‘Territorio hostil’: los jesuitas denuncian las agresiones a los internos de los CIE y vuelven a exigir su cierre
“El informe ofrece testimonios de los internos que sufrieron agresiones y obstáculos para denunciarlas, como víctimas o como testigos: aceleración de su expulsión, presiones y represalias por parte de la dirección y los agentes, o dificultades para recabar pruebas y acceder al buzón de peticiones y quejas”
“Las carencias de una atención médica adecuada, tales como la deficiente coordinación entre administraciones para conocer los historiales clínicos, la falta de intimidad en las consultas por la presencia policial, la falta de intérpretes en las consultas, se cronifican en los CIE”
«Sienten que al entrar en CIE pierden toda dignidad. Somos testigos de actuaciones y medidas que dañan la integridad de las personas internadas”
El SJM, a instancias de una recomendación del Defensor del Pueblo, reclama la elaboración de un protocolo de tramitación de quejas y denuncias de malos tratos, así como presenta una serie de sugerencias para investigar con celeridad estas posibles agresiones
El propio carácter y funcionamiento de los CIE generan y perpetúan dinámicas de hostilidad hacia las personas migrantes internadas, cuya inmensa mayoría no ha cometido delito alguno, y vulneraciones sistemáticas de sus derechos humanos
| SJM
El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) ha publicado la duodécima entrega de los informes anuales sobre los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Esta entrega que corresponde a 2021, y cuyo título es ‘Territorio Hostil’, denuncia tres formas de hostilidad que sufren las personas internadas en estos centros: agresiones policiales a las personas internas y trabas a su denuncia e investigación; las deficiencias en la atención médico-sanitaria; y los obstáculos a las visitas de organizaciones sociales.
En el acto han intervenido María del Carmen de la Fuente, coordinadora de SJM, quien ha resaltado la labor de las personas que acompañan de forma humana a quienes están internos en los centros. Josep Buades, autor principal del informe, ha denunciado la “opacidad de la Dirección General de Policía, quien no ha hecho entrega en plazo de los datos oficiales requeridos, lo que supone un desprecio a la democracia”.
“Pierden toda dignidad”
Ana Bosch, abogada en Pueblos Unidos (Madrid) y autora del informe, ha destacado las quejas de los internos sobre el trato violento que reciben en los centros: “Sienten que al entrar en CIE pierden toda dignidad. Somos testigos de actuaciones y medidas que dañan la integridad de las personas internadas”. Por su parte, Josetxo Ordóñez, abogado en la Fundación Migra Studium de Barcelona ha centrado su atención en los obstáculos a las visitas de las organizaciones sociales: “Hablamos de un derecho fundamental con doble cara: derechos de los internos a hablar con entidades sociales y el de las organizaciones para acompañar estas circunstancias y denunciar lo que ocurre dentro de los centros”.
Por último, la mirada de voluntariado que visita estos centros ha sido presentada por Elena Davara que visita el CIE de Madrid desde hace varios años: “¿Cómo se sienten los jóvenes que buscando una vida mejor acaban en un lugar que es como una cárcel, sin haber cometido delitos? En el CIE todo se para”.
Testimonios de los internos
El informe ofrece testimonios de los internos que sufrieron agresiones y obstáculos para denunciarlas, como víctimas o como testigos: aceleración de su expulsión, presiones y represalias por parte de la dirección y los agentes, o dificultades para recabar pruebas y acceder al buzón de peticiones y quejas. Además, se observa que los servicios médicos no enviaron partes de lesiones a las autoridades judiciales correspondientes.
El SJM, a instancias de una recomendación del Defensor del Pueblo, reclama la elaboración de un protocolo de tramitación de quejas y denuncias de malos tratos, así como presenta una serie de sugerencias para investigar con celeridad estas posibles agresiones.
Las carencias de una atención médica adecuada, tales como la deficiente coordinación entre administraciones para conocer los historiales clínicos, la falta de intimidad en las consultas por la presencia policial, la falta de intérpretes en las consultas, se cronifican en los CIE.
Impacto negativo en la salud mental
A esta realidad se une el régimen de aislamiento en casos de covid-19, que tiene un impacto negativo en la salud mental de las personas recluidas, ya de por sí afectada por el propio internamiento. Por otro lado, las 18 mujeres internadas que el SJM identificó en 2021 sufren una mayor exposición al aislamiento y, por tanto, a la soledad y a la vulnerabilidad. De las ocho que solicitaron protección internacional, cuatro vieron admitida a trámite su solicitud.
De nuevo en este informe, el SJM denuncia el tratamiento político de los CIE y la opacidad existente. El Ministerio de Interior incumple la Ley de Transparencia, al no haber proporcionado los datos solicitados por SJM en el plazo legal. Este hecho no solo limita el conocimiento del internamiento, sino que revela hostilidad institucional contra la sociedad civil que vela por los Derechos Humanos.
Además, la construcción de un nuevo CIE en Algeciras-Botafuegos, las obras en el suprimido CIE de Fuerteventura y los recurrentes anuncios de nuevas edificaciones demuestran la apuesta del Estado por estos espacios de hostilidad y vulneración de derechos hacia las personas migrantes. Una revisión a los Presupuestos Generales revela que la inversión ejecutada para CIE en 2021 fue de más de 7 millones de euros, cifra superada en 2022, por la inversión de 13 millones y medio.
En el año 2021 disminuyeron las cifras de personas internadas debido a la prevención de contagios por covid-19, las reformas emprendidas en algunos centros y la imposibilidad de ejecutar expulsiones y devoluciones a Estados con sus fronteras cerradas. Si bien los equipos de visitas observaron el aumento de ingresos de personas con órdenes de expulsión por mera estancia irregular. Según datos del Defensor del Pueblo en calidad de Mecanismo de Prevención de Tortura 11 menores de edad fueron identificados en CIE en 2021, así como un total de 626 personas solicitaron protección internacional. Fueron repatriadas forzosamente 832 personas desde CIE, el 23% del total de las ejecutadas en España.
SJM reitera su oposición a la existencia de los centros de internamiento de extranjeros, abogando por su cierre definitivo y la búsqueda de alternativas más garantistas con los derechos humanos. El propio carácter y funcionamiento de los CIE generan y perpetúan dinámicas de hostilidad hacia las personas migrantes internadas, cuya inmensa mayoría no ha cometido delito alguno, y vulneraciones sistemáticas de sus derechos humanos.
Unas semillitas 