Residencias o morideros: dignidad o negocio

Por MARTA NEBOT

Ayer, unas 1.000 o 5.000 personas, dependiendo de quién contara, se manifestaron en Madrid convocadas por la Plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuarias de Residencias para Mayores y para Personas Discapacitadas para reclamar otro modelo de residencias.

En el manifiesto que hicieron público y en su convocatoria pedían una gran movilización social que no sucedió.

Ni los versos que dedicó Serrat a la cita y a la causa ni el apoyo de Miguel Ríos movieron a las masas. Y es que hay una cantinela que de tanto oírla se nos ha metido en el cerebro y nos paraliza.

Cada vez que escucho «no hay dinero» cuando hablan de la reconversión del modelo de residencias de ancianos me dan ganas de arañar pizarras, tirarme del pelo, gritar hasta partirme la garganta. Decir que no hay dinero para eso en un país rico –siempre salimos en todos los rankings entre las veinte economías más destacadas del mundo– es un chiste malo o un insulto a la inteligencia colectiva. Viajar un poco arregla rápido las cabezas que no ven que este es un país en el que hay mucha pasta.

¿No hay dinero para que no se nos deshidraten nuestros viejos? ¿No hay dinero para que no les aten con correas o con fármacos o para que su alimentación sea la adecuada? ¿No se puede buscar la manera de que sus familias puedan visitarles cuando les dé la gana, de que sus cuidadores tengan contratos estables para que no cambien cada media hora? ¿No sería mejor que todos los que pudieran se quedaran en sus casas y en sus entornos con la ayuda domiciliaria necesaria? ¿En serio? ¿No hay dinero es el argumento cuando hay todo un entramado internacional con pingües beneficios, incluso en paraísos fiscales, dedicado a este negocio? ¿No hay dinero cuando la mayoría de sus víctimas pagan copagos, se dejan la pensión en esas cárceles, incluso venden sus casas para darse el lujo de ser malcuidados?

Lo que se ha perdido no es el dinero, sino la vergüenza y el sentido de lo público y de lo trágico de la vida. Todos, o al menos los más afortunados, seremos ellos y no todos tendremos la pasta necesaria para las residencias de lujo, que haberlas también haylas.

Esta semana ha vuelto el tema a la palestra porque un residente valiente, apasionado y con labia se ha plantado en el ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes y ha denunciado lo que sigue pasando, callando todas las bocas que no han hecho nada más que hablar.

Mariano Turégano, de 82 años, simplemente ha contado lo que han sufrido en su residencia este verano: «Habitaciones a 40 grados», «comida deleznable», «deshidrataciones que les han llevado al hospital».

Y, como pasa siempre, las víctimas siempre tienen la razón. Nadie contradice en público a alguien que conmueve al respetable. La cuestión es si se les da algo más que buenas palabras, algo más que parches momentáneos.

A raíz de su denuncia, la Comunidad de Madrid y su presidenta, Ayuso, han declarado que lo van a arreglar, que ya han tomado cartas en el asunto.

Ver sus declaraciones compungidas también me da ganas de gritar hasta el infinito y apuesto a que le pasaría lo mismo a cualquiera que se entere un poco de los entresijos del asunto, vote lo que vote.

Hace menos de tres meses, el 28 de julio, se hizo público el acuerdo en el Consejo Territorial para mejorar el sistema de residencias y de cuidados de los mayores. La votación salió adelante 10 a 9. Votaron en contra las comunidades y ciudades autónomas gobernadas por el PP, las gobernadas por nacionalistas y García-Page.         El Ministerio de Derechos Sociales propone el texto y  arbitra las negociaciones para conseguir mayoría de votos de las comunidades, pero no vota. Se reunió primero con la Mesa de Diálogo Civil y con la Social, con familiares y con sindicatos. De esas reuniones salió un primer borrador, que luego se fue rebajando para conseguir el acuerdo. Por eso no están contentos con el acuerdo final los que hicieron aportaciones al primer borrador, aunque el último mejore sin duda lo que hoy tenemos.

Los buenos acuerdos dejan descontento a todo el mundo, me dijo una vez alguien que sabe mucho de eso. Este Consejo Territorial ha conseguido, desde 2020, 31 acuerdos; 29 por unanimidad, 1 con el voto en contra de Madrid –el que redistribuía menores que entraron por Ceuta y Melilla entre las diferentes comunidades– y este último con el resultado mencionado, después de muchísima negociación. Entre 2014 y 2019, el Consejo Territorial anterior solo cerró 5 acuerdos. Voluntad de consenso no falta.

El nuevo modelo residencial da diez años para reconvertirse y no cierra nada. El acuerdo pactado compromete una ratio de 51 cuidadores (43 gerocultores + personal profesional de segundo nivel –enfermeras, terapeutas ocupacionales, psicólogos-) por cada 100 usuarios para 2030, que se alcanzará con un incremento progresivo cada año. Las plataformas de familiares piden 113 profesionales por cada 100 mayores, lo que garantizaría la presencia de un trabajador por cada cuatro residentes en los turnos de mañana y tarde y de uno por cada diez por la noche. Cifras cercanas al modelo de los países nórdicos. Y no es que el ministerio no quiera ese modelo, es que las comunidades autónomas no lo han querido porque no quieren pagarlo.

Hoy no hay una ratio estatal. Cada comunidad tiene la suya sin límites. Por ejemplo, en Galicia oscilan entre 20 y 35 trabajadores por cada 100 usuarios; en Cataluña, 25 y en Madrid, 47.

Sin embargo, estos números se los lleva el viento según los Marianos y sus familiares que se atreven a contar los hechos porque no se hacen las inspecciones que obligarían a que los cuidados mínimos se cumplan, a penalizar seriamente a quien maltrate a un solo mayor.

Fuentes cercanas al ministerio confirman que en el acuerdo no se pudo especificar nada a este respecto porque las comunidades consideraban que las inspecciones –que brillan por su ausencia– son solo competencia suya.

En Alemania, las inspecciones no solo son como mínimo anuales, sino que además son públicas y se exponen a las puertas de estos centros.

Y, volviendo a lo de los dineros, el gasto en los mayores se ha incrementado un punto por año desde que empezó el Gobierno de coalición. Del 0,7% del PIB ha pasado al 1%. De 7.000 a 10.000 millones. La OCDE marca un 1,6–1,8% como la media de gasto en estos derechos mínimos. Es decir, falta mucho, pero su presupuesto ha crecido 3.000 millones en menos de tres años. De los fondos europeos se prevén 2.000 millones para la reconversión del modelo. El Ejecutivo ya ha transferido 700 millones para la transformación de residencias. Hay dos proyectos en marcha para dar asistencia domiciliaria hasta final de vida y para retornar de las residencias a sus casas y están funcionando, incluso con mejores números, es decir, más baratos. Porque el camino es más vida independiente y menos hospitalaria, en el mal sentido. Lo dice Europa –es la estrategia de cuidados que está marcando– y lo confirma el sentido común, si lo pensamos en primera persona.

Así que cuando la patronal de las residencias, de cuya gestión depende el 90% de las que tenemos, en las que residen cerca de 400.000 ancianos, dice que con esta nueva normativa ha perdido inversores, tenemos que alegrarnos. El modelo de morideros gigantescos tiene los días contados.

Y cuando dicen que no hay dinero pensemos que simplemente mienten, que es que quieren seguir ganando lo mismo o más;  y que, probablemente, para que las residencias sean vivibles tengan que ganar menos.

Esperemos que el Gobierno sea valiente y encuentre la manera de obligar a las comunidades que votaron que no a cumplir lo acordado. Es menos de lo que queremos pero es un comienzo y no podemos permitir que se nieguen a cumplir con el mínimo que ellos mismos han acordado: unidades convivenciales de 15 personas en residencias de un máximo de 120 residentes, y que las grandes dividan su espacio en estas unidades para que puedan ser hogares y dejen de ser centros penitenciarios.

Exijamos simplemente que cumplan lo que acuerdan*, que asuman sus leyes. Ese debería ser nuestro mínimo.

*Anexo con  los principales puntos del acuerdo del Consejo Interterritorial:

Transformación y modernización del modelo de cuidados y apoyos con enfoque de derechos humanos

Derecho a la atención y apoyos personalizados

Derecho a una atención libre de sujeciones

Sin nuevas macro-residencias

Residencias con ambiente hogareño, lo más parecido a un hogar

Participación de las familias

Derecho a la intimidad y privacidad

Personalización de los espacios y entornos amigables

Ubicación en el entorno comunitario

Mejora de los servicios domiciliarios

Más profesionales de atención directa cuidando y prestando apoyos

Mejora de la calidad del empleo

Mejora de la coordinación social y sanitaria

Cultura de la evaluación de la calidad

Otro modelo de residencias es posible

Centenares de personas se plantan contra el modelo de residencias: “Basta de negocios con nuestros mayores”

Una larga columna de gente desfila por Madrid para denunciar las paupérrimas condiciones de las residencias actuales y para pedir un nuevo modelo de gestión pública

Informe Especial — Nada ha cambiado en las residencias dos años y 32.000 muertos después

Manifestación en Madrid con el lema «Otro modelo de residencias es posible» Javier Lopez

Alberto Ortiz

La pandemia de coronavirus sigue cediendo y en algunos casos es ya un simple recuerdo. Es difícil, sin embargo, olvidar lo ocurrido en las residencias en 2020. Allí fallecieron 20.000 personas según los registros oficiales –aunque las organizaciones estiman que fueron 30.000– durante los peores meses de la crisis sanitaria. Algunas decisiones políticas y las paupérrimas condiciones fueron terminales para muchos residentes. Las asociaciones que agrupan a los familiares y a los usuarios han decidido movilizarse, esgrimir un “¡basta ya!” a esas condiciones y pedir un nuevo modelo asistencial basado en la protección pública y en el aumento del personal de cuidados.

Cientos de personas han cruzado este sábado la Gran Vía, epicentro del capital en la ciudad, con un mensaje rotundo contra la privatización de los centros de mayores y dependientes. “A su robar, hoy llaman privatizar”. “Dignidad y respeto”. “Derechos humanos al anciano”. “Sin enfermeras no hay cuidados”. Son las consignas impresas en las pancartas que desfilaban por la céntrica calle madrileña, a la que han llegado personas de todas partes de España, vinculadas a diferentes colectivos de familiares de residentes y usuarios de estos centros. La manifestación ha partido desde la Plaza de España y ha alcanzado la Plaza del Callao, donde la periodista Rosa María Artal ha leído un manifiesto titulado ‘Basta Ya’, con un compendio de las medidas que reclaman a las comunidades autónomas, en las que están delegadas las competencias de dependencia.

“¡Por nuestros mayores!”, gritaba un grupo de personas pocas horas antes del comienzo de la marcha, al encontrarse con un otro de manifestantes en Plaza de España. Llevaban banderas andaluzas y carteles con las caras de sus familiares. Una chica se emocionaba al ver llegar a tanta gente. “Son muchos sentimientos encontrados, son muchos años de pelear”, explicaba a este diario con los ojos empañados. Su nombre es Esther Pascual, que junto a otro grupo de familiares fundó la asociación ADBAR en la Comunidad Valenciana. Lo hizo cuando internó a su madre en una residencia y se quedó espantada con las condiciones que vio. “¿Cómo puede ser que se acuesten sin cenar, que haya brotes de chinches, que no haya personal sanitario?”, se pregunta.

A los pocos meses de ingresar, su madre perdió 30 kg, relata: “Te dicen: se mueren porque son mayores. No, perdona, se morirán cuando toquen, pero tú no puedes acelerar ese proceso. A mi madre no le tocaba morirse”. Su madre falleció el año pasado, después de pasar por dos residencias y la pandemia. “¿Cómo le damos la vuelta a este modelo?”, cuestiona.

A su lado sujeta una pancarta Francisco Martínez, que tiene 74 años y en Navidad tuvo que operarse del corazón. Ha venido desde Elche para protestar por la situación que él mismo vive en La Saleta, la residencia en la que lleva más de una década. “Nos han tenido abandonados y olvidados. Cuando vino la pandemia hubo tal caos que nos contagiamos todos. No han sabido manejar la situación. Falleció bastante gente. Mucho abandono”, cuenta. La pandemia sacó a la luz las costuras de una gestión que ya antes era mala y que a pesar de los embates de la crisis sanitaria nadie ha decidido resolver. Hoy Francisco tiene que ayudar al escaso personal de enfermería a llevar la cuenta de las medicinas del resto de pacientes. “Es una lucha diaria. Las enfermeras más veteranas se han marchado. Entra gente nueva que está saturada porque no hay gente. Hay enfermeras que se van a la semana porque están desbordadas”, explica. Luego, enumera: persianas rotas, timbres que no funcionan y muchos radiadores que llevan estropeados meses y que ahora que se acerca el otoño nadie ha decidido arreglar todavía.

La movilización ha sido convocada por La Plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuarias de Residencias para Mayores y para Personas Discapacitadas, una entidad que agrupa a las principales asociaciones de este sector, como la Coordinadora 5+1, Rede o Pladigmare. En una carta dirigida a la ciudadanía, publicada hace pocos días, los organizadores pedían una gran manifestación para denunciar la situación que se vive a diario en las residencias y para pedir a las comunidades autónomas “un cambio de actitud y de talante” para acometer un cambio normativo que regule el funcionamiento de estos centros. 

En esa misiva, la plataforma enumeraba las principales deficiencias del sistema de residencias actual, que coincide con las descripciones de Ester o de Francisco: “La inexistencia de personal suficiente, y cualificado, para atender las múltiples necesidades de los resi­dentes; la deficiencia de la atención médica; la práctica abusiva de sujeciones físicas y químicas; el funcionamiento ausente de los servicios de inspección; las continuas violaciones de las normativas por parte de las empresas operadoras; la alimentación escasa y pobre en valores nutricionales; la ausencia de la iniciativa pública en beneficio de una consolidada red de empresas privadas usureras; unos servicios asistenciales y de cuidados paupérrimos o abandonados, etc”. Todo ello, denuncian en la carta “es el inaceptable reflejo del modelo hoy vigente de residencias”. 

Precisamente esta semana, en un pleno del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, Mariano Turégano, de 82 años, relataba las condiciones en las que se encuentran él y sus compañeros en la residencia de Moscatelares, en San Sebastián de los Reyes, unas instalaciones que dependen de la Comunidad de Madrid. “En nuestras habitaciones hemos pasado un verano de 40 grados porque la Comunidad de Madrid mira para otro lado cuando se trata de ver por la salud y el bienestar de sus ciudadanos. Algunas de nuestras compañeras y compañeros han sido hospitalizados este verano con altos niveles de deshidratación que agravan o desencadenan otras patologías”, explicaba emocionado. 

Paulino Campos, uno de los portavoces de La Plataforma y presidente de REDE en Galicia, afirma en declaraciones a este diario que el de Mariano no es un caso singular. “Marianos hay todos los días. El asunto es cómo permitimos como sociedad que se dé esta situación”, se pregunta. “¿Por qué estamos torturando a las personas mayores y a los familiares también? No es aceptable, por eso convocamos la manifestación”, argumenta.

Irene Velasco, que marcha junto a varios familiares en la manifestación, ha viajado hasta Madrid desde Alcalá de Guadaira, donde tiene a su madre ingresada. Las condiciones de la residencia, gestionada por la empresa Domus VI, tienen unas carencias que, dice, “no se pueden permitir”. “La alimentación es mala, hay fallos en la medicación, falta personal…”, resume. Esa falta de personal –no hay enfermería por las tardes, noches o fines de semana– provoca situaciones como la que se vivió hace poco: a una residente se le soltó la sonda de la alimentación, un problema que se habría resuelto rápidamente con una enfermera en el centro. El agujero de la vía se cerró y precisó una intervención quirúrgica en un hospital. “Ellos no detectan los problemas de salud, somos nosotros los que les hacemos test de covid o nos damos cuenta de que tienen una infección de orina”, protesta.

Hace poco, a su madre le cambiaron la alimentación por el deterioro de su estado a un menú de triturados, pero el centro no avisó a la familia. “No me parece que cosas tan importantes en la vida de una persona no se hagan con la suficiente delicadeza y humanidad que precisan”, comenta. Por ello, han presentado una demanda contra el centro ante la Justicia y se han asociado con otras familias en la misma situación para valorar acciones conjuntas, porque se han dado cuenta, dice, que hay problemas que son estructurales y precisan una respuesta organizada.

Un nuevo modelo de residencias

El pasado 28 de junio, el Ministerio de Sanidad y los consejeros de dependencia de las comunidades autónomas llegaron a un acuerdo sobre los criterios para garantizar la calidad de los centros y servicios de dependencia. Ese documento establece un plazo de varios meses para que las comunidades aprueben sus nuevas normativas para regular el funcionamiento de los centros. La Plataforma cree que este es un momento esencial para exigir a los diferentes gobiernos regionales “un cambio de actitud para encarar el debate público sobre el marco normativo y el modelo” de residencias y, en general, de la dependencia. 

Las asociaciones agrupadas en torno a la plataforma creen que el acuerdo alcanzado este verano se queda corto, no garantiza el cambio de modelo y no asegura “cuidados dignos y de calidad”. “No han tomado en consideración gran parte de las exigencias prioritarias de los familiares y las usuarias”, lamenta la carta enviada a la ciudadanía. Por ejemplo, el Acuerdo establece un coeficiente mínimo de 43 cuidadores por cada 100 usuarios, mientras que la petición de la plataforma era elevar ese ratio hasta un trabajador por cada cuatro residentes en los turnos de mañana y de tarde y de 1 a 10 en los de noche. “La cifra aprobada en el acuerdo perpetúa uno de los grandes dramas que arrastran las residencias: la flagrante falta de personal”, lamentan. Tampoco se tiene en cuenta, añaden, el suficiente refuerzo del personal de inspectores ni se establecen órganos de representación con la participación de familiares.,

Otro de los principales puntos que las asociaciones pedían y que no se han tenido en cuenta es la creación de residencias públicas para, argumentan, “combatir adecuadamente la obscena privatización del sector de los cuidados a personas mayores y con discapacidad”. “Lo público está ausente y eso explica parte de lo que está sucediendo. Si desaparece la administración pública, no tenemos la posibilidad de escrutar desde el servicio público y la ciudadanía lo que está sucediendo. Has dejado una tierra ancha para que entren estos malvados, que solo les interesa ganar dinero”, sostiene Campos.

Por último, las organizaciones lamentan que no se haya reflejado en ese acuerdo un compromiso para acabar con las macroresidencias “ni el espíritu de hacinamiento que transmiten”. “Se seguirán permitiendo construcciones de edificios de 120 plazas, cuando hemos propuesto que la cantidad no sobrepase las 60 camas por centro”, apuntan, al tiempo que rechazan que no haya una exigencia sobre el número de camas individuales mínimas que deben existir.

200.000 firmas ante el Congreso

Campos explica que una de las iniciativas que han impulsado de cara a esta movilización es la recogida de más de 200.000 firmas que van a presentar ante el Congreso de los Diputados, un gesto simbólico, puesto que las competencias de dependencia están transferidas a las comunidades autónomas, pero que esperan sirva de llamada de atención para todos los parlamentarios. Las firmas son en realidad una donación de las recogidas en la plataforma Change.org por el periodista Manuel Rico y el profesor Fernando Flores para pedir a la Fiscalía General del Estado una investigación sobre lo sucedido en las residencias durante la pandemia y al Congreso la creación de una comisión de la verdad para el mismo fin. A las rúbricas recogidas en esa plataforma se suman las coleccionadas por Amnistía Internacional, que también realizó una campaña en este sentido y también ha decidido donarlas para la causa. 

“El Congreso de los Diputados tendría que haber investigado y analizado lo que pasó en las residencias. Nosotros queremos pedir con estas firmas que se analice, que se investigue lo que ha ocurrido, que todavía está sin investigar y se va a cerrar en falso”, explica Campos, que pone en valor una investigación de este tipo no solo por razones de verdad, reparación y justicia, sino porque puede ser una herramienta positiva para preparar mejor una siguiente pandemia. “Por ejemplo, para saber qué porcentaje de habitaciones individuales es necesario. Es de cajón que el mayor número de muertes fue en las residencias, que fue peor en las macroresidencias y en las que más habitaciones dobles tenían. Es de cajón pero hay que demostrarlo con datos empíricos”, sostiene. 

De momento, la manifestación de hoy servirá, esperan, como una llamada de atención tanto a los políticos como a la sociedad a la que han interpelado desde el centro de la calle: “No nos mires, únete”. La concentración ha terminado en la Plaza del Callao con la lectura del manifiesto y entre canciones de Joan Manuel Serrat y el Blues de la Tercera Edad, de Miguel Ríos: “En el cristal ve su reflejo; su belleza es la dignidad; repite el mantra de un consejo; Ana, no te rindas jamás”

Las nuevas residencias de mayores

Así serán a partir de ahora las residencias de mayores

El plan diseñado por el Ministerio de Derechos Sociales de Ione Belarra fomentará la teleasistencia para que los mayores y personas con discapacidad puedan habitar en sus casas hasta que sea inevitable un ingreso.

JOSE CARMONA

El Ministerio de Derechos Sociales ha cosechado los apoyos necesarios de las comunidades autónomas para iniciar la transformación de las residencias de mayores y España dejará atrás el actual formato de macrorresidencias, obsoleto y en vías de extinción en Europa y desacreditado por la comunidad de expertos.

Con diez comunidades a favor y nueve en contra, el ministerio de Ione Belarra enfrenta un ambicioso proyecto por el que se aumentarán ratios de profesionales, reducirá el número de plazas en las residencias para dotarlas de más calidad y calidez y se fomentará la teleasistencia para que los mayores y personas con discapacidad puedan habitar sus casas hasta que sea inevitable un ingreso. 

Estos son los principales puntos del acuerdo, que tendrá que implementarse en un plazo de nueve meses y tendrá fases con un periodo de adaptación que se prolongará hasta 2030. Se ha establecido un plazo máximo de nueve meses desde la aprobación del Acuerdo para que se aprueben las disposiciones normativas necesarias para dar cumplimiento al mismo.

Un cambio de paradigma

Además de cambios de forma, una de las cosas más destacadas de este acuerdo es que toma como prioritaria la dignididad de las personas mayores. «Cada persona merece ser tratada siempre con respeto y consideración, garantizando que recibe un buen trato. Se deben conocer y respetar los derechos humanos y libertades de las personas que requiere de cuidados y apoyos, los de sus familiares y los de los y las profesionales de apoyo», sostiene el texto. 

En lugar de que las residencias sean lugares con horarios predeterminados para comer o dormir, la capacidad de decisión de los residentes tomará presencia. «El control y la participación no deben depender de las capacidades de la persona, ni de sus posibilidades de expresión de su voluntad y preferencias. Cuantas más necesidades de apoyo requiera la persona, más esfuerzos habrá que realizar para hacer efectivo su derecho a diseñar su propio proyecto de vida, y para ello es necesario hacer la mejor interpretación de su voluntad y preferencias».

Aumento de ratios de personal

El aumento de personal en las ratios de personal ha sido uno de los temas candentes el acuerdo y contaba con la oposición del sector privado. La ratio mínima de personal de atención directa de primer nivel en centros residenciales se establece en forma de jornadas completas o personal equivalente, respecto al número de plazas ocupadas.

El acuerdo incluye la posibilidad de que las comunidades que así lo consideren incrementen las ratios establecidas para personas mayores o con discapacidad que necesiten una mayor intensidad de apoyos, tanto en residencias, como en centros de días. El plan terminaría en 2030 y se da a las comunidades margen de maniobra para su adaptación.

Habrá un mínimo de 80% de contratos indefinidos y un 66% de contratos a tiempo completo (50% en caso de la ayuda a domicilio). Los centros residenciales de más de 30 plazas contarán con una persona «enlace» para la coordinación sociosanitaria, es decir, para garantizar el derecho de las personas que viven en las residencias a ser atendidas por el sistema nacional de salud.

Los turnos de los profesionales de atención directa de primer nivel se organizarán minimizando las rotaciones y promoviendo que las mismas personas apoyen a un mismo grupo de personas de forma estable teniendo en cuenta las unidades de convivencia

Límite al número de plazas residenciales

Los centros proyectados tras la aprobación del presente acuerdo por parte de las
administraciones competentes, no podrán superar las 75 plazas residenciales cuando se encuentren ubicados en zonas rurales o zonas escasamente pobladas, no podrán superar las 90 plazas si se encuentran ubicados en localidades o zonas de densidad intermedia y no superarán las 120 plazas cuando estén ubicados en ciudades o zonas densamente pobladas. El límite quedará fijado en un máximo de 50 plazas para aquellos centros cuya atención se destine a personas con discapacidad.

En la negociación de este martes se ha incorporado la posibilidad de que las comunidades autoricen nuevas residencias de hasta 120 plazas de tamaño máximo en zonas escasamente pobladas si se acreditan circunstancias excepcionales de viabilidad económica. Lo anterior no será de aplicación a centros cuyo proyecto se haya licitado por parte de las administraciones públicas, o hayan iniciado la tramitación de licencia de obra para los centros de iniciativa privada, con anterioridad a la aprobación del presente acuerdo. En estas unidades convivirán un grupo reducido, que en ningún caso podrá superar las 15 personas residentes, de forma que se pueda garantizar un funcionamiento tipo hogar. Las Comunidad Autónoma o administración que tenga la competencia podrán excepcionar a los centros cuya construcción se haya iniciado con carácter previo a la aprobación del presente acuerdo del cumplimiento de este requisito cuando la adaptación al mismo se demuestre
inviable por razones arquitectónicas.

Habitaciones individuales

Los centros cuya construcción se inicie tras la aprobación del presente acuerdo por parte de las administraciones competentes, dispondrán de, al menos, el 65% de las plazas públicas en habitaciones de uso individual y el resto en habitaciones de uso doble.

Los centros cuya construcción se haya iniciado con carácter previo, dispondrán, al menos, de un 10% de las plazas públicas en habitaciones de uso individual cuando el centro esté ubicado en zona rural o zona escasamente poblada. Este porcentaje se elevará hasta el 20% cuando el centro esté ubicado en localidades o zonas de densidad intermedia y hasta el 25% cuando esté ubicado en ciudades o zonas densamente pobladas. 

La reforma de las residencias de mayores

Por qué es necesario aprobar la reforma de las residencias de mayores

MAYTE SANCHO Gerontóloga y PURA DÍAZ-VEIGA Gerontóloga

Varias personas en una residencia de mayores en Carballo

. Hace mas de cuatro décadas que los ciudadanos –todos, pero sobre todo los de más edad– nos manifestamos con contundencia sobre dónde y cómo queremos vivir si necesitamos apoyos o cuidados. Es muy sencillo: en nuestra casa, con nuestro pequeño o gran mundo afectivo y material, pero sin separarnos de nuestro microcosmos. Y si esto no es posible, al menos que podamos vivir más o menos «como en casa». En torno a 400.000 personas habitan sus últimos años de vida en residencias que poco se parecen a una casa. La indescriptible tragedia que acabamos de vivir lo ha evidenciado con una crudeza inimaginable.

Lo que solicitamos desde hace décadas no es nada nuevo. Sencillamente se trata de garantizar a las personas que lo requieren las mismas atenciones que se ofrecen desde hace muchos años en otros países de Europa. Potenciar los servicios y los apoyos para generar ecosistemas de cuidados, en los que las residencias constituyan una opción elegible para personas o familias que buscan un lugar para vivir con dignidad, cuando las necesidades son muchas y los apoyos requeridos son diversos y complejos. Lugares amables, amigables, reconocibles, en los que la personalización de espacios y de trato sea ley y la vida cotidiana se adapte a las necesidades, pero también a las preferencias de las personas que allí viven. En los que la intimidad, el respeto a la identidad y el bienestar sea la norma.

Para ello necesitamos transformar los actuales centros residenciales en espacios domésticos, pequeños, hogareños, con profesionales estables, reconocidos y remunerados dignamente. En definitiva queremos abrir el camino de la desinstitucionalización y cerrar el modelo institucional de residencias, abolido ya en la practica totalidad de los grupos de personas con necesidades diversas que lo han padecido.

El Acuerdo sobre Criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD) promovido desde la Secretaria de Estado de Derechos Sociales, que esperamos que se apruebe hoy en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, es una oportunidad única para conseguir lo que se viene demandando por parte de académicos, sociedades científicas, profesionales,usuarios, familias y ciudadanos desde hace mucho tiempo.

Estamos más cerca que nunca para acabar de una vez por todas con instituciones que prestan una atención basada exclusivamente en la enfermedad, la discapacidad, olvidando a las personas que sobrellevan estas circunstancias .

El contenido del Acuerdo puede ser limitado para algunos y excesivo para otros, pero lo que importa es lo que lo sustenta e inspira: acciones transformadoras basadas en los derechos de las personas que precisan apoyos para disponer de entornos dignos, adecuados y propios para disfrutar de una buena vida, cada una la suya, la que cada persona quiera y elija. Esto no es una cuestión de colores políticos, es un asunto de dignidad. Nos jugamos nuestro futuro en ello

Aprueban el plan de las residencias

El ministerio de Belarra aprueba el plan para la transformación total de las residencias de mayores


Ione Belarra, durante el consejo interterritorial. 

El plan necesitaba el apoyo de las comunidades autónomas y la victoria en la votación ha sido estrecha: diez a favor y nueve en contra.

JOSE CARMONA@JOSECARMONAGILO

Se acabaron las macrorresidencias. El Ministerio de Derechos Sociales y las comunidades autónomas han aprobado el Acuerdo para mejorar la calidad de las residencias y el Sistema de Atención a la Dependencia, un plan por el que las residencias de mayores y las residencias para personas con discapacidad vivirán una transformación total, con prioridad en la dignidad de las personas ingresadas y en aumentar notablemente la calidad de vida

Este acuerdo pone fin al actual modelo de macrorresidencias. «Hoy me siento especialmente satisfecha de que hayamos logrado uno de los acuerdos más importantes de esta legislatura. Un acuerdo para mejorar la calidad de las residencias y de todo el Sistema de Atención a la Dependencia», ha asegurado la ministra Ione Belarra tras oficializarse el acuerdo. 

Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE, ha votado en contra

El acuerdo necesitaba de la mayoría simple de las comunidades autónomas y así ha sido: por un solo voto de diferencia, diez a nueve. A favor estaban Extremadura, Canarias, Navarra, Comunidad Valenciana, Asturias, La Rioja, Baleares, Cantabria, Aragón y Melilla. En contra, Galicia, Madrid, Andalucia, Murcia, Ceuta, Catalunya, Euskadi, Castilla-La Mancha y Castilla y León. 

No ha sido fácil, ya que este proyecto cuenta con la oposición de lobbies y empresas privadas, que han asegurado que el plan es insostenible en tiempo y forma. De hecho, la idea del Ministerio de Derechos Sociales era que el plan fuera aprobado hace varias semanas, pero se llevó ante el Consejo Interterritorial y no generó consenso. Varias comunidades gobernadas por el PSOE estaban en contra. Esta vez, ha habido un cambio, aunque Castilla-La Mancha ha mantenido su oposición al acuerdo

El plan diseñado pone un margen de ocho años, hasta 2030, en el que las comunidades tendrán que aumentar ratios de trabajadores de las residencias y se limita el número de personas residentes en ellas. En España quedarán limitadas las plazas para evitar esas macrorresidencias y el límite serán 120, aunque vivirán en grupos de 15 para generar sensación de hogar. 

Aunque el cambio es total en las residencias, el plan del ministerio pretende que a partir de ahora se incentive el telecuidado. Nadie quiere abandonar su hogar y se incentivará la teleasistecia hasta que sea inevitable el ingreso de una persona.

Pese a la oposición de las comunidades del PP, las que tienen partidos nacionalistas que se oponen por una supuesta invasión de competencias y Castilla-La Mancha, Belarra había cosechado para su reforma de las residencias el apoyo unánime de los expertos en la materia.

La reforma del modelo de residencias de mayores

El Gobierno no consigue el apoyo de las comunidades para reformar el modelo de residencias de mayores

La nueva estrategia nacional de modelos residenciales se seguirá negociando en las próximas semanas, después de que el Ministerio y los gobiernos autonómicos no hayan llegado a un acuerdo en el plan de incorporar más empleados y reducir las plazas de los centros

Laura Galaup

El Gobierno no ha obtenido el apoyo de las comunidades autónomas para reformar el modelo de residencias de mayores. El Ministerio de Derechos Sociales, liderado por Ione Belarra, no ha logrado que los gobiernos regionales secunden el proyecto de acuerdo sobre acreditación y calidad de centros y servicios del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) que han presentado este miércoles en el Consejo Interterritorial.

El documento, que ha contado con la oposición de ejecutivos del PP y algunas socialistas, como Castilla-La Mancha, establece los estándares que deben cumplir las residencias acreditadas. Se trata de un mínimo de recursos humanos, materiales, de equipamientos y de calidad que deben regir en el futuro de los centros de mayores.

Fuentes oficiales del Ministerio aseguran que “han acordado posponer la votación” prevista para este miércoles porque “algunas comunidades autónomas han mostrado muchas dudas y han dicho que votarían en contra”.

“El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 confía en poder tener un acuerdo a lo largo del próximo mes en el que la ratio en los centros residenciales disminuya hasta un trabajador/a por cada dos residentes, se amplíe el número de habitaciones individuales en las residencias públicas y se establezcan núcleos de convivencia de quince personas como máximo”, indican fuentes del departamento de Belarra, que también destacan que la financiación está entre los puntos conflictivos con las autonomías, que son las que tienen las competencias en este ámbito.

Gobierno y comunidades autónomas llevan meses negociando un nuevo modelo residencial después de que estos emplazamientos se convirtiesen en la zona cero de la pandemia durante la primera ola de la emergencia sanitaria. Entre los temas que se han puesto encima de la mesa se encuentra el número máximo de plazas para los centros de mayores. En diciembre se abordó limitarlos a 50 usuarios. Sin embargo, según ha desvelado la patronal en un comunicado, actualmente el Gobierno contemplaba acotar la capacidad a “75, 90 o 120 plazas dependiendo de la ubicación del centro”.

El objetivo del acuerdo que está impulsando el Ministerio es que los residentes vivan en espacios más parecidos a hogares que a instituciones. Las personas residentes deberán contar con espacios que “preserven debidamente su intimidad”, podrán personalizar “al máximo” sus habitaciones y disfrutar de “espacios de convivencia en el centro” independientes a los generales, según el borrador publicado por elDiario.es en febrero.

En esos documentos que se han intercambiado comunidades autónomas y Gobierno, también se ha planteado dar un margen de tres años a los centros para aprobar un “plan de atención libre de sujeciones”. Esta estrategia debía contemplar la “supresión total y segura” de la inmovilización de los mayores por esta vía, que solo podrá usarse “de manera excepcional” y de forma protocolizada.

Gobiernos del PP en contra del texto

Comunidades del PP se han posicionado en contra del proyecto presentado por el departamento de Belarra. La consejera gallega, Fabiola García, ha asegurado que las pretensiones del Gobierno central son “inasumibles” porque “no garantiza el financiamiento para llevarlo a cabo”. Andalucía y Murcia también han mostrado su disconformidad con el borrador de Derechos Sociales.

En la misma línea se ha pronunciado la Comunidad de Madrid. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso considera que este documento “tampoco resuelve el problema de la falta de financiación del sistema de dependencia por parte del Estado, que sigue sin superar un 20% de aportación”. Por su parte, fuentes del Ejecutivo de Castilla y León aseguran que se han abstenido en este procedimiento.

No solo Gobiernos del PP han mostrado su oposición a este documento. El socialista Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, ha arremetido contra esta propuesta, llegando a asegurar que el modelo que presentado por Belarra es “arriesgado”. “Si no se hacen las cosas bien, puede poner en riesgo miles y miles de puestos de trabajo vinculados al sector privado del ámbito residencial y de la tercera edad”, ha destacado

Críticas de la patronal, de usuarios y sindicatos

Horas antes de que se celebrase el Consejo Interterritorial de este miércoles, la patronal difundió un comunicado muy crítico con el texto de Derechos Sociales. la Asociación Estatal de Servicios Residenciales de la Tercera Edad (AESTE), la Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE), Círculo Empresarial de Atención a Personas (CEAPS) y y la Federación Empresarial de la Dependencia (FED) aseguraron que los criterios establecidos en el borrador del acuerdo “obliga a cambiar el modelo actual a todos los centros existentes, y a reducir de manera significativa las más de 5.200 residencias” que hay en el país.

En esta nota de prensa, la patronal aseguró que esta propuesta podría tener “efectos” en su modelo de negocio. “Actualmente hay en promoción y construcción más de 38.500 camas en España y la simple posibilidad de que esta propuesta salga adelante, ya ha creado una inseguridad jurídica en el sector que está ralentizando su crecimiento”, reseñaron.

Para la Plataforma estatal de organizaciones de familiares y usuarias de residencias el documento que se ha presentado este miércoles supone “una decepción enorme”. Esta organización considera que Ministerio “se ha doblegado ante posiciones muy restrictivas e inmovilistas de los Gobiernos autonómicos”. Además, sostienen que los Ejecutivos regionales “han intervenido, en buena parte de las ocasiones, como mera correa de transmisión de las patronales más importantes que operan en los servicios que comprende la Ley de Dependencia”.

Por su parte, los sindicatos UGT y Comisiones Obreras lamentan que en el borrador que se ha discutido este miércoles no se incluye “ninguna de las propuestas, indispensables respecto a la calidad en el empleo, realizadas” por estas organizaciones. Asimismo, apuntan que les llama “especialmente la atención la supresión en el documento de los porcentajes mínimos de contratación de los y las trabajadoras; tanto indefinida como temporal”

Aparten sus negocios de nuestros mayores

El plan de Belarra para modernizar las residencias se retrasa ante la falta de consenso entre Gobierno y autonomías
ANA PARDO DE VERA

Las comunidades de Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid, Euskadi, Murcia, Catalunya, Andalucía, Galicia y la ciudad autónoma de Ceuta han mostrado su rechazo al plan del Ministerio de Ione Belarra llamado Acuerdo sobre Acreditación y Calidad de Centros y Servicios del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia y que consiste, básicamente, en dotar al sistema nacional de dependencia de la dignidad que merece, nunca conseguida desde que Zapatero dio luz verde a este cuarto pilar del Estado del bienestar. Navarra, Baleares, Aragón, Comunitat Valenciana, Canarias, La Rioja, Cantabria y la ciudad de Melilla estarían a favor del mismo, mientras que Castilla y León y Asturias se habrían abstenido en caso de haberse producido la votación.

Nuestros y nuestras mayores son la población mayoritaria dentro de ese sector de dependientes, y lo van a ser cada vez más conforme avance el envejecimiento de la población española, contra el que nos alertan todas las instancias internacionales. La crisis sanitaria del coronavirus demostró que el sistema actual de residencias para mayores no cubre los mínimos estándares exigidos para cuidar a estas personas y que el negocio de los geriátricos, a través de su privatización y concertación con las administraciones, solo sirve para dotar de mayor precariedad a estas residencias, sus trabajadores y los residentes.

Los fondos de inversión han visto en el cuidado (un decir) de los mayores el negocio del siglo en España, pero no solo, ya que como explica Manuel Rico en su libro ¡Vergüenza! El escándalo de las residencias (Planeta), también la Iglesia es una gran beneficiaria de este servicio que, como la sanidad, la educación o las pensiones, deberían estar al margen de cualquier posibilidad de lucro para empresas, es decir, solo en manos de las administraciones para hacerlo gratuito y universal. Iglesia y multinacionales, finalmente, se han aliado para gestionar a medias este negocio y, sorpresa, «quien más lejos ha llevado los negocios compartidos con el clero ha sido Florentino Pérez» (pp. 209-227 del libro de Rico, «Iglesia y multinacionales: negocios a medias«) Así las cosas, y así las presiones de los lobbies, parece lógico que la ministra de Derechos Sociales, contra su empeño, haya visto pospuesto su proyecto de acabar con un negocio e instaurar un auténtico servicio público.

El modelo de los países nórdicos (Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, Islandia o Países Bajos) para el cuidado de los mayores ya fue presentado en un estudio de 2019 por el Instituto de Estudios Fiscales, dependiente del Ministerio de Hacienda, como el más ajustado a los parámetros de justicia social en los que se mueven -o deberían- los gobiernos socialdemócratas. El informe, llamado Atención a la dependencia en España. Evaluación del sistema actual y propuesta de implantación de un sistema basado en el derecho universal de atención suficiente por parte de los servicios públicos. Estudio de su viabilidad económica y de sus impactos económicos y sociales (Rosa MartínezSusana Roldán y Mercedes Sastre son las autoras), aporta cuestiones muy interesantes para trabajar en el bienestar de nuestros mayores -y el nuestro, en definitiva, para las que lleguemos-, algunas sabidas y constatadas científicamente. Por ejemplo, que muchas de estas personas mayores desean seguir permaneciendo en su casa, solas o con otra familia, algo que en España se asume mayoritariamente echando esta carga sobre las mujeres, mientras que el modelo nórdico apuesta por la creación de puestos de trabajo especializados cubiertos por el Estado y que liberen a las cuidadoras no profesionales de esta responsabilidad.

El plan de Belarra para modernizar las residencias se retrasa ante la falta de consenso entre Gobierno y autonomías

De entre todos los modelos nórdicos, con un nexo común de cobertura estatal, las investigadoras del Instituto de Estudios Fiscales apuestan por el de Suecia «por su liderazgo en política social» y  por ser un país ejemplar en su sistema de atención a las personas dependientes. La columna vertebral de este modelo es que sean los poderes públicos quienes asuman el papel protagonista en cuanto a los servicios de asistencia. Ni los fondos de inversión ni las multinacionales ni la Iglesia: el Estado, que no busca más beneficios con su inversión que el bienestar social, en este caso, de nuestros mayores, que es el de todas a corto, medio o largo plazo.

Entre las ventajas de este sistema, el estudio cita el aumento de usuarios con derecho a ayuda por dependencia, más plazas en residencias, más centros de día que combinen la asistencia domiciliaria con la fija, el empleo a tiempo completo de profesionales especializados, que supondrían una importante bolsa de empleo y una merma del gasto por desempleo del Estado o la liberación de las familiares que se encargan hoy, mayoritariamente en España, de estos cuidados no profesionales.

El plan de Belarra, tan radical y bolivariano como el sueco, requiere, obviamente, de una mayor inversión pública por parte del Estado y, sobre todo, de las comunidades autónomas. El informe del Instituto de Estudios Fiscales, aunque es de 2019, cifra en 12.000 millones ese incremento con respecto al actual para comenzar la transición del modelo español al nórdico, que exige asimismo un cambio cultural, de mentalidad, en cuanto al cuidad no remunerado, sobre todo, por parte de las mujeres.

La lucha de Mercedes contra Ayuso por la muerte de su padre en una residencia:

La lucha de Mercedes contra Ayuso por la muerte de su padre en una residencia: «No se puede matar a personas como a piojos»

Las comunidades citadas al principio, que se resisten a este cambio, ni siquiera se plantean que la reforma fiscal profunda que aún tiene el Gobierno de coalición pendiente y los fondos europeos podrían financiar esta transformación o su comienzo. Otra cosa es que nuestros políticos se rindan a la presión de los lobbies y la apuesta por la privatización neoliberal a destajo de la (ultra)derecha. Pero entonces, retiren de sus programas los conceptos Estado de bienestar, justicia social y servicios públicos, porque ustedes está en otra cosa. Y nada buena

«Aliados Advance»

‘Aliados Advance’: más calidad de vida en las residencias de mayores

Fundación Aliados por la Integración propone seis soluciones innovadoras que van desde la telemedicina a la gestión de ayudas a la dependencia

Las residencias continúan siendo una de las mejores opciones para que vivan las personas mayores. Mudarse a una residencia no significa perder la independencia, sino todo lo contrario. La vida asistida puede contribuir a una mayor autonomía durante más tiempo gracias a servicios diseñados específicamente para su comodidad y bienestar.

Con esta filosofía, Fundación Aliados por la Integración impulsa ‘Aliados Advance’, un proyecto que engloba soluciones específicas para mejorar la calidad de vida en los centros con la experiencia acumulada a lo largo de más de 20 años, que ya incluía servicios de fisioterapia, terapeutas ocupacionales… “Son los profesionales quienes determinan un buen servicio en una residencia, y no nos cansaremos de agradecer especialmente su esfuerzo durante estos más de dos años de pandemia”, explica Almudena Fontecha, presidenta del Comité Ejecutivo de Fundación Aliados por la Integración. “Al mismo tiempo debemos reconocer que las residencias son los hogares donde viven las personas mayores y con esa mentalidad estamos trabajando”, incide. Por eso, ‘Aliados Advance’ ofrece seis soluciones:

  • Asesoramiento en alimentación y nutrición. La elaboración de los menús se realiza con un nutricionista y de acuerdo con las necesidades de cada persona, estudiando las carencias nutricionales de los usuarios para corregirlas.
  • Gestión integral telemédica. Aliados trabaja con proveedores punteros para el uso de dispositivos para hacer un seguimiento sanitario de cada residente con información precisa y accesible de supervisión médica. La tecnología nos permite recopilar y centralizar la información de cada residente, disponible para las familias.
  • Cama geriátrica ‘Cota 0’ y sensor de movimiento. La cama de cota 0 –de baja altura– es una garantía de bienestar para los residentes con problemas cognitivos. Evita correas, cinturones u otras sujeciones, favoreciendo el confort y descanso. Además, impide que la caída de un paciente inquieto pueda provocarle una lesión importante. También se le puede incorporar barreras laterales para dar mayor seguridad y un sensor que alertará al cuidador si el paciente se ha levantado o movido. La medida va en la línea de retirar las sujeciones de las residencias, dentro de un modelo asistencial centrado en la persona.
  • Unidad de Gestión de Ayudas a la Dependencia. Se encarga de la revisión del certificado de dependencia, reclamación de la prestación, capacidad económica del beneficiario y los derechos que le corresponden. Incluye el mantenimiento posterior de la ayuda.
  • Trazabilidad textil. El sistema de seguimiento, a través de microchips casi invisibles y de bajo coste, reduce las pérdidas al mínimo y automatiza el proceso de lavandería, aumentando la eficiencia y racionalizando el inventario.
  • Marketing digital. Fundación Aliados ha modelizado un procedimiento para mejorar las peticiones de información e ingreso.

Una comunidad

El propósito fundamental de estas soluciones, en palabras de Fontecha, es primar “el respeto a la persona y a su plena dignidad, con sus derechos, intereses y preferencias”. “Tenemos la obligación de respetar sus proyectos de vida, sus valores, ideas y creencias”, subraya. Así, la transición a un hogar con cuidados puede brindar un sentido de comunidad y permitir una vida social satisfactoria dentro de un entorno seguro y con excelentes estándares de atención difíciles de trasladar al entorno doméstico.

Residencias de Mayores

No te olvides de la “hermana pobre”

Jesús Sastre García

Comedor de Convivir
Comedor de CONVIVIR

Este título recoge la certera y preocupante afirmación con que la consejera de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid se refirió a la dotación económica disponible para la atención a los mayores dependientes en residencias; es la “hermana pobre de la educación y la sanidad”.

¿Por qué la atención a la dependencia es la “hermana pobre”? Desde la aprobación de la “Ley de Dependencia” en 2006 por el gobierno de Rodríguez Zapatero (PSOE), la dotación económica y su distribución entre administración central y autonómica ha sido insuficiente y desajustada, pues lo previsto no se ha cumplido, y sufrió un notable recorte en los años de gobierno de Mariano Rajoy (PP). Pero hay otras razones estructurales que están en el origen de todos los problemas en la atención digna y adecuada a los mayores. Nos referimos al peso abrumador de las residencias privadas y la presencia, casi testimonial, de residencias públicas. En la Comunidad de Madrid de casi 500 residencias sólo 25 son residencias públicas, algunas son públicas gestionadas por empresas privadas y otras privadas tienen plazas concertadas con la administración, y el resto son privadas.

Las cifras en del sector público llevan estancadas desde el año 2014 ¿Qué diríamos si el 90% de los centros educativos y de la atención sanitaria estuviera al mando de empresas privadas, la mayor parte con ánimo de lucro? Con esta situación consolidada año tras año, la administración autonómica tiene que preocuparse poco de la atención a los mayores dependientes en residencias. Más que colaboración de la Administración con el sector privado, lo que tenemos es un sector privado muy fuerte que colabora con la Administración. ¿Para cuándo políticas que reviertan esta situación en favor de las residencias públicas?

Diferente consideración y exigencias si la residencia es pública o privada. Llama la atención los diferentes baremos que la administración utiliza según la titularidad de la residencia. El ejemplo más significativo es la fijación de las “ratios” de personal, que en sí mismas son claramente insuficientes, pero que en las residencias privadas es sensiblemente menor que en las públicas. ¿Se imaginan que las “ratios” de personal en centros educativos o en hospitales privados fuera mucho menor que en los públicos? Otro ejemplo es la cantidad asignada al “cheque servicio” que, una vez fijado según el grado de dependencia (I-II-III), no se actualiza con el paso de los años. Debería haber una actualización anual, al menos, según la subida del coste de la vida.

Este año la asignación por día y plaza en las plazas concertadas en residencias privadas en la Comunidad de Madrid va a subir de 59 a 72 euros, pero la cuantía del cheque servicio sigue congelada, y la administración se desentiende del aspecto económico del resto de los residentes en plazas privadas. Los mayores dependientes, en su mayor parte, tienen que hacer frente con sus recursos y los de su familia al pago de plaza en residencia privada. Además, habría que subrayar las listas de espera para reconocimiento del grado de dependencia y para recibir la ayuda correspondiente. Muchos mayores fallecen sin haber conseguido ninguna de las dos cosas: reconocimiento del grado de dependencia y la consiguiente prestación económica.

Encuestas de satisfacción. Las residencias tienen obligación de facilitar anualmente estas encuestas. El modo de hacerlo por parte de la dirección de los centros, en general, es de poca información, entusiasmo e interés. Los resultados no se publican o se publican de manera genérica. La administración debería elaborar un protocolo (modelo de encuesta de satisfacción) completo, riguroso y de fácil respuesta, con indicaciones precisas para su realización, y que sea igual para todas las residencias, tanto públicas como privadas. Habría que precisar bien el modo de recogida de datos y la baremación objetiva e independiente de las respuestas. Los resultados deberían ser públicos para todo el que quiera conocerlos, no sólo para los residentes y familiares de cada centro. Y de los resultados sacar conclusiones por parte de expertos que sirvan a la administración para tomar las decisiones oportunas.

Rechazo de métodos de adjudicación de plazas concertadas (como el Acuerdo Marco de la Comunidad de Madrid), para paliar el déficit de ofertas de plazas públicas, que obligan a trasladar a los residentes de unas residencias a otras cada cierto período de tiempo. Hay residencias privadas que tienen plazas concertadas, y que este año no han concursado para mantenerlas. Las razones son obvias: al subir el número de profesionales, los beneficios para las empresas de estas residencias van a ser menores. La consecuencia es que más de 700 plazas concertadas están pendientes de ser asumidas por otras residencias, y los residentes afectados tendrán que trasladarse a otra residencia con todo lo que esto supone para personas muy dependientes y con no fácil medio de traslado. ¿Se puede jugar así con la suerte de los mayores que quedan a la voluntad de los intereses empresariales sin más? A los que no encuentren plaza o decidan no trasladarse, la Comunidad de Madrid les ofrece la posibilidad de acogerse al cheque vinculado a servicio. Esto les va a suponer un copago muy superior al que tenían. ¿Puede una administración cambiar la situación y la prestación que tenían, y no asumir los nuevos gastos?

Los Consejos de Residentes y los Consejos de Usuarios. Los Consejos de Residentes y los Consejos de Usuarios son órganos de representación y participación de los residentes y de los familiares si tienen la tutela judicial efectiva del residente. Fueron Instituidos los primeros por una Orden de 1993 de la Consejería de Integración Social y los segundos mediante una Resolución de la Dirección General de Atención al Mayor y la Dependencia del año 2013, después de la intervención del Defensor del Pueblo ante la reclamación colectiva de los familiares de la Residencia de Usera, denunciando que los Consejos de Residentes solo fueran obligatorios en las residencias públicas, no en las privadas.

Actualmente todas las residencias de la CM que reciban algún tipo de subvención pública tienen la obligación de tener un Consejo de Usuarios. Cerca de 300 residencias privadas no tienen esa obligación ¿Cómo puede ser esto en pleno siglo XXI? ¿Qué diríamos si en los centros educativos privados no fueran obligatorias las asociaciones de padres y los órganos de participación de los alumnos? ¿Por qué hay tanto miedo a la participación de los familiares y residentes en la marcha de la residencia si ellos son los protagonistas y beneficiarios de los servicios prestados que de una u otra manera se están pagando? La mentalidad empresarial y la ideología de derechas es poco sensible al diálogo, la participación y la corresponsabilidad. Las residencias privadas sin ánimo de lucro, por el ideario que las inspira, deberían ser ejemplares en la facilitación de la participación.

“¿Vergüenza! El escándalo de las residencias”. El estudio hecho por el abogado y periodista Manuel Rico, responsable de investigación en Infolibre, analiza pormenorizadamente y con mucha información contrastada los grandes grupos empresariales y fondo de inversión que están detrás de la mayor parte de las residencias privadas. Este libro es imprescindible para tener un conocimiento real de lo que subyace al conjunto mayoritario de residencias privadas. Es evidente que a estos grupos les mueve el lucro, es decir, conseguir más ingresos y tener menos gastos, no la atención de calidad a los residentes.

El beneficio está en relación directa con el gasto de personal; las administraciones, al permitir que las “ratios” de personal en las residencias privadas sean sensiblemente inferiores a las públicas y tener un sistema de inspección escuálido y poco comprometido con vigilar la calidad de los servicios, están favoreciendo el lucro de las empresas privadas. Hay claras irregularidades a las que no se pone remedio porque, en las escasas y genéricas inspecciones, quedan solapadas porque la documentación del centro está según las normas, aunque la puesta en práctica no sea correcta.

Las consejerías de Asuntos Sociales de las comunidades autónomas se preocupan, sobre todo, de las residencias públicas y en lo que corresponde de las que tienen plazas concertadas. Un ejemplo lo tenemos en el AMAS (Agencia Madrileña de Atención Social) de la Comunidad de Madrid. El sector público ha descuidado una de sus obligaciones fundamentales: invertir en residencias públicas para dar respuesta a todos los potenciales usuarios que en los próximos años no van a dejar de aumentar considerablemente. En caso contrario la desproporcionada e injusta relación entre residencias públicas y privadas no va a cambiar. ¿Cómo estamos permitiendo esta inacción de los poderes públicos? El actual gobierno nacional, sensible a las cuestiones sociales, mientras esté en ejercicio, aunque las competencias sean de las autonomías, tiene una responsabilidad grande para empezar a revertir todas las deficiencias que existen en el sector, y establecer criterios de obligado cumplimiento para las comunidades autónomas.

Escaso o nulo ambiente familiar en las residencias. Muchos residentes y familiares tenemos la impresión de que con su ingreso en un centro están un poco “secuestrados” por los gestores de estos. La dirección de las residencias procura limitar los sitios y el horario de visitas, que siguen con restricciones impuestas con motivo de la pandemia, y que no hay perspectiva de que cambien. Esto hace que no podamos ver de cerca cómo es la atención a nuestros familiares, la calidad de las comidas, cómo tienen el armario de su cuarto y ver lo que necesitan después de más de dos años de no subir a las habitaciones, el acceso más directo a los profesionales de todo tipo, etc. Las visitas se reducen a lo siguiente: al llegar, te toman la temperatura, vas a una sala común de visitas, bajan a tu familiar y cuando terminas la visita, a él se lo llevan por una puerta y tú sales por otra.

¿Qué ambiente familiar y cálido se puede tener cuando la vida transcurre así día tras día? Lo lógico y sano desde el punto de vista afectivo, lo que da un ambiente familiar, sería poder circular por los espacios comunes, interactuar con otras residentes y familiares, subir a las habitaciones y zona común de los pabellones, entrar en el comedor a llevar a nuestros familiares e, incluso, poder comer con ellos abonando el menú, como hacen en alguna residencia. Las medidas actuales recuerdan los protocolos de visitas en los centros penitenciarios. En los hospitales, con zonas mucho más delicadas y expuestas, las visitas han vuelto a la normalidad que tenían antes. Los organismos competentes de las comunidades autónomas tendrían que velar por el estricto cumplimiento de los protocolos actuales.

Algunas residencias privadas dicen que el reglamento de régimen interno que tienen circunscribe las visitas a una zona interior y al jardín. Me pregunto si un reglamento de régimen interno puede disponer algo contrario a lo que autorizan los protocolos de la administración autonómica; la administración autonómica tendría que clarificar de forma normativa este punto para que no haya duda ni interpretaciones distintas según la dirección de cada residencia. Además, los trabajadores de las residencias suelen tener la mentalidad de que ellos y sólo ellos, como profesionales, saben lo que tienen que hacer para una buena atención a los residentes, y que los familiares son más bien un estorbo que una ayuda.

A ellos se les reserva la reducida zona de visitas y la llamada telefónica. Dado que los residentes están en internamiento total y hasta el final de sus vidas, son los que necesitan recuperar y practicar lo más posible algo que remotamente se aproxime a la “normalidad” que tenían antes, y esto no es posible sin una participación activa de los familiares. La pandemia ha sido la excusa perfecta para terminar de implantar un estilo de residencia que se aleja cada vez más de lo que sería algo que recuerde al núcleo familiar. Además, en muchas residencias las actividades, por ejemplo, la gimnasia que antes era diaria, se han reducido de manera significativa. Y las administraciones poco hacen para evitarlo. Les haría mucho bien a los responsables políticos y a los directores de residencias conocer cómo funcionan las residencias de mayores en Centroeuropa y países nórdicos.

Grupo Lares: residencias sin ánimo de lucro. Está constituido por la Fundación, Asociación y Federación. Además de las residencias públicas y las residencias privadas como negocio, están las residencias sin ánimo de lucro con ideario propio donde exponen los principios y valores inspiradores de su presencia y acción. A Lares pertenecen 17 asociaciones autonómicas con 1.050 centros y servicios en toda España. Si el número de centros residenciales en nuestro país es de 5.567 con 384.251 plazas residenciales, entre privadas y públicas, el grupo Lares supone casi el 20% de las residencias.

En la página web el apartado “Conoce Lares” dice que “atiende a personas mayores, dependientes, con discapacidad y en riesgo de exclusión social, bajo el prisma de la gestión solidaria. Lares reúne el histórico compromiso de congregaciones religiosas y la voluntad solidaria de fundaciones y ONG`s, manteniendo como bastión la gestión solidaria de todas nuestras entidades”. Afirman centrarse en la “singularidad e integridad de la persona”, la consideración de las “cuidadoras como agentes de valor añadido” en los cuidados y en entorno donde promueven el intercambio y la convivencia. Por su recorrido histórico, por la inspiración que tienen y por apostar por una ética de máximos y de la excelencia deberían ser las que abrieran camino en un nuevo estilo de residencias.

Sería conveniente, por coherencia con su ideario, que informaran si tienen órganos de participación de residentes y familiares aunque no sean obligatorios para las residencias privadas, cómo es la información y transparencia en estos centros (publicación de los resultados de las Encuestas de Satisfacción, de los partes de inspección y otras valoraciones de las residencias), las ratios de personal que tienen por turnos y categorías, el porcentaje de contratos temporales y fijos, las plazas concertadas que tienen y los motivos de tenerlas o no tenerlas, si el salario que pagan a los trabajadores se rige por el mínimo obligatorio o hay mejora voluntaria para asegurar la calidad que proponen, las organización del voluntariado y su relación con el personal profesional de plantilla, si mantienen o desearían mantener alguna relación con las Asociaciones/Plataformas de defensa de los Mayores en Residencias, la especificación de los programas y beneficiarios de las ayudas recibidas de las administraciones que figuran en su página web, y cómo articulan el ambiente de las residencias para que se aproximen al modelo familiar al que se aspira.

También tendrían que ser ejemplares estas residencias en analizar las muertes que ocurrieron en ellas durante la primera ola de la pandemia para reconocer los fallos y denunciar los protocolos de las autoridades autonómicas que impidieron la derivación a los hospitales de los residentes enfermos de Covid; como consecuencia, muchos residentes tuvieron una muerte sin ninguna ayuda, soporte médico y en la más absoluta soledad.

La importancia de participar en Asociaciones en defensa de los mayores en residencias. De unos años para acá han surgido en varias autonomías Asociaciones de familiares de residentes y a personas preocupadas por los mayores.

Están haciendo una labor encomiable; a partir de la pandemia han aumentado significativamente el número de socios. Incluso se ha dado un paso más creando la Plataforma Estatal de Familiares de Residencias que aglutina y coordina la labor de las Asociaciones de las diferentes autonomías. Las 15 principales asociaciones de todo el país, lideradas por la gallega, la catalana y la madrileña, están presentes en esta Plataforma estatal. Está integrada por organizaciones de Euskadi, Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla y León, Comunitat Valenciana e Illes Balears. Los principales impulsores han sido organizaciones con años de experiencia luchando en favor de los derechos de los residentes como Pladigmare (@pladigmare), Rede (@REDE_org), Coordinadora Residencias 5+1 (@CooResidencias).

Esta plataforma ha sido invitada para formar parte de la Mesa de Diálogo Civil creada por el ministerio de Asuntos Sociales para dar su opinión sobre un documento que modificarían los actuales criterios de acreditación para poder dar la autorización administrativa de funcionamiento y tener derecho a presentarse para tener algún tipo de subvención pública a las residencias actuales y las nuevas que se puedan crear, encaminado a cambiar el actual modelo de residencias. Van a presenta 100.000 firmas para que la Fiscalía y el Congreso investiguen lo ocurrido en las residencias durante la pandemia.

Invitamos a los que tengan interés en el tema de mayores, algún día todos seremos mayores, a que conozcan lo que hacen estas asociaciones, a visitar las páginas web y, en su caso, a participar activamente en las mismas como miembros. Es un gran servicio que podemos prestar a nuestros mayores y el medio imprescindible para que las residencias, tanto a nivel interno como en el cambio del marco regulador, mejoren dada la situación de precariedad en muchos aspectos en que se encuentran.

Conclusiones:
1. Potenciar la creación de residencias públicas con gestión pública. El modelo actual que tenemos descansa en las grandes empresas y fondos de inversión con intereses alejados de la calidad de atención a los mayores. La actitud pasiva de las administraciones es francamente incomprensible.

2. Igualdad de reglamentación para las residencias públicas y privadas. Esto debe incluir todos los aspectos de la organización, ratios de personal, gestión, participación de residentes y familiares, evaluación e inspección.

3. Actualización anual tanto del coste de plaza concertada como del importe económico del cheque vinculado a servicio. El coste de plaza concertada se actualiza periódicamente. Convendría establecer una actualización fija conforme a unos índices referenciales. El cheque vinculado a servicio no se actualiza, lo que se propone es que tenga unos mecanismos similares a los de la plaza concertada: fijar la actualización periódica y los índices referenciales de la subida. Además, puesto que el cheque servicio es una ayuda de la administración, las residencias que tengan plazas de este tipo deberían tener la misma consideración que las que tienen plazas concertadas.

4. Inspecciones más frecuentes y específicas. Para que esto sea posible hay que aumentar significativamente el número de inspectores, el número de inspecciones sin avisar, y el tipo de inspección mucho más dirigida a la calidad de atención a los residentes y menos a los documentos y protocolos escritos. Bien sabemos que el papel lo soporta todo, incluso aunque la realidad tenga poco que ver con lo que está prescrito y escrito. También las sanciones deberían ser más frecuentes, de mayor cuantía y públicas.

5. Registro público de datos con los resultados de las encuestas de satisfacción, de las inspecciones y de las valoraciones de cada residencia. Todos estos datos deberían constar en un archivo público de fácil consulta. Esto ya existe en otros países. Estos datos serían de mucha utilidad a las personas que buscan una residencia para sus familiares.

6. Potenciación asociativa de los familiares de residentes. De entrada, hay que contar que las residencias son reacias a este tipo de participación. La patronal y los trabajadores sindicados están organizados, pero los residentes y familiares no. Creemos que de alguna manera las administraciones deberían informar de la existencia de estas asociaciones y facilitar el contacto con las mismas, así como la participación de los familiares en los organismos correspondientes en cada residencia (PLADIGMARE ha presentado un proyecto de participación que sigue durmiendo en el cajón de la Consejera de Familia, Juventud y Políticas Sociales).

7. Aportación específica del grupo de residencias sin ánimo de lucro. Estas residencias, por su propio ideario, historia y valores que les inspiran, debería ser ejemplares en su estructura, gestión, transparencia, participación y estilo. Así serían modelos alternativos a lo existente a nivel privado, y punta de lanza en el nuevo modelo de residencia de mayores que se plantea para un futuro a medio y largo plazo

Hacia sujeciones cero en las residencias

El Gobierno plantea que en el plazo de tres años ninguna residencia ni centro de día inmovilice a los mayores

María Sosa Troya

Varios mayores en una residencia, en una imagen de enero de 2022.

© KIKE PARA (EL PAÍS) Varios mayores en una residencia, en una imagen de enero de 2022.

El Gobierno tiene como objetivo avanzar hacia las sujeciones cero, es decir, que no se inmovilice a los mayores ni a las personas dependientes que viven en residencias o asisten a centros de día, que no sean inmovilizados ni sedados para reducir su agitación. Así consta en el último borrador de trabajo sobre los nuevos requisitos que se exigirán a los servicios de dependencia, donde el Ministerio de Derechos Sociales plantea que en un plazo máximo de tres años tras la entrada en vigor de este texto, que aún se está negociando, los centros hayan implementado un plan de atención libre de sujeciones, que contemplará su “supresión total y segura”.

Solo podrán usarse de manera excepcional, cuando no haya ninguna otra alternativa ante un peligro que debe ser inminente. En el documento también se añaden cambios respecto al anterior borrador, como una subida de las ratios de personal en las residencias de mayores, la limitación a un máximo de 50 plazas en las de discapacidad (frente a 90 en las de ancianos), y se propone un plazo para que los centros y servicios actualmente en funcionamiento se adecúen al nuevo modelo: dispondrán de siete años, a excepción de los recursos públicos de gestión privada, en ese caso se esperará a que acabe el contrato para implementar las modificaciones.

Una negociación compleja

La negociación es compleja y a tres bandas. Por un lado, el texto se ha ido discutiendo con la mesa de diálogo social, que se ha reunido este viernes y donde se sientan patronales y sindicatos. Por otro, con la de diálogo civil, que aglutina a asociaciones, familiares de usuarios y expertos en el sector. Y, por último, con las comunidades autónomas, a las que se entregará este último borrador para comenzar a abordarlo con ellas y que, al ser las competentes en la gestión, tienen la llave para que este acuerdo salga adelante. Es probable, por tanto, que el texto sufra nuevas modificaciones. El objetivo es que el pacto definitivo se pueda alcanzar a lo largo de este primer trimestre en el consejo territorial que reúne a los gobiernos autonómicos y a Derechos Sociales.

La necesidad de un nuevo modelo de atención lleva tiempo sobre la mesa, y se ha acentuado a raíz de la pandemia, cuando se evidenciaron las debilidades del sistema. De hecho, muchas autonomías han sacado adelante modificaciones normativas en esta línea. La tarea del Gobierno es la de coordinación, y este documento fijará un mínimo común en todos los servicios de dependencia que se presten en el país. El anterior pacto, de 2008, es mucho más escueto. El documento fija requisitos para residencias, centros de día, ayuda a domicilio y teleasistencia.

Varias fuentes consultadas, conocedoras de la negociación, han manifestado su inquietud sobre la forma en que se financiarán estos cambios. La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, miembro de la mesa de diálogo civil, considera clave que haya un análisis de costes y una memoria económica que garantice que puedan implementarse.

No hay una partida específica prevista para este acuerdo marco, pero la financiación estatal de la dependencia ha recibido una inyección de 1.800 millones de euros entre 2021 y 2022, la mayor desde que se aprobó la ley (también hay más de 3.000 millones previstos para cuidados de larga duración de los fondos europeos, entre 2021 y 2023). Parte de esa financiación está vinculada al cumplimiento de un plan de choque que, entre sus medidas, incluye precisamente la aprobación de este acuerdo sobre los requisitos mínimos que deben cumplir los servicios del sistema de la dependencia.

Los borradores que han trascendido hasta ahora siempre han hecho hincapié en que los atendidos en el sistema de la dependencia tienen derecho a recibir “una atención libre de sujeciones, ya sean estas físicas, mecánicas, químicas o farmacológicas”. Se desconoce el número exacto de personas que son inmovilizadas en estos centros, pero según estimaciones de la confederación de asociaciones de mayores Ceoma, pueden ser unas 55.000. En las últimas semanas se ha conocido la muerte de dos ancianos cuando estaban inmovilizados en residencias.

Este último texto establece que los planes para eliminar las sujeciones de los centros de día y residencias tendrán que aprobarlos los servicios de inspección de las comunidades autónomas. Solo serán admisibles ante situaciones “excepcionales y de urgente necesidad” en las que exista un “peligro inminente” para usuarios u otras personas y tras constatar el fracaso de otras medidas alternativas, que deberán quedar documentadas. Se incide en que será necesario un consentimiento informado (ya es un requisito), que no puede ser genérico ni diferido en el tiempo. Será obligatorio informar a la Fiscalía, que este enero emitió una instrucción en la que se insta a los fiscales a aumentar el control sobre estas prácticas.

Que los centros se adapten a la persona

En el documento se plantea un cambio de paradigma: que sean los centros y servicios quienes se adapten a las personas, y no al revés. Lo que se conoce como atención centrada en la persona, un concepto con el que ya funcionan algunos servicios, aunque el panorama es muy dispar. Según el texto, todos los usuarios del sistema de la dependencia dispondrán de un plan personalizado de atenciones, en el que se tenga en cuenta sus preferencias y necesidades.

En residencias de mayores, el tamaño máximo para los centros que se construyan tras la entrada en vigor del acuerdo se fija en 90 plazas, con un 65% de habitaciones individuales, y los ya existentes deberán adecuarse en un plazo de siete años, dividiéndose en unidades independientes entre sí y hasta alcanzar un 35% de habitaciones individuales. En residencias de discapacidad el límite máximo será de 50 plazas. Este era el establecido en un primer borrador para todas las residencias, pero patronales de dependencia se quejaron de que sería insostenible. Habrá unidades de convivencia de un máximo de 15 personas que tendrán un funcionamiento tipo hogar, en donde habrá una cocina, comedor, sala de estar y, preferentemente, acceso a un área exterior, como una terraza o jardín. Deben ubicarse en suelo urbano, promoviendo las relaciones cotidianas con la comunidad.

En cuanto a las ratios, el ministerio propone, en primer lugar, que pasen a calcularse por jornadas completas de trabajo, y no por número de contratados. En segundo lugar, habla de personal de atención directa de primer nivel —auxiliares y gerocultores—, de atención directa de segundo nivel —graduados universitarios de las ramas social y sanitaria— y de atención indirecta, que agrupa al resto de la plantilla.

A principios de febrero, la Plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuarios de Residencias mostró su decepción con el anterior borrador en la mesa de diálogo civil, especialmente en cuanto a las ratios. Las consideraban insuficientes y alertaban de que, al pasar a calcularse sobre el número de plazas ocupadas (aunque nunca podrá bajarse del 80%) en lugar del total de plazas podía ocurrir que hubiera centros a los que en 2023, con la propuesta que se hacía para auxiliares, se les exigiera menos personal que el que se establecía en el acuerdo de 2008. Este último borrador eleva aquella propuesta.

El texto plantea que las ratios que vayan escalando en 2023, 2025 y 2027: de 0,35 a 0,43 para gerocultores y auxiliares en residencias de mayores (es decir, 35 o 43 jornadas completas de personal de atención directa de primer nivel por cada 100 residentes), una cifra que para personas con discapacidad se sitúa en 0,42 en 2023 —en el anterior texto ya se preveía 0,50 en 2025—, y 0,50 en 2027.

Ese 0,43 implicaría, para una unidad en que convivan 15 mayores, que habría cinco trabajadores: dos en el turno de mañana, dos en el turno de tarde y uno en el de noche. En atención directa global, es decir, también incluyendo a graduados universitarios como trabajadores sociales o enfermeros, se plantea llegar a 0,51 en 2027 en residencias de mayores y 0,58, de personas con discapacidad.

Alejandro Gómez, consultor que ha estudiado las normativas autonómicas —una de las patronales de la dependencia, Ceaps, publicó sus conclusiones en un reciente estudio— asegura que el borrador supone una mejora de las ratios respecto a los promedios estatales, aunque en su opinión deberían diferenciar por tipologías de dependencia, ya que en el futuro habrá usuarios con cada vez más necesidades de apoyo. Los familiares siguen considerando insuficiente la nueva propuesta y piden equipararlas a las de discapacidad.

El documento también exige al menos un inspector por cada 25 residencias (independientemente de que también deban supervisar centros de día u otros servicios sociales), en lugar de uno por cada 30, que se establecía en el anterior texto. Los familiares habían pedido 1 por cada 15. Según los datos recopilados el año pasado por EL PAÍS, solo tres comunidades (Asturias, Cataluña y Extremadura) superaban de media el umbral de 25 residencias por cada trabajador del servicio de inspección en ese momento. Se constituirá un grupo técnico de trabajo que, en el plazo de un año, fijará estándares comunes para medir la calidad de los servicios, cuyos resultados deberán ser públicos. Actualmente no hay nada parecido.

En el borrador también se propone incluir a familiares en los consejos de participación de usuarios de residencias, siempre que los residentes lo estimen oportuno. En cuanto a la ayuda a domicilio, se indica que al menos el 5% de la jornada de los auxiliares se deberá dedicar a labores de coordinación y que el desplazamiento de los trabajadores no contará como tiempo de atención, aunque sí como parte de su jornada