Residencias de mayores en España

España tiene 35.000 personas con gran dependencia sin atender por falta de plazas en residencias de mayores

Además, el país necesita al menos 76.000 plazas más en residencias de mayores para alcanzar la ratio recomendable.

El ministerio de Belarra lanzará una ley de Servicios Sociales que consolidará las prestaciones básicas en toda España

JOSE CARMONA

España necesita al menos 35.000 plazas para atender la demanda actual de personas en dependencia severa o grandes dependientes y requiere la creación de al menos 76.350 plazas en residencias de mayores para alcanzar el ratio de cico plazas por cada 100 personas mayores de 65 años.

Estos son los datos arrojados por el último informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que analiza el estado de las residencias de mayores tras el impacto de la covid-19. 

El informe registra el estancamiento del número de plazas en residencias de mayores. En 2021 han aumentado los números totales apenas un 2%, un aumento de 7.766 plazas, muy lejos de los números que esta asociación estima como necesarios. Andalucía y la Comunidad Valencia, con 31.475
y 23.485 respectivamente, son las regiones de España con mayor déficit de plazas. 

«Si en 2014 faltaban 53.103 plazas para alcanzar la ratio del 5%, en el último año este déficit alcanza las 76.350»

«Si en 2014 faltaban 53.103 plazas para alcanzar la ratio del 5%, en el último año este déficit alcanza las 76.350. Según los últimos datos oficiales hay en lista de espera de ser atendidas 80.862 personas con Grado II y III, más 60.000 pendientes de valorar, que previsiblemente obtendrán uno de esos grados, lo que eleva el número hasta las 140.862 personas», concluye este informe en materia de Servicios Sociales. 

El informe identifica a Castilla y León y Castilla-La Mancha como las Comunidades con mayor cobertura de plazas de financiación pública, seguidas de Extremadura y Aragón. Por contra, las regiones con menos plazas de financiación pública son Canarias y la Comunitat Valenciana, que no alcanzan un 1,5%. Madrid es la única Comunidad donde las plazas exclusivamente privadas tienen una cobertura mayor (2,53%) que las de financiación pública (1,83%). 

Alcanzar ese ratio, 5 plazas por cada 100 personas mayores de 65, aunque es una aspiración aún inalcanzable para la mayoría de comunidades autónomas, también puede llevar a engaño, según apunta el informe, puesto que la media de edad de las personas en residencias es de 85 años. Por tanto, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales concluye con una reclamación al IMSERSO, y es que proponga al Consejo Territorial un acuerdo para fijar una ratio «más adecuada a la sociedad actual y a la situación y demandas de las personas mayores, contando para ello con el asesoramiento de las organizaciones científicas y las entidades del sector».

La semana pasada, Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, anunciaba un anteproyecto para diseñar una ley de Servicios Sociales que obligue a las Comunidades Autonómas a diseñar un acuerdo de mínimos en torno a esta materia. Con esta ley, que deberá pasar por el Congreso de los Diputados y aspira a ser aprobada en torno a junio y julio, se intentan corregir las enormes desigualdades que existen entre las diferentes regiones de España en materia de Servicios Sociales.

Oportunidad para vivir felices en la tercera edad

Unir lo individual a lo colectivo y lo espiritual

Centro Residencial CONVIVIR (Horcajo de Santiago, Cuenca)

Por Pedro Pierre

Los ‘chats’ tienen sus perlas en medio de mucha basura. Otra debilidad es que se limitan en su gran mayoría a los aspectos individuales de las personas. El último que acabo de leer insiste sobre el aprovechamiento del momento presente porque es lo único que poseemos: el pasado ya pasó y no lo podemos cambiar, y el futuro tampoco lo tenemos. Lastimosamente llenamos el momento presente de mucho individualismo y consumismo que eliminamos lo sabroso que podría ser mediante más fraternidad y más espiritualidad, porque he aquí las tres componentes para una vida más feliz: Juntar lo individual al colectivo y a lo espiritual.

Eso es el proyecto de mi amigo Claudio en un pequeño lugar del sur de Francia. Lo conocí con ocasión de una reunión en Paris. Tuvo la gentileza de prestarme varias veces un cuartito en su departamento durante unos 15 días. Y nos hicimos amigos. Él es jubilado, un poco mayor que yo, y trabajaba con varias asociaciones para la animación de barrios parisinos. Además, eran un grupo de amigos que trabajaban juntos para llevar adelante una mejor vida colectiva.

Un día, entre una docena de personas, decidieron poner en marcha un proyecto de habitación comunitaria para ellos mismos en un mismo terreno. Eran familias, viudos, solteros, con niños y jóvenes. Empezaron a vender sus departamentos parisinos para comprar dicho terreno…

Descubrieron que eran, al nivel del país en esa época, a lo menos una docena de grupos con esta misma opción de vida comunitaria, algunos de los cuales ya lo estaban viviendo. Conocieron en una comuna del sur de Francia a un alcalde que quería hacer urbanizaciones con esa característica más comunitaria. Optaron por comprar un terreno en su comuna para trabajar juntos. Comenzaron el proyecto hace 2 años.

Al mismo tiempo mi amigo Claudio con 2 compañeros más se inscribieron a un taller de Taoísmo con reuniones mensuales virtuales y presenciales, para entender la dimensión espiritual de la vida y conocer las espiritualidades de las grandes religiones. Me escribe que es para unificar mejor las tres dimensiones de la vida: lo individual, lo comunitario y lo espiritual… ¡Menuda iniciativa en este mudo tan convulsionado y violento!

Hace unas pocas semanas, mi amigo Claudio me escribe muy contento, diciéndome que tiene en sus manos las llaves de su casa muy sencilla y la de un edificio colectivo donde están la cocina, la biblioteca, las salas de reuniones, de recreaciones, con unos cuartos para acoger las amistades… En cuanto al proyecto municipal de urbanización, este avanza y los futuros propietarios se están reuniendo para preparar con el alcalde y este grupo de innovadores esta nueva manera de vivir más comunitariamente.

A nosotros nos queda el ejemplo y la lección: juntar en nuestras vidas lo individual con lo comunitario y lo espiritual. ¿A eso estamos trabajando? ¿O nos dejamos llevar por el ambiente individualista, consumista y materialista? Al nivel individual, nuestra opción de vida depende de cada uno de nosotros, porque nadie nos obliga a vivir insatisfecho, agresivo, solitario, perdido o amargado. Claro, esto significa que no decidimos sin pensar cual va a ser la profesión que mejor nos convenga, el estilo de vida matrimonio que vamos a llevar, el lugar donde vamos a habitar, los valores que queremos promover, la fe que seguimos…

Pero muchos prefieren dejase llevar por el ambiente individualista que nos rodea, porque nunca toman el tiempo en pensar cómo orientar su vida personal. Prefieren los vicios, los malos amigos y el dinero fácil y mal habido… Así descartamos las oportunidades de dejar los malos rumbos, de optar por más fraternidad y sencillez de vida, de elegir amistades que nos hacen bien, de continuar hacia una fe más madura y comprometida…

Al nivel colectivo, estamos bastante mal en nuestro país porque hemos dejado que el individualismo nos domine. Solos no podemos enfrentar los desafíos de una vida más feliz. A pesar de todo, siempre podemos encontrar gente decidida a avanzar en una vida más comunitaria para lograr enfrentar y resolver los problemas que nos ahogan. En todos nosotros están sembrados los valores y las capacidades que nos permitan salir adelante… pero siempre será juntos y gracias a otros que lo lograremos. Nada es imposible si decidimos unirnos para “ganar la partida” y no “perder la vida en el intento” individual.

En lo espiritual, el papa Francisco pasó a ser el gran líder de una humanidad diferente. A los cristianos y ‘los hombres y mujeres de buena voluntad’, nos propone un humanismo y una espiritualidad para nuestro tiempo. Condena incansablemente el sistema capitalista de organización social “que hace a los ricos más ricos a costa de los pobres más pobres”, que fomenta el hambre, la violencia, la migración. Nos invita repetidamente a vivir “la fraternidad sin frontera, la amistad social, el amor político y una espiritualidad liberadora”. De esta manera, nos dice, podremos llevar adelante una transformación estructural de la Iglesia católica, poner en marcha la ‘sinodalidad’ para que las y los cristianos nos empoderen de nuestro bautismo, siendo “profetas, sacerdotes y reyes-pastores”, es decir, ser responsables juntos de nuestra manera a seguir a Jesús de Nazaret y construir en este mundo la fraternidad y la justicia, o sea, el Reino de Dios.

Nuestro tiempo, como todos los tiempos, tiene las 2 caras de una misma moneda: los aspectos desastrosos y las oportunidades para vivir bien. Se trata de ayudarnos a emprender el camino de la fraternidad contra el individualismo mortal, de la coherencia contra la facilidad engañosa, de la espiritualidad contra el vacío de una vida desordenada. Siempre hay oportunidades para ser felices si juntamos lo individual con lo colectivo y lo espiritual.

NOTA: Me uno a este artículo de Pedro Pierre, queriéndolo concretar en el Centro Residencial para Mayores, donde resido desde hace unos años (Foto arriba)
Daniel Sánchez Barbero

Las macroresidencias privadas a examen

Las macrorresidencias privadas, epicentro de un descalabro: más muertes por covid que en las públicas

Decenas de personas convocadas por la Asociación Plataforma por la Dignidad de las personas Mayores se manifiestan este martes 15 de junio contra Ayuso por su gestión de las residencias
Decenas de personas convocadas por la Asociación Plataforma por la Dignidad de las personas Mayores se manifiestan este martes 15 de junio contra Ayuso por su gestión de las residencias. 

Un estudio demuestra que la mortalidad de la covid fue mayor en las macrorresidencias privadas. El formato menos lesivo durante la pandemia, apunta este informe, es el de residencias públicas de menos de 25 plazas. 

JOSE CARMONA@JOSECARMONAGILO

Pasan los meses y cada vez hay más certezas al respecto. Las macrorresidencias de mayores, gestionadas por empresas privadas, tuvieron una mortalidad considerablemente mayor durante la primera ola de la covid-19 que las residencias de gestión pública. 

Cuanto mayor es el tamaño de la residencia, más riesgo de muertes por covid-19 hay, una tendencia mucho más acusada cuando la residencia es privada y es de más de 100 plazas, las llamadas macrorresidencias a las que el Ministerio de Asuntos Sociales pretende poner coto. Esa es la conclusión a la que llega el estudio Covid-19 y personas mayores en residencias: impacto según el tipo de residencia, realizado por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y publicado y premiado por la Revista española de geriatría y gerontología.

La investigación dirime los resultados de la primera ola de covid, en la que el 86% de los fallecidos fueron personas mayores de 70 años. Hubo comunidades autónomas como Madrid, donde murió el 22% de toda la población geriátrica. Los datos de la capital, que con Ayuso al frente dio la orden de no derivar a urgencias a mayores de residencias, muestran por tanto que con las mismas condiciones y las mismas políticas desde la administración, las residencias privadas tuvieron unos resultados peores respecto a las públicas.

En toda España, los datos oscilaron considerablemente al medir qué porcentaje del total de fallecidos eran mayores ingresados en residencias. La región con datos más bajos fue Islas Canarias con un 11,92%, mientras que en Aragón se disparó hasta el 88,26%.

«El tamaño de la residencia es estadísticamente significativo y claro», asegura la investigación, y concluye que «se ha observado que las macrorresidencias privadas son las más vulnerables a brotes de alta letalidad durante la primera oleada«. Además, los datos también revelan que las residencias donde la letalidad de la covid fue menor tenían una gestión pública y no superaban las 25 plazas.

Son varias las investigaciones que han llegado a estas conclusiones. Otro estudio publicado en la revista Epidemiología aseguraba que el número de muertes en Madrid fue mucho más elevado en las residencias gestionadas por la empresa privada que en aquellas de gestión pública. Hasta un 15% de diferencia. 

La problemática de las macrorresidencias fue abordada por el Ministerio de Asuntos Sociales, que a través de un acuerdo con las comunidades autónomas ha puesto freno a este modelo de residencias. Los centros proyectados tras la aprobación no podrán superar las 75 plazas residenciales cuando se encuentren ubicados en zonas rurales o zonas escasamente pobladas, no podrán superar las 90 plazas si se encuentran ubicados en localidades o zonas de densidad intermedia y no superarán las 120 plazas cuando estén ubicados en ciudades o zonas densamente pobladas. El límite quedará fijado en un máximo de 50 plazas para aquellos centros cuya atención se destine a personas con discapacidad.

En estas unidades convivirán un grupo reducido, que en ningún caso podrá superar las 15 personas residentes, de forma que se pueda garantizar un funcionamiento tipo hogar. Las Comunidad Autónoma o administración que tenga la competencia podrán excepcionar a los centros cuya construcción se haya iniciado con carácter previo a la aprobación del presente acuerdo del cumplimiento de este requisito cuando la adaptación al mismo se demuestre inviable por razones arquitectónicas.

Residencias o morideros: dignidad o negocio

Por MARTA NEBOT

Ayer, unas 1.000 o 5.000 personas, dependiendo de quién contara, se manifestaron en Madrid convocadas por la Plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuarias de Residencias para Mayores y para Personas Discapacitadas para reclamar otro modelo de residencias.

En el manifiesto que hicieron público y en su convocatoria pedían una gran movilización social que no sucedió.

Ni los versos que dedicó Serrat a la cita y a la causa ni el apoyo de Miguel Ríos movieron a las masas. Y es que hay una cantinela que de tanto oírla se nos ha metido en el cerebro y nos paraliza.

Cada vez que escucho «no hay dinero» cuando hablan de la reconversión del modelo de residencias de ancianos me dan ganas de arañar pizarras, tirarme del pelo, gritar hasta partirme la garganta. Decir que no hay dinero para eso en un país rico –siempre salimos en todos los rankings entre las veinte economías más destacadas del mundo– es un chiste malo o un insulto a la inteligencia colectiva. Viajar un poco arregla rápido las cabezas que no ven que este es un país en el que hay mucha pasta.

¿No hay dinero para que no se nos deshidraten nuestros viejos? ¿No hay dinero para que no les aten con correas o con fármacos o para que su alimentación sea la adecuada? ¿No se puede buscar la manera de que sus familias puedan visitarles cuando les dé la gana, de que sus cuidadores tengan contratos estables para que no cambien cada media hora? ¿No sería mejor que todos los que pudieran se quedaran en sus casas y en sus entornos con la ayuda domiciliaria necesaria? ¿En serio? ¿No hay dinero es el argumento cuando hay todo un entramado internacional con pingües beneficios, incluso en paraísos fiscales, dedicado a este negocio? ¿No hay dinero cuando la mayoría de sus víctimas pagan copagos, se dejan la pensión en esas cárceles, incluso venden sus casas para darse el lujo de ser malcuidados?

Lo que se ha perdido no es el dinero, sino la vergüenza y el sentido de lo público y de lo trágico de la vida. Todos, o al menos los más afortunados, seremos ellos y no todos tendremos la pasta necesaria para las residencias de lujo, que haberlas también haylas.

Esta semana ha vuelto el tema a la palestra porque un residente valiente, apasionado y con labia se ha plantado en el ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes y ha denunciado lo que sigue pasando, callando todas las bocas que no han hecho nada más que hablar.

Mariano Turégano, de 82 años, simplemente ha contado lo que han sufrido en su residencia este verano: «Habitaciones a 40 grados», «comida deleznable», «deshidrataciones que les han llevado al hospital».

Y, como pasa siempre, las víctimas siempre tienen la razón. Nadie contradice en público a alguien que conmueve al respetable. La cuestión es si se les da algo más que buenas palabras, algo más que parches momentáneos.

A raíz de su denuncia, la Comunidad de Madrid y su presidenta, Ayuso, han declarado que lo van a arreglar, que ya han tomado cartas en el asunto.

Ver sus declaraciones compungidas también me da ganas de gritar hasta el infinito y apuesto a que le pasaría lo mismo a cualquiera que se entere un poco de los entresijos del asunto, vote lo que vote.

Hace menos de tres meses, el 28 de julio, se hizo público el acuerdo en el Consejo Territorial para mejorar el sistema de residencias y de cuidados de los mayores. La votación salió adelante 10 a 9. Votaron en contra las comunidades y ciudades autónomas gobernadas por el PP, las gobernadas por nacionalistas y García-Page.         El Ministerio de Derechos Sociales propone el texto y  arbitra las negociaciones para conseguir mayoría de votos de las comunidades, pero no vota. Se reunió primero con la Mesa de Diálogo Civil y con la Social, con familiares y con sindicatos. De esas reuniones salió un primer borrador, que luego se fue rebajando para conseguir el acuerdo. Por eso no están contentos con el acuerdo final los que hicieron aportaciones al primer borrador, aunque el último mejore sin duda lo que hoy tenemos.

Los buenos acuerdos dejan descontento a todo el mundo, me dijo una vez alguien que sabe mucho de eso. Este Consejo Territorial ha conseguido, desde 2020, 31 acuerdos; 29 por unanimidad, 1 con el voto en contra de Madrid –el que redistribuía menores que entraron por Ceuta y Melilla entre las diferentes comunidades– y este último con el resultado mencionado, después de muchísima negociación. Entre 2014 y 2019, el Consejo Territorial anterior solo cerró 5 acuerdos. Voluntad de consenso no falta.

El nuevo modelo residencial da diez años para reconvertirse y no cierra nada. El acuerdo pactado compromete una ratio de 51 cuidadores (43 gerocultores + personal profesional de segundo nivel –enfermeras, terapeutas ocupacionales, psicólogos-) por cada 100 usuarios para 2030, que se alcanzará con un incremento progresivo cada año. Las plataformas de familiares piden 113 profesionales por cada 100 mayores, lo que garantizaría la presencia de un trabajador por cada cuatro residentes en los turnos de mañana y tarde y de uno por cada diez por la noche. Cifras cercanas al modelo de los países nórdicos. Y no es que el ministerio no quiera ese modelo, es que las comunidades autónomas no lo han querido porque no quieren pagarlo.

Hoy no hay una ratio estatal. Cada comunidad tiene la suya sin límites. Por ejemplo, en Galicia oscilan entre 20 y 35 trabajadores por cada 100 usuarios; en Cataluña, 25 y en Madrid, 47.

Sin embargo, estos números se los lleva el viento según los Marianos y sus familiares que se atreven a contar los hechos porque no se hacen las inspecciones que obligarían a que los cuidados mínimos se cumplan, a penalizar seriamente a quien maltrate a un solo mayor.

Fuentes cercanas al ministerio confirman que en el acuerdo no se pudo especificar nada a este respecto porque las comunidades consideraban que las inspecciones –que brillan por su ausencia– son solo competencia suya.

En Alemania, las inspecciones no solo son como mínimo anuales, sino que además son públicas y se exponen a las puertas de estos centros.

Y, volviendo a lo de los dineros, el gasto en los mayores se ha incrementado un punto por año desde que empezó el Gobierno de coalición. Del 0,7% del PIB ha pasado al 1%. De 7.000 a 10.000 millones. La OCDE marca un 1,6–1,8% como la media de gasto en estos derechos mínimos. Es decir, falta mucho, pero su presupuesto ha crecido 3.000 millones en menos de tres años. De los fondos europeos se prevén 2.000 millones para la reconversión del modelo. El Ejecutivo ya ha transferido 700 millones para la transformación de residencias. Hay dos proyectos en marcha para dar asistencia domiciliaria hasta final de vida y para retornar de las residencias a sus casas y están funcionando, incluso con mejores números, es decir, más baratos. Porque el camino es más vida independiente y menos hospitalaria, en el mal sentido. Lo dice Europa –es la estrategia de cuidados que está marcando– y lo confirma el sentido común, si lo pensamos en primera persona.

Así que cuando la patronal de las residencias, de cuya gestión depende el 90% de las que tenemos, en las que residen cerca de 400.000 ancianos, dice que con esta nueva normativa ha perdido inversores, tenemos que alegrarnos. El modelo de morideros gigantescos tiene los días contados.

Y cuando dicen que no hay dinero pensemos que simplemente mienten, que es que quieren seguir ganando lo mismo o más;  y que, probablemente, para que las residencias sean vivibles tengan que ganar menos.

Esperemos que el Gobierno sea valiente y encuentre la manera de obligar a las comunidades que votaron que no a cumplir lo acordado. Es menos de lo que queremos pero es un comienzo y no podemos permitir que se nieguen a cumplir con el mínimo que ellos mismos han acordado: unidades convivenciales de 15 personas en residencias de un máximo de 120 residentes, y que las grandes dividan su espacio en estas unidades para que puedan ser hogares y dejen de ser centros penitenciarios.

Exijamos simplemente que cumplan lo que acuerdan*, que asuman sus leyes. Ese debería ser nuestro mínimo.

*Anexo con  los principales puntos del acuerdo del Consejo Interterritorial:

Transformación y modernización del modelo de cuidados y apoyos con enfoque de derechos humanos

Derecho a la atención y apoyos personalizados

Derecho a una atención libre de sujeciones

Sin nuevas macro-residencias

Residencias con ambiente hogareño, lo más parecido a un hogar

Participación de las familias

Derecho a la intimidad y privacidad

Personalización de los espacios y entornos amigables

Ubicación en el entorno comunitario

Mejora de los servicios domiciliarios

Más profesionales de atención directa cuidando y prestando apoyos

Mejora de la calidad del empleo

Mejora de la coordinación social y sanitaria

Cultura de la evaluación de la calidad

Otro modelo de residencias es posible

Centenares de personas se plantan contra el modelo de residencias: “Basta de negocios con nuestros mayores”

Una larga columna de gente desfila por Madrid para denunciar las paupérrimas condiciones de las residencias actuales y para pedir un nuevo modelo de gestión pública

Informe Especial — Nada ha cambiado en las residencias dos años y 32.000 muertos después

Manifestación en Madrid con el lema «Otro modelo de residencias es posible» Javier Lopez

Alberto Ortiz

La pandemia de coronavirus sigue cediendo y en algunos casos es ya un simple recuerdo. Es difícil, sin embargo, olvidar lo ocurrido en las residencias en 2020. Allí fallecieron 20.000 personas según los registros oficiales –aunque las organizaciones estiman que fueron 30.000– durante los peores meses de la crisis sanitaria. Algunas decisiones políticas y las paupérrimas condiciones fueron terminales para muchos residentes. Las asociaciones que agrupan a los familiares y a los usuarios han decidido movilizarse, esgrimir un “¡basta ya!” a esas condiciones y pedir un nuevo modelo asistencial basado en la protección pública y en el aumento del personal de cuidados.

Cientos de personas han cruzado este sábado la Gran Vía, epicentro del capital en la ciudad, con un mensaje rotundo contra la privatización de los centros de mayores y dependientes. “A su robar, hoy llaman privatizar”. “Dignidad y respeto”. “Derechos humanos al anciano”. “Sin enfermeras no hay cuidados”. Son las consignas impresas en las pancartas que desfilaban por la céntrica calle madrileña, a la que han llegado personas de todas partes de España, vinculadas a diferentes colectivos de familiares de residentes y usuarios de estos centros. La manifestación ha partido desde la Plaza de España y ha alcanzado la Plaza del Callao, donde la periodista Rosa María Artal ha leído un manifiesto titulado ‘Basta Ya’, con un compendio de las medidas que reclaman a las comunidades autónomas, en las que están delegadas las competencias de dependencia.

“¡Por nuestros mayores!”, gritaba un grupo de personas pocas horas antes del comienzo de la marcha, al encontrarse con un otro de manifestantes en Plaza de España. Llevaban banderas andaluzas y carteles con las caras de sus familiares. Una chica se emocionaba al ver llegar a tanta gente. “Son muchos sentimientos encontrados, son muchos años de pelear”, explicaba a este diario con los ojos empañados. Su nombre es Esther Pascual, que junto a otro grupo de familiares fundó la asociación ADBAR en la Comunidad Valenciana. Lo hizo cuando internó a su madre en una residencia y se quedó espantada con las condiciones que vio. “¿Cómo puede ser que se acuesten sin cenar, que haya brotes de chinches, que no haya personal sanitario?”, se pregunta.

A los pocos meses de ingresar, su madre perdió 30 kg, relata: “Te dicen: se mueren porque son mayores. No, perdona, se morirán cuando toquen, pero tú no puedes acelerar ese proceso. A mi madre no le tocaba morirse”. Su madre falleció el año pasado, después de pasar por dos residencias y la pandemia. “¿Cómo le damos la vuelta a este modelo?”, cuestiona.

A su lado sujeta una pancarta Francisco Martínez, que tiene 74 años y en Navidad tuvo que operarse del corazón. Ha venido desde Elche para protestar por la situación que él mismo vive en La Saleta, la residencia en la que lleva más de una década. “Nos han tenido abandonados y olvidados. Cuando vino la pandemia hubo tal caos que nos contagiamos todos. No han sabido manejar la situación. Falleció bastante gente. Mucho abandono”, cuenta. La pandemia sacó a la luz las costuras de una gestión que ya antes era mala y que a pesar de los embates de la crisis sanitaria nadie ha decidido resolver. Hoy Francisco tiene que ayudar al escaso personal de enfermería a llevar la cuenta de las medicinas del resto de pacientes. “Es una lucha diaria. Las enfermeras más veteranas se han marchado. Entra gente nueva que está saturada porque no hay gente. Hay enfermeras que se van a la semana porque están desbordadas”, explica. Luego, enumera: persianas rotas, timbres que no funcionan y muchos radiadores que llevan estropeados meses y que ahora que se acerca el otoño nadie ha decidido arreglar todavía.

La movilización ha sido convocada por La Plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuarias de Residencias para Mayores y para Personas Discapacitadas, una entidad que agrupa a las principales asociaciones de este sector, como la Coordinadora 5+1, Rede o Pladigmare. En una carta dirigida a la ciudadanía, publicada hace pocos días, los organizadores pedían una gran manifestación para denunciar la situación que se vive a diario en las residencias y para pedir a las comunidades autónomas “un cambio de actitud y de talante” para acometer un cambio normativo que regule el funcionamiento de estos centros. 

En esa misiva, la plataforma enumeraba las principales deficiencias del sistema de residencias actual, que coincide con las descripciones de Ester o de Francisco: “La inexistencia de personal suficiente, y cualificado, para atender las múltiples necesidades de los resi­dentes; la deficiencia de la atención médica; la práctica abusiva de sujeciones físicas y químicas; el funcionamiento ausente de los servicios de inspección; las continuas violaciones de las normativas por parte de las empresas operadoras; la alimentación escasa y pobre en valores nutricionales; la ausencia de la iniciativa pública en beneficio de una consolidada red de empresas privadas usureras; unos servicios asistenciales y de cuidados paupérrimos o abandonados, etc”. Todo ello, denuncian en la carta “es el inaceptable reflejo del modelo hoy vigente de residencias”. 

Precisamente esta semana, en un pleno del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, Mariano Turégano, de 82 años, relataba las condiciones en las que se encuentran él y sus compañeros en la residencia de Moscatelares, en San Sebastián de los Reyes, unas instalaciones que dependen de la Comunidad de Madrid. “En nuestras habitaciones hemos pasado un verano de 40 grados porque la Comunidad de Madrid mira para otro lado cuando se trata de ver por la salud y el bienestar de sus ciudadanos. Algunas de nuestras compañeras y compañeros han sido hospitalizados este verano con altos niveles de deshidratación que agravan o desencadenan otras patologías”, explicaba emocionado. 

Paulino Campos, uno de los portavoces de La Plataforma y presidente de REDE en Galicia, afirma en declaraciones a este diario que el de Mariano no es un caso singular. “Marianos hay todos los días. El asunto es cómo permitimos como sociedad que se dé esta situación”, se pregunta. “¿Por qué estamos torturando a las personas mayores y a los familiares también? No es aceptable, por eso convocamos la manifestación”, argumenta.

Irene Velasco, que marcha junto a varios familiares en la manifestación, ha viajado hasta Madrid desde Alcalá de Guadaira, donde tiene a su madre ingresada. Las condiciones de la residencia, gestionada por la empresa Domus VI, tienen unas carencias que, dice, “no se pueden permitir”. “La alimentación es mala, hay fallos en la medicación, falta personal…”, resume. Esa falta de personal –no hay enfermería por las tardes, noches o fines de semana– provoca situaciones como la que se vivió hace poco: a una residente se le soltó la sonda de la alimentación, un problema que se habría resuelto rápidamente con una enfermera en el centro. El agujero de la vía se cerró y precisó una intervención quirúrgica en un hospital. “Ellos no detectan los problemas de salud, somos nosotros los que les hacemos test de covid o nos damos cuenta de que tienen una infección de orina”, protesta.

Hace poco, a su madre le cambiaron la alimentación por el deterioro de su estado a un menú de triturados, pero el centro no avisó a la familia. “No me parece que cosas tan importantes en la vida de una persona no se hagan con la suficiente delicadeza y humanidad que precisan”, comenta. Por ello, han presentado una demanda contra el centro ante la Justicia y se han asociado con otras familias en la misma situación para valorar acciones conjuntas, porque se han dado cuenta, dice, que hay problemas que son estructurales y precisan una respuesta organizada.

Un nuevo modelo de residencias

El pasado 28 de junio, el Ministerio de Sanidad y los consejeros de dependencia de las comunidades autónomas llegaron a un acuerdo sobre los criterios para garantizar la calidad de los centros y servicios de dependencia. Ese documento establece un plazo de varios meses para que las comunidades aprueben sus nuevas normativas para regular el funcionamiento de los centros. La Plataforma cree que este es un momento esencial para exigir a los diferentes gobiernos regionales “un cambio de actitud para encarar el debate público sobre el marco normativo y el modelo” de residencias y, en general, de la dependencia. 

Las asociaciones agrupadas en torno a la plataforma creen que el acuerdo alcanzado este verano se queda corto, no garantiza el cambio de modelo y no asegura “cuidados dignos y de calidad”. “No han tomado en consideración gran parte de las exigencias prioritarias de los familiares y las usuarias”, lamenta la carta enviada a la ciudadanía. Por ejemplo, el Acuerdo establece un coeficiente mínimo de 43 cuidadores por cada 100 usuarios, mientras que la petición de la plataforma era elevar ese ratio hasta un trabajador por cada cuatro residentes en los turnos de mañana y de tarde y de 1 a 10 en los de noche. “La cifra aprobada en el acuerdo perpetúa uno de los grandes dramas que arrastran las residencias: la flagrante falta de personal”, lamentan. Tampoco se tiene en cuenta, añaden, el suficiente refuerzo del personal de inspectores ni se establecen órganos de representación con la participación de familiares.,

Otro de los principales puntos que las asociaciones pedían y que no se han tenido en cuenta es la creación de residencias públicas para, argumentan, “combatir adecuadamente la obscena privatización del sector de los cuidados a personas mayores y con discapacidad”. “Lo público está ausente y eso explica parte de lo que está sucediendo. Si desaparece la administración pública, no tenemos la posibilidad de escrutar desde el servicio público y la ciudadanía lo que está sucediendo. Has dejado una tierra ancha para que entren estos malvados, que solo les interesa ganar dinero”, sostiene Campos.

Por último, las organizaciones lamentan que no se haya reflejado en ese acuerdo un compromiso para acabar con las macroresidencias “ni el espíritu de hacinamiento que transmiten”. “Se seguirán permitiendo construcciones de edificios de 120 plazas, cuando hemos propuesto que la cantidad no sobrepase las 60 camas por centro”, apuntan, al tiempo que rechazan que no haya una exigencia sobre el número de camas individuales mínimas que deben existir.

200.000 firmas ante el Congreso

Campos explica que una de las iniciativas que han impulsado de cara a esta movilización es la recogida de más de 200.000 firmas que van a presentar ante el Congreso de los Diputados, un gesto simbólico, puesto que las competencias de dependencia están transferidas a las comunidades autónomas, pero que esperan sirva de llamada de atención para todos los parlamentarios. Las firmas son en realidad una donación de las recogidas en la plataforma Change.org por el periodista Manuel Rico y el profesor Fernando Flores para pedir a la Fiscalía General del Estado una investigación sobre lo sucedido en las residencias durante la pandemia y al Congreso la creación de una comisión de la verdad para el mismo fin. A las rúbricas recogidas en esa plataforma se suman las coleccionadas por Amnistía Internacional, que también realizó una campaña en este sentido y también ha decidido donarlas para la causa. 

“El Congreso de los Diputados tendría que haber investigado y analizado lo que pasó en las residencias. Nosotros queremos pedir con estas firmas que se analice, que se investigue lo que ha ocurrido, que todavía está sin investigar y se va a cerrar en falso”, explica Campos, que pone en valor una investigación de este tipo no solo por razones de verdad, reparación y justicia, sino porque puede ser una herramienta positiva para preparar mejor una siguiente pandemia. “Por ejemplo, para saber qué porcentaje de habitaciones individuales es necesario. Es de cajón que el mayor número de muertes fue en las residencias, que fue peor en las macroresidencias y en las que más habitaciones dobles tenían. Es de cajón pero hay que demostrarlo con datos empíricos”, sostiene. 

De momento, la manifestación de hoy servirá, esperan, como una llamada de atención tanto a los políticos como a la sociedad a la que han interpelado desde el centro de la calle: “No nos mires, únete”. La concentración ha terminado en la Plaza del Callao con la lectura del manifiesto y entre canciones de Joan Manuel Serrat y el Blues de la Tercera Edad, de Miguel Ríos: “En el cristal ve su reflejo; su belleza es la dignidad; repite el mantra de un consejo; Ana, no te rindas jamás”

Las nuevas residencias de mayores

Así serán a partir de ahora las residencias de mayores

El plan diseñado por el Ministerio de Derechos Sociales de Ione Belarra fomentará la teleasistencia para que los mayores y personas con discapacidad puedan habitar en sus casas hasta que sea inevitable un ingreso.

JOSE CARMONA

El Ministerio de Derechos Sociales ha cosechado los apoyos necesarios de las comunidades autónomas para iniciar la transformación de las residencias de mayores y España dejará atrás el actual formato de macrorresidencias, obsoleto y en vías de extinción en Europa y desacreditado por la comunidad de expertos.

Con diez comunidades a favor y nueve en contra, el ministerio de Ione Belarra enfrenta un ambicioso proyecto por el que se aumentarán ratios de profesionales, reducirá el número de plazas en las residencias para dotarlas de más calidad y calidez y se fomentará la teleasistencia para que los mayores y personas con discapacidad puedan habitar sus casas hasta que sea inevitable un ingreso. 

Estos son los principales puntos del acuerdo, que tendrá que implementarse en un plazo de nueve meses y tendrá fases con un periodo de adaptación que se prolongará hasta 2030. Se ha establecido un plazo máximo de nueve meses desde la aprobación del Acuerdo para que se aprueben las disposiciones normativas necesarias para dar cumplimiento al mismo.

Un cambio de paradigma

Además de cambios de forma, una de las cosas más destacadas de este acuerdo es que toma como prioritaria la dignididad de las personas mayores. «Cada persona merece ser tratada siempre con respeto y consideración, garantizando que recibe un buen trato. Se deben conocer y respetar los derechos humanos y libertades de las personas que requiere de cuidados y apoyos, los de sus familiares y los de los y las profesionales de apoyo», sostiene el texto. 

En lugar de que las residencias sean lugares con horarios predeterminados para comer o dormir, la capacidad de decisión de los residentes tomará presencia. «El control y la participación no deben depender de las capacidades de la persona, ni de sus posibilidades de expresión de su voluntad y preferencias. Cuantas más necesidades de apoyo requiera la persona, más esfuerzos habrá que realizar para hacer efectivo su derecho a diseñar su propio proyecto de vida, y para ello es necesario hacer la mejor interpretación de su voluntad y preferencias».

Aumento de ratios de personal

El aumento de personal en las ratios de personal ha sido uno de los temas candentes el acuerdo y contaba con la oposición del sector privado. La ratio mínima de personal de atención directa de primer nivel en centros residenciales se establece en forma de jornadas completas o personal equivalente, respecto al número de plazas ocupadas.

El acuerdo incluye la posibilidad de que las comunidades que así lo consideren incrementen las ratios establecidas para personas mayores o con discapacidad que necesiten una mayor intensidad de apoyos, tanto en residencias, como en centros de días. El plan terminaría en 2030 y se da a las comunidades margen de maniobra para su adaptación.

Habrá un mínimo de 80% de contratos indefinidos y un 66% de contratos a tiempo completo (50% en caso de la ayuda a domicilio). Los centros residenciales de más de 30 plazas contarán con una persona «enlace» para la coordinación sociosanitaria, es decir, para garantizar el derecho de las personas que viven en las residencias a ser atendidas por el sistema nacional de salud.

Los turnos de los profesionales de atención directa de primer nivel se organizarán minimizando las rotaciones y promoviendo que las mismas personas apoyen a un mismo grupo de personas de forma estable teniendo en cuenta las unidades de convivencia

Límite al número de plazas residenciales

Los centros proyectados tras la aprobación del presente acuerdo por parte de las
administraciones competentes, no podrán superar las 75 plazas residenciales cuando se encuentren ubicados en zonas rurales o zonas escasamente pobladas, no podrán superar las 90 plazas si se encuentran ubicados en localidades o zonas de densidad intermedia y no superarán las 120 plazas cuando estén ubicados en ciudades o zonas densamente pobladas. El límite quedará fijado en un máximo de 50 plazas para aquellos centros cuya atención se destine a personas con discapacidad.

En la negociación de este martes se ha incorporado la posibilidad de que las comunidades autoricen nuevas residencias de hasta 120 plazas de tamaño máximo en zonas escasamente pobladas si se acreditan circunstancias excepcionales de viabilidad económica. Lo anterior no será de aplicación a centros cuyo proyecto se haya licitado por parte de las administraciones públicas, o hayan iniciado la tramitación de licencia de obra para los centros de iniciativa privada, con anterioridad a la aprobación del presente acuerdo. En estas unidades convivirán un grupo reducido, que en ningún caso podrá superar las 15 personas residentes, de forma que se pueda garantizar un funcionamiento tipo hogar. Las Comunidad Autónoma o administración que tenga la competencia podrán excepcionar a los centros cuya construcción se haya iniciado con carácter previo a la aprobación del presente acuerdo del cumplimiento de este requisito cuando la adaptación al mismo se demuestre
inviable por razones arquitectónicas.

Habitaciones individuales

Los centros cuya construcción se inicie tras la aprobación del presente acuerdo por parte de las administraciones competentes, dispondrán de, al menos, el 65% de las plazas públicas en habitaciones de uso individual y el resto en habitaciones de uso doble.

Los centros cuya construcción se haya iniciado con carácter previo, dispondrán, al menos, de un 10% de las plazas públicas en habitaciones de uso individual cuando el centro esté ubicado en zona rural o zona escasamente poblada. Este porcentaje se elevará hasta el 20% cuando el centro esté ubicado en localidades o zonas de densidad intermedia y hasta el 25% cuando esté ubicado en ciudades o zonas densamente pobladas. 

La reforma de las residencias de mayores

Por qué es necesario aprobar la reforma de las residencias de mayores

MAYTE SANCHO Gerontóloga y PURA DÍAZ-VEIGA Gerontóloga

Varias personas en una residencia de mayores en Carballo

. Hace mas de cuatro décadas que los ciudadanos –todos, pero sobre todo los de más edad– nos manifestamos con contundencia sobre dónde y cómo queremos vivir si necesitamos apoyos o cuidados. Es muy sencillo: en nuestra casa, con nuestro pequeño o gran mundo afectivo y material, pero sin separarnos de nuestro microcosmos. Y si esto no es posible, al menos que podamos vivir más o menos «como en casa». En torno a 400.000 personas habitan sus últimos años de vida en residencias que poco se parecen a una casa. La indescriptible tragedia que acabamos de vivir lo ha evidenciado con una crudeza inimaginable.

Lo que solicitamos desde hace décadas no es nada nuevo. Sencillamente se trata de garantizar a las personas que lo requieren las mismas atenciones que se ofrecen desde hace muchos años en otros países de Europa. Potenciar los servicios y los apoyos para generar ecosistemas de cuidados, en los que las residencias constituyan una opción elegible para personas o familias que buscan un lugar para vivir con dignidad, cuando las necesidades son muchas y los apoyos requeridos son diversos y complejos. Lugares amables, amigables, reconocibles, en los que la personalización de espacios y de trato sea ley y la vida cotidiana se adapte a las necesidades, pero también a las preferencias de las personas que allí viven. En los que la intimidad, el respeto a la identidad y el bienestar sea la norma.

Para ello necesitamos transformar los actuales centros residenciales en espacios domésticos, pequeños, hogareños, con profesionales estables, reconocidos y remunerados dignamente. En definitiva queremos abrir el camino de la desinstitucionalización y cerrar el modelo institucional de residencias, abolido ya en la practica totalidad de los grupos de personas con necesidades diversas que lo han padecido.

El Acuerdo sobre Criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD) promovido desde la Secretaria de Estado de Derechos Sociales, que esperamos que se apruebe hoy en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, es una oportunidad única para conseguir lo que se viene demandando por parte de académicos, sociedades científicas, profesionales,usuarios, familias y ciudadanos desde hace mucho tiempo.

Estamos más cerca que nunca para acabar de una vez por todas con instituciones que prestan una atención basada exclusivamente en la enfermedad, la discapacidad, olvidando a las personas que sobrellevan estas circunstancias .

El contenido del Acuerdo puede ser limitado para algunos y excesivo para otros, pero lo que importa es lo que lo sustenta e inspira: acciones transformadoras basadas en los derechos de las personas que precisan apoyos para disponer de entornos dignos, adecuados y propios para disfrutar de una buena vida, cada una la suya, la que cada persona quiera y elija. Esto no es una cuestión de colores políticos, es un asunto de dignidad. Nos jugamos nuestro futuro en ello

Aprueban el plan de las residencias

El ministerio de Belarra aprueba el plan para la transformación total de las residencias de mayores


Ione Belarra, durante el consejo interterritorial. 

El plan necesitaba el apoyo de las comunidades autónomas y la victoria en la votación ha sido estrecha: diez a favor y nueve en contra.

JOSE CARMONA@JOSECARMONAGILO

Se acabaron las macrorresidencias. El Ministerio de Derechos Sociales y las comunidades autónomas han aprobado el Acuerdo para mejorar la calidad de las residencias y el Sistema de Atención a la Dependencia, un plan por el que las residencias de mayores y las residencias para personas con discapacidad vivirán una transformación total, con prioridad en la dignidad de las personas ingresadas y en aumentar notablemente la calidad de vida

Este acuerdo pone fin al actual modelo de macrorresidencias. «Hoy me siento especialmente satisfecha de que hayamos logrado uno de los acuerdos más importantes de esta legislatura. Un acuerdo para mejorar la calidad de las residencias y de todo el Sistema de Atención a la Dependencia», ha asegurado la ministra Ione Belarra tras oficializarse el acuerdo. 

Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE, ha votado en contra

El acuerdo necesitaba de la mayoría simple de las comunidades autónomas y así ha sido: por un solo voto de diferencia, diez a nueve. A favor estaban Extremadura, Canarias, Navarra, Comunidad Valenciana, Asturias, La Rioja, Baleares, Cantabria, Aragón y Melilla. En contra, Galicia, Madrid, Andalucia, Murcia, Ceuta, Catalunya, Euskadi, Castilla-La Mancha y Castilla y León. 

No ha sido fácil, ya que este proyecto cuenta con la oposición de lobbies y empresas privadas, que han asegurado que el plan es insostenible en tiempo y forma. De hecho, la idea del Ministerio de Derechos Sociales era que el plan fuera aprobado hace varias semanas, pero se llevó ante el Consejo Interterritorial y no generó consenso. Varias comunidades gobernadas por el PSOE estaban en contra. Esta vez, ha habido un cambio, aunque Castilla-La Mancha ha mantenido su oposición al acuerdo

El plan diseñado pone un margen de ocho años, hasta 2030, en el que las comunidades tendrán que aumentar ratios de trabajadores de las residencias y se limita el número de personas residentes en ellas. En España quedarán limitadas las plazas para evitar esas macrorresidencias y el límite serán 120, aunque vivirán en grupos de 15 para generar sensación de hogar. 

Aunque el cambio es total en las residencias, el plan del ministerio pretende que a partir de ahora se incentive el telecuidado. Nadie quiere abandonar su hogar y se incentivará la teleasistecia hasta que sea inevitable el ingreso de una persona.

Pese a la oposición de las comunidades del PP, las que tienen partidos nacionalistas que se oponen por una supuesta invasión de competencias y Castilla-La Mancha, Belarra había cosechado para su reforma de las residencias el apoyo unánime de los expertos en la materia.

La reforma del modelo de residencias de mayores

El Gobierno no consigue el apoyo de las comunidades para reformar el modelo de residencias de mayores

La nueva estrategia nacional de modelos residenciales se seguirá negociando en las próximas semanas, después de que el Ministerio y los gobiernos autonómicos no hayan llegado a un acuerdo en el plan de incorporar más empleados y reducir las plazas de los centros

Laura Galaup

El Gobierno no ha obtenido el apoyo de las comunidades autónomas para reformar el modelo de residencias de mayores. El Ministerio de Derechos Sociales, liderado por Ione Belarra, no ha logrado que los gobiernos regionales secunden el proyecto de acuerdo sobre acreditación y calidad de centros y servicios del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) que han presentado este miércoles en el Consejo Interterritorial.

El documento, que ha contado con la oposición de ejecutivos del PP y algunas socialistas, como Castilla-La Mancha, establece los estándares que deben cumplir las residencias acreditadas. Se trata de un mínimo de recursos humanos, materiales, de equipamientos y de calidad que deben regir en el futuro de los centros de mayores.

Fuentes oficiales del Ministerio aseguran que “han acordado posponer la votación” prevista para este miércoles porque “algunas comunidades autónomas han mostrado muchas dudas y han dicho que votarían en contra”.

“El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 confía en poder tener un acuerdo a lo largo del próximo mes en el que la ratio en los centros residenciales disminuya hasta un trabajador/a por cada dos residentes, se amplíe el número de habitaciones individuales en las residencias públicas y se establezcan núcleos de convivencia de quince personas como máximo”, indican fuentes del departamento de Belarra, que también destacan que la financiación está entre los puntos conflictivos con las autonomías, que son las que tienen las competencias en este ámbito.

Gobierno y comunidades autónomas llevan meses negociando un nuevo modelo residencial después de que estos emplazamientos se convirtiesen en la zona cero de la pandemia durante la primera ola de la emergencia sanitaria. Entre los temas que se han puesto encima de la mesa se encuentra el número máximo de plazas para los centros de mayores. En diciembre se abordó limitarlos a 50 usuarios. Sin embargo, según ha desvelado la patronal en un comunicado, actualmente el Gobierno contemplaba acotar la capacidad a “75, 90 o 120 plazas dependiendo de la ubicación del centro”.

El objetivo del acuerdo que está impulsando el Ministerio es que los residentes vivan en espacios más parecidos a hogares que a instituciones. Las personas residentes deberán contar con espacios que “preserven debidamente su intimidad”, podrán personalizar “al máximo” sus habitaciones y disfrutar de “espacios de convivencia en el centro” independientes a los generales, según el borrador publicado por elDiario.es en febrero.

En esos documentos que se han intercambiado comunidades autónomas y Gobierno, también se ha planteado dar un margen de tres años a los centros para aprobar un “plan de atención libre de sujeciones”. Esta estrategia debía contemplar la “supresión total y segura” de la inmovilización de los mayores por esta vía, que solo podrá usarse “de manera excepcional” y de forma protocolizada.

Gobiernos del PP en contra del texto

Comunidades del PP se han posicionado en contra del proyecto presentado por el departamento de Belarra. La consejera gallega, Fabiola García, ha asegurado que las pretensiones del Gobierno central son “inasumibles” porque “no garantiza el financiamiento para llevarlo a cabo”. Andalucía y Murcia también han mostrado su disconformidad con el borrador de Derechos Sociales.

En la misma línea se ha pronunciado la Comunidad de Madrid. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso considera que este documento “tampoco resuelve el problema de la falta de financiación del sistema de dependencia por parte del Estado, que sigue sin superar un 20% de aportación”. Por su parte, fuentes del Ejecutivo de Castilla y León aseguran que se han abstenido en este procedimiento.

No solo Gobiernos del PP han mostrado su oposición a este documento. El socialista Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, ha arremetido contra esta propuesta, llegando a asegurar que el modelo que presentado por Belarra es “arriesgado”. “Si no se hacen las cosas bien, puede poner en riesgo miles y miles de puestos de trabajo vinculados al sector privado del ámbito residencial y de la tercera edad”, ha destacado

Críticas de la patronal, de usuarios y sindicatos

Horas antes de que se celebrase el Consejo Interterritorial de este miércoles, la patronal difundió un comunicado muy crítico con el texto de Derechos Sociales. la Asociación Estatal de Servicios Residenciales de la Tercera Edad (AESTE), la Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE), Círculo Empresarial de Atención a Personas (CEAPS) y y la Federación Empresarial de la Dependencia (FED) aseguraron que los criterios establecidos en el borrador del acuerdo “obliga a cambiar el modelo actual a todos los centros existentes, y a reducir de manera significativa las más de 5.200 residencias” que hay en el país.

En esta nota de prensa, la patronal aseguró que esta propuesta podría tener “efectos” en su modelo de negocio. “Actualmente hay en promoción y construcción más de 38.500 camas en España y la simple posibilidad de que esta propuesta salga adelante, ya ha creado una inseguridad jurídica en el sector que está ralentizando su crecimiento”, reseñaron.

Para la Plataforma estatal de organizaciones de familiares y usuarias de residencias el documento que se ha presentado este miércoles supone “una decepción enorme”. Esta organización considera que Ministerio “se ha doblegado ante posiciones muy restrictivas e inmovilistas de los Gobiernos autonómicos”. Además, sostienen que los Ejecutivos regionales “han intervenido, en buena parte de las ocasiones, como mera correa de transmisión de las patronales más importantes que operan en los servicios que comprende la Ley de Dependencia”.

Por su parte, los sindicatos UGT y Comisiones Obreras lamentan que en el borrador que se ha discutido este miércoles no se incluye “ninguna de las propuestas, indispensables respecto a la calidad en el empleo, realizadas” por estas organizaciones. Asimismo, apuntan que les llama “especialmente la atención la supresión en el documento de los porcentajes mínimos de contratación de los y las trabajadoras; tanto indefinida como temporal”

Aparten sus negocios de nuestros mayores

El plan de Belarra para modernizar las residencias se retrasa ante la falta de consenso entre Gobierno y autonomías
ANA PARDO DE VERA

Las comunidades de Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid, Euskadi, Murcia, Catalunya, Andalucía, Galicia y la ciudad autónoma de Ceuta han mostrado su rechazo al plan del Ministerio de Ione Belarra llamado Acuerdo sobre Acreditación y Calidad de Centros y Servicios del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia y que consiste, básicamente, en dotar al sistema nacional de dependencia de la dignidad que merece, nunca conseguida desde que Zapatero dio luz verde a este cuarto pilar del Estado del bienestar. Navarra, Baleares, Aragón, Comunitat Valenciana, Canarias, La Rioja, Cantabria y la ciudad de Melilla estarían a favor del mismo, mientras que Castilla y León y Asturias se habrían abstenido en caso de haberse producido la votación.

Nuestros y nuestras mayores son la población mayoritaria dentro de ese sector de dependientes, y lo van a ser cada vez más conforme avance el envejecimiento de la población española, contra el que nos alertan todas las instancias internacionales. La crisis sanitaria del coronavirus demostró que el sistema actual de residencias para mayores no cubre los mínimos estándares exigidos para cuidar a estas personas y que el negocio de los geriátricos, a través de su privatización y concertación con las administraciones, solo sirve para dotar de mayor precariedad a estas residencias, sus trabajadores y los residentes.

Los fondos de inversión han visto en el cuidado (un decir) de los mayores el negocio del siglo en España, pero no solo, ya que como explica Manuel Rico en su libro ¡Vergüenza! El escándalo de las residencias (Planeta), también la Iglesia es una gran beneficiaria de este servicio que, como la sanidad, la educación o las pensiones, deberían estar al margen de cualquier posibilidad de lucro para empresas, es decir, solo en manos de las administraciones para hacerlo gratuito y universal. Iglesia y multinacionales, finalmente, se han aliado para gestionar a medias este negocio y, sorpresa, «quien más lejos ha llevado los negocios compartidos con el clero ha sido Florentino Pérez» (pp. 209-227 del libro de Rico, «Iglesia y multinacionales: negocios a medias«) Así las cosas, y así las presiones de los lobbies, parece lógico que la ministra de Derechos Sociales, contra su empeño, haya visto pospuesto su proyecto de acabar con un negocio e instaurar un auténtico servicio público.

El modelo de los países nórdicos (Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, Islandia o Países Bajos) para el cuidado de los mayores ya fue presentado en un estudio de 2019 por el Instituto de Estudios Fiscales, dependiente del Ministerio de Hacienda, como el más ajustado a los parámetros de justicia social en los que se mueven -o deberían- los gobiernos socialdemócratas. El informe, llamado Atención a la dependencia en España. Evaluación del sistema actual y propuesta de implantación de un sistema basado en el derecho universal de atención suficiente por parte de los servicios públicos. Estudio de su viabilidad económica y de sus impactos económicos y sociales (Rosa MartínezSusana Roldán y Mercedes Sastre son las autoras), aporta cuestiones muy interesantes para trabajar en el bienestar de nuestros mayores -y el nuestro, en definitiva, para las que lleguemos-, algunas sabidas y constatadas científicamente. Por ejemplo, que muchas de estas personas mayores desean seguir permaneciendo en su casa, solas o con otra familia, algo que en España se asume mayoritariamente echando esta carga sobre las mujeres, mientras que el modelo nórdico apuesta por la creación de puestos de trabajo especializados cubiertos por el Estado y que liberen a las cuidadoras no profesionales de esta responsabilidad.

El plan de Belarra para modernizar las residencias se retrasa ante la falta de consenso entre Gobierno y autonomías

De entre todos los modelos nórdicos, con un nexo común de cobertura estatal, las investigadoras del Instituto de Estudios Fiscales apuestan por el de Suecia «por su liderazgo en política social» y  por ser un país ejemplar en su sistema de atención a las personas dependientes. La columna vertebral de este modelo es que sean los poderes públicos quienes asuman el papel protagonista en cuanto a los servicios de asistencia. Ni los fondos de inversión ni las multinacionales ni la Iglesia: el Estado, que no busca más beneficios con su inversión que el bienestar social, en este caso, de nuestros mayores, que es el de todas a corto, medio o largo plazo.

Entre las ventajas de este sistema, el estudio cita el aumento de usuarios con derecho a ayuda por dependencia, más plazas en residencias, más centros de día que combinen la asistencia domiciliaria con la fija, el empleo a tiempo completo de profesionales especializados, que supondrían una importante bolsa de empleo y una merma del gasto por desempleo del Estado o la liberación de las familiares que se encargan hoy, mayoritariamente en España, de estos cuidados no profesionales.

El plan de Belarra, tan radical y bolivariano como el sueco, requiere, obviamente, de una mayor inversión pública por parte del Estado y, sobre todo, de las comunidades autónomas. El informe del Instituto de Estudios Fiscales, aunque es de 2019, cifra en 12.000 millones ese incremento con respecto al actual para comenzar la transición del modelo español al nórdico, que exige asimismo un cambio cultural, de mentalidad, en cuanto al cuidad no remunerado, sobre todo, por parte de las mujeres.

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Las comunidades citadas al principio, que se resisten a este cambio, ni siquiera se plantean que la reforma fiscal profunda que aún tiene el Gobierno de coalición pendiente y los fondos europeos podrían financiar esta transformación o su comienzo. Otra cosa es que nuestros políticos se rindan a la presión de los lobbies y la apuesta por la privatización neoliberal a destajo de la (ultra)derecha. Pero entonces, retiren de sus programas los conceptos Estado de bienestar, justicia social y servicios públicos, porque ustedes está en otra cosa. Y nada buena