores necesitan. “Son personas, no las puedes tratar como si fueran una caja de cartón”, afirma Clara. Se impone la lógica del mercado contra la vida, los recursos que se dedican no son suficientes. “Al ritmo que vamos, no tenemos tiempo para atender a los ancianos. Vamos tan al límite que una cosa que se salga fuera de lo normal ya te supone un mundo, porque no puedes. Hemos tenido compañeras con crisis de ansiedad porque llega un momento que no pueden más”, denuncia Lucía. 

En la residencia en la que trabaja María solo les dan cuatro pañales al día para cada anciano

Pero es difícil atender con suficiente dedicación a cada una de las personas ingresadas. Muchas veces, aunque se llegue a cumplir las tareas asignadas –levantarse, asearse y desayunar–, luego no pueden prestarles atención. “No te voy a engañar, hay ancianos que se levantan por la mañana y hasta el mediodía no se tocan, así de claro”, cuenta Lucía. Esto les provoca una gran frustración. Según María, ya no tiene tiempo de hablar con las residentes a causa del ritmo con el que tiene que trabajar: “Yo antes podía hablar con ellas, nos sabíamos su vida, porque, por ejemplo, la estabas peinando o estabas haciendo la cama mientras ellas te contaban”. “Ahora no tenemos tiempo para escuchar”, dice Lucía. Las residencias acaban, así, convertidas en almacenes de ancianos.

Este tipo de trabajo además es muy demandante emocionalmente porque a veces los ancianos sufren Alzheimer u otros tipos de demencia, afecciones que les generan grave desorientación y angustia, provocan agresividad contra sus cuidadores, o incluso intentos de fuga de la residencia. “Eso al cabo de las horas te acaba afectando mucho”, explica Gema, otra de las trabajadoras consultadas. De forma permanente tienen que lidiar también con el proceso de deterioro físico y mental de las personas con las que trabajan hasta el momento de su fallecimiento. Las trabajadoras saben que las personas que ingresan difícilmente saldrán mejor, por mucho esfuerzo que ellas hagan. “Cuando ves a aquella persona que caminaba sola, que luchaba, y luego ves que ya no puede ni peinarse, piensas: tanto luchar en la vida, ¿para qué? ¿Para llegar a esto? Lo sufres, pero te acostumbras, es que te acostumbras, es una pena, pero es así”, dice María. A la presión descrita se suma la de tener lidiar con las familias de algunos usuarios, que ante esta situación a veces no entienden que las causas son estructurales y pueden llegar a culpar individualmente a las trabajadoras, aumentando el malestar de estas y desgastándolas en enfrentamientos muy duros. “Las familias vienen muy agobiadas, muy quemadas, esa es la palabra”, señala María. La realidad es que los ancianos ahora llegan con niveles de dependencia y deterioro más severos debido al aumento de la esperanza de vida, entre otros factores, por lo que requieren más cuidados y más especializados, pero muchas de las ratios existentes no se han actualizado desde hace décadas.

Las empresas ahorran en materiales básicos

Estamos hablando de personas que muchas veces son extremadamente vulnerables. Si hay desatenciones, si no reciben los cuidados que necesitan con unos mínimos, se pueden producir verdaderos actos de violencia. Las trabajadoras organizadas lo expresan así y tienen muy claro que quieren hacer bien su trabajo, pero no siempre pueden. Por ejemplo, una queja reiterada es la escasez de material, como la disponibilidad de pañales por residente, que no siempre son suficientes. En el caso de la empresa de María, cuenta que solo les dan cuatro pañales al día, y los ancianos que los usan tienen que aguantar así, aunque necesiten más. Estos años han estallado escándalos como el de una residencia gestionada por Clece, donde la empresa despidió a las trabajadoras por denunciar falta de material y de medios ya que al no haber pañales, en ocasiones los ancianos pasaban días sobre su propio orín. Estamos hablando de una empresa que puede llegar a pagar 600 euros al mes por jornadas completas mientras obtiene miles de millones en beneficios.

Las mutuas tienden a desconfiar de ellas y atribuir sus dolencias a problemas de la edad y no de la organización del trabajo 

Toda esta situación provoca que muchas de las trabajadoras tengan que medicarse para poder aguantar el trabajo, para tratar el dolor físico, por ejemplo con inflamatorios, pero también del alma –tranquilizantes o incluso antidepresivos–. “Vamos metiéndonos de todo”, dice María. “Para el dolor todo el mundo toma algo, si no te tomas un Gelocatil, te tomas un Nolotil, si no te tomas un Nolotil te tomas un naproxeno, esto es así, es el pan nuestro de cada día”. Para Clara la cuestión es evidente: “Si quieres seguir el ritmo tienes que medicarte para los dolores, porque son dolores crónicos, no hay más”.

Al mismo tiempo que tienen que medicarse para el dolor, las trabajadoras se sienten despreciadas por las mutuas, donde tienden a desconfiar de ellas y atribuir sus dolencias a problemas de la edad y no de la organización del trabajo –una constante que se produce en todos los trabajos feminizados–. Esta es la experiencia de María: “Cuando vamos a la mutua por accidente de trabajo, lo que hacen siempre es que te atiborran de medicación y te mandan directamente a trabajar. Esto quiere decir que tienes que trabajar medicada, con el mal encima, y buscarte la vida , o pedir la baja y que te descuenten casi la mitad del sueldo”.

En todas estas profesiones feminizadas y desvalorizadas comprobamos cómo el capital acumulado por unos se cuenta en cuerpos descompuestos o rotos, en dolores físicos, en historias difíciles de migraciones, en abusos laborales y sexuales que dejan secuelas que tornan en sufrimiento psicológico, y a veces, soledad. Como dicen las voces de las trabajadoras: organizarse es una herramienta, no solo para mejorar las condiciones de trabajo, sino para tejer solidaridades que conjuren esos dolores del cuerpo y del alma que deja tras de sí la explotación.

Residencias de mayores en España

España tiene 35.000 personas con gran dependencia sin atender por falta de plazas en residencias de mayores

Además, el país necesita al menos 76.000 plazas más en residencias de mayores para alcanzar la ratio recomendable.

El ministerio de Belarra lanzará una ley de Servicios Sociales que consolidará las prestaciones básicas en toda España

JOSE CARMONA

España necesita al menos 35.000 plazas para atender la demanda actual de personas en dependencia severa o grandes dependientes y requiere la creación de al menos 76.350 plazas en residencias de mayores para alcanzar el ratio de cico plazas por cada 100 personas mayores de 65 años.

Estos son los datos arrojados por el último informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que analiza el estado de las residencias de mayores tras el impacto de la covid-19. 

El informe registra el estancamiento del número de plazas en residencias de mayores. En 2021 han aumentado los números totales apenas un 2%, un aumento de 7.766 plazas, muy lejos de los números que esta asociación estima como necesarios. Andalucía y la Comunidad Valencia, con 31.475
y 23.485 respectivamente, son las regiones de España con mayor déficit de plazas. 

«Si en 2014 faltaban 53.103 plazas para alcanzar la ratio del 5%, en el último año este déficit alcanza las 76.350»

«Si en 2014 faltaban 53.103 plazas para alcanzar la ratio del 5%, en el último año este déficit alcanza las 76.350. Según los últimos datos oficiales hay en lista de espera de ser atendidas 80.862 personas con Grado II y III, más 60.000 pendientes de valorar, que previsiblemente obtendrán uno de esos grados, lo que eleva el número hasta las 140.862 personas», concluye este informe en materia de Servicios Sociales. 

El informe identifica a Castilla y León y Castilla-La Mancha como las Comunidades con mayor cobertura de plazas de financiación pública, seguidas de Extremadura y Aragón. Por contra, las regiones con menos plazas de financiación pública son Canarias y la Comunitat Valenciana, que no alcanzan un 1,5%. Madrid es la única Comunidad donde las plazas exclusivamente privadas tienen una cobertura mayor (2,53%) que las de financiación pública (1,83%). 

Alcanzar ese ratio, 5 plazas por cada 100 personas mayores de 65, aunque es una aspiración aún inalcanzable para la mayoría de comunidades autónomas, también puede llevar a engaño, según apunta el informe, puesto que la media de edad de las personas en residencias es de 85 años. Por tanto, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales concluye con una reclamación al IMSERSO, y es que proponga al Consejo Territorial un acuerdo para fijar una ratio «más adecuada a la sociedad actual y a la situación y demandas de las personas mayores, contando para ello con el asesoramiento de las organizaciones científicas y las entidades del sector».

La semana pasada, Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, anunciaba un anteproyecto para diseñar una ley de Servicios Sociales que obligue a las Comunidades Autonómas a diseñar un acuerdo de mínimos en torno a esta materia. Con esta ley, que deberá pasar por el Congreso de los Diputados y aspira a ser aprobada en torno a junio y julio, se intentan corregir las enormes desigualdades que existen entre las diferentes regiones de España en materia de Servicios Sociales.

Oportunidad para vivir felices en la tercera edad

Unir lo individual a lo colectivo y lo espiritual

Centro Residencial CONVIVIR (Horcajo de Santiago, Cuenca)

Por Pedro Pierre

Los ‘chats’ tienen sus perlas en medio de mucha basura. Otra debilidad es que se limitan en su gran mayoría a los aspectos individuales de las personas. El último que acabo de leer insiste sobre el aprovechamiento del momento presente porque es lo único que poseemos: el pasado ya pasó y no lo podemos cambiar, y el futuro tampoco lo tenemos. Lastimosamente llenamos el momento presente de mucho individualismo y consumismo que eliminamos lo sabroso que podría ser mediante más fraternidad y más espiritualidad, porque he aquí las tres componentes para una vida más feliz: Juntar lo individual al colectivo y a lo espiritual.

Eso es el proyecto de mi amigo Claudio en un pequeño lugar del sur de Francia. Lo conocí con ocasión de una reunión en Paris. Tuvo la gentileza de prestarme varias veces un cuartito en su departamento durante unos 15 días. Y nos hicimos amigos. Él es jubilado, un poco mayor que yo, y trabajaba con varias asociaciones para la animación de barrios parisinos. Además, eran un grupo de amigos que trabajaban juntos para llevar adelante una mejor vida colectiva.

Un día, entre una docena de personas, decidieron poner en marcha un proyecto de habitación comunitaria para ellos mismos en un mismo terreno. Eran familias, viudos, solteros, con niños y jóvenes. Empezaron a vender sus departamentos parisinos para comprar dicho terreno…

Descubrieron que eran, al nivel del país en esa época, a lo menos una docena de grupos con esta misma opción de vida comunitaria, algunos de los cuales ya lo estaban viviendo. Conocieron en una comuna del sur de Francia a un alcalde que quería hacer urbanizaciones con esa característica más comunitaria. Optaron por comprar un terreno en su comuna para trabajar juntos. Comenzaron el proyecto hace 2 años.

Al mismo tiempo mi amigo Claudio con 2 compañeros más se inscribieron a un taller de Taoísmo con reuniones mensuales virtuales y presenciales, para entender la dimensión espiritual de la vida y conocer las espiritualidades de las grandes religiones. Me escribe que es para unificar mejor las tres dimensiones de la vida: lo individual, lo comunitario y lo espiritual… ¡Menuda iniciativa en este mudo tan convulsionado y violento!

Hace unas pocas semanas, mi amigo Claudio me escribe muy contento, diciéndome que tiene en sus manos las llaves de su casa muy sencilla y la de un edificio colectivo donde están la cocina, la biblioteca, las salas de reuniones, de recreaciones, con unos cuartos para acoger las amistades… En cuanto al proyecto municipal de urbanización, este avanza y los futuros propietarios se están reuniendo para preparar con el alcalde y este grupo de innovadores esta nueva manera de vivir más comunitariamente.

A nosotros nos queda el ejemplo y la lección: juntar en nuestras vidas lo individual con lo comunitario y lo espiritual. ¿A eso estamos trabajando? ¿O nos dejamos llevar por el ambiente individualista, consumista y materialista? Al nivel individual, nuestra opción de vida depende de cada uno de nosotros, porque nadie nos obliga a vivir insatisfecho, agresivo, solitario, perdido o amargado. Claro, esto significa que no decidimos sin pensar cual va a ser la profesión que mejor nos convenga, el estilo de vida matrimonio que vamos a llevar, el lugar donde vamos a habitar, los valores que queremos promover, la fe que seguimos…

Pero muchos prefieren dejase llevar por el ambiente individualista que nos rodea, porque nunca toman el tiempo en pensar cómo orientar su vida personal. Prefieren los vicios, los malos amigos y el dinero fácil y mal habido… Así descartamos las oportunidades de dejar los malos rumbos, de optar por más fraternidad y sencillez de vida, de elegir amistades que nos hacen bien, de continuar hacia una fe más madura y comprometida…

Al nivel colectivo, estamos bastante mal en nuestro país porque hemos dejado que el individualismo nos domine. Solos no podemos enfrentar los desafíos de una vida más feliz. A pesar de todo, siempre podemos encontrar gente decidida a avanzar en una vida más comunitaria para lograr enfrentar y resolver los problemas que nos ahogan. En todos nosotros están sembrados los valores y las capacidades que nos permitan salir adelante… pero siempre será juntos y gracias a otros que lo lograremos. Nada es imposible si decidimos unirnos para “ganar la partida” y no “perder la vida en el intento” individual.

En lo espiritual, el papa Francisco pasó a ser el gran líder de una humanidad diferente. A los cristianos y ‘los hombres y mujeres de buena voluntad’, nos propone un humanismo y una espiritualidad para nuestro tiempo. Condena incansablemente el sistema capitalista de organización social “que hace a los ricos más ricos a costa de los pobres más pobres”, que fomenta el hambre, la violencia, la migración. Nos invita repetidamente a vivir “la fraternidad sin frontera, la amistad social, el amor político y una espiritualidad liberadora”. De esta manera, nos dice, podremos llevar adelante una transformación estructural de la Iglesia católica, poner en marcha la ‘sinodalidad’ para que las y los cristianos nos empoderen de nuestro bautismo, siendo “profetas, sacerdotes y reyes-pastores”, es decir, ser responsables juntos de nuestra manera a seguir a Jesús de Nazaret y construir en este mundo la fraternidad y la justicia, o sea, el Reino de Dios.

Nuestro tiempo, como todos los tiempos, tiene las 2 caras de una misma moneda: los aspectos desastrosos y las oportunidades para vivir bien. Se trata de ayudarnos a emprender el camino de la fraternidad contra el individualismo mortal, de la coherencia contra la facilidad engañosa, de la espiritualidad contra el vacío de una vida desordenada. Siempre hay oportunidades para ser felices si juntamos lo individual con lo colectivo y lo espiritual.

NOTA: Me uno a este artículo de Pedro Pierre, queriéndolo concretar en el Centro Residencial para Mayores, donde resido desde hace unos años (Foto arriba)
Daniel Sánchez Barbero

Las macroresidencias privadas a examen

Las macrorresidencias privadas, epicentro de un descalabro: más muertes por covid que en las públicas

Decenas de personas convocadas por la Asociación Plataforma por la Dignidad de las personas Mayores se manifiestan este martes 15 de junio contra Ayuso por su gestión de las residencias
Decenas de personas convocadas por la Asociación Plataforma por la Dignidad de las personas Mayores se manifiestan este martes 15 de junio contra Ayuso por su gestión de las residencias. 

Un estudio demuestra que la mortalidad de la covid fue mayor en las macrorresidencias privadas. El formato menos lesivo durante la pandemia, apunta este informe, es el de residencias públicas de menos de 25 plazas. 

JOSE CARMONA@JOSECARMONAGILO

Pasan los meses y cada vez hay más certezas al respecto. Las macrorresidencias de mayores, gestionadas por empresas privadas, tuvieron una mortalidad considerablemente mayor durante la primera ola de la covid-19 que las residencias de gestión pública. 

Cuanto mayor es el tamaño de la residencia, más riesgo de muertes por covid-19 hay, una tendencia mucho más acusada cuando la residencia es privada y es de más de 100 plazas, las llamadas macrorresidencias a las que el Ministerio de Asuntos Sociales pretende poner coto. Esa es la conclusión a la que llega el estudio Covid-19 y personas mayores en residencias: impacto según el tipo de residencia, realizado por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y publicado y premiado por la Revista española de geriatría y gerontología.

La investigación dirime los resultados de la primera ola de covid, en la que el 86% de los fallecidos fueron personas mayores de 70 años. Hubo comunidades autónomas como Madrid, donde murió el 22% de toda la población geriátrica. Los datos de la capital, que con Ayuso al frente dio la orden de no derivar a urgencias a mayores de residencias, muestran por tanto que con las mismas condiciones y las mismas políticas desde la administración, las residencias privadas tuvieron unos resultados peores respecto a las públicas.

En toda España, los datos oscilaron considerablemente al medir qué porcentaje del total de fallecidos eran mayores ingresados en residencias. La región con datos más bajos fue Islas Canarias con un 11,92%, mientras que en Aragón se disparó hasta el 88,26%.

«El tamaño de la residencia es estadísticamente significativo y claro», asegura la investigación, y concluye que «se ha observado que las macrorresidencias privadas son las más vulnerables a brotes de alta letalidad durante la primera oleada«. Además, los datos también revelan que las residencias donde la letalidad de la covid fue menor tenían una gestión pública y no superaban las 25 plazas.

Son varias las investigaciones que han llegado a estas conclusiones. Otro estudio publicado en la revista Epidemiología aseguraba que el número de muertes en Madrid fue mucho más elevado en las residencias gestionadas por la empresa privada que en aquellas de gestión pública. Hasta un 15% de diferencia. 

La problemática de las macrorresidencias fue abordada por el Ministerio de Asuntos Sociales, que a través de un acuerdo con las comunidades autónomas ha puesto freno a este modelo de residencias. Los centros proyectados tras la aprobación no podrán superar las 75 plazas residenciales cuando se encuentren ubicados en zonas rurales o zonas escasamente pobladas, no podrán superar las 90 plazas si se encuentran ubicados en localidades o zonas de densidad intermedia y no superarán las 120 plazas cuando estén ubicados en ciudades o zonas densamente pobladas. El límite quedará fijado en un máximo de 50 plazas para aquellos centros cuya atención se destine a personas con discapacidad.

En estas unidades convivirán un grupo reducido, que en ningún caso podrá superar las 15 personas residentes, de forma que se pueda garantizar un funcionamiento tipo hogar. Las Comunidad Autónoma o administración que tenga la competencia podrán excepcionar a los centros cuya construcción se haya iniciado con carácter previo a la aprobación del presente acuerdo del cumplimiento de este requisito cuando la adaptación al mismo se demuestre inviable por razones arquitectónicas.

Residencias o morideros: dignidad o negocio

Por MARTA NEBOT

Ayer, unas 1.000 o 5.000 personas, dependiendo de quién contara, se manifestaron en Madrid convocadas por la Plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuarias de Residencias para Mayores y para Personas Discapacitadas para reclamar otro modelo de residencias.

En el manifiesto que hicieron público y en su convocatoria pedían una gran movilización social que no sucedió.

Ni los versos que dedicó Serrat a la cita y a la causa ni el apoyo de Miguel Ríos movieron a las masas. Y es que hay una cantinela que de tanto oírla se nos ha metido en el cerebro y nos paraliza.

Cada vez que escucho «no hay dinero» cuando hablan de la reconversión del modelo de residencias de ancianos me dan ganas de arañar pizarras, tirarme del pelo, gritar hasta partirme la garganta. Decir que no hay dinero para eso en un país rico –siempre salimos en todos los rankings entre las veinte economías más destacadas del mundo– es un chiste malo o un insulto a la inteligencia colectiva. Viajar un poco arregla rápido las cabezas que no ven que este es un país en el que hay mucha pasta.

¿No hay dinero para que no se nos deshidraten nuestros viejos? ¿No hay dinero para que no les aten con correas o con fármacos o para que su alimentación sea la adecuada? ¿No se puede buscar la manera de que sus familias puedan visitarles cuando les dé la gana, de que sus cuidadores tengan contratos estables para que no cambien cada media hora? ¿No sería mejor que todos los que pudieran se quedaran en sus casas y en sus entornos con la ayuda domiciliaria necesaria? ¿En serio? ¿No hay dinero es el argumento cuando hay todo un entramado internacional con pingües beneficios, incluso en paraísos fiscales, dedicado a este negocio? ¿No hay dinero cuando la mayoría de sus víctimas pagan copagos, se dejan la pensión en esas cárceles, incluso venden sus casas para darse el lujo de ser malcuidados?

Lo que se ha perdido no es el dinero, sino la vergüenza y el sentido de lo público y de lo trágico de la vida. Todos, o al menos los más afortunados, seremos ellos y no todos tendremos la pasta necesaria para las residencias de lujo, que haberlas también haylas.

Esta semana ha vuelto el tema a la palestra porque un residente valiente, apasionado y con labia se ha plantado en el ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes y ha denunciado lo que sigue pasando, callando todas las bocas que no han hecho nada más que hablar.

Mariano Turégano, de 82 años, simplemente ha contado lo que han sufrido en su residencia este verano: «Habitaciones a 40 grados», «comida deleznable», «deshidrataciones que les han llevado al hospital».

Y, como pasa siempre, las víctimas siempre tienen la razón. Nadie contradice en público a alguien que conmueve al respetable. La cuestión es si se les da algo más que buenas palabras, algo más que parches momentáneos.

A raíz de su denuncia, la Comunidad de Madrid y su presidenta, Ayuso, han declarado que lo van a arreglar, que ya han tomado cartas en el asunto.

Ver sus declaraciones compungidas también me da ganas de gritar hasta el infinito y apuesto a que le pasaría lo mismo a cualquiera que se entere un poco de los entresijos del asunto, vote lo que vote.

Hace menos de tres meses, el 28 de julio, se hizo público el acuerdo en el Consejo Territorial para mejorar el sistema de residencias y de cuidados de los mayores. La votación salió adelante 10 a 9. Votaron en contra las comunidades y ciudades autónomas gobernadas por el PP, las gobernadas por nacionalistas y García-Page.         El Ministerio de Derechos Sociales propone el texto y  arbitra las negociaciones para conseguir mayoría de votos de las comunidades, pero no vota. Se reunió primero con la Mesa de Diálogo Civil y con la Social, con familiares y con sindicatos. De esas reuniones salió un primer borrador, que luego se fue rebajando para conseguir el acuerdo. Por eso no están contentos con el acuerdo final los que hicieron aportaciones al primer borrador, aunque el último mejore sin duda lo que hoy tenemos.

Los buenos acuerdos dejan descontento a todo el mundo, me dijo una vez alguien que sabe mucho de eso. Este Consejo Territorial ha conseguido, desde 2020, 31 acuerdos; 29 por unanimidad, 1 con el voto en contra de Madrid –el que redistribuía menores que entraron por Ceuta y Melilla entre las diferentes comunidades– y este último con el resultado mencionado, después de muchísima negociación. Entre 2014 y 2019, el Consejo Territorial anterior solo cerró 5 acuerdos. Voluntad de consenso no falta.

El nuevo modelo residencial da diez años para reconvertirse y no cierra nada. El acuerdo pactado compromete una ratio de 51 cuidadores (43 gerocultores + personal profesional de segundo nivel –enfermeras, terapeutas ocupacionales, psicólogos-) por cada 100 usuarios para 2030, que se alcanzará con un incremento progresivo cada año. Las plataformas de familiares piden 113 profesionales por cada 100 mayores, lo que garantizaría la presencia de un trabajador por cada cuatro residentes en los turnos de mañana y tarde y de uno por cada diez por la noche. Cifras cercanas al modelo de los países nórdicos. Y no es que el ministerio no quiera ese modelo, es que las comunidades autónomas no lo han querido porque no quieren pagarlo.

Hoy no hay una ratio estatal. Cada comunidad tiene la suya sin límites. Por ejemplo, en Galicia oscilan entre 20 y 35 trabajadores por cada 100 usuarios; en Cataluña, 25 y en Madrid, 47.

Sin embargo, estos números se los lleva el viento según los Marianos y sus familiares que se atreven a contar los hechos porque no se hacen las inspecciones que obligarían a que los cuidados mínimos se cumplan, a penalizar seriamente a quien maltrate a un solo mayor.

Fuentes cercanas al ministerio confirman que en el acuerdo no se pudo especificar nada a este respecto porque las comunidades consideraban que las inspecciones –que brillan por su ausencia– son solo competencia suya.

En Alemania, las inspecciones no solo son como mínimo anuales, sino que además son públicas y se exponen a las puertas de estos centros.

Y, volviendo a lo de los dineros, el gasto en los mayores se ha incrementado un punto por año desde que empezó el Gobierno de coalición. Del 0,7% del PIB ha pasado al 1%. De 7.000 a 10.000 millones. La OCDE marca un 1,6–1,8% como la media de gasto en estos derechos mínimos. Es decir, falta mucho, pero su presupuesto ha crecido 3.000 millones en menos de tres años. De los fondos europeos se prevén 2.000 millones para la reconversión del modelo. El Ejecutivo ya ha transferido 700 millones para la transformación de residencias. Hay dos proyectos en marcha para dar asistencia domiciliaria hasta final de vida y para retornar de las residencias a sus casas y están funcionando, incluso con mejores números, es decir, más baratos. Porque el camino es más vida independiente y menos hospitalaria, en el mal sentido. Lo dice Europa –es la estrategia de cuidados que está marcando– y lo confirma el sentido común, si lo pensamos en primera persona.

Así que cuando la patronal de las residencias, de cuya gestión depende el 90% de las que tenemos, en las que residen cerca de 400.000 ancianos, dice que con esta nueva normativa ha perdido inversores, tenemos que alegrarnos. El modelo de morideros gigantescos tiene los días contados.

Y cuando dicen que no hay dinero pensemos que simplemente mienten, que es que quieren seguir ganando lo mismo o más;  y que, probablemente, para que las residencias sean vivibles tengan que ganar menos.

Esperemos que el Gobierno sea valiente y encuentre la manera de obligar a las comunidades que votaron que no a cumplir lo acordado. Es menos de lo que queremos pero es un comienzo y no podemos permitir que se nieguen a cumplir con el mínimo que ellos mismos han acordado: unidades convivenciales de 15 personas en residencias de un máximo de 120 residentes, y que las grandes dividan su espacio en estas unidades para que puedan ser hogares y dejen de ser centros penitenciarios.

Exijamos simplemente que cumplan lo que acuerdan*, que asuman sus leyes. Ese debería ser nuestro mínimo.

*Anexo con  los principales puntos del acuerdo del Consejo Interterritorial:

Transformación y modernización del modelo de cuidados y apoyos con enfoque de derechos humanos

Derecho a la atención y apoyos personalizados

Derecho a una atención libre de sujeciones

Sin nuevas macro-residencias

Residencias con ambiente hogareño, lo más parecido a un hogar

Participación de las familias

Derecho a la intimidad y privacidad

Personalización de los espacios y entornos amigables

Ubicación en el entorno comunitario

Mejora de los servicios domiciliarios

Más profesionales de atención directa cuidando y prestando apoyos

Mejora de la calidad del empleo

Mejora de la coordinación social y sanitaria

Cultura de la evaluación de la calidad

Otro modelo de residencias es posible

Centenares de personas se plantan contra el modelo de residencias: “Basta de negocios con nuestros mayores”

Una larga columna de gente desfila por Madrid para denunciar las paupérrimas condiciones de las residencias actuales y para pedir un nuevo modelo de gestión pública

Informe Especial — Nada ha cambiado en las residencias dos años y 32.000 muertos después

Manifestación en Madrid con el lema «Otro modelo de residencias es posible» Javier Lopez

Alberto Ortiz

La pandemia de coronavirus sigue cediendo y en algunos casos es ya un simple recuerdo. Es difícil, sin embargo, olvidar lo ocurrido en las residencias en 2020. Allí fallecieron 20.000 personas según los registros oficiales –aunque las organizaciones estiman que fueron 30.000– durante los peores meses de la crisis sanitaria. Algunas decisiones políticas y las paupérrimas condiciones fueron terminales para muchos residentes. Las asociaciones que agrupan a los familiares y a los usuarios han decidido movilizarse, esgrimir un “¡basta ya!” a esas condiciones y pedir un nuevo modelo asistencial basado en la protección pública y en el aumento del personal de cuidados.

Cientos de personas han cruzado este sábado la Gran Vía, epicentro del capital en la ciudad, con un mensaje rotundo contra la privatización de los centros de mayores y dependientes. “A su robar, hoy llaman privatizar”. “Dignidad y respeto”. “Derechos humanos al anciano”. “Sin enfermeras no hay cuidados”. Son las consignas impresas en las pancartas que desfilaban por la céntrica calle madrileña, a la que han llegado personas de todas partes de España, vinculadas a diferentes colectivos de familiares de residentes y usuarios de estos centros. La manifestación ha partido desde la Plaza de España y ha alcanzado la Plaza del Callao, donde la periodista Rosa María Artal ha leído un manifiesto titulado ‘Basta Ya’, con un compendio de las medidas que reclaman a las comunidades autónomas, en las que están delegadas las competencias de dependencia.

“¡Por nuestros mayores!”, gritaba un grupo de personas pocas horas antes del comienzo de la marcha, al encontrarse con un otro de manifestantes en Plaza de España. Llevaban banderas andaluzas y carteles con las caras de sus familiares. Una chica se emocionaba al ver llegar a tanta gente. “Son muchos sentimientos encontrados, son muchos años de pelear”, explicaba a este diario con los ojos empañados. Su nombre es Esther Pascual, que junto a otro grupo de familiares fundó la asociación ADBAR en la Comunidad Valenciana. Lo hizo cuando internó a su madre en una residencia y se quedó espantada con las condiciones que vio. “¿Cómo puede ser que se acuesten sin cenar, que haya brotes de chinches, que no haya personal sanitario?”, se pregunta.

A los pocos meses de ingresar, su madre perdió 30 kg, relata: “Te dicen: se mueren porque son mayores. No, perdona, se morirán cuando toquen, pero tú no puedes acelerar ese proceso. A mi madre no le tocaba morirse”. Su madre falleció el año pasado, después de pasar por dos residencias y la pandemia. “¿Cómo le damos la vuelta a este modelo?”, cuestiona.

A su lado sujeta una pancarta Francisco Martínez, que tiene 74 años y en Navidad tuvo que operarse del corazón. Ha venido desde Elche para protestar por la situación que él mismo vive en La Saleta, la residencia en la que lleva más de una década. “Nos han tenido abandonados y olvidados. Cuando vino la pandemia hubo tal caos que nos contagiamos todos. No han sabido manejar la situación. Falleció bastante gente. Mucho abandono”, cuenta. La pandemia sacó a la luz las costuras de una gestión que ya antes era mala y que a pesar de los embates de la crisis sanitaria nadie ha decidido resolver. Hoy Francisco tiene que ayudar al escaso personal de enfermería a llevar la cuenta de las medicinas del resto de pacientes. “Es una lucha diaria. Las enfermeras más veteranas se han marchado. Entra gente nueva que está saturada porque no hay gente. Hay enfermeras que se van a la semana porque están desbordadas”, explica. Luego, enumera: persianas rotas, timbres que no funcionan y muchos radiadores que llevan estropeados meses y que ahora que se acerca el otoño nadie ha decidido arreglar todavía.

La movilización ha sido convocada por La Plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuarias de Residencias para Mayores y para Personas Discapacitadas, una entidad que agrupa a las principales asociaciones de este sector, como la Coordinadora 5+1, Rede o Pladigmare. En una carta dirigida a la ciudadanía, publicada hace pocos días, los organizadores pedían una gran manifestación para denunciar la situación que se vive a diario en las residencias y para pedir a las comunidades autónomas “un cambio de actitud y de talante” para acometer un cambio normativo que regule el funcionamiento de estos centros. 

En esa misiva, la plataforma enumeraba las principales deficiencias del sistema de residencias actual, que coincide con las descripciones de Ester o de Francisco: “La inexistencia de personal suficiente, y cualificado, para atender las múltiples necesidades de los resi­dentes; la deficiencia de la atención médica; la práctica abusiva de sujeciones físicas y químicas; el funcionamiento ausente de los servicios de inspección; las continuas violaciones de las normativas por parte de las empresas operadoras; la alimentación escasa y pobre en valores nutricionales; la ausencia de la iniciativa pública en beneficio de una consolidada red de empresas privadas usureras; unos servicios asistenciales y de cuidados paupérrimos o abandonados, etc”. Todo ello, denuncian en la carta “es el inaceptable reflejo del modelo hoy vigente de residencias”. 

Precisamente esta semana, en un pleno del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, Mariano Turégano, de 82 años, relataba las condiciones en las que se encuentran él y sus compañeros en la residencia de Moscatelares, en San Sebastián de los Reyes, unas instalaciones que dependen de la Comunidad de Madrid. “En nuestras habitaciones hemos pasado un verano de 40 grados porque la Comunidad de Madrid mira para otro lado cuando se trata de ver por la salud y el bienestar de sus ciudadanos. Algunas de nuestras compañeras y compañeros han sido hospitalizados este verano con altos niveles de deshidratación que agravan o desencadenan otras patologías”, explicaba emocionado. 

Paulino Campos, uno de los portavoces de La Plataforma y presidente de REDE en Galicia, afirma en declaraciones a este diario que el de Mariano no es un caso singular. “Marianos hay todos los días. El asunto es cómo permitimos como sociedad que se dé esta situación”, se pregunta. “¿Por qué estamos torturando a las personas mayores y a los familiares también? No es aceptable, por eso convocamos la manifestación”, argumenta.

Irene Velasco, que marcha junto a varios familiares en la manifestación, ha viajado hasta Madrid desde Alcalá de Guadaira, donde tiene a su madre ingresada. Las condiciones de la residencia, gestionada por la empresa Domus VI, tienen unas carencias que, dice, “no se pueden permitir”. “La alimentación es mala, hay fallos en la medicación, falta personal…”, resume. Esa falta de personal –no hay enfermería por las tardes, noches o fines de semana– provoca situaciones como la que se vivió hace poco: a una residente se le soltó la sonda de la alimentación, un problema que se habría resuelto rápidamente con una enfermera en el centro. El agujero de la vía se cerró y precisó una intervención quirúrgica en un hospital. “Ellos no detectan los problemas de salud, somos nosotros los que les hacemos test de covid o nos damos cuenta de que tienen una infección de orina”, protesta.

Hace poco, a su madre le cambiaron la alimentación por el deterioro de su estado a un menú de triturados, pero el centro no avisó a la familia. “No me parece que cosas tan importantes en la vida de una persona no se hagan con la suficiente delicadeza y humanidad que precisan”, comenta. Por ello, han presentado una demanda contra el centro ante la Justicia y se han asociado con otras familias en la misma situación para valorar acciones conjuntas, porque se han dado cuenta, dice, que hay problemas que son estructurales y precisan una respuesta organizada.

Un nuevo modelo de residencias

El pasado 28 de junio, el Ministerio de Sanidad y los consejeros de dependencia de las comunidades autónomas llegaron a un acuerdo sobre los criterios para garantizar la calidad de los centros y servicios de dependencia. Ese documento establece un plazo de varios meses para que las comunidades aprueben sus nuevas normativas para regular el funcionamiento de los centros. La Plataforma cree que este es un momento esencial para exigir a los diferentes gobiernos regionales “un cambio de actitud para encarar el debate público sobre el marco normativo y el modelo” de residencias y, en general, de la dependencia. 

Las asociaciones agrupadas en torno a la plataforma creen que el acuerdo alcanzado este verano se queda corto, no garantiza el cambio de modelo y no asegura “cuidados dignos y de calidad”. “No han tomado en consideración gran parte de las exigencias prioritarias de los familiares y las usuarias”, lamenta la carta enviada a la ciudadanía. Por ejemplo, el Acuerdo establece un coeficiente mínimo de 43 cuidadores por cada 100 usuarios, mientras que la petición de la plataforma era elevar ese ratio hasta un trabajador por cada cuatro residentes en los turnos de mañana y de tarde y de 1 a 10 en los de noche. “La cifra aprobada en el acuerdo perpetúa uno de los grandes dramas que arrastran las residencias: la flagrante falta de personal”, lamentan. Tampoco se tiene en cuenta, añaden, el suficiente refuerzo del personal de inspectores ni se establecen órganos de representación con la participación de familiares.,

Otro de los principales puntos que las asociaciones pedían y que no se han tenido en cuenta es la creación de residencias públicas para, argumentan, “combatir adecuadamente la obscena privatización del sector de los cuidados a personas mayores y con discapacidad”. “Lo público está ausente y eso explica parte de lo que está sucediendo. Si desaparece la administración pública, no tenemos la posibilidad de escrutar desde el servicio público y la ciudadanía lo que está sucediendo. Has dejado una tierra ancha para que entren estos malvados, que solo les interesa ganar dinero”, sostiene Campos.

Por último, las organizaciones lamentan que no se haya reflejado en ese acuerdo un compromiso para acabar con las macroresidencias “ni el espíritu de hacinamiento que transmiten”. “Se seguirán permitiendo construcciones de edificios de 120 plazas, cuando hemos propuesto que la cantidad no sobrepase las 60 camas por centro”, apuntan, al tiempo que rechazan que no haya una exigencia sobre el número de camas individuales mínimas que deben existir.

200.000 firmas ante el Congreso

Campos explica que una de las iniciativas que han impulsado de cara a esta movilización es la recogida de más de 200.000 firmas que van a presentar ante el Congreso de los Diputados, un gesto simbólico, puesto que las competencias de dependencia están transferidas a las comunidades autónomas, pero que esperan sirva de llamada de atención para todos los parlamentarios. Las firmas son en realidad una donación de las recogidas en la plataforma Change.org por el periodista Manuel Rico y el profesor Fernando Flores para pedir a la Fiscalía General del Estado una investigación sobre lo sucedido en las residencias durante la pandemia y al Congreso la creación de una comisión de la verdad para el mismo fin. A las rúbricas recogidas en esa plataforma se suman las coleccionadas por Amnistía Internacional, que también realizó una campaña en este sentido y también ha decidido donarlas para la causa. 

“El Congreso de los Diputados tendría que haber investigado y analizado lo que pasó en las residencias. Nosotros queremos pedir con estas firmas que se analice, que se investigue lo que ha ocurrido, que todavía está sin investigar y se va a cerrar en falso”, explica Campos, que pone en valor una investigación de este tipo no solo por razones de verdad, reparación y justicia, sino porque puede ser una herramienta positiva para preparar mejor una siguiente pandemia. “Por ejemplo, para saber qué porcentaje de habitaciones individuales es necesario. Es de cajón que el mayor número de muertes fue en las residencias, que fue peor en las macroresidencias y en las que más habitaciones dobles tenían. Es de cajón pero hay que demostrarlo con datos empíricos”, sostiene. 

De momento, la manifestación de hoy servirá, esperan, como una llamada de atención tanto a los políticos como a la sociedad a la que han interpelado desde el centro de la calle: “No nos mires, únete”. La concentración ha terminado en la Plaza del Callao con la lectura del manifiesto y entre canciones de Joan Manuel Serrat y el Blues de la Tercera Edad, de Miguel Ríos: “En el cristal ve su reflejo; su belleza es la dignidad; repite el mantra de un consejo; Ana, no te rindas jamás”

Las nuevas residencias de mayores

Así serán a partir de ahora las residencias de mayores

El plan diseñado por el Ministerio de Derechos Sociales de Ione Belarra fomentará la teleasistencia para que los mayores y personas con discapacidad puedan habitar en sus casas hasta que sea inevitable un ingreso.

JOSE CARMONA

El Ministerio de Derechos Sociales ha cosechado los apoyos necesarios de las comunidades autónomas para iniciar la transformación de las residencias de mayores y España dejará atrás el actual formato de macrorresidencias, obsoleto y en vías de extinción en Europa y desacreditado por la comunidad de expertos.

Con diez comunidades a favor y nueve en contra, el ministerio de Ione Belarra enfrenta un ambicioso proyecto por el que se aumentarán ratios de profesionales, reducirá el número de plazas en las residencias para dotarlas de más calidad y calidez y se fomentará la teleasistencia para que los mayores y personas con discapacidad puedan habitar sus casas hasta que sea inevitable un ingreso. 

Estos son los principales puntos del acuerdo, que tendrá que implementarse en un plazo de nueve meses y tendrá fases con un periodo de adaptación que se prolongará hasta 2030. Se ha establecido un plazo máximo de nueve meses desde la aprobación del Acuerdo para que se aprueben las disposiciones normativas necesarias para dar cumplimiento al mismo.

Un cambio de paradigma

Además de cambios de forma, una de las cosas más destacadas de este acuerdo es que toma como prioritaria la dignididad de las personas mayores. «Cada persona merece ser tratada siempre con respeto y consideración, garantizando que recibe un buen trato. Se deben conocer y respetar los derechos humanos y libertades de las personas que requiere de cuidados y apoyos, los de sus familiares y los de los y las profesionales de apoyo», sostiene el texto. 

En lugar de que las residencias sean lugares con horarios predeterminados para comer o dormir, la capacidad de decisión de los residentes tomará presencia. «El control y la participación no deben depender de las capacidades de la persona, ni de sus posibilidades de expresión de su voluntad y preferencias. Cuantas más necesidades de apoyo requiera la persona, más esfuerzos habrá que realizar para hacer efectivo su derecho a diseñar su propio proyecto de vida, y para ello es necesario hacer la mejor interpretación de su voluntad y preferencias».

Aumento de ratios de personal

El aumento de personal en las ratios de personal ha sido uno de los temas candentes el acuerdo y contaba con la oposición del sector privado. La ratio mínima de personal de atención directa de primer nivel en centros residenciales se establece en forma de jornadas completas o personal equivalente, respecto al número de plazas ocupadas.

El acuerdo incluye la posibilidad de que las comunidades que así lo consideren incrementen las ratios establecidas para personas mayores o con discapacidad que necesiten una mayor intensidad de apoyos, tanto en residencias, como en centros de días. El plan terminaría en 2030 y se da a las comunidades margen de maniobra para su adaptación.

Habrá un mínimo de 80% de contratos indefinidos y un 66% de contratos a tiempo completo (50% en caso de la ayuda a domicilio). Los centros residenciales de más de 30 plazas contarán con una persona «enlace» para la coordinación sociosanitaria, es decir, para garantizar el derecho de las personas que viven en las residencias a ser atendidas por el sistema nacional de salud.

Los turnos de los profesionales de atención directa de primer nivel se organizarán minimizando las rotaciones y promoviendo que las mismas personas apoyen a un mismo grupo de personas de forma estable teniendo en cuenta las unidades de convivencia

Límite al número de plazas residenciales

Los centros proyectados tras la aprobación del presente acuerdo por parte de las
administraciones competentes, no podrán superar las 75 plazas residenciales cuando se encuentren ubicados en zonas rurales o zonas escasamente pobladas, no podrán superar las 90 plazas si se encuentran ubicados en localidades o zonas de densidad intermedia y no superarán las 120 plazas cuando estén ubicados en ciudades o zonas densamente pobladas. El límite quedará fijado en un máximo de 50 plazas para aquellos centros cuya atención se destine a personas con discapacidad.

En la negociación de este martes se ha incorporado la posibilidad de que las comunidades autoricen nuevas residencias de hasta 120 plazas de tamaño máximo en zonas escasamente pobladas si se acreditan circunstancias excepcionales de viabilidad económica. Lo anterior no será de aplicación a centros cuyo proyecto se haya licitado por parte de las administraciones públicas, o hayan iniciado la tramitación de licencia de obra para los centros de iniciativa privada, con anterioridad a la aprobación del presente acuerdo. En estas unidades convivirán un grupo reducido, que en ningún caso podrá superar las 15 personas residentes, de forma que se pueda garantizar un funcionamiento tipo hogar. Las Comunidad Autónoma o administración que tenga la competencia podrán excepcionar a los centros cuya construcción se haya iniciado con carácter previo a la aprobación del presente acuerdo del cumplimiento de este requisito cuando la adaptación al mismo se demuestre
inviable por razones arquitectónicas.

Habitaciones individuales

Los centros cuya construcción se inicie tras la aprobación del presente acuerdo por parte de las administraciones competentes, dispondrán de, al menos, el 65% de las plazas públicas en habitaciones de uso individual y el resto en habitaciones de uso doble.

Los centros cuya construcción se haya iniciado con carácter previo, dispondrán, al menos, de un 10% de las plazas públicas en habitaciones de uso individual cuando el centro esté ubicado en zona rural o zona escasamente poblada. Este porcentaje se elevará hasta el 20% cuando el centro esté ubicado en localidades o zonas de densidad intermedia y hasta el 25% cuando esté ubicado en ciudades o zonas densamente pobladas. 

La reforma de las residencias de mayores

Por qué es necesario aprobar la reforma de las residencias de mayores

MAYTE SANCHO Gerontóloga y PURA DÍAZ-VEIGA Gerontóloga

Varias personas en una residencia de mayores en Carballo

. Hace mas de cuatro décadas que los ciudadanos –todos, pero sobre todo los de más edad– nos manifestamos con contundencia sobre dónde y cómo queremos vivir si necesitamos apoyos o cuidados. Es muy sencillo: en nuestra casa, con nuestro pequeño o gran mundo afectivo y material, pero sin separarnos de nuestro microcosmos. Y si esto no es posible, al menos que podamos vivir más o menos «como en casa». En torno a 400.000 personas habitan sus últimos años de vida en residencias que poco se parecen a una casa. La indescriptible tragedia que acabamos de vivir lo ha evidenciado con una crudeza inimaginable.

Lo que solicitamos desde hace décadas no es nada nuevo. Sencillamente se trata de garantizar a las personas que lo requieren las mismas atenciones que se ofrecen desde hace muchos años en otros países de Europa. Potenciar los servicios y los apoyos para generar ecosistemas de cuidados, en los que las residencias constituyan una opción elegible para personas o familias que buscan un lugar para vivir con dignidad, cuando las necesidades son muchas y los apoyos requeridos son diversos y complejos. Lugares amables, amigables, reconocibles, en los que la personalización de espacios y de trato sea ley y la vida cotidiana se adapte a las necesidades, pero también a las preferencias de las personas que allí viven. En los que la intimidad, el respeto a la identidad y el bienestar sea la norma.

Para ello necesitamos transformar los actuales centros residenciales en espacios domésticos, pequeños, hogareños, con profesionales estables, reconocidos y remunerados dignamente. En definitiva queremos abrir el camino de la desinstitucionalización y cerrar el modelo institucional de residencias, abolido ya en la practica totalidad de los grupos de personas con necesidades diversas que lo han padecido.

El Acuerdo sobre Criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD) promovido desde la Secretaria de Estado de Derechos Sociales, que esperamos que se apruebe hoy en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, es una oportunidad única para conseguir lo que se viene demandando por parte de académicos, sociedades científicas, profesionales,usuarios, familias y ciudadanos desde hace mucho tiempo.

Estamos más cerca que nunca para acabar de una vez por todas con instituciones que prestan una atención basada exclusivamente en la enfermedad, la discapacidad, olvidando a las personas que sobrellevan estas circunstancias .

El contenido del Acuerdo puede ser limitado para algunos y excesivo para otros, pero lo que importa es lo que lo sustenta e inspira: acciones transformadoras basadas en los derechos de las personas que precisan apoyos para disponer de entornos dignos, adecuados y propios para disfrutar de una buena vida, cada una la suya, la que cada persona quiera y elija. Esto no es una cuestión de colores políticos, es un asunto de dignidad. Nos jugamos nuestro futuro en ello