La vida en las Residencias tras la vacuna

La vida en las residencias tras la vacuna: “Ahora, si me tocan, ya no tengo miedo. He vuelto a relacionarme”
Los mayores recuperan sus planes a corto plazo tras recibir la inmunización, que ha rebajado la tensión en los centros
Por MARÍA SOSA TROYA
A veces se le olvidan las cosas, los nombres, pero no esa fecha: imposible. “Era el viernes 13 de marzo, yo estaba en la puerta del comedor y me dijeron que volviera inmediatamente a mi habitación”. De allí no salió en meses. Antonia Ramírez, 92 años, tiene marcado en el calendario el primer día de encierro en la residencia privada donde vive desde hace casi nueve años. Es la más veterana en el centro Ballesol 60, en Pozuelo de Alarcón, en Madrid. Está sentada al lado del carrito que porta una bombona de oxígeno a la que está conectada a causa de su enfermedad respiratoria. No usó las instalaciones comunes todo este tiempo por miedo. Ay, si ella, con lo que tiene, pillaba la covid. Y así estuvo hasta que se vacunó. “Se conoce que el cuerpo cogió un poco más de fuerza. Por la mañana no responde, pero por la tarde me voy atreviendo a bajar”, cuenta frente a un pañuelo que ha adornado ella misma en el taller de pintura. Sigue leyendo

¿Es válido el modelo actual de las residencias?

Por Javier Martínez Andrade
Una de las situaciones más dramáticas que estamos viviendo en esta época de crisis del covid es la que se está produciendo en los Centros Residenciales de Personas Mayores. Una Residencia es un sustituto del hogar. No es un Hospital para personas mayores. No tiene la estructura, ni los recursos ni el personal de un Centro Sanitario y no debe tenerlos, sino estaríamos hablando de un Hospital Geriátrico.
Es y debe ser su casa, es mas deberíamos dejar de Residencias y/o Centros Residenciales y utilizar otra terminología como Alojamientos para Personas Mayores, Unidades de Convivencia,…… Cuando no es posible continuar viviendo en su casa, por lo que precisa apoyos a su déficit de autocuidados, la mal llamada Residencia pretende y debería ser su equivalente, en todos los aspectos.
Hace algunos años, la mayoría de las y los residentes (mal, no residen, viven allí) tenían un buen nivel de autonomía personal, especialmente en el desarrollo de las AVBD y en su situación de salud. En Asturias la esperanza de vida se ha incrementado notablemente. Somos un Territorio especialmente envejecido, en el cual las estructuras de apoyo familiar que existían en la época de nuestros abuelos, ya no están. Las y los usuarios de Recursos de Alojamiento son cada vez más mayores, con mayor déficit de autocuidados, con más problemas de salud asociados y, por tanto, requieren otro tipo de cuidados, cuidados en todos los ámbitos no sólo en el aspecto físico, sino emocional, social y espiritual, no me refiero a la acepción religiosa.
La eclosión del covid ha acentuado el problema. Un espacio con alta densidad de gente frágil, escasa separación entre personas y muchos espacios y superficies comunes, es un espacio potencialmente ideal para la transmisión y favorecer las medidas de confinamiento en las propias Residencias y restrictivas en consecuencia para las visitas.
¿Cómo podemos proteger a las personas mayores que viven en una Residencia de las actuales? No es nada fácil. Utilizando el simil del Castillo, la residencia es como un Castillo. Una vez garantizado, por ejemplo, mediante tests, que las y los residentes y el personal, en aquel momento concreto, no son positivos, la infección solo puede venir de fuera. Aunque restrinjamos o prohibamos las visitas y las salidas. El personal sale cada día y va a su casa. Entra personal de mantenimiento o similares. Toda esta gente, familiares y visitantes cuando ha podido ver a los residentes, o cuando estos salen a consultas médicas al Centro de Salud u Hospital, a veces van acompañados de sus familiares, es decilr, por seguir con el simil, salen del castillo pero sin armadura. Y si entra el virus, los residentes, frágiles, con muchas zonas comunes, con interrelación constante, son dianas fáciles. ¿Qué podemos hacer?
No tenemos demasiadas herramientas. No hay vacunas. Distanciamiento, difícil. Uso de mascarillas, complicado. Estamos hablando de personas mayores, muy mayores y frágiles, muy frágiles, que no siempre están en condición de entender y cumplir determinadas medidas. Ventilación. Cribas, sí, pero desengañémonos. Una PCR o test de antígenos no es más que una fotografía de un momento concreto. Podemos estar incubando o ser negativos o infectarnos después del test. Es útil, claro, pero sirve para lo que sirve. No es una garantía absoluta. Limitación de contactos externos, sí, pero no solo son dependientes físicamente, sino también emocionalmente. Y romper el contacto con su familia y/o amistades puede significar un daño irreparable, los salvaremos del Covid, pero no de problemas emocionales y problemas de salud mental irreparables.
Debemos repensar el modelo residencial:
Nos hacen falta estructuras arquitectónicas diferentes, con calidad y calidez, que favorezcan el sentimiento de “Hogar” de “Casa” y que posibiliten el aislamiento cuando sea necesario, pero no de todo el Centro Resdiencial.
Nos hace falta un nuevo Marco Conceptual en las Políticas y Servicios para Mayores, pasar del modelo asistencial a los Cuidados Centrados en la Persona unido al Modelo Orem.
Nos hacen falta más profesionales y otro perfil de profesionalesl, más formado y estable.
Nos hace falta ser capaces de hacer una detección y una respuesta precoz y enérgica de las necesidades de cuidados de las personas mayores. La sociedad ha cambiado y sus necesidades también.
Es necesario, es más es u Derecho hacer participes a las personas mayores en el funcionamiento del Servicio de Alojamiento, en el día a día, no dárselo todo hecho, decidido.
Las actuales Residencias, que forman parte de nuestro entramado social, tienen que cambiar y ese cambio no puedes ser solo promesa del Gobierno de turno en esta época de crisis, promesa que quedarán en el saco de las incumplidas o como decía un Consejero de las no factibles

La Pontificia Academia para la vida

La Pontificia Academia para la Vida contra el descarte de nuestros mayores

“Los ancianos nunca tuvieron que morir así (…) fueron tratados cruelmente”
“Todo está en juego: la política, la economía, la sociedad, las organizaciones religiosas, para iniciar un nuevo orden social que ponga en el centro el bien común de los pueblos”
“Durante la primera oleada de la pandemia, una proporción significativa de las muertes por Covid-19 se produjo en instituciones para ancianos, donde se debería haber protegido a la parte más débil de la sociedad, pero donde se produjeron proporcionalmente más muertes que en el hogar y el entorno familiar”
“La eliminación de los ancianos es una maldición que esta sociedad se inflige a sí misma con frecuencia”
“Quitarle el derecho a la vida a los débiles es robarle la esperanza a la gente, especialmente a los jóvenes. Por eso, descartar a los ancianos -incluso en el lenguaje- es un grave problema para todos”
“Al descartar a los ancianos, reducimos las oportunidades de que la sociedad crezca hacia arriba y no se ocupe de las necesidades momentáneas del presente”
‘La vejez: nuestro futuro. La condición de las personas mayores después de la pandemia’
09.02.2021 Jesús Bastante Sigue leyendo

Amnistía denuncia la vulneración de derechos en las residencias, en la 1ª ola

Un informe detalla cómo Madrid y Catalunya dejaron morir a ancianos en las residencias
Amnistía pone rostro a la tragedia vivida en la primera ola de la pandemia en las residencias. La ONG denuncia que los Gobiernos de Madrid y Catalunya vulneraron hasta cinco derechos fundamentales de los mayores.
@sergioleonta
“Estuvo cuatro días muriéndose. Hablé con el médico, desesperada, diciéndole que por favor le derivaran al hospital. Me dijo: ‘Lo siento, nos han prohibido llevar a los enfermos de las residencias'”. Elena Valero perdió a su padre en marzo, durante la primera ola de la pandemia. Ingresado en una residencia de mayores en Madrid, enfermó de covid-19 y, como a otros miles de ancianos, le denegaron la atención hospitalaria.
El caso de Elena y su padre es el de la tragedia vivida por tantas y tantas familias a las que el coronavirus pilló con un ser querido dentro de una residencia que no estaba preparada para afrontar una pandemia. En un nuevo informe, Amnistía Internacional denuncia que la inmensa mayoría de las personas mayores que vivían en estos centros en la Comunidad de Madrid y Catalunya han sufrido desde marzo hasta cinco violaciones de derechos humanos.
“Se ha violado el derecho a la salud, a la vida y a la no discriminación de las personas mayores. Además, las decisiones de las autoridades han impactado también en el derecho a la vida privada y familiar y en el derecho a tener una muerte digna”, detalla Esteban Beltrán, director de la organización en España, en un comunicado. “No fueron atendidas adecuadamente, ni derivadas a hospitales cuando lo precisaban, se vieron aisladas en sus habitaciones, a veces durante semanas, sin contacto con sus familiares y algunas ni siquiera pudieron morir dignamente”, añade la ONG.

Las grabaciones que revelan el protocolo de Madrid para las residencias: “No me dejan derivar a nadie”
Elena Valero tuvo que soportar que el médico de la residencia, ante la prohibición de traslados a hospitales, le dijera que lo único que podía hacer por su padre era administrarle “oxígeno y paliativos, y hasta que su cuerpo aguante”. “Fue lo más duro que me ha sucedido”, rememora en un testimonio recogido por Amnistía.
Amnistía vincula la denegación de atención a los mayores con las medidas de austeridad y los recortes en sanidad
Daniel Martínez tampoco pudo despedirse de su madre, fallecida por coronavirus en una residencia, en este caso de Barcelona. A él, igualmente, le dijeron que, por su edad, no la atenderían en un hospital. “Los abandonan a morir, porque no les dan nada, los dejan morir”, denuncia. Daniel relata cómo fueron los últimos días de su madre, enferma de alzhéimer, en el centro y la soledad que debió sufrir: “Una persona que cada día veía a su familia, caras conocidas, que estaban con ella, que le hablaban, que le hacían bromas, que le daban besos y abrazos, de golpe y porrazo deja de verles, ve que la aíslan en una habitación, sola… esa persona evidentemente se tiene que deprimir”.
El padre de Paco Rodríguez, que vivía en otra residencia de Barcelona, sí fue derivado a un hospital. Y superó el coronavirus. La familia vivió con gran angustia las semanas de aislamiento forzoso del anciano, al que sólo pudieron ver alguna vez por videollamadas de WhatsApp. “Para mí lo más indignante es que se han vulnerado derechos fundamentales a personas que, por una cuestión de edad, han sido discriminadas”, denuncia Rodríguez. “A mi padre, afortunadamente, aún le tenemos, pero hay miles que les habrá pasado lo mismo y que han muerto porque alguien ha decidido que las personas de más de 80 no debían ser derivas a hospitales”, subraya.
CCOO reclama una revisión integral del modelo de residencias para frenar las infecciones por covid
JOAN CANELA
Amnistía vincula la denegación de atención a los mayores con las medidas de austeridad y los recortes en sanidad. El “desmantelamiento del sistema sanitario de salud pública”, defiende la ONG, se ha notado también en las residencias de Madrid y Catalunya en la falta de recursos, como pruebas PCR, en la falta de personal y en la falta de protección de los trabajadores.
“Ya que no nos daban EPIS (equipos de protección individual), optamos por hacernos los EPIS de la fortuna o de la gloria, batas con bolsas de basura, calzas, gorros de plástico. No hemos tenido ningún tipo de protección”, critica Diana, trabajadora de una residencia pública de Madrid, tal y como recoge el informe de la organización.

Si la falta de equipos y recursos fue alarmante durante los primeros meses de la pandemia, la situación de las residencias en la segunda ola sigue siendo preocupante. Amnistía defiende que las medidas aplicadas hasta ahora son insuficientes y reclama a las autoridades, en especial de Madrid y Catalunya, que tomen decisiones de forma urgente.
El trágico noviembre del geriátrico municipal de Monzón: casi un muerto cada día por la covid
A corto plazo, la organización demanda un cambio en los protocolos autonómicos que puedan llevar a medidas discriminatorias para asegurar que las decisiones sobre la atención médica se realizan en base a evaluaciones individualizadas. También reclama al Gobierno central que apoye una investigación independiente y que “impulse la tramitación de una ley estatal que establezca un modelo residencial que garantice los derechos de las personas mayores residentes en todo el Estado”.
La situación de las residencias en la segunda ola de la pandemia sigue siendo preocupante
A esas peticiones se suma Lola Parra, otra víctima del drama vivido en las residencias. A pesar de que lo pidieron en multitud de ocasiones, el centro se negó trasladar a su suegro a un hospital. “Es que no está tan grave”, le decían. El anciano falleció en su cama de la residencia, donde permaneció 24 horas hasta que pudieron retirar el cadáver porque “las funerarias no daban abasto”. “Me hubiera gustado que la gestión de la Comunidad de Madrid hubiera sido diferente, que no hubieran negado la asistencia. Que hubieran tenido un poco más de humanidad”, concluye la mujer.
El Gobierno estima que en la primera ola murieron más de 20.200 personas en residencias, cerca de la mitad de todos los fallecidos por coronavirus en esos meses, según los datos oficiales. En la segunda ola, alrededor de también el 50% de las muertes siguen ocurriendo en estos centros. En un informe del Ejecutivo se señala la falta de personal y la escasez de equipos de protección como dos factores clave de la alta incidencia del virus en las residencias, donde se repartirán las primeras dosis de la vacuna que lleguen a España.

¿Qué falló en las residencias durante la primera ola de coronavirus?
Los protocolos que negaban la atención hospitalaria a los mayores existían, como se ha evidenciado. Multitud de asociaciones y familiares han reclamado a la Justicia que investigue cómo es la situación real de las residencias, la desprotección que siguen sufriendo y las posibles responsabilidades de las administraciones. Hasta ahora, salvo alguna condena contra responsables de algún centro, ninguna sentencia ha culpado a los representantes políticos de la catástrofe.

Abandonadas a su suerte


Deben modfcarse los actuales modelos de la dependencia
Lo vivido durante la pandemia en las residencias de mayores obliga a un replanteamiento del sector, en el bien entendido de que se imbrican en el campo de la dependencia, uno de los pilares del Estado del Bienestar. Este trabajo constituye una visión del problema actual y ofrece ideas para su renovación.
Los datos demográficos y las proyecciones hasta el 2040 que proporcionan algunos estudios, siempre tomados con prudencia, auguran un aumento de personas que precisarán atención y prestaciones ligadas a la dependencia. Este hecho pone de manifiesto la necesidad urgente de reflexionar acerca de la idoneidad y características de las prestaciones o servicios actuales y sobre los variados modelos de atención presentes en las distintas CCAA.
La pandemia del Covid-19 ha hecho visible, de forma cruda, las maltrechas entretelas que sustentaban el sistema de atención de las personas dependientes, discapacitadas o con enfermedad mental, cuyo hogar habitual es una institución residencial. Una realidad expuesta en ocasiones por los familiares y organizaciones cercanas al sector sociosanitario.
La aprobación de la ley, en diciembre del 2006, para la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia, tenía como finalidad poner en pie y garantizar el cuarto pilar del Estado del Bienestar, que, junto a la educación, las pensiones o la sanidad, forma parte de los derechos universales sociales.
Este hecho supuso un avance esperanzador. Sin embargo, el balance no es positivo. No ha conseguido dar respuesta de forma satisfactoria a las demandas existentes, ni entonces ni ahora. Su andadura fue lenta, desigual su ejecución en las diferentes CCAA, su desarrollo incompleto y la implantación de “bajo coste” ha configurado un sistema inapropiado e insuficiente para responder a las crecientes demandas . Además, la aprobación del RLD 20/12/2012, provocó el recorte de varios servicios y prestaciones. Todo ello ha derivado en el actual panorama: no se cumplen los requisitos de cobertura y de calidad deseable, porque no llega a todas las personas que lo necesitan o porque los servicios que se prestan son mínimos.
Cobertura de los servicios residenciales
No resulta sencillo acceder a una información rigurosa y contrastable sobre la atención a la dependencia dada la variabilidad existente y, además, por la ausencia de transparencia informativa propia del sector. La diversidad se manifiesta tanto en cuanto a la inversión, como a los modelos y características de los cuidados, a los tipos de gestión, o la organización interna de los residentes, lo que dificulta sobremanera tener un mapa real de la situación por CCAA, responsables de los recursos sociosanitarios.
Según datos del IMSERSO (2019), en España había unos 5.457 centros residenciales para personas mayores, 4.063 de ellos (74,5%) son de titularidad privada y 1.394 (25,5%) son públicos. En total sumarían 381.158 plazas, lo que representa un índice de cobertura del 4,21%, el cual varía significativamente entre el 7,6% de Castilla y León y el 1,42% de Murcia. Una desigualdad de acceso evidente.
Por otro lado existen diversos tipos de gestión que van desde la totalmente pública a la totalmente privada pasando por diversos modelos de la llamada colaboración público-privada, no siempre fáciles de identificar porque con frecuencia residencias de titularidad pública están gestionadas en todo o en parte por empresas privadas.
Principales problemas detectados
Los principales problemas detectados son:
* Insuficiente presupuesto público destinado a la atención a la dependencia.
* Predominio desmesurado de la financiación privada sobre la pública, con notables diferencias entre CCAA.
* Número de plazas escasas.
* Baja cobertura de las necesidades y demandas de las personas dependientes y de sus familias.
* Carencia de recursos humanos bien formados y de materiales técnicos suficientes y actualizados. Personal mal pagado, con contratos precarios y escaso reconocimiento social. Son frecuentes las rotaciones y cambio de personal, lo que no favorece el establecimiento de lazos de referencia.
* Desigualdad laboral ligada al género de las cuidadoras.
* Estructuras físicas inadecuadas. Complejos residenciales híbridos entre el hotel y el hospital o entre el chalet y las “guarderías para mayores”.
* Cuidados estandarizados, rutinarios, despersonalizados en muchos casos, y centrados en las “tareas” prácticas.
* Gestión vertical. Deficiente coordinación intersectorial entre las Gerencias de Atención Primaria y los médicos/as y enfermeros/as de familia. Desconfianza mutua.
* Ausencia de información y participación real de los residentes y de sus familiares.
* Falta de transparencia en la información que impide el análisis, la evaluación y la investigación.
Experiencias sobre atención a la dependencia
Existen muchas experiencias en el mundo sobre la atención a la dependencia y a las personas mayores, en general son modelos que comparten los siguientes valores o ideas fundamentales:
– Atención integral —holística, humanista— y “centrada en la persona”. Este marco conceptual permite identificar las claves en la cuales se debe sustentar el apoyo y los cuidados.
– Fomento de la independencia y de la autonomía personal.
– Prevención temprana de la discapacidad de forma preferente.
– Centros abiertos a la comunidad en la que viven con la finalidad de favorecer el contacto exterior. Forjar alianzas comunitarias.
– Garantizar la seguridad y accesibilidad.
Desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) entendemos que habría que cambiar el contenido y el continente a la hora de abordar la problemática de las residencias, no se trata de hacer mini- hospitales u hospitales de crónicos, sino de arbitrar otra forma de atender la problemática de la vejez y la dependencia.
Propuestas para abordar el problema de la atención a las personas mayores y/o dependientes.
En este sentido pensamos que es preciso poner en práctica las siguientes propuestas:
1.- Aumento de la financiación pública a través de los impuestos centrales y autonómicos que garantice la atención de todas aquellas personas que lo necesiten. Suprimir las actuales deducciones fiscales que solo favorecen a los que más tienen. Incremento en los presupuestos generales de este año y de la partida que, presumiblemente, llegará de Europa.
2- Definir y establecer criterios que aseguren la equidad territorial como elemento básico de la justicia social entre el medio rural y urbano. Catalogar los tipos y características de los establecimientos que atienden a estas personas.
3- Modificar el actual modelo de residencia tanto para las personas con dependencia física como para los discapacitados psíquicos o personas con enfermedad mental. Es necesario crear nuevas residencias de pequeño tamaño, cercanas al entorno de las personas residentes, cerrar progresivamente las masificadas, crear pisos y apartamentos compartidos y, sobre todo, apostar por mantener a los mayores en sus viviendas habituales con ayudas profesionales para realizar actividades cotidianas. Favorecer entornos inclusivos. Rediseñar las habitaciones, los espacios comunes y dotarlos de medios tecnológicos que faciliten las actividades de la vida diaria y la comunicación con las familias y amigos para prevenir la soledad y el aislamiento, por ejemplo, en tiempos de pandemia.
4.- La gravedad de la mortalidad en las residencias (tanto en la primera como en la segunda ola de la epidemia, que coloca a estas como el principal determinante de la mortalidad COVID) debe obligar a realizar un giro estratégico para lo que es preciso realizar un gran esfuerzo político, económico y empresarial. Todas las nuevas residencias que se abran, para garantizar unos indicadores similares a los países desarrollado de la Unión Europea, deberán de ser de titularidad y gestión pública. A medio plazo, recuperar para la gestión pública las residencias que hayan externalizado la gestión con empresas y grupos privados; a largo plazo, reintegrar todas al sistema público de atención a la dependencia.
5.- Gestión horizontal apoyada en la participación significativa y efectiva de los trabajadores, usuarios y familiares. Actualizar y adecuar los instrumentos legales existentes a las nuevas demandas y necesidades, y modificar los que sean precisos para hacerlos eficaces, útiles.
6.- Incremento del personal que trabaja en las residencia, garantizando una formación específica de nivel medio en atención a mayores y condiciones laborales dignas. Suprimir la brecha de género que se da en este sector y que afecta a las condiciones laborales y de vida. Definir de forma precisa la ratio de atención según categoría laboral y nivel de dependencia.
7.- Transformar la actual planificación de la atención y los cuidados, y adoptar un enfoque integrado “centrado en la persona”, que suprima el cuidado rutinario, homogéneo y que estimule la independencia y la actividad física y mental, también en estados de dependencia severa.
8.- Formación especifica para favorecer el cambio de rol y contrarrestar las inercias y resistencias a la innovación deseable que proporcionan las evidencias científicas actuales.
9.- Establecer normas y criterios para que los servicios de inspección sean una realidad verificable y exigible por los trabajadores o los familiares. Impulsar una mejora continua.
10.- Coordinación efectiva con la Atención Primaria para que facilite la atención y la comunicación con su médico y enfermera de familia. Es prioritario definir de forma explicita las competencias y responsabilidades de cada sector de modo que se garantice una atención de calidad basada en unos cuidados integrales.
11.- Implantar sistemas de información compatibles entre administraciones que favorezcan el conocimiento, la evaluación y la investigación interna y externa.
Conclusiones
Los medios de comunicación han publicado con frecuencia noticias a cerca de la repercusión de la Covid-19 entre las personas que viven en las residencias, lamentablemente no siempre positivas. Tal hecho ha puesto de manifiesto la hondura del problema y la urgencia para abordarlo de forma seria y profunda. Que el sistema tenía vías de agua y que olía mal era patente.
Con asombro constatamos que, al igual que se ha sucedido con los hospitales en ciertas CCAA, varias empresas se han infiltrado y se han enriquecido con el beneplácito de las administraciones, y sin que la inspección pública haya ejercido sus responsabilidad de forma constante y eficaz.
Es primordial suscitar un diálogo social participativo entre todos los organismos de la Administración, las asociaciones de familiares y usuarios, colectivos sociales, trabajadores, sociedades científicas, etc, con conocimientos en este ámbito de la atención social. Contar con el apoyo de sociólogos expertos en este campo y antropólogos de la salud nos parece necesario para inducir, favorecer un análisis contextual necesario.
Tener presente los determinantes sociales a la hora del debate sobre el futuro del sistema de atención a la dependencia que se quiere, se necesita y se está dispuesto a financiar, ayudará a comprender mejor la diversidad y complejidad del actual momento. Deberíamos de aprender de la experiencia y que tantas muertes no hayan sido en balde.


Residencia de GAlicia intervenida

Ancianos encerrados, colchones rotos, goteros en las lámparas: la denuncia de los trabajadores de una residencia intervenida por la Xunta con 95 positivos
El centro, explotado por Residencia Salvatierra S.L. se encuentra intervenido por la Xunta tras la proliferación de casos de COVID entre usuarios y trabajadores
Una de las imágenes aportadas en la denuncia por las condiciones en la residencia de Salvaterra de Miño
Gonzalo Cortizo
Los trabajadores de una residencia de ancianos de Salvaterra do Miño (Pontevedra) denuncian la situación dantesca en la que se encuentra un centro con capacidad para 108 ancianos y que tiene en la actualidad un total de 95 positivos por COVID, entre usuarios y trabajadores. El centro, según el escrito remitido a la Xunta de Galicia, carece de las mínimas medidas de higiene y presta un servicio que no garantiza el derecho a la dignidad de las personas que viven en su interior. Ancianos a los que se encierra bajo llave, que duermen en colchones rotos y cuyos goteros para recibir fármacos se cuelgan de las lámparas. El centro, intervenido por la Xunta hace dos semanas, carece de material de higiene y, según sus trabajadores, en él hay una palangana para cada 30 internos con la que se realizan las labores de aseo diario. El Gobierno de Feijóo asegura que estudiará la denuncia que firma la Asociación de Traballador@s de Residencias de Galicia (Trega).
En la denuncia, dirigida a la Secretaría Xeral Técnica y a la Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade, la asociación asegura que las dependencias del centro “no reúnen las mínimas condiciones de mantenimiento ni salubridad, no ya para atender a personas mayores, sino para cualquier tipo de alojamiento”. Trega explica que las camas camas de la residencia “no son clínicas” y que no pueden elevarse, algo “fundamental” para aquellos que padecen patologías respiratorias, como es el caso de la COVID-19, y para administrarles los alimentos, ya que “pueden atragantarse y sufrir una broncoaspiración grave con resultado de muerte”. Esto lleva a que los empleados tengan “como única opción colocar una almohada debajo”. Los colchones “no son viscoelásticos sino de muelles y están totalmente rotos y sucios”, mientras que tampoco hay ayudas técnicas como grúas para mover a los ancianos o elevarlos para cambiarles el pañal.
Las habitaciones también tienen “deficiencias” de material y un “nulo mantenimiento”. De hecho, ni siquiera tienen palos de gotero para colgar la medicación intravenosa, que tiene que colgarse “de las lámparas”. A esto se suma que los residentes “permanecen cerrados con llave en sus habitaciones”, una práctica contraria a la normativa de servicios sociales. “Una residencia no es una cárcel. Aunque se debe cumplir un aislamiento (por la COVID-19), los usuarios deben tener la posibilidad de pedir ayuda si la precisan”, asevera la asociación de trabajadores.
Una de las puertas de las habitaciones de la residencia de Salvaterra con la llave echada
Instalaciones para el personal deficientes
En lo referente a las dependencias de la plantilla, Trega relata que “los platos de ducha están rotos y oxidados y su uso implica un riesgo para la salud”. “Además, todo el vestuario está revuelto, las taquillas no tienen llave y están permanentemente abiertas, hay ropa colgada fuera de ellas”, continúa la asociación en su escrito, en el que recuerda que el centro cuenta con decenas de empleados contagiados de COVID-19.
En este sentido, Trega reconoce que la Xunta envió refuerzos para la plantilla tras la intervención, pero explica que se les habilitó el gimnasio como vestuario, un sitio que emplean “como una especial de almacén para todo” y en el que “no hay ni taquillas, ni aseos, ni ducha”.
Tampoco hay “las mínimas existencias de material” para que los profesionales realicen su trabajo, por lo que, siempre según Trega, para aseos y cambios de pañal a personas encamadas “solamente disponen de una palangana para cada 30 usuarios”.
Desde la Consellería de Política Social, que desde finales de octubre se hace cargo del geriátrico han asegurado a Europa Press que “analizará con detenimiento” todo lo que relata la asociación Traballadores de Residencias de Galicia. “En caso de que se constate algún incumplimiento de la normativa, como es natural y como ocurre en todos los casos, se actuará en consecuencia”, ha añadido la Administración.

Las residencias ante la 2ª ola del coronavirus

Errores y lecciones aprendidas en las residencias de mayores para no repetir la “tormenta perfecta” de la primera ola
Un informe del CSIC analiza las debilidades del sistema y recomienda buenas prácticas de cara a combatir mejor la COVID-19 en estos centros: algunas de sus clave son hacer muchos test, mejorar la comunicación con Atención Primaria y contratar más personal
Sergio Ferrer
Hablar de la pandemia de coronavirus en España es hacerlo del impacto que tuvo la COVID-19 en las residencias de mayores durante la primera oleada. El Gobierno ha cifrado en algo más de 20.000 las persona fallecidas en estos centros, lo que supone un porcentaje importante del total de muertes. Ahora que la segunda oleada ha vuelto a poner en el foco a estos lugares, un reciente informe, publicado por el Instituto de Política y Bienes Públicos del CSIC, analiza la gestión de las residencias, las dificultades a las que se enfrentaron y las lecciones aprendidas para este nuevo incremento de contagios.
El proyecto comparará 15 países europeos para analizar cómo ha afectado la pandemia a las residencias de mayores, aunque de momento solo está disponible la versión del caso español. El investigador del CSIC y coautor del informe, Francisco Javier Moreno, adelanta a elDiario.es que “lo que ha pasado aquí es muy parecido a lo que ha pasado en todos los demás países europeos”.
El investigador considera importante tener en cuenta ese contexto. “No nos exime de responsabilidad, pero la autoflagelación tampoco conduce a nada cuando a todos nos ha pillado desprevenidos, tanto la pandemia como su impacto en un colectivo muy vulnerable que además está agrupado en espacios de alta densidad”. La sensación inicial, en todos los países analizados, era de “incredulidad”.
“No era inevitable que ocurriera, pero es lógico que lo haya hecho. Otra cosa es cómo hemos respondido”. Aquí empieza el análisis de Moreno, basado en 25 entrevistas a responsables de residencias y de gestión de servicios sociales y sanidad. Su objetivo: “Ver qué se puede hacer mejor y sacar lecciones para que no vuelva a ocurrir”. En este sentido, el informe interno de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales adelantado por El País esta semana llega a conclusiones similares tras analizar un conjunto de 30 factores que contribuyeron a lo que se define como una “tormenta perfecta”.
“Si hay un mensaje optimista es que hemos aprendido mucho”, dice el investigador. “Algunas cosas empezaron mal pero al final ya se respondía mejor”. Todo esto en un sector con grandes fallos estructurales que requieren medidas a medio y largo plazo: “El problema de fondo es de recursos y financiación”. Aun así, Moreno destaca buenas prácticas, “más inmediatas”, que ya se pueden implementar e incluso imitar de otras Comunidades Autónomas.
“Nada es gratis, pero hay prácticas que han sido muy útiles, no son tan complicadas ni implican costes muy elevados, pero permitieron responder de forma muy eficaz y fueron clave para frenar la expansión de la pandemia entre los residentes de estos centros”. Puestos a invertir recursos, dice Moreno, “conviene enfatizar” estas estrategias.
Lección 1: conectar el mundo sanitario y el de los cuidados
Moreno apunta al primer fallo como el más grave. Se refiere a la “desconexión” entre el sistema sanitario y el de cuidados. “No quiere decir que no se hablaran, pero en la práctica los centros de Atención Primaria están desbordados y suelen delegar el seguimiento de los pacientes de las residencias a los médicos que trabajan en ellas”.
Esto hacía que “no fuera común” que los médicos de Primaria visitaran a los mayores de los centros, pero no provocó “excesivos problemas” durante la calma. Y entonces llegó la COVID-19. “Al empezar la pandemia se mostró que esto es insuficiente y que hace falta una implicación del sistema sanitario mucho mayor, empezando por los centros de Atención Primaria”, defiende Moreno.
Cuando las Comunidades Autónomas intervinieron las residencias con casos de coronavirus, “se nombró a una persona que hiciera de vínculo entre el sistema sanitario y la residencia”. En general, enfermeros de los centros de salud de la zona. “Pasaban buena parte de su jornada laboral en la residencia y su presencia facilitó la articulación entre sistemas”. Moreno asegura que los directores de estos centros “querrían que esta mejor conexión se mantuviera más allá de la pandemia”.
Lección 2: no discriminar pacientes por su origen
Son bien conocidos los casos en los que se negó la derivación de residentes hacia hospitales. “Sabemos que ha ocurrido, pero no se trata de demonizar ni plantear la judicialización, porque lo que ocurría era que en los hospitales no había camas”, dice Moreno. En ese contexto, los médicos deben tomar duras decisiones según la capacidad de supervivencia a una intervención en UCI. “Cuando hay recursos escasos los médicos tienen que priorizar, la clave es no discriminar por venir de una residencia sino por el estado de salud de la persona”.
“No se puede aceptar que el criterio de negación de acceso a la UCI fuera venir de una residencia, porque había personas viables por mucho que tuvieran COVID-19”, lamenta Moreno. El investigador explica que la mejora en la coordinación entre el sistema sanitario y social “evitó” estas situaciones de discriminación “y se empezó a avanzar a un sistema mucho más centrado en la evaluación individual de los pacientes”.
Lección 3: aislamiento radical
La infraestructura de cada residencia “facilitó o dificultó” el necesario “aislamiento radical” de los pacientes contagiados y sospechosos. “Algunas residencias tenían varias plantas, otras incluso tenían espacios autónomos como apartamentos, con más margen para la separación”, comenta Moreno.
Lo fundamental es, según el experto, “que cuando surja un caso, sospechoso o confirmado, se saque a esa persona de la residencia” para que otros residentes vulnerables no enfermen. “Aislarlas internamente es buena opción, pero sacarlas es mucho mejor”.
Aquí el informe muestra distintas prácticas entre Comunidades Autónomas. “[La separación] depende de los recursos disponibles, pero vale la pena [invertirlos] si así se frena la expansión de la infección en la residencia, y se pueden llegar a inventar donde no existan”.
Moreno cita ejemplos como Asturias y Aragón, donde se usaron infraestructuras vacías como espacios intermedios para llevar a los infectados. Por ejemplo, “residencias que no estaban en funcionamiento”. En caso de necesidad, sugiere también el uso de hoteles medicalizados.
Este aislamiento es mucho más complicado de lo que parece en personas que no son plenamente autónomas: “Aunque cerremos las residencias van a tener que interactuar, porque tienen que venir cuidadores a darles de comer”. A todo esto hay que añadir el impacto de obligar a que los mayores se encierren en su cuarto, cuyas consecuencias cognitivas y físicas están todavía están por explorar.
Lección 4: test, test, test
Confirmar los casos de COVID-19 es siempre buena idea, también en las residencias de mayores. “Todo mejoró mucho cuando aumentó la capacidad de hacer test”, asegura Moreno. Del dicho al hecho, por desgracia, hay un trecho.
“Necesitamos hacer test periódicamente a todos los residentes, pero también a los trabajadores”, comenta. “La capacidad diagnóstica sigue tensionada y no es suficiente. En muchos casos, hasta ahora, se limitan a empleados que, por ejemplo, vuelven de vacaciones.
Lección 5: contratar más personal para crear grupos burbuja
La precariedad de los profesionales que trabajan en las residencias es otro factor estructural que, sin embargo, admite cierto margen de maniobra en el corto plazo. Plantillas muy ajustadas, contratos, salarios, carga de trabajo… “Todo estaba ya tensionado y con la pandemia explotó”, explica Moreno. Así empezaron las bajas entre empleados infectados, de riesgo o con miedo a contagiarse.
En medio de esta tensión, el informe de Moreno detecta otra buena práctica: crear grupos de trabajo que interactúen solo con un conjunto de residentes. En otras palabras, segmentar también a los trabajadores en una estrategia similar a la que siguen hoy algunos colegios. “Así, si alguno se contagia, el potencial grupo de infectados está acotado”.
El problema es que esto requiere una plantilla lo suficientemente grande para atender a los residentes de esta forma. “Conseguir personal fue una pesadilla, cuando los incentivos laborales y salariales no eran buenos”, asegura Moreno, que considera una “paradoja” que esto suceda en un país “con tasas de paro brutales” incluso “en personas formadas en gerontología y cuidados de mayores”.
¿La solución? Moreno explica que los gobiernos autónomos optaron por “poner a disposición de las residencias sus propias listas de personal y bolsas de trabajo”, que aprovecharon para suplir las bajas.
Lección 6: Un trabajo poco valorado
Moreno apunta a un sentimiento generalizado en su informe: “Los trabajadores de las residencias comentaban de forma explícita que su trabajo no era valorado adecuadamente, que se sentían estigmatizados”. Criticaban así las acusaciones de no cuidar adecuadamente a los mayores o incluso de maltratarlos.
“Sentían que se les señalaba con el dedo cuando la mayoría se desvivía por estas personas, trabajaba muy por encima de los horarios laborales y eran su única conexión con el resto del mundo”, añade. “Decían que eran los únicos que estaban dándoles la mano y acariciándoles en sus últimos momentos, pero al mismo tiempo se les atacaba”. Por eso, Moreno cree necesaria una “reflexión” sobre “cómo valoramos a estos profesionales que también han hecho frente a la pandemia”, aunque no estuvieran en nuestras mentes durante los aplausos.
De forma similar, el informe señala que la falta de conexión entre el sistema sanitario y social es debida a obstáculos muy grandes entre ambos mundos. “Tienen visiones diferentes, se prioriza más la parte sanitaria y se tolera más el sufrimiento en la parte social, cuyos profesionales sienten que los médicos no les respetan lo suficiente”, aclara Moreno. La solución, en su opinión, es “asumir que cada uno tiene su papel y ambos son importantes y necesitan presupuesto”.
Residencias vs. atención domiciliaria: el caso escandinavo
A falta del informe definitivo que compare la gestión entre países, Moreno adelanta que “casi la mitad de fallecidos por COVID-19” lo hicieron en residencias. No solo en España, sino también en Reino Unido, Francia, Holanda, Bélgica e Italia, entre otros.
El investigador considera que hay elementos estructurales que pueden tener un papel clave en esta situación generalizada en residencias. “En los países escandinavos buena parte del cuidado se hace a domicilio, donde las personas siguen viviendo aunque sean dependientes”. Asegura que, a partir de los años 90, se fue desmontando el sistema de residencias establecido en los 60. En casos extremos, “se transfiere a la persona a domicilios adaptados en los que mantienen la mayor autonomía posible”.
Esta situación difiere de las grandes residencias con gran cantidad de mayores juntos que, en España, “llegan tras agotar sus años de autonomía y requieren muchísimo más personal”. Este grupo “de edad muy avanzada, nivel de dependencia muy elevado, con múltiples enfermedades crónicas y comorbilidades” es “muy vulnerable” a la COVID-19.
¿Preparados para el siguiente golpe?
Mientras los casos de covid-19 aumentan en toda Europa, ¿qué pasará en las residencias este invierno? “Yo creo que el impacto va a ser mucho menor”, dice Moreno, que confía en que no se vuelvan a repetir situaciones dramáticas. “Habrá contagios, ya los hay, pero se ha aprendido a no infravalorar el riesgo de la pandemia”.
Además, Moreno cree que las Comunidades Autónomas prestarán más atención a este sector. “En la primera oleada hubo la sensación de que había que priorizar los hospitales y las residencias se dejaban de lado”, dice, y pone en duda que esto vuelva a pasar “en la mayoría” de regiones. “Son conscientes de que la concentración de vulnerabilidad era mayor y que tenían que intervenir”.
“La implicación entre servicios sociales y sanitarios también va a ser más intensa, porque no ha dejado de serlo durante el período intermedio y ahora está más engrasado para la segunda oleada”. Esto, sin contar la “mayor capacidad de hacer test” y “los mecanismos para suplir trabajadores”.
“Eso no quiere decir que no haya que estar atento y aplicar lo aprendido”, advierte. “Algunas Comunidades Autónomas podrían aprender de otras, pero si hacemos todo esto cuando surja un brote seremos capaces de frenarlo”.

¿OBEDIENCIA DEBIDA O DESOBEDIENCIA DEBIDA?


Por Jesús Sastre

Este interrogante nos invita a reflexionar sobre lo ocurrido en la Comunidad de Madrid y en otras comunidades del territorio nacional en la primera ola de la pandemia. La realidad pura y dura ha sido que los consejeros de sanidad dieron o abalaron normas que impedían derivar a mayores de las residencias con determinadas patologías o condicionamientos, enfermos de Covid-19 o con síntomas compatibles, a los hospitales para ser tratados de forma tal que pudieran recuperar la salud o, al menos, morir con las mínimas ayudas médicas para evitar sufrimiento inútil. Ni que decir tiene que, con los condicionamientos puestos para los ingresos, la mayor parte de los residentes quedaban, de entrada, excluidos de traslado a hospitales. Para llevar esto a cabo, se designaron médicos geriatras en hospitales de referencia para las residencias de cada zona de salud. Las residencias no podían derivar a residentes a hospitales sin la autorización explícita del geriatra asignado. Si se pedía la ambulancia, esta no venía por falta de autorización. Los directores, gerentes y presidentes de patronatos de las residencias se sometieron a estas normas que venían de las autoridades autonómicas y de los geriatras de contacto. La consecuencia ha sido que un gran número de mayores murieron en las residencias sin ninguna ayuda médica ni soporte sanitario, ahogados en sus dificultades respiratorias, sin ningún cuidado paliativo y en la más absoluta soledad y desamparo. Ante esta tremenda injustica denunciamos legal y moralmente estas actuaciones por las siguientes razones:
1. Las autoridades autonómicas que dieron estas órdenes han vulnerado la Constitución Española que en su artículo 43 (cap. III: “De los principios rectores de la política social y económica”) del Título I de la Constitución. El artículo 53.3 de la Carta Magna dispone que el reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el mencionado capítulo informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos.
2. Alegar que el motivo para dar unas normas que contravienen gravemente lo dispuesto en la Constitución se justifica porque la pandemia nos había pillado a todos por sorpresa, que los hospitales estaban desbordados, que había que descartar a los que tuvieran menos posibilidades de curación (es decir, que su vida valía menos que la de otros más jóvenes o con menos patologías), es una tremenda falacia, pues había soluciones que no se han puesto en práctica. A modo de ejemplo: se podían haber derivado a hospitales privados puestos a disposición de las autoridades, haber medicalizado las residencias o habilitar más centros para atender a pacientes de Covid-19. Si en algo se debería haber gastado el dinero público, es decir, de todos es en estas medidas. Consta que la Comunidad de Madrid no derivó a hospitales privados que sí tenían capacidad y recursos para atender a pacientes. Los residentes que tenían seguro privado de salud sí fueron derivados a hospitales privados. ¿Dónde queda la igualdad de todos los españoles en deberes y derechos? ¿Qué conlleva un seguro privado que sea superior en prestaciones básicas al contrato social que regula el Sistema Nacional de Salud? Las autoridades autonómicas de Madrid, tan proclives a privatizar los servicios públicos, han propiciado esta injusticia.
3. Los geriatras de enlace tendrían que haberse negado a cumplir las directrices autonómicas por los siguientes motivos: se trataba de normas ilegales que contravenían derechos constitucionales; además. eran normas inmorales puesto que al no prestar la ayuda debida se dejaba morir de “mala manera” a muchos mayores; y se pedía a los geriatras de referencia algo intrínsecamente contrario a la deontología propia de su profesión que exige salvar vidas, no dejar morir de cualquier manera. ¿Por qué estos médicos especialistas no desobedecieron las
2


normas dadas por las autoridades sanitarias de la comunidad autónoma? Stanley Milgran, psicólogo norteamericano, en 1961 hizo un experimento para medir la disposición de un participante a obedecer órdenes de la autoridad, aunque estas produjeran sufrimiento insoportable y entraran en conflicto con la conciencia personal. El 20% de los participantes se negó; el resto de los participantes cumplieron las órdenes justificándose en la “obediencia debida”, aunque reconocían que las órdenes eran manifiestamente injustas e inmorales. Milgran se hizo estas preguntas: “¿La obediencia que se rinde al superior jerárquico es circunstancia eximente de responsabilidad en los delitos? ¿Seremos capaces, antes de determinadas decisiones, de actuar en base a nuestra responsabilidad, antes que justificarnos en la obediencia debida?” La objeción de conciencia es la “última barrera al mal”. El sentido de la Justicia obliga a desobedecer, porque hay algo superior a las leyes positivas. Por eso la objeción de conciencia ante determinadas órdenes ilegales e inmorales es un deber. En caso contrario, como ha ocurrido en la primera ola de la pandemia, aparece la “banalidad del mal”. Esta expresión la elabora Hannh Arendt después de comprobar cómo Adolf Eichmann en el juicio al que fue sometido en Jerusalén se justificaba con mucha frialdad diciendo que había obedecido órdenes y que cumplió con su trabajo (“exterminar judíos”). Detrás de la “banalidad del mal” se esconde el mal a gran escala, tanto cualitativa como cuantitativamente. Al respecto, el Tribunal Supremo de nuestro país ha dictaminado que no cabe la exención de responsabilidad por actuaciones “por razón de la obediencia debida”, ni siquiera en la jurisdicción militar. El ordenamiento legal en una democracia “obliga al no cumplimiento de una orden que constituya delito o infrinja el ordenamiento jurídico”. Y el pleno de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo dice que “no debe confundirse la obediencia jerárquica con la obediencia debida”. En un sistema democrático “prima el cumplimiento de la ley, de la que proviene toda autoridad, y no es posible ocultarse detrás de una orden para incumplir una ley y no tener responsabilidad, pues nadie está por encima de la ley”.
4. Lo dicho en el punto anterior referido a los geriatras de referencia valdría, en su grado de aplicación, a los directores, gerentes y presidentes de patronato de las residencias, pues también ellos tendrían que haberse negado a obedecer las órdenes de las autoridades sanitarias de la comunidad y las decisiones de los gerentes de referencia. ¿Qué habrían podido hacer? Denunciar estos hechos a la Fiscalía, llevar este gravísimo asunto a la opinión pública, haber conjuntado a los familiares de los residentes para una acción común, haber llamado a ambulancias privadas para el traslado de residentes enfermos (y después pasar la factura a la administración), etc. Se limitaron a declararse impotentes, desbordados y, como buenos eslabones de la cadena, a pasar la responsabilidad a los que estaban por encima, administración autonómica y geriatras. El resultado ha sido la muerte de muchos residentes en situaciones dramáticas. Es necesario esclarecer las diferentes responsabilidades sin obviar este asunto diciendo que “en todos los sitios ha pasado lo mismo”; hay responsabilidades personales que son ineludibles. Sin duda alguna algo más, mucho más podrían haber hecho los responsables. Pensemos por un momento si la mayor parte de los geriatras se hubieran negado a cumplir las órdenes, ¿qué habría pasado? Si los responsables de las residencias se hubieran movilizado y movilizado a los familiares y a la sociedad, ¿qué habría pasado? Sin duda alguna, las cosas hubieran ido por otros cauces.
3


5. Dwight Macdonald escribió en 1945 en el escrito “La responsabilidad de los intelectuales”: “Qué maravilloso es la capacidad de poder ver justo lo que se tiene delante”. Especialistas en ética filosófica, expertos en jurisprudencia, teólogos moralistas, especialistas en Bioética, etc., deberían ayudarnos a clarificar y a valorar jurídica y moralmente lo sucedido en las residencias. No podemos quedarnos pasivamente en las “convenciones instituidas” como una manera fácil de “eludir las complejidades morales e intelectuales” ante las actuaciones con los mayores en residencias en los meses de marzo y abril. No podemos, por omisión, hacer que los graves errores de nuestros gobernantes y de los que ejecutaron sus órdenes queden como algo inevitable y, por tanto, excusable. Ojalá veamos “lo que tenemos delante”.

Dice Isaac Asimov: “1. Un robot no puede hacer daño a un ser humano o, por inacción, permitir que un ser humano sufra daño. 2. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estas órdenes entrasen en conflicto con la Primera Ley”. La obediencia de un profesional en la administración no es la obediencia de un autómata. El profesional razona, tiene conciencia y es responsable de sus actos. Por lo mismo, ha de rechazarse que los que así actuaron (geriatras y responsables de las residencias) sean un “diente de una rueda” en una maquinaria que por dejación en la prestación de auxilio sanitario ha sido una máquina de muerte.
Madrid, 16 de octubre de 2020
Jesús Sastre García

El envejecimiento activo, en riesgo por la pandemia


La alerta sanitaria reduce las actividades y posibilidades de socializar para la gente mayor, clave para mantenerse conectados, aunque con las tecnologías y medidas de seguridad algunas consiguen reinventarse.
a pandemia ha reducido los espacios de ocio y socialización. Esto afecta de manera especial a la gente mayor jubilada: la disminución de los impulsos para salir de casa y tener contacto con el exterior pone en riesgo el envejecimiento activo y puede acabar lastrando su salud física y emocional.
Margarida Martorell estaba acostumbrada a llevar una vida activa, con actividades cada día de la semana. El coro y el aula de extensión universitaria en los que año tras año participaba en Tarragona, donde vive, no se han activado este septiembre. Tampoco la temporada de conciertos de las Juventudes Musicales a los que iba casi cada semana. “Te afecta, y tanto. Sobre todo por las tardes. Ahora estoy mucho más en casa que antes”, explica. También iba al gimnasio pero, aunque está abierto, prefiere evitarlo porque le da miedo contagiarse. “Estar sola en casa es pesado, aunque lea o haga las tareas de la casa, como siempre. La vida ha cambiado y me parece que estaremos mucho tiempo así”, añade, pensativa. Margarida señala el apoyo que recibe de su familia, pero echa de menos su vida de antes.
La disminución de los impulsos para salir de casa y tener contacto con el exterior pone en riesgo el envejecimiento activo
Muchos equipamientos y actividades se han reiniciado después del confinamiento, pero algunas no. Es el caso del aula de extensión universitaria de la Universitat Rovira i Virgili (URV), a la que acudía Margarida. Fuentes de la universidad apuntan que por la franja de edad a la que se enfocan, hacer las clases en línea es complicado y ahora no pueden permitirse volver a la presencialidad. “Nuestros alumnos reclaman hacer clases presenciales, lo necesitan. Pero nuestra responsabilidad como universidad es pararlas hasta que la pandemia no sea un peligro para ellos”, alegan.
Actividades que empoderan
Entre los equipamientos que sí estan en marcha están los casals de gent gran o casals cívics de la Generalitat. Se trata de una red de 130 espacios inicialmente enfocados exclusivamente a los mayores pero que en los últimos años han virado hacia una oferta intergeneracional. En junio empezaron a reabrir algunos de sus servicios -como peluquería o podología- pero ha sido en septiembre cuando han recuperado la parrilla de actividades. “Hemos priorizado las actividades relacionadas con el bienestar emocional y físico y las que dan competencias sobre el uso de tecnologías, pensando en la situación actual y las futuras que podrían venir”, explica a El Quinze Bernat Valls, director general d’Acció Cívica de la Generalitat. Además de reducir el aforo de las actividades presenciales al 50% y garantizar las medidas de seguridad, han empezado a combinar un formato mixto, con algunas sesiones en línea.
Lara Francolí, responsable del Casal Can Roca en Terrassa (Vallès Occidental), explica que han visto reducida la demanda en un 50%. Aún así, “la mínima actividad que pueden hacer la agradecen. Hay gente que nos dice ‘me arriesgo a venir, porque necesito salir de casa'”. La ventilación frecuente de los espacios, la distancia, el uso de mascarilla y gel hidroalcohólico son las medidas principales que garantizan la seguridad del espacio. Francolí señala que algunos usuarios se han echado para atrás después de hablar con la familia. “Ellos asumen el riesgo pero la familia a veces se preocupa”, explica.


Miedo y pereza
“Nos afecta y nos preocupa a todos. Hemos luchado para tener un envejecimiento activo durante años. Ahora, después de meses sentados en el sofá, volver a reemprender la actividad nos están costando mucho. No socializamos como antes”. Josep Carné es el presidente de la Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya (FATEC). Ya sea por miedo o por pereza después de la inactividad del confinamiento, Carné sostiene que esto está teniendo efectos a nivel físico, cognitivo y social. Las condiciones no ayudan: “Mucha gente dice que para ir así, se quedan en casa. Esto para la gente mayor es nefasto”.
Emma Pons Valls
FATEC advierte que retomar la actividad tras el confinamiento está costando, ya sea por miedo o por pereza
Carné subraya que temen el efecto que esto puede tener en la soledad de la gente mayor. “Desde FATEC intentamos sensibilizar para que se muevan y vuelvan a la vida normal”.
Pilar Monreal, doctora en Psicología y jefa del grupo de investigación Envejecimiento, Cultura y Salud de la Universitat de Girona (UdG) pone énfasis en que “de personas mayores hay muchos tipos distintos, hay mucha diversidad”. “Demasiadas veces tendimos a asociar envejecimiento con personas con carencias o dependencia, pero cada vez tendremos más personas mayores preparadas y empoderadas. Hay que pensar en ellas”, sostiene.
Monreal defiende un planteamiento basado en los derechos y en la capacidad de la gente mayor de ser “ciudadanos activos”. Para la investigadora, las personas que ya eran activas anteriormente ahora lo pueden seguir siendo, a través de las nuevas tecnologías o buscando alternativas, como sustituir el gimnasio por el deporte al aire libre, o jugar a las cartas por ordenador.


Yoga por Zoom
Eso es lo que han hecho Teresa Tuset y Jesús Getán. Teresa ya no va al gimnasio, pero sale a andar tres veces por semana con las amigas por Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat), donde viven. Sigue un curso de escritura y otro de yoga por Zoom. “Lo único que echo de menos son las salidas que hacíamos con los amigos, al teatro, al cine, a conciertos… Esto lo hemos limitado”, señala Teresa. Jesús cuenta que prácticamente no van a Barcelona, y cuando lo hacen van a sitios al aire libre. “Todos los eventos musicales los hemos dejado. Los conciertos de jazz a los que íbamos eran en salas cerradas y pequeñas. Ahora lo vemos por televisión”, explica.
Con los amigos y la familia se reúnen por videoconferencia. “Intentamos no cortar la actividad social de raíz”, apunta Teresa. Por suerte, tienen jardín y Jesús dedica horas a su cuidado. También ha podido retomar las clases de piano que hace en una academia. “Dentro de todo, nos lo vamos montando bastante bien”, concluyen.
Buscar referentes para mantener la actividad
La jefa del grupo de investigación Envejecimiento, Cultura y Salud de la Universitat de Girona (UdG), Pilar Monreal, anima a la gente mayor a “buscar referentes” para conseguir información y poder mantener la actividad de forma segura y responsable. “Podemos salir. La solución es empoderar a las personas mayores para que tengan herramientas para poder decidir”, apunta. La profesora universitaria recuerda que la salud no es sólo la ausencia de enfermedad sino también “sentirse útil y partícipe”, y señala que ahora las personas mayores tienen un perfil distinto que años atrás: “Depende de la época que has vivido, esto marca el envejecimiento. Como has vivido te lleva a envejecer de una forma u otra”.